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"Estamos en una crisis humanitaria que deriva de la ausencia del Estado":

Alejandro Encinas Rodríguez

Venimos de lejos

Dtto 30

Constituyente

Senador


Video Intervención en Tribuna Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para hablar sobre dictamen en materia de procedimientos de inspección ambiental
Jueves, 28 Septiembre 2017


Con 81 votos se avalan arts. 4 y 177 de la Ley General de Equilibrio Ecológico en sus términos, se turna a la Cámara de Diputados - H. Congreso de la Unión




Video  Alejandro Encinas Nájera

Jueves, 28 Septiembre 2017





Debe de ampliarse la Alerta Sísmica en todo el país: Encinas Rodríguez

 Miércoles, 27 Septiembre 2017

·         Urge crear un fondo de emergencia que atienda a la población sin vivienda y garantice que las empresas aseguradoras paguen y no evadan su responsabilidad frente a la tragedia

En conferencia de prensa, senador Alejandro Encinas Rodríguez  informó que turnó  a las comisiones de Gobernación, Hacienda y Estudios Legislativos un proyecto de Decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la Nación, con la finalidad de crear un fondo de emergencia para la atención a damnificados, la recuperación y reconstrucción, para identificar las fuentes de financiamiento de conformación del fondo.

“Se requiere hacer uso de los fondos catastróficos provenientes del Banco Mundial, los cuales hacienden a 150 millones de dólares que podrían pasar en su totalidad a formar parte del fondo de emergencia junto con las aportaciones de organismos internacionales, multilaterales, y las aportaciones del sector privado, organizaciones  sociales o particulares, que sumando todo esto se estaría oscilando entre 15 mil millones de pesos, que son  insuficientes para atender la magnitud del desastre en las ocho entidades”.

Precisó que lo importante es delimitar la reducción de lo que serán las prerrogativas para el desarrollo de las campañas electorales el 2018.
“Hay quienes han señalado que deben eliminarse el financiamiento público a las campañas y hay quienes han planeado la eliminación de los diputados de representación proporcional, reducir a un solo representante por entidad en el Senado de la República en una posición de regateo, como si fuera una subasta, cayendo no solo en una situación demagógica, sino en un planteamiento regresivo”.

Explicó que el proceso electoral, ya comenzó- en octubre inicia oficialmente- por lo que, no se puede hacer ninguna reforma electoral, respecto al proceso del 2018 y cualquier reforma de esta naturaleza entraría en vigor hasta el 2024.

“Están engañando con esta simulación a la población”.

Externó que sería una regresión enorme desaparecer los diputados de representación proporcional y la idea de eliminar el financiamiento público, lo que implica dar marcha atrás a 40 años de transformaciones y reformas, haciendo una regresión al autoritarismo de los años 1976 y  77, donde ahora se entregaría la política y las elecciones al sector privado, a los poderes fácticos y delictivos.

El legislador destacó que en este Decreto se establece diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la Nación, por lo que,  se tiene que tener como prioridad, la protección a la vida, salud, alimentación, vivienda y la integridad de los derechos humanos de todos los damnificados, lo que implica que en el ejercicio de este fondo deben de participar los representantes de las entidades afectadas.

Afirmó que sí se debe de crear un fondo de emergencia que no requiere reforma constitucional, que requiere de la decisión del Senado con estos criterios de alineación, lineamientos precisos y control de fiscalización ciudadana.

Resaltó que a diferencia de la iniciativa del PAN, esta iniciativa de decreto no se concreta solamente en la atención de los recursos, sino que las autoridades locales deben de asumir el control de los predios y los inmuebles dañados y en este control debe de garantizar los derechos de las personas tanto en su propiedad, como en la atención a la pérdida de su patrimonio, y en el caso de empresas inmobiliarias que hayan incumplido con los reglamentos de construcción asuman las responsabilidades, no solamente con los seguros que tiene contratados, sino responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan para que con estas sanciones se restituya a la población damnificada, dijo también, que se debe de restablecer un programa de vivienda de arrendamiento para que las personas damnificadas en lo que se construye su patrimonio en el lugar donde estaban establecidos puedan establecerse de manera temporal y garantizar que las empresas aseguradoras paguen los seguros y no evadan su responsabilidad frente a la tragedia.

