Boletín de Prensa

21 de agosto de 2014

La creación de la Gendarmería Nacional es un nuevo atentado centralista contra el federalismo: Alejandro Encinas

·           La iniciativa pretende reforzar la seguridad del Estado mexicano a costa de la seguridad de la población. 

·                    ·        Es urgente atender la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil y abrir el debate a la ciudadanía.

Con casi dos años de retraso, la principal propuesta en materia de seguridad pública de la actual administración: la gendarmería Nacional, entrará en operación este 22 de agosto.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dio lugar a la conformación de una poderosa Secretaría de Gobernación, la que ahora concentra las tareas de régimen interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional.

Una de las responsabilidades asignadas por el Ejecutivo Federal a esta súper secretaría es la creación de la Gendarmería Nacional, la cual fue una de las principales propuestas de campaña de Enrique Peña Nieto, quien anunció su creación el 17 de diciembre de 2012, en el marco de la II Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública.

Éste cuerpo, se dijo en aquel momento, sería responsable, de enfrentar a los grupos delincuenciales en las zonas más violentas del país y se encargaría de la seguridad en instalaciones estratégicas, contando en principio con 10 mil elementos.

Desde ese anuncio a la fecha, la información que se ha generado ha sido insuficiente, contradictoria y preocupante respecto al alcance de las facultades y atribuciones que se quiere conferir a la nueva corporación, posponiendo su puesta en marcha en repetidas ocasiones.

Originalmente la Gendarmería Nacional se planteó como un cuerpo militar especializado comisionado bajo el mando de la autoridad civil, que se integraría por 10 mil elementos de las fuerzas armadas. Ahora se anuncia que será una división de la Policía Federal Preventiva, con 5 mil elementos “que se va a estar moviendo de manera focalizada, de acuerdo a las condiciones que se requiera y conforme a las funciones que se le atribuyan”, según lo dicho por el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

No obstante la limitada información aportada por los funcionarios responsables de esta iniciativa, es posible identificar que la creación de la Gendarmería Nacional es un nuevo atentado contra el federalismo, pues intervendrá en asuntos del fuero común invadiendo competencias y suplantado la responsabilidad constitucional de las autoridades locales por lo que las acciones de este nuevo cuerpo paramilitar incurrirán en el rango de la  inconstitucionalidad.

Esta nueva corporación generará además mayores indefiniciones y contradicciones con las facultades atribuidas a la Policía Federal Preventiva, pues no queda claro la diferenciación de tareas y competencias ni si la gendarmería, subsumida a la Policía Federal Preventiva, será un cuerpo policiaco con autonomía operativa y de mando.

Desