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"Estamos en una crisis humanitaria que deriva de la ausencia del Estado":

Alejandro Encinas Rodríguez

Venimos de lejos

Dtto 30

Constituyente

Senador




Ley de Consulta Popular tiene visos de inconstitucionalidad y viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA
Alejandro Encinas Rodríguez
26 de febrero de 2014

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias Senador Presidente.

Bueno, en primer lugar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la cual yo me honro presidir, debo reconocer la disposición del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para reponer el procedimiento de dictamen de la minuta remitida en el mes de diciembre del año pasado por la Cámara de Diputados, en torno ala ley reglamentaria de la Consulta Popular.


Ustedes recordarán como a finales de diciembre en un debate muy intenso en el último día de sesiones se llevó a levantar la sesión sin quórum y se regresó de nueva cuenta el dictamen para que pudiera dictaminarse de acuerdo las normas internas del primer acuerdo.

Y efectivamente como lo han señalado tanto la Senador Cristina Díaz como la Senadora Arely Gómez, se, en esta reposición del proceso se cumplió puntualmente con todo el desahogo del proceso legislativo en comisiones unidas en donde tuvimos el quórum legal, se realizaron las votaciones en lo general y en lo particular y efectivamente por mayoría en cada una de las tres comisiones, en total 14 votos a favor 6 en contra y una abstención.

En el caso de la Comisión de Estudios Legislativos hubo 3 votos a favor, le propio en contra y una inasistencia, y fue así como se cumplió con el trámite legislativo y la reposición que instruyó la Mesa Directiva.

Ahora voy hablar a titulo personal, (inaudible) de las Secretarias de la Mesa Directiva, porque este es un debate que indudablemente va a terne grandes repercusiones en el ejercicio de los derechos ciudadanos, en la forma que concebimos las cartas ciudadanas y los mecanismos de participación directa y en la viabilidad de hacer ejercibles los derechos que establece nuestra Constitución.
Difiero de lo que señalado por ejemplo la Senadora Arely Gómez que algunos temas son de carácter coyuntural, dijo la reforma energética es un tema de carácter coyuntural.

Yo en lo personal creo que no lo es, que ninguna reforma constitucional atiende a la coyuntura de la circunstancia, menos cuando la reforma constitucional ha modificado el Pacto Social fundamental que derivó de la Constitución de 1917.

Tampoco comparto lo que se ha señalado de que esta legislación secundaria busca hacer operativo el procedimiento de consulta popular, yo creo que el objetivo de esta ley reglamentaria, en fundamental, debe ser hacer ejercible el derecho de los ciudadanos a ser consultados en los temas de trascendencia nacional y en este caso en materia de reformas constitucionales.

Lo cual no está establecido con claridad y se deja a la discrecionalidad de la interpretación, la aplicación de la Consulta en lo que se refiere a reformas de carácter constitucional.

Pero no sólo eso. Yo creo que hay seis temas puntuales en esta ley secundaria que limitan e impiden el ejercicio pleno de este derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los partidos políticos, es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.

¿Cuáles son esas restricciones? En primer lugar se establece una restricción implícita para solicitar una consulta sobre reformas constitucionales, se incrementan los requisitos y el establecimiento de prerrequisitos formales para la petición ciudadana de consulta popular y se sobrerregula el trámite y los requisitos.

Se establece el estricto procedimiento de verificación de firmas que pueden redundar en el desechamiento definitivo de la petición derivada en el secuestro de las firmas obtenidas y en la inhabilitación de los firmantes para apoyar una nueva petición de consulta popular.

Y se establece una profunda inequidad respecto al acceso a radio y televisión, donde ahora se elimina la garantía que se le debe otorgar a los promoventes para garantizar el acceso a los medios de comunicación y difundir su propuesta ante la sociedad respecto a las motivos de la consulta popular.

Voy a hacer solamente referencia a la enorme ruta, este viacrucis que tiene que recorrer los ciudadanos para ejercer el derecho, su derecho derivado de la minuta que estamos sometiendo a discusión.

Primero, la ley secundaria establece que los ciudadanos promoventes deben hacer primero un anuncio de intención ante la Cámara de Diputados, aunque debería de ser a cualquiera de las dos Cámaras porque la reforma constitucional se refiere al Congreso de la Unión y no solamente a la Cámara de los Diputados.