Por último, exigió que se debe de publicar el Atlas de riesgo sísmico y volcánico de las ciudades, regiones, estados, municipios y demarcaciones territoriales, pues deben ser conocimiento y dominio público.

“Se debe de ampliar la Alerta Sísmica en todo el país; no hay Alerta Sísmica en la zona metropolitana del Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco y Chiapas que son zonas de alta sismicidad, incluyendo los Estados del Norte más por la falla de San Andrés que prueba que estados como Baja California Norte y Sur enfrentan este tipo de riesgos”.

Martes, 26 septiembre 2017
Decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la Nación.
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Exposición de motivos
México vive una situación de emergencia derivada de los fenómenos hidrometereológicos presentados durante la actual temporada de huracanes, así como por los sismos registrados durante el mes de septiembre que afectaron severamente a ocho entidades del centro y sur del país.
Enfrentamos una tragedia humana que alcanza a decenas de miles de mexicanos.
De acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno federal el sábado 23 de septiembre, han fallecido 407 personas; se ha registrado la pérdida total de cerca de 50 mil inmuebles y 140 mil edificaciones presentan daños de diferentes magnitudes.
De nueva cuenta, la solidaridad y la conciencia cívica de los mexicanos se ha volcado a las calles de las ciudades y a las comunidades más remotas, el esfuerzo colectivo ha permitido el rescate de las víctimas y el apoyo masivo a la población afectada. Miles de jóvenes, sin escatimar esfuerzo alguno, se empoderaron y atendieron la emergencia.

La solidaridad internacional ha vuelto a desplegarse, y el trabajo de rescatistas voluntarios, de los heroicos cuerpos de bomberos, de las instituciones de protección civil y el respaldo de las fuerzas armadas, han ayudado a mitigar el desastre.
Al mismo tiempo, estos fenómenos naturales han puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestras comunidades y del modelo de desarrollo urbano hasta ahora seguido, así como las debilidades de las instituciones públicas, de los programas de prevención de desastres y las acciones de respuestas a los mismos.
Las tareas de rescate deben mantenerse hasta el último momento para salvar vidas, y la sociedad y las instituciones públicas deben estar preparadas para la reconstrucción de las ciudades y pueblos y para garantizar que las personas damnificadas reconstruyan su vida y patrimonio.
Lo anterior implica reconocer la situación de emergencia, enfrentar la adversidad y superarla en el menor tiempo posible, adoptando las medidas más adecuadas para recuperar los servicios públicos básicos y la infraestructura afectada, teniendo como prioridad la protección de la vida y de la integridad de las personas, la salud, el bienestar y el apoyo para que las familias damnificadas reconstruyan su entorno y recuperen su patrimonio, que permitan en su conjunto, el retorno a la normalidad de las comunidades y a la vida cotidiana de las personas afectadas.
Todo ello, en un proceso continuo y permanente que permita que, en las diversas etapas del proceso de reconstrucción exista una amplia participación social e instancias de representación de los afectados, en el diseño, ejercicio y evaluación de las diferentes acciones y recursos, a través de los diversos instrumentos financieros de gestión de riesgos, que se apliquen.
El Congreso de la Unión está obligado a dar una respuesta eficaz, inmediata y contundente ante la emergencia, atendiendo las demandas de la población afectada y las exigencias de los ciudadanos para replantear nuestra formas de desarrollo y convivencia; la protección de los bienes y el espacio públicos; la prevención de desastre; el cumplimiento de las normas de construcción; el combate a la corrupción y el castigo, en su caso, a quienes burlaron la ley o fueron omisos en el ejercicio de sus funciones públicas.
Por ello y toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 64, 75 y 76, establece las facultades exclusivas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como en el artículo 73 constitucional, que establece las materias en las que el Congreso de la Unión está facultado para: emitir normas y disposiciones para imponer las sanciones necesarias a cubrir el presupuesto de egresos (fracción VII); analizar las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados (fracción VIII); expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil (fracción XXIX); en materia de asentamientos humanos (fracción XIX, inciso c); sobre planeación nacional del desarrollo social (fracción XXIX, inciso d); la programación, concertación y ejecución de acciones de orden económico (fracción XXIX, inciso e); y para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las concedidas a los Poderes de la Unión (fracción XXX).
Y con fundamento en la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 8, establece que el Poder Legislativo, así como el Poder Judicial, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos, los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz. Que la política pública de Protección Civil corresponde al Estado, y que ésta deberá realizarse por conducto de la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y las demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia (artículo 9); que el Sistema Nacional de Protección Civil, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios, acciones, que establecen corresponsablemente, las dependencias y entidades del sector público entre sí, y con las organizaciones de voluntarios, sociales y privados, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil (artículo 14). Que el objetivo general del Sistema Nacional es proteger a las personas, a la sociedad y su entorno, ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocados por los fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población (artículo 15); que en una situación de emergencia el auxilio a la población debe constituirse en la acción prioritaria de la Protección civil por lo que las instancias de coordinación deberán actuar de manera conjunta y ordenada (artículo 21); que el Comité Nacional de Emergencias es el mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de los agentes perturbadores que pongan en riesgo a la población (artículo 32); y que tiene, entre otras atribuciones, analizar la situación de emergencia o desastre que presenta el país a fin de evaluar su alcance e impacto, y formular las recomendaciones necesarias, para proteger a la población, sus bienes y su entorno; proveer, a través de programas institucionales, de los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción (artículo 34).
El marco normativo antes citado provee y da pertinencia a la actuación de este Poder Legislativo, en el marco de las facultades explícitas e implícitas que le otorga la Constitución General de la República, así como de las funciones que cumple en el marco de la Ley y el Sistema Nacional de Protección Civil. Con base en lo anterior, se presenta el siguiente proyecto de: Decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la Nación.
  

