LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y CUERPOS DE AGUA POR LAS EMPRESAS MINERAS, Y AHORA El FRACKING HIDRÁULICO; SON EL RESULTADO DEL INTRERÉS PRIVADO SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO, DE LA OPACIDAD Y LA CORRUPCIÓN: ENCINAS RODRÍGUEZ

Sábado, 23 Agosto 2014

Cada día es más común y preocupante enterarse de los desastres ecológicos que provocan las empresas; principalmente las dedicadas a la minería, a la construcción, a la generación de energía eléctrica, señaló el Senador Alejandro Encinas. Estos desastres, provocan cambios muchas veces irreversibles en los ecosistemas. Esta es abundó el legislador, es una de las amenazas más importante relacionada con cambios en el uso del suelo ya que es un proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies originarias del mismo; provocando severos cambios es la biodiversidad y el desarrollo sustentable.

Recordemos, hizo hincapié el Senador Encinas que la comunidad científica ha advertido que el ritmo de explotación de los recursos naturales es ya insostenible, porque los recursos naturales no son infinitos. Las transformaciones a las que sometemos a esos recursos para obtener energía, alimentos u otros productos causan un impacto sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, haciendo peligrar nuestra supervivencia.

Mencionó que ejemplos referentes a la sobreexplotación de los recursos naturales, el impacto en los pueblos originarios o en los pobladores aledaños a las zonas contaminadas son innumerables, pero recientemente ha destacado el problema con el Acueducto Independencia, cuyos planes para la construcción y operación comenzaron en 2010, sin previa consulta o acuerdo con la etnia Yaqui y sin considerar el decreto emitido en 1940, hechos que el Senador Alejandro Encinas reprueba.

El Acueducto Independencia pretendía transvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del río Yaqui desde la presa “El Novillo” a la Cuenca del río Sonora. En el mismo año el proyecto fue sometido a la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT), y para 2011 la autorización estaba otorgada.

Ha pasado un año desde que la Suprema Corte amparó a la Tribu Yaqui y reconoció la violación del derecho a la consulta previa por parte de la SEMARNAT y pese a esta situación, el acueducto Independencia se mantiene en operación usurpando importantes volúmenes de agua que pertenecen a la Tribu Yaqui desde tiempos del presidente Cárdenas.

En 1940 el presidente Lázaro Cárdenas le otorgó al pueblo Yaqui el derecho al 50% del agua existente en el caudal del río Yaqui. No obstante, en los últimos tiempos ante los problemas de sequía que ha enfrentado el estado de Sonora, los escurrimientos han sido utilizados para la agroindustria y para surtir a otras ciudades, lo que representa un grave problema de acceso al agua para la Tribu.

A partir de entonces comenzó una batalla que ha desencadenado en una guerra de odio por parte de las autoridades contra la tribu yaqui, quienes han manifestado su oposición de diversas maneras y el gobierno no ha sido capaz de entablar el diálogo, por el contrario, ha optado por deslegitimar las razones de la tribu, formada por alrededor de 45.000 personas distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades del noroeste de México, frente a los otros ciudadanos.

De esta manera se puede observar como la explotación de los recursos naturales es un problema latente en países en vías de desarrollo, como el nuestro, en el cual desde tiempos de la conquista se han registrado este tipo de atropellos y en donde predomina el interés de obtener las mayores ganancias a pesar de la extinción y la movilidad de pueblos enteros.

La explotación de recursos es, sin duda, una de los nichos más importantes de opacidad, aquí la consulta se vuelve molesta para las autoridades sobre todo cuando se tiene que explicar el beneficio social, las posibles afectaciones, los daños que genera un mega proyecto como el Acueducto Independencia y el impacto que tendrá al medio ambiente, que resulta mucho menos importante que los millones de pesos que generará su operación.

Sin embargo, el Acueducto Independencia no es el único problema ambiental en el estado de Sonora. Otra problemática enfrenta la empresa minera Grupo México, luego de que fueran derramados 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi tras el desbordamiento de un represo de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, hecho que ha provocado temor e incertidumbre entre la población sonorense.

No es la primera ocasión que las actividades mineras han dañado a las comunidades en el país y en particular en Sonora, sin embargo Grupo México sigue sin reconocer que derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi; lo que ha provocado la solicitud de apoyo de los alcaldes de siete de los municipios aledaños Sabemos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra el complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo  México. A la fecha las afectaciones a la población no son sólo de carácter económico, el daño a la salud es lo más importante, aseveró el legislador; ya que con la contaminación de los ríos, los pobladores presentan quemaduras en la piel.

En los ríos contaminados se detectaron metales pesados muy dañinos para la salud humana y los ecosistemas como arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas por las normas oficiales nacionales e internacionales. A esto se debe sumar la preocupante situación del estado ya que Sonora es una de las entidades más áridas de México. El abastecimiento de la capital, Hermosillo, ha provocado incluso un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la tribu Yaqui.

El norte de Sonora y hasta la región de Cananea es considerada, por la Naciones Unidas, una de las regiones que más se verán afectadas por las sequías que provocará el cambio climático. Desafortunadamente, como sucede en la mayoría de estos desastres, lo que prevalece es la impunidad y la protección de las autoridades a los grupos empresariales. 

Es importante mencionar que México es uno de los países que cuentan con los instrumentos que permiten garantizar la protección del ambiente, y los recursos naturales que lo componen. Dentro del sistema jurídico mexicano, los instrumentos de la política ambiental se encuentran previstos principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y comprenden, entre otros, a la planeación ambiental, la evaluación del impacto ambiental y la ordenación ecológica del territorio.

No obstante la política ambiental se ejerce sin considerar el daño real al medio ambiente y a los ecosistemas que dependen de él. Esto hace necesario y urgente el establecimiento de mecanismos de control para evitar que las acciones humanas generen más daños, es imperioso no sólo implementar estos mecanismos de control, sino de ejecutar y garantizar la efectiva aplicación de la política ambiental, mediante la imposición de una serie de disposiciones jurídicas sancionadoras, que permitan mitigar los daños causados por las empresas y las autoridades cómplices de los delitos contra el medio ambiente, que ahora tendrá otro elemento que vigilar, me refiero al fracking hidráulico, aprobado recientemente en las leyes secundarias de la reforma energética, el cual requiere de la utilización de miles de litros de agua para la obtención del gas shale; no obstante México sufre ya los estragos de la huella ecológica, siendo los recursos hídricos los más vulnerables e imposibles de sustituir, finalizó.