Una vez recibida el aviso de intención en la Cámara de Diputados, el presidente de la misma emite una constancia del aviso de intención en la Gaceta Parlamentaria y publica un formato de firmas, el cual se lo regresan al ciudadano, quienes tienen que conjuntar el equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de electores en cuanto a firmas de ciudadanos que se adhieran a la solicitud de la consulta, estamos hablando de cerca de un millón 600 mil firmas.

Una vez recopiladas las firmas los ciudadanos promoventes tienen que elaborar un petición de consulta, que se vuelve a enviar a la Cámara de Diputados para que ésta la publique la petición en la Gaceta, verifique que se haya cumplido con el millón 600 mil firmas o más.

Lo envíe al Instituto Nacional Electoral para validar si son efectivas o no las firmas, publique un informe después la Cámara de Diputados en la Gaceta y se envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar la constitucionalidad de la consulta y la pregunta, para que la Corte lo regrese a la Cámara de Diputados, emita una convocatoria, el Instituto Nacional Electoral organice y desarrolle la consulta, (inaudible) un informe sobre sus resultados que implica por lo menos la participación del 40 por ciento del listado nominal, cerca de 31 millones de electores para que sea valida, que sea vinculante la consulte y se notifica posteriormente a la Suprema Corte de Justicia loas resultados para que sean atendidos por la autoridad correspondiente.

Lo que debiera ser un trámite sencillo para ejercer un derecho ciudadano lo meten en un laberinto burocrático en la intención de limitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a ser consultados.

En el debate que dimos en la LXI Legislatura se centró fundamentalmente sobre los umbrales de los requisitos, habíamos propuesto originalmente que el número de firmas se estableciera en el 0.5 por ciento y el PRI lo incrementó al 2 por ciento del listado nominal, y obligado a que fuera… participación del 40 por ciento de ciudadanos, cuando hemos visto en las últimas elecciones intermedias en este país han participado menos del 60 por ciento de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

Es decir, de origen se establecen restricciones para limitar el derecho y ahora se burocratiza para que el Presidente de la Cámara de Diputados dé su autorización a la petición de consulta, para que la Corte reconozca que es de trascendencia nacional y para establecer un conjunto de requisitos, donde los formatos para las firmas establece que se requiere el tema, la pregunta, el folio, la clave del electoral, el nombre y firma del ciudadanos, el reconocimiento óptico de caracteres, la fecha de expedición de la credencia de elector.

Y luego para la petición de consulta le vuelven a pedir el nombre y firma de solicitantes, el propósito de la consulta y en argumento de que se trata de un asunto de trascendencia nacional, la pregunta, los preceptos legales o reglamentarios a modificar, describir si es un acto de omisión de autoridades, el número de representantes y domicilio para notificaciones, y la revisión de nueva cuenta del millón 600 mil firmas de (Inaudible).

Eso está diseñado para que no se ejerza ninguna consulta, ya no digamos en materia constitucional sino en cualquier asunto legislativo o administrativo en este país.

Pero ese no es el problema principal, aparte de las limitaciones y restricciones constitucionales en la Ley secundaria se deja a un gran vacío de definición respecto a algo que se refiere a las reformas de carácter constitucional, que el centro medular de esta ley secundaria son los artículos quinto y sexto, en donde se deja a la interpretación de la autoridad si la consulta constitucional es procedente, ya que tanto el artículo quinto como en el sexto se establece que serán objeto de consulta popular los actos legislativos del Congreso de la Unión y los actos administrativos del Ejecutivo federal.

Y para muchos abogados, incluso lo hicieron público, el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados y otros legisladores, las reformas constitucionales no son objeto de consulta o si es un acto legislativo que trasciende al Congreso de la Unión y corresponde a lo que se llama el Constituyente Permanente o al poder reformador de la Constitución, con lo cual quieren conculcar este derecho.

A nuestro juicio esta ley no solamente viola el precepto constitucional, sino también viola disposiciones suscritas por el gobierno mexicano en el ámbito internacional y este dictamen da cuenta de profundos vicios de inconstitucionalidad.

Y voy a referirme a dos tratados internacionales vinculados con el tema: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que firmó el gobierno mexicano y que establece en su artículo 25 que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo segundo, y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades:

Primero, participar en la dirección de los asuntos públicos directamente a través de la consulta, el plebiscito o el referéndum o por medio de representantes libremente elegidos.

Segundo, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal.

Y tercero, tener acceso y condiciones generales de igualdad a las fusiones públicas de su país.