Conferencia de prensa para hablar sobre Proyecto de decreto que establece diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometereológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la Nación.


Un fondo de emergencia que atienda a la población sin vivienda y garantice que las empresas aseguradoras paguen


Proyecto de decreto, Martes, 26 septiembre 2017



Hoy se cumplen tres años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Demandamos justicia.
Martes, 26 septiembre 2017







reconstrucción Martes, 26 Septiembre 2017 



No caigamos en simulación abriendo la privatización de la política, no dejemos en manos de los poderes fácticos y delictivos las elecciones del 2018: Encinas Rodríguez

Lunes, 25 Septiembre 2017 16:20

Al hacer uso de la palabra para fijar postura sobre el sismo del pasado martes, el Senador  Alejandro Encinas Rodríguez,  destacó que es momento de hacer un alto en el camino y dejar atrás la simulación y el mercadeo político.
“De nueva cuenta los sismos han cimbrado al país y a todas las Instituciones públicas. Es momento de hacer un alto en el camino y dejara atrás la simulación y el mercadeo político. Qué bueno que los partidos hayan aceptado reducirse sustancialmente sus prerrogativas, pero no nos vayamos al extremo de la demagogia y de la simulación, mucho menos a la privatización de la política y de las elecciones, dejando en manos del dinero de los poderes fácticos y delictivos los procesos electorales"
No se trata de volver a la normalidad anterior, dijo, al contrario, esa es justamente la que se tiene que dejar atrás;  la normalidad de la corrupción, de simulación y de la indiferencia. 

Denunció que los sismos han puesto en evidencia la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, pero también lo peor de la condición humana y de las prácticas de la clase política.
“Vemos gobernadores que retienen o desvían ayuda para promoverse políticamente, cadenas comerciales que incrementan sustancialmente sus ventas sin hacer descuentos o incluso la difusión de información falsa”.
Encinas Rodríguez, propuso ir a fondo en la revisión de las políticas de prevención; desde la Alerta Sísmica, que está diseñada solamente para la zona metropolitana del Valle de México, siendo necesaria extenderla al resto del país;  los protocolos de prevención en las escuelas, revisar planes de ordenamiento territorial, reglamentos de construcción, programas de prevención y respuesta.
Es necesario el rediseño de la política para atender las emergencias, precisó que se tendrá que utilizar los recursos del FONDEN, los bonos catastróficos del Banco Mundial y de un régimen profundo de austeridad de los tres poderes y de la  reducción de los recursos de los partidos políticos.
 “Es momento que este Senado en su carácter de integrante del Sistema Nacional de Protección Civil vaya más allá de lo declarativo e intervenga con  claridad en el desarrollo de un programa de reconstrucción que ponga como prioridad la protección a la vida, salud, alimentación, vivienda, educación y particularmente la integridad y el respeto de los derechos humanos de todos los damnificados” Concluyó.



