12
de agosto de 2018
Fin a las ejecuciones extrajudiciales.
Ejecución Arbitraria
Amparo a sobreviviente
Ordena juez a la PGR reabrir el caso Tlatlaya
Califica la investigación de ineficaz y omisa
▲ Diversas organizaciones exigen profundizar la indagatoria sobre lo
ocurrido el 30 de junio de 2014.Foto Agencia MVT
Fernando camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Domingo 12 de agosto de 2018, p. 2
En una decisión inédita, un juez federal de distrito ordenó a la
Procuraduría General de la República (PGR) que rencause el expediente de la
masacre de Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su
investigación, y sobre todo que profundice en la cadena de mando de la orden
de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que guió a los soldados
participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas arbitrariamente al
menos entre 12 y 15 personas.
El titular del juzgado decimocuarto de
distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Érik
Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos
de Tla-tlaya, donde el 30 de junio de 2014 un grupo de militares privó de la
vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15 –entre ellas dos
menores de edad–, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
habrían sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.
Entre septiembre y octubre de 2014
fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los
hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos
ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por
ser declarados inocentes.
El juez Zabalgoitia, en un hecho sin
precedente, no sólo ordenó a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las
diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, sino también que
profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la
mencionada orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La señora Clara Gómez González, madre
de Érika, joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de
Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia
del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación
deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.
La madrugada del 30 de junio de 2014 la
mujer estuvo en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón donde ocurrieron
los hechos. Había llegado para tratar de rescatar a su hija Érika, quien había
sido llevada por la fuerza por un grupo de presuntos delincuentes.
De acuerdo con Clara Gómez, la falta de
debida diligencia en las indagatorias provocó que no se investigaran tres
puntos importantes en el caso: la ejecución extrajudicial supuestamente
cometida por el Ejército, la mencionada orden de abatir criminales en
horas de oscuridad y el origen mismo de esa indicación.
Argumentos aceptados
Luego de analizar el caso, el juez Zabalgoitia emitió una sentencia con
fecha del 25 de mayo de 2018 –de la cual La Jornada tiene una
copia– donde consideró fundados los argumentos de la denunciante, quien cuenta
con el acompañamiento legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez.
El juzgador comprobó que la PGR no
había hecho una investigación efectiva sobre los mencionados temas, y tampoco
había garantizado el derecho de la señora Gómez a coadyuvar en la
investigación; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes
para llegar a la verdad.
De la misma forma, la procuraduría
incumplió con su obligación de analizar todos los elementos informativos en su
poder para definir si se habían cometido otros delitos distintos a los que ya
se investigaban, que eran homicidio, encubrimiento de un hecho delictivo,
ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Uno de los puntos clave consignados por
el juez es la declaración de uno de los siete militares que fueron aprehendidos
y posteriormente liberados por falta de pruebas.
En ella, el uniformado señala que la
orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad forma parte de un
machote de uso común en el Ejército, al cual sólo se le cambian la fecha, el
destinatario y otros datos básicos.
Al enumerar las fallas de la labor de
la PGR, Zabalgoitia indicó que la dependencia nunca analizó el contenido de un
disco compacto enviado por la CNDH, en el que había información sobre la
probable existencia de otros responsables de la masacre.
Asimismo, la procuraduría no le pidió a
la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde existía discrepancia
sobre el número de víctimas, no constató que la Policía Federal Ministerial
realizara informes de investigación, ni generó una ruta de fortalecimiento
del ejercicio de la acción penal contra los soldados.
Por todo lo anterior, el juez concluyó
que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación
de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares
(de abatir criminales en horas de oscuridad).
De igual forma, “no realizó mayores
investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de
‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero
significado de esa orden”.
Además de ordenar a la PGR que retome
el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el
origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos
ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la
perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad.
Por todo lo anterior, la sentencia del
juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días
hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más
pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego
puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El
cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que
interpuso la procuraduría.