Y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo décimo tercero, sobre libertad de pensamiento y expresión que también suscribió el gobierno mexicano se establece que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de radioeléctricas o de enceres y aparatos usados en la difusión de información cualquier otro medios encaminados a impedir la consulta y la libre circulación de las opiniones.

Por eso estamos convencidos que esta ley, no solamente tiene visos de inconstitucionalidad, viola tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y quiero decir que, independientemente, del resultado al que se arribe el día de hoy no solamente controvertiremos ante la Corte la inconstitucionalidad de esta ley secundaria, sino en su oportunidad acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que la mayoría que gobierna hoy este país cumpla con las disposiciones internacionales que ha suscritos y que tienen rango de ley máxima de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Constitución.

Por eso, mi voto en contra en comisiones unidas y mi voto en contra de manera muy clara el día de hoy de este dictamen.

Muchas gracias.






Quieren eliminar el derecho de los ciudadanos a participar en la definición de reformas constitucionales: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA
26 de febrero de 2014

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor de la Moción Suspensiva presentada por el Senador Manuel Camacho Solís respecto del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias Senador Presidente.

Yo creo que el mejor argumento en favor de la moción suspensiva es la intervención que acaba de hacer el Senador Fayad.

La cual demuestra un profundo desconocimiento, no solamente de lo que estamos discutiendo, sino de los alcances que se le pretende dar en una ley reglamentaria al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos de interés público.

Hay dos frases del Senador Fayad que van a quedar en los anales de la historia, y dice: Somos una democracia representativa, y lo somos, pero no podemos renunciar a ello, porque consultar al pueblo llevaría a la anarquía, así lo dijo el Senador Fayad.

Y aquí, pues la verdad es que yo le recordaría en primer lugar lo que establece el Artículo 39 de nuestra Constitución, lo voy a leer textual: La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.

Es decir, nuestra democracia representativa se sustenta en la soberanía popular.

Por eso en el debate que dimos en la LXI Legislatura cuando se abrió la discusión de las llamadas cartas ciudadanas, en donde se incorporaron figuras de la democracia directa como: la Iniciativa Ciudadana, la Candidatura Independiente y la Consulta Popular, establecimos con toda claridad que el pueblo tienen el inalienable derecho para intervenir en la definición y resolución de los asuntos de interés nacional, que hoy es lo que se quiere conculcar.

Lo que está a debate no sólo es si se hace una consulta en materia de reforma energética, que por supuesto consideramos que debe consultarse al pueblo sobre la entrega que hicieron ustedes de los recursos del subsuelo y el cambio que hicieron a la propiedad originaria de la nación.

Lo que estamos discutiendo en lo fundamental, más allá de ese interés, es como garantizar las condiciones para hacer ejercible el derecho de los ciudadanos a participar, no solamente en los asuntos legislativos que atañen al Congreso, sino también en los asuntos administrativos en los que interviene el Ejecutivo Federal.

Y por eso insito, hay que discutir esto con mayor detenimiento y aclara con toda precisión y de que las únicas restricciones que establece el Artículo 35 Constitucional para realizar la consulta tiene que ver con los temas de soberanía nacional, organización de las fuerzas armadas, los ingresos y egresos de la federación, la vigencia del Artículo 40 que son de las bases constitutivas de nuestra República y particularmente del Estado laico y la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales.

Y en esta minuta que quieren ustedes hoy someter a discusión, quieren eliminar el derecho a que los ciudadanos participen en la definición de las reformas constitucionales con las cuales prácticamente han entregado, no solamente los bienes de la nación, sino que han cedido soberanía al extranjero. Ese es el tema a discusión.

Y por eso le recomendaría al Senador Fayad revisar con detenimiento el Artículo 35 Constitucional, analizar con detenimiento el alcance del mismo y cómo los instrumentos de la democracia directa han venido estableciéndose, al igual que la construcción de órganos con autonomía constitucional ante el descrédito, el debilitamiento de las instituciones, el desmantelamiento del Estado y el fracaso de la política y el gobierno que ustedes encabezan y que han compartido con otros partidos políticos.

Por eso, nuestro voto a favor de la moción suspensiva.







Cárdenas debe presidir el PRD
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 25 de Febrero 2014

Hace veinticinco años fundamos el Partido de la Revolución Democrática. Un partido que reivindicaba principios éticos fundamentales para cambiar el régimen y las formas de hacer política reivindicando las conquistas sociales de nuestro pueblo.