Lunes, 25 Septiembre 2017

No se trata de volver a la normalidad anterior, al contrario, es la que queremos dejar atrás, puntualizó el senador Alejandro Encinas al referirse a los hechos derivados de los recientes sismos.
Video Intervención en Tribuna

Senador Alejandro Encinas Rodríguez


Es momento de hacer un alto en el camino y terminar con la simulación y el mercadeo partidario. Alejandro Encinas

Domingo, 24 Septiembre 2017

Ante la situación de emergencia que vive el país, derivada de los fenómenos hidrometereológicos presentados durante la actual temporada de huracanes, así como por los sismos registrados durante esta semana, que afectaron severamente a ocho entidades del centro y sur del país, es necesario replantear la política pública de protección civil.
El senador, Alejandro Encinas lamentó la tragedia humana que alcanza a decenas de miles de mexicanos.
Precisó, que de acuerdo con el reporte emitido por el Gobierno federal el sábado 23 de septiembre, han fallecido 407 personas; se ha registrado la pérdida total de cerca de 50 mil inmuebles y 140 mil edificaciones presentan daños de diferentes magnitudes.
Sin embargo, dijo, de nueva cuenta, la solidaridad y la conciencia cívica de los mexicanos se ha volcado a las calles de las ciudades y a las comunidades más remotas, el esfuerzo colectivo ha permitido el rescate de las víctimas y el apoyo masivo a la población afectada.
Encinas Rodríguez destacó que estos fenómenos naturales han puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestras comunidades y del modelo de desarrollo urbano hasta ahora seguido, así como las debilidades de las instituciones públicas, de los programas de prevención de desastres y las acciones de respuestas a los mismos.
Por  todo lo anterior, el senador Encinas Rodríguez  presentará mañana ante el pleno del Senado de la República una iniciativa que contiene medidas que permitan dar respuesta inmediata a la emergencia, que establezcan etapas para la  reconstrucción de la Ciudad y que contempla el tema de recursos  públicos; de dónde y cómo se van aplicar, así como la atención a las necesidades de los damnificados y sanciones a las inmobiliarias.
Toda vez que, dijo, el Congreso de la Unión está obligado a dar una respuesta eficaz, inmediata y contundente ante la emergencia, atendiendo las demandas de la población afectada y las exigencias de los ciudadanos para replantear nuestra formas de desarrollo y convivencia; la protección de los bienes y el espacio público; la prevención de desastre; el cumplimiento de las normas de construcción; el combate a la corrupción y el castigo, en su caso, a quienes burlaron la ley o fueron omisos en el ejercicio de sus funciones públicas.



Viernes, 22 Septiembre 2017



https://www.youtube.com/watch?v=vOEgZOgGuFA




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Provincia de Santa Fe




ine

cancelación evento constituyente




La restauración de la dinastía
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes, 19 Septiembre 2017


Alfredo III ha asumido la gubernatura del Estado de México. La dinastía regresa al poder tras un breve lapso de seis años, cuando en 2011 se vio obligada a ceder la gubernatura a Eruviel Ávila, quien desplazó de la candidatura al ahora flamante gobernador, debido a la división dentro de su partido, en particular en la Zona Metropolitana del Valle de México, harta del monopolio del poder por el grupo del Valle de Toluca.

Eruviel Ávila deja un estado en crisis, con los peores indicadores de inseguridad y desigualdad. El Estado de México concentra el 15 por ciento de los delitos cometidos en el país, sumando en los últimos dos sexenios más de tres millones de delitos (un millón 513 mil con Peña Nieto y un millón 540 mil con Eruviel Ávila), y con una derrota electoral a cuestas que poco tiempo tardará, la dinastía restaurada, en cobrarle la factura.

