México, país de excepción; contribuyentes VIP y paraísos fiscales vs 60 millones de mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema: Encinas Rodríguez

Sábado, 26 Julio 2014

 En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el recurso de amparo, denominado “Yo Contribuyente”, promovido por 19 analistas, escritores y académicos quienes denunciaron la condonación del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) a estados y municipios. Dicho amparo, promovido por personajes como Leo Zuckermann, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog Flores, Federico Reyes Heroles y Alejandra Palacios, actual presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, trataba de determinar si los contribuyentes teníamos o no interés legítimo para demandar la condonación  que se dio a gobiernos  estatales  y municipales que no entregaron a la Tesorería de la Federación los recursos retenidos por el Impuesto sobre la Renta  a sus trabajadores, que se estima es de 400,000 millones de pesos, además de cuestionar hasta qué punto era legal permitir que los estados dejaran de pagar los impuestos que deben.

La Suprema Corte rechazó el proyecto que el ministro José Ramón Cossío presentó, en el que aceptaba el derecho que los ciudadanos tenemos para objetar la forma en que los funcionarios asignan y gastan los recursos fiscales, es decir, nuestro dinero. Desafortunadamente los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra, sin mediar argumento alguno.

El amparo no prosperó, pues los ministros lo calificaron como improcedente, al argüir que “los quejosos” carecían de interés legítimo para impugnar la condonación de impuestos que se aplica desde 2009 y de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2013, prolonga su empleo hasta 2016. De esta forma, los honorables ministros, defensores de la justicia, optaron por encubrir el mal manejo de los recursos públicos.

De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 2009- 2011, el estímulo fiscal por concepto de condonación de impuestos a los estados rebasó los 13 mil millones de pesos; fuentes hacendarias informaron que el beneficio no es –ni debería ser- para los gobiernos locales, sino que es el resultado de contratos colectivos por los que dichas autoridades “perdonan” a sus empleados el tributo y les pagan sus salarios íntegros.

Sin embargo, la condonación de impuestos realizada al segundo semestre de 2014 y que motivó la denuncia los  intelectuales, apoyados con más de 46 mil firmas de ciudadanos, responde a un pago que fue descontado del sueldo de los trabajadores y no fue entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino fue desaparecido.

La pregunta sería ¿cómo puede desaparecer una cantidad tan desorbitante? Se estima que 400,000 millones de pesos fueron perdonados a estados sin nombre, pues el SAT no ha dado a conocer la lista de los estados que se vieron beneficiados con la condonación de esos impuestos y decidió ocultar dicha información bajo el escudo de “secreto fiscal”, impenetrable para cualquier ciudadano, aún cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha solicitado al SAT dar a conocer la relación de estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal a los que condonó el pago del impuesto sobre la renta.

El IFAI señaló que en este caso prevalece el derecho de acceso a la información pública, ya que al tratarse de recursos públicos, este tipo de gasto debe ser supervisado por la sociedad, mediante el régimen de transparencia y de rendición de cuentas. Además, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos exhortó al SAT a realizar una versión pública de los formatos denominados “Reporte general de consulta de información de contribuyente. Consulta Nacional del nuevo esquema de pagos y declaraciones”.

El reclamo no es la exención de los impuestos como tal, sino las razones que lo justifican y más aún qué se hizo con ese dinero, qué razones tuvieron los ministros para rechazar el proyecto de su homólogo, José Ramón Cossío, qué estados forman parte de los contribuyentes VIP; una serie de cuestionamientos que están suspendidos en el aire.

En este asunto no podemos perder de vista la afectación social en virtud de que si alguien tiene privilegio de la exención afecta a la equidad social, ocasiona que unos contribuyentes tengan más cargas que otros, lo que obliga a las autoridades hacendarias a darle la cara a la sociedad.

Aunado a este hecho, no podemos olvidar que en 2010, se reveló la deuda subnacional que habían contraído las entidades federativas. Los estados con mayor deuda eran Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Sonora y Michoacán, estados que debían cantidades entre 22 mil y 10 mil millones de pesos. Hasta la fecha, no se ha explicado para qué se utilizaron estos recursos y cuáles fueron los términos de la contratación de la deuda; el asunto permanece en la discrecionalidad.

Si bien el artículo 31 constitucional establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; resultan agraviantes los regímenes de excepción y los paraísos fiscales en que se mueven empresas multimillonarias a las que el titular del Ejecutivo ha prometido no elevar los impuestos. 

Ante tal despilfarro gubernamental, las finanzas públicas tuvieron un desbalance, obligando a las autoridades hacendarias a declarar a la baja los índices de desarrollo económico, generando ínfima creación de empleos con sueldos de miseria, aumento del empleo informal y agravando la pobreza y la desigualdad social. En este sentido, estaremos vigilantes de lo que ocurre con los recursos de la condonación y la actuación de las autoridades responsables.