En este período a la izquierda mexicana se le despojó en tres ocasiones de la Presidencia de la República. Pese a ello y a los fraudes electorales, ha logrado gobernar la capital de la República, diversas entidades del país y cientos de municipios. Lamentablemente, tras décadas de procesos unitarios y en el marco del regreso del PRI y de la conformación de una coalición conservadora de derecha, la izquierda se encuentra dividida e inmersa en una profunda crisis.

Hemos dilapidado el capital político construido a lo largo de treinta y cinco años, que le permitió a la izquierda constituirse en una alternativa nacional viable para millones de mexicanos, y que alcanzó su mayor fuerza en las movilizaciones tras el fraude electoral de 1988, el desafuero de López Obrador, el despojo de la triunfo por la Presidencia de la República en las elecciones de 2006 y en los 16 millones de votos obtenidos en las elecciones de 2012.

Es momento de hacer un alto en el camino y una reflexión autocrítica que permita recuperar nuestra identidad política y la vocación unitaria que nos fortaleció, retomando nuestros nexos con la sociedad a fin de superar el creciente distanciamiento de ésta.

En urgente rescatar los activos más importantes de la izquierda, las experiencias exitosas de sus gobiernos; sus liderazgos y vínculos con la academia y la cultura. Rescatar su vocación de poder, construir una nueva plataforma que permita avanzar en la organización de redes y estructuras orgánicas que permitan desplegar la iniciativa social y la resistencia, con  autonomía del poder político.

Hoy menos que nunca podemos renunciar a nuestro ideario y a nuestro  espíritu de lucha. La izquierda no puede mantenerse en la mediocridad y alentar el conformismo. Es preciso romper las ambiciones que la han fragmentado, para enfrentar el proyecto antinacional que pretende instaurarse.

El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto representa un proyecto construido durante años con base en una red de intereses, complicidades y negocios al amparo del poder público, que ha hecho de la corrupción, el clientelismo, la cooptación de disidentes y la simulación, prácticas cotidianas. Hoy esas prácticas han penetrado en grupos importantes de la izquierda y en especial del PRD, arrastrándonos a una profunda crisis de credibilidad.

Tres valores fundamentales deben articular nuestra acción: ética, congruencia y lealtad con las causas sociales. Es hora de acabar con el doble lenguaje y la simulación para superar la regresión política que vive el país y hacer que la izquierda sea una organización determinante en los cambios que exige la nación.

Se requiere un cambio radical. Romper las inercias que han conculcado la vida democrática del partido, renunciar a los privilegios y acomodos de los grupos que frenan el desarrollo del partido, rescatar los valores y principios fundacionales del PRD y emprender una gran rebelión desde la base para defender el proyecto democrático que nos dio origen.

Como lo ha acreditado durante los últimos meses, la autoridad ética y política, así como la capacidad de convocatoria del Ing. Cárdenas ha permitido rearticular a la militancia perredista, retomar el proceso de la unidad de las izquierdas y restablecer el encuentro con los movimientos sociales. No se pretende descalificar la legítima aspiración de quienes se han postulado para dirigir nuestro partido ni de plantear una demagógica candidatura de unidad.

El asunto es más complejo. El reto que enfrentamos rebasa la adversidad de la actual coyuntura, requiere de la unidad de las izquierdas y de una estrategia a largo plazo para que esta corriente del pensamiento vuelva a ser una opción verosímil para instrumentar los cambios que México necesita. Cuauhtémoc Cárdenas es hoy el dirigente capaz para encabezar un reto de tal magnitud y naturaleza.

Senador de la República







Audiencias de los Comisionados del IFAI en el Pleno del Senado de la República.

Lunes, 24 Febrero 2014

Durante las audiencias públicas de los comisionados del IFAI en el Senado de la República, el senador Alejandro Encinas Rodríguez,  no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a  la Dra. Wanda Sigrid Arzt Colunga, respecto a la información que se ha hecho pública sobre una investigación iniciada por el propio Instituto Federal de Acceso a la Información en donde se revela que en distintas solicitudes y requerimientos de información que se promovieron desde la  computadora personal de la Comisionada del Instituto en las cuales se acumularon 88 solicitudes de información de las cuales 15 de estas  participó en las liberaciones del pleno.