Del Mazo llega a la gubernatura con un profundo déficit de legitimidad. Pese al ilegal y oneroso operativo electoral diseñado desde Los Pinos, Morena es el partido más votado en las elecciones de gobernador con un millón 879 mil 347 votos, 66 mil 756 votos arriba de PRI, que obtuvo un millón 812 mil 597 votos.

Si bien Morena logró el mayor número de votos, el PRI alcanzó la mayoría a partir de las nueve combinaciones de alianzas que conformó, la votación que obtuvo representa apenas al 18 por ciento del electorado. El PRI ganó en 21 distritos electorales, predominantemente rurales, mientras que perdió la Zona Metropolitana del Valle de México, en tanto Morena ganó en 20, el PRD en tres y el PAN en uno.

Alfredo del Mazo Maza, nieto del exgobernador Alfredo del Mazo Vélez (1945-1951); hijo, del también gobernador, Alfredo del Mazo González (1981-1986);  primo del presidente Enrique Peña Nieto, se convertirá en el octavo gobernador emanado del mítico municipio de Atlacomulco, que ha dado nombre al grupo político que asumió el control de la entidad tras el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán, en marzo de 1942, año, que de acuerdo con Luis Amendolla, Alfredo del Mazo Vélez, en su calidad de tesorero del estado, corrompió con tres mil pesos a los presidentes municipales y con 10 mil pesos a los diputados locales, para que aceptaran a Isidro Fabela, quien no cumplía con los requisitos de elegibilidad, quitando el fuero a siete diputados que se opusieron a tal imposición.

Con ello inició a una forma de gobernar que, a lo largo de 75 años, ha implementado una visión patrimonialista del erario público para mantenerse en el poder; y en el nepotismo, mediante el cual la “familia revolucionaria” controla los negocios ligados a las obras y a la prestación de servicios públicos.

Del Mazo, asume el cargo basado en una carrera construida bajo el cobijo del Grupo Atlacomulco y de los privilegios que éste le ha concedido. Desde la beca que le otorgó la Gerencia de Financiamientos y Análisis de Mercados de Pemex en el año 2000, para cursar su posgrado, sin contar con cédula profesional en ese momento, hasta los cargos que ha asumido, primero, en la gubernatura de Peña Nieto, como Director General de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa; Director del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Secretario de Turismo, y Presidente Municipal de Huixquilucan, y, más adelante, durante la Presidencia de su primo, Director de Banobras, y diputado federal.

Su paso por Banobras dejó una estela de dispendio y gastos obscenos, Tan solo en los dos primeros años de su gestión, dilapidó dos mil 605 millones de pesos en publicidad, uniformes, fiestas, regalos, autos y camionetas, árboles de navidad, renta de instalaciones, tabletas electrónicas, boliche, yoga, ajedrez, clases de tenis, y renta de aeronaves a Grupo Higa. Entre 2013 y 2014, gastó 48 millones 881 mil pesos en publicidad para su promoción personal, a través de distintas empresas, entre otras, Grupo Radiofónico del Estado de México, beneficiando, además, con adjudicaciones directas, a la Universidad Autónoma del Estado de México, involucrada hoy en el escándalo de la “ Estafa maestra”.

La dinastía se ha restaurado, pero el Estado de México no es el mismo que gobernaron sus predecesores. Gobernará siendo minoría, en momentos en que la indignación social crece, y en los que la elección de gobernador en 2017, representa el síntoma diáfano del profundo cáncer que ha hecho metástasis en el sistema político mexicano. (Senador de la República)



Curso Taller de Oratoria en Honor a Manuel Sánchez Marlol en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Jueves, 14 Septiembre 2017








Nos congratulamos con la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Federación a favor del Pueblo Yaqui, de Bácum. Sonora.

Miércoles, 13 Septiembre 2017




El pasado 8 de septiembre el juez séptimo de distrito en el estado de Sonora, resolvió que no se ejecutara dentro de cualquier fracción del territorio colectivo perteneciente a la comunidad indígena denominada Bácum o Loma de Bácum, algún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas- El Oro, promovido por la empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. en su promoción 10581/17.

¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.