Ante el incremento brutal en el
índice de feminicidios, es prioridad poner a los derechos humanos en el centro
de las acciones de seguridad y desarrollo nacional: Encinas Rodríguez.
Jueves, 24
Julio 2014
* Preocupante la militarización del país en los
asuntos de seguridad pública.
* Escaso número de sentencias y reparación del
daño para víctimas de violaciones a *Derechos Humanos.
* La alerta de género rechazada en seis
ocasiones en el Estado de México.
Los
cuerpos de las víctimas con frecuencia son tirados como basura a la orilla de
las calles o en lugares alejados, presentan formas extremas de violencia; abuso
sexual, tortura y destrucción, informó el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
En este sentido resulta alarmante
las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), que posiciona al Estado de México como la entidad en donde ocurren más
casos de feminicidio, pasando de mil 238 casos en 2007 a tres mil 280 en 2013;
seguida por Guerrero (2,203), Chihuahua (2, 141), Jalisco (1,485); y Sinaloa
(1,200).[1]
Las
mujeres asesinadas son predominantemente jóvenes entre 15 y 40 años, incluso
más jóvenes, pertenecientes a grupos marginados que basan su economía en
el mercado informal o que realizan trabajos con salarios ínfimos, amas de
casa, o indígenas; que viven patrones sociales que incluyen el maltrato
familiar, la discriminación, el abuso sexual, la trata y un machismo en su
versión más agresiva.
Otro
elemento apabullante observó el legislador, es la cultura del silencio que está
permeando a los crímenes contra mujeres y niñas. El gobierno federal ha
ponderado el combate militarizado contra el narcotráfico, presentándonos a
menudo un espectáculo mediático e donde ensalza la captura de miembros
importantes de los cárteles. Pasando a un segundo plano la violencia social y
el feminicidio.
Desafortunadamente,
según datos del informe de Naciones Unidas, elaborado por “De
sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México,
Honduras y Guatemala”; 95 por ciento de los asesinatos quedan impunes.
El Senador Encinas señaló que al dejar sin castigo los crímenes de violencia,
las instituciones municipales, estatales o federales favorecen el incremento de
las violaciones a los derechos humanos y fomentan un patrón de repetición.
Fue
contundente al cuestionar la labor del gobierno del Estado de México,
encabezado por Eruviel Ávila quien ante la solicitud del OCNF para celebrar una
reunión en donde se informara sobre las acciones instrumentadas en la entidad
para frenar la violencia contra las mujeres, señaló: “hay cosas más graves que
atender que los feminicidios”.
No
dudo que haya graves problemáticas que enfrenta el Estado de México, pero me
parece no sólo falta de voluntad política ya que existen un sinfín de ejemplos
de denuncias por omisión y negligencia de las autoridades, la minimización del
aumento de la violencia y de los tipos de violencia contra las mujeres; lo cual
se convierte en un doble agravio contra las víctimas y sus familiares, enfatizó
el senador por el Estado de México.
Mencionó
que es evidente la falta de una política pública enfocada a resolver esta
“pandemia”, como la han llamado las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan para reducir este problema.
En
indignante que en este contexto y aun cuando el Estado mexicano fue sentenciado
en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de los
asesinatos de mujeres en el Campo Algodonero –en Ciudad Juárez- el fenómeno ha
ido creciendo terriblemente.
Sin
duda, la atención a esta problemática exige un compromiso y un esfuerzo por
parte de todos los órdenes de gobierno, de la sociedad civil, de la academia,
en fin de todos los actores que pudiesen coadyuvar en la solución. Las acciones
que se emprendan deben conseguir, en primer término, romper con la cultura del
silencio y con la corrupción en las instituciones de impartición de justicia.
México ya cuenta con los instrumentos legales que hagan posible una vida libre
de violencia; en la propia Constitución queda establecida la prohibición de la
discriminación por género; se ha avanzado enormemente en las leyes secundarias;
así como la participación de México en diversos acuerdos internacionales.
Sin
embargo, en nuestro país y particularmente en el caso del Estado de México, la
brecha entre los avances en la normatividad vigente y el número de mujeres
asesinadas o desaparecidas, resulta devastadora; concluyó.
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