El senador Alejandro Encinas cuestionó “es posible hacer las solicitudes directamente en su carácter de comisionada o en todo caso plantear una resolución al pleno del consejo para requerir esa información en lugar de hacer investigaciones particularmente sobre las actividades, reuniones, gastos de representación   y productividad de sus propios colegas comisionados y de otros altos comisionados funcionarios del IFAI”.

Así mismo externó el senador Encinas Rodríguez que la crisis del IFAI no se dan en el momento de la definición de la nueva presidencia, sino de las relaciones de desconfianza, transparencia, que se tiene entre los propios comisionados que los llevan actuar en un conflicto interés bajo figuras de terceros.

Ante el cuestionamiento del senador Encinas Rodríguez, la Dra. Wanda Sigrid Arzt  negó categóricamente el haber hecho las solicitudes de información y los recursos de revisión y señaló que esos recursos han sido sometidos al escrutinio de dos peritajes ante  la PGR, así como del peritaje presentado por la misma.

La Dra. Wanda subrayó “de manera desafortunada los resultados de las Auditoria Superior de la Federación, señalan  lo siguiente:  que tenemos una deficiente política de contraseñas y una deficiente administración de cuentas  en la cual  no existe un centro alterno de datos, ni tampoco una contratación y administración de ejecución de los servicios contratados. Asimismo recalcó que se tiene una vulnerabilidad en términos de informática dentro del Instituto.

En lo que corresponde a la comparecencia del Dr. Gerardo Felipe Laveaga Rendón, el senador Alejandro Encinas  le solicitó que expusiera tres casos en los que el derecho a la información hubiera sido útil para hacer exigibles otros derechos o se haya contribuido al empoderamiento de los ciudadanos y en lo individual su principal logro en el 2013, asimismo cuestionó ¿cómo considera que debe ser la función de un comisionado del IFAI formalista o debe ser una función que garantice el ejercicio del derecho? y ¿Cuáles son los elementos que a su consideración garantizan la imparcialidad, independencia de un comisionado del IFAI?.

El Dr. Gerardo Felipe Leaveaga respondió que la acusación que le hicieron el día que tomó posición fue de baja productividad, consideró que todos los comisionados trabajan duro y que en el 2013 se resolvieron 7506 recursos de esos la  Comisionada Sigrid Arzt resolvió 1497, la Comisionada Pérez Jaén 1495, el Comisionado Trinidad  Zaldivar 1514 y el Comsionado Felipe Leaveaga 1577.

Así mismo, externó que el derecho de acceso a la información es independiente de todo no importa quién lo pida, ni para que lo pida porque el Estado tiene que garantizar esa información de manera permanente.

El Dr. Gerardo Leaveaga  dijo que un Comisionado debe ser absolutamente garantista,  señaló que los derechos humanos nunca son absolutos ya que  todos los derechos humanos tienen límites y a veces chocan, de igual forma se consideró de centro sin tendencias partidistas.
Al finalizar los posicionamientos de cada uno de los Comisionados del IFAI, el senador Alejandro Encinas cuestionó al Dr. Angel Trinidad Zaldivar, respecto a la protección de los datos personales.

El Dr. Trinidad señaló que hay una regla general  que tiene que  ver con el interés público y con la necesidad de ponderar caso por caso.





Se debe de insistir en una seguridad integral para erradicar el problema del narcotráfico en nuestro país: Encinas Rodríguez

Sábado, 22 Febrero 2014

Ante las noticias internacionales de la presunta detención de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán” uno de los narco más peligroso del mundo y el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Bin Laden,  y quien supo construir una red de tráfico de drogas a lo largo de América del Norte, y que también se expandió por Europa y Australia y quien tiene una fortuna cercana a los 1000 millones de dólares, publicado por la revista Forbes.

Al respecto el senador Alejandro Encinas Rodríguez reconoció que esta detención representa un acierto para el gobierno mexicano que nadie puede subestimar. No obstante,  expresó su preocupación, ya que, dijo, esto podría repercutir en mayor violencia y el surgimiento de nuevas bandas delictivas.

Externó su preocupación con lo que se puede avecinar,  ya que señaló que  cuando se descabeza a un cartel o se dividen en grupos más violentos o la estructura se mantiene vigente, no es suficiente la detención.

Por lo que exhortó, al gobierno federal en que se debe insistir en la necesidad de una política de seguridad integral y atacar las fuentes de financiamiento del cártel de Sinaloa, para erradicar el problema del narcotráfico.





