Necesario cambiar la política de drogas para fortalecer el entramado institucional y el tejido social: Encinas Rodríguez

Sábado, 19 Septiembre 2015

·        El control que tienen  los grupos delictivos en vastas regiones del país está por encima de la autoridad legítimamente constituida

En el primer trimestre de 2015  la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), del Estado de México, informó que cinco células de carteles del narcotráfico se disputan  el Estado de México: La Familia Michoacana, la cual tiene un mayor control del Territorio con  74 por ciento, principalmente en el municipio de Tejupilcol; el Cártel del Estado tiene presencia en un 9 por ciento; La Empresa  tiene presencia en un 7 por ciento; Guerreros Unidos tiene presencia en un 6 por ciento; y Nueva Empresa  tiene presencia en un 4 por ciento. 

El senador Alejandro Encinas Rodríguez declaró, frente a estos datos gubernamentales, que es urgente que se implemente un cambio rotundo en la política de drogas del Estado, ya que, afirmó, la política prohibicionista ha  fracasado. Expresó que en los últimos 50 años el empoderamiento de los grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas se ha agudizado junto con  el incremento de la violencia, la degradación de las instituciones políticas y la violación a los derechos humanos.

Externó que lo que va de estos tres años de la administración del gobierno de Eruviel Ávila Villegas cuatro Cárteles se disputan el Valle de México, el Valle de Toluca y el sur del Estado.

Manifestó que los Cárteles extorsionan, asesinan, roban, cobran impuestos y tienen sometida a la autoridad, desde alcaldes hasta los policías municipales. El Estado de México es la entidad más poblada del país, con más de 15 millones de habitantes, de los cuales el 70 por ciento se concentra en la Zona Metropolitana del Valle de México. Expuso que la entidad mexiquense es sólo un reflejo de lo que sucede a escala nacional, donde la corrupción y la debilidad de las instituciones permiten la reproducción y fortalecimiento de los grupos delincuenciales que encuentran en el contrabando de estupefacientes su principal fuente de ingresos.

El legislador detalló que dentro de esta política  prohibicionista y la guerra contra la delincuencia organizada lejos de contener al crimen organizado lo ha beneficiado y consolidado. Argumentó que el control que tienen  los grupos delictivos en vastas regiones del país está por encima de la autoridad legítimamente constituida, así como de la capacidad económica, financiera, logística y de armamento del gobierno. Además,  destacó que gracias al prohibicionismo la droga adquiere un gran valor en el mercado negro, por lo que le otorga a los traficantes cuantiosas ganancias que les dan una  capacidad corruptora para penetrar en todos los órdenes de gobierno, poderes de la Unión e incluso a los partidos políticos. Abundó que hay que investigar a diversos sectores de la sociedad, entre ellos a muchas empresas que hoy están dentro de la economía formal y operan financieramente para el crimen organizado.

Finalmente, el senador por el Estado de México argumentó que es un tema en donde es urgente avanzar hacia nuevos enfoques como lo están planteando diversos actores a nivel mundial. "Hay que pasar de una visión de seguridad pública a una visión de salud pública para avanzar en la posibilidad de establecer una nueva política de drogas, que no solamente reclasifique las drogas sino que también permita diversos usos de  ciertas sustancias para fines diversos. Un primer paso puede ser el uso médico y de investigación científica de algunas drogas, pero tiene que venir acompañado de un fortalecimiento institucional, una amplia visión cultural y todo un planteamiento de regulación estatal", concluyó.