La ley de consulta popular presentada es el cerrojazo a la reforma energética por eso mi voto en contra: Encinas Rodríguez
Jueves, 20 Febrero 2014

Durante la discusión de la moción suspensiva sobre el dictamen de consulta popular, el senador Alejandro Encinas externó “debemos de llamarle a las cosas por su nombre, es un debate eminentemente político que confronta no solamente dos visiones de lo que debe de ser el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos para participar en la definición de los asuntos fundamentales para el país, sino dos visiones respecto al tratamiento que se dio a la reforma energética”.


Manifestó “en realidad no es un debate de interpretación acerca del contenido del art. 35 constitucional pese a las restricciones que se impuso a la consulta popular, estableció con toda claridad cuáles serían los temas que estaría restringido el ejercicio de este derecho”.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló cuatro restricciones:

1. Los asuntos de seguridad nacional 
2. La organización de las fuerzas armadas
3. Los asuntos vinculados con los ingresos y egresos de la federación y
4. Que no se vulneren los principios establecidos en el art. 40 de nuestra constitución que se refiere fundamentalmente a los derechos humanos y a la existencia del Estado laico.

Subrayó “que sucedió en el debate de la reforma energética, en el momento en que las izquierdas planteamos que someteríamos el uso del derecho que nos otorga el art. 35 constitucional a consulta popular a la reforma energética se empezaron hacer un conjunto de especulaciones y de falsas interpretaciones sobre el contenido de la constitución para justificar y negar la consulta en materia energética”.

Destacó “esta ley de consulta popular como viene de la Cámara de Diputados y como ustedes la están planteando, es el cerrojazo a la reforma energética. Y el establecer limitaciones y restricciones al ejercicio de un derecho que prácticamente lo hacen inejercible.”.

El senador Encinas Rodríguez cito dos ejemplos:


•El como la propuesta original de que el número de ciudadanos pudieran solicitar el ejercicio del derecho de la Consulta Popular fuera del 0.5 por ciento del listado nominal.


A lo que el PRI se opuso e impuso que fuera el 2 por ciento del listado, que en estos momentos al último corte de la lista nominal representa cerca de un millón 700 mil ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Y la segunda restricción que se estableció es que deberían participar en la Consulta, que por decisión también de esta mayoría del PRI, estableció que sería solamente consulta cada 3 años durante los procesos electorales, a que sería vinculante su resultado siempre y cuando participara el 40 por ciento del listado nominal de electores, es decir, que por lo menos participan 31 millones de ciudadanos en el proceso electoral y la consulta.

Y ahora a esas dos únicas restricciones, que ya de por sí son muy grandes, se quiere establecer otro conjunto de restricciones para limitar y anular el derecho de los ciudadanos.

Externó “por eso, difiero con lo que dice el Senador Larios, si él considera que no es un asunto de fondo sino de mera interpretación jurídica, porque dice que a su juicio las reformas constitucionales pueden revisarse con esta ley, pues modifiquemos esta minuta estableciendo con claridad que las reformas constitucionales son también con toda claridad materia de consulta, y si no, si todo va a terminar con una interpretación de la Corte, permitamos que se desahogue el recurso que está interpuesto en la Suprema Corte de Justicia para que resuelva en lo particular”.

Destacó “ aún y cuando les nieguen a los ciudadanos, o nos nieguen a nosotros el derecho a hacer una consulta sobre la reforma energética, en materia constitucional vamos a ejercer este derecho realizando la consulta a las leyes reglamentaria por más folios que quieran ponerle a las firmas, por más que no quieran desconocer las firmas, por más que quieran aumentar el número y los requisitos que se establecen, porque estamos convencidos que vamos a tener el respaldo social suficiente para revertir esta reformas”.

Recalcó “actuemos con prudencia esta moción proceda y vayamos a un dictamen de fondo, justamente para hacer viable del ejercicio del derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos”.

El senador Alejandro Encinas dejó en claro “por estas razones mi voto es en contra, nuestra exigencia fundamental no solamente es eliminar estas interpretaciones que extralimita las disposiciones constitucionales, burocratiza el proceso y limita el ejercicio del derecho “.




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Por primera vez, no sólo el Poder Legislativo, sino cada Grupo Parlamentario está obligado a rendir cuentas sobre los recursos que perciben y el destino que se le da: Encinas Rodríguez


Jueves, 20 Febrero 2014
En el marco de la IV Reunión de la Comisión de propiedad y transparencia del FOPREL, el senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló “en las democracias representativas  como en el caso de México, la representación de las Instituciones no necesariamente cumplen con las expectativas de los ciudadanos y su involucramiento en los asuntos del interés público y uno de los temas con los que nos hemos abocado particularmente desde la legislatura anterior, es avanzar en mecanismos que permitan fortalecer a las instituciones representativas que vivimos una profunda crisis de credibilidad más aún cuando ustedes han visto el debilitamiento de nuestras Instituciones vinculadas con los problemas de la seguridad pública, el combate a la delincuencia organizada y construir una relación con la sociedad que permita a las instituciones públicas entre ellas a los partidos políticos   recuperar la credibilidad, la confianza de las Instituciones de esta democracia representativa”.
 Externó “nos hemos abocado a ir generando nuevas figuras para hacer efectivos instrumentos que permitan la participación directa de los ciudadanos. En la legislatura anterior se llevaron a cabo diversas reformas de carácter constitucional para establecer lo que llamamos una nueva generación de derechos ciudadanos (las famosas cartas ciudadanas) vinculadas con figuras como la iniciativa ciudadana, la candidatura independiente y la consulta popular en el ánimo de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y romper el monopolio que la representación popular detentamos los partidos políticos”.
Detalló “Desde hace varias décadas en la constitución política de nuestro país en el artículo 6 constitucional, se estableció el derecho a la información el cual no se podía ejercer plenamente ni los ciudadanos, ni los medios de comunicación y en general muchas instituciones e  incluso el Congreso de la Unión no tenía acceso a información que se consideraba reservada dentro de los asuntos de interés público”.
Externó “hace aproximadamente 13 años se estableció por primera vez un Instituto Federal de Acceso a la Información y una Ley General de Acceso a la Información que permitió construir no solamente un órgano garante en cumplimiento del poder Ejecutivo que debería de garantizar el acceso a la información pública sino también permitió que se estableciera en cada una de las entidades federativas  legislaciones y órganos garantes para que los ciudadanos pudieran hacer efectivo este derecho”.
El senador Alejandro Encinas dejó en claro que no ha sido una tarea sencilla por que no se encuentra la misma respuesta en la mayor parte de las entidades federativas del país, se encuentran muchos obstáculos para el establecimiento de órganos que efectivamente garantizaran el acceso a la información, enfrentaron una gran diversidad de legislaciones locales en donde se establecían severas restricciones al acceso a la información pública como  los asuntos vinculados con juicios que se siguen a distintos ciudadanos y  los temas de seguridad nacional”.
Manifestó “a lo largo de una década se ha venido construyendo una cultura ciudadana motivada por los medios de comunicación de buscar en tener acceso a toda la información de carácter público y ante esta diversidad de leyes de manejo discrecional  y de mucha opacidad del manejo de recursos públicos incluido en el manejo de los recursos del Senado de la República,  Cámara de Diputados y Congresos locales, desde inicios de esta legislatura tomamos una  iniciativa que afortunadamente logró el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República para establecer una legislación que permitiera no solamente reconocer el derecho del acceso a los ciudadanos a la información pública, sino dar las garantías que este derecho se pueda ejercer”.
Aseveró “estamos en una fase de elaboración de una ley general de acceso a la información, una ley general de protección de datos personales y una ley general de archivos, para que allá información debe preservarse, sistematizarse y existir, porque hasta ahora la ley de archivos que tenemos en nuestro país es deficiente”.
Asimismo el senador Alejandro Encinas externó que se le adopto de mayor fuerza jurídica a los órganos garante para que en caso de incumplimiento de que el órgano garante local no satisficiera el requerimiento de información de los ciudadanos, el órgano garante nacional tendrá la facultad de atracción para que la información que allá sido negada en incumplimiento de las disposiciones de ley en una entidad o una institución el órgano garante general tendrá la faculta sobre las cuales tendrá que emitir resoluciones definitivas e inatacables en cuanto a los requerimientos de información  que se establezcan a todas las instituciones y dependencias que manejen recursos públicos en el país”.
Destacó “por primera vez, no solo el poder legislativo, sino cada grupo parlamentario está obligado a rendir cuentas sobre los recursos que perciben  y  el destino que se le da  a los recursos de carácter público,  acabando  con la enorme opacidad y discrecionalidad”.
Manifestó que la semana pasada presentaron un reglamento que va a regular todo el manejo de la información que genera el poder legislativo, no solamente en cuanto a sus recursos, sino que ahora cualquier ciudadano podrá requerir desde la lista de asistencia de la comisión, el sentido del voto de cada uno de sus integrantes, hasta el video de la realización para garantizar el cumplimiento pleno del proceso legislativo, así como toda la información que se requiera en términos de transparencia en termino de los viajes, comisiones, viáticos nacionales o internacionales que realicemos los legisladores, hasta el  informe de las reuniones  con grupos de cabildeo que vienen al Senado o a la Cámara de Diputados a defender intereses de grupos económicos de grupos sociales y políticos en particular”.
El senador Encinas Rodríguez resaltó que se trata no solamente de rendir cuentas claras del manejo de los recursos que perciben, sino también de informar el número de asesores que tienen, la orientación de lo que significa la gestión legislativa, para tener clara la rendición de cuenta y del desempeño legislativo de cada legislador.
Puntualizó “lo más importante es establecer prácticas que modifiquen una cultura que rinda cuentas y que permita establecer una relación de confianza con los ciudadanos”.



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Reunión del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera


Jueves, 20 Febrero 2014


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El fenómeno más característico no sólo es el incremento de la violencia e inseguridad en nuestro país, sino un debilitamiento de las Instituciones Públicas: Encinas Rodríguez

Miércoles, 19 Febrero 2014

Durante la visita de síndicos del fondo de contribuciones voluntarias para la cooperación técnica en materia de derechos humanos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, el senador Alejandro Encinas destacó el contexto en que se está desarrollando actualmente las actividades de la oficina en nuestro país particularmente en los últimos 12 años.
 El senador Encinas Rodríguez detalló que ha habido un cambio muy significativo de las condiciones políticas de gobernabilidad en nuestro país y donde el fenómeno más característico no solo es el incremento de la violencia e inseguridad, sino un debilitamiento de las Instituciones Públicas y de los cuerpos policiacos, así como un proceso de descomposición y corrupción en distintos órganos de gobierno que vienen acompañados de una profunda impunidad en la que lamentablemente los delincuentes no son castigados en su inmensa mayoría.
 Destacó “más de 90 delitos que se comenten en el país no son sancionados y la absoluta mayoría de las decena de miles de personas que han sido acusados de diversos delitos por la delincuencia organizada hoy se encuentran en libertad. Es importante matizar la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque a lo largo de estos años hemos vivido en primer lugar, un conjunto de procesos y medidas que no solamente han resuelto y enfrentado adecuadamente los problemas de violencia e inseguridad, sino que se han venido adoptando medidas que incluso restringen las libertades, las garantías de los ciudadanos mexicanos”.
Señaló “creo que la estrategia de combate a la delincuencia organizada se partió de una idea equivocada  de que a mayor población penitenciaria menores índices delictivos y en la llamada guerra contra la delincuencia organizada se presentaron dos fenómenos, en primer lugar, un endurecimiento en  las penas en donde particularmente todas aquellas involucradas no solamente delitos de alto riesgo como son homicidio, narcotráfico, sino incluso los delitos de robos menores sufrieron un conjunto de modificaciones y reformas donde se pusieron mayores penas y el resultado de esta situación es que se llenaron los penales de nuestro país pero la inseguridad y la violencia no disminuye”.
Resaltó “se pretendió dar una salida más de corte policiaco  y limitar el problema en lugar de reconocer que no solamente tenemos graves problemas de pobreza y de desigualdad en el país, sino que el debilitamiento del Estado y su ausencia en muchas regiones de nuestro territorio forma parte grupos delictivos que hoy tienen el control”.
Recalcó “es muy importante destacar la presencia de la oficina del Alto Comisionado en nuestro país, porque se da esto en un escenario de decepción”.
En el caso de los grupos de autodefensas el senador Alejandro Encinas lamentó que se comentaría el error de incorporarlos en guardias rurales lo cual significan que quedarían bajo la jurisdicción del fuero militar.
Asimismo externó que si no se da un tratamiento adecuado puede derivar como sucedió en  Colombia, que las guardias comunitarias se convierten en una fuerza beligerante sin ningún control y regulación convirtiéndose en grupos paramilitares y guardias blancas que a la postre fueron los principales promotores del crimen y del narcotráfico.





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Visita de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU


Miércoles, 19 Febrero 2014


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Reunión de instalación de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Constitucionales del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).

Miércoles, 19 Febrero 2014



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Sen. Alejandro Encinas
Conferencia de Prensa
Miércoles, 19 Febrero 2014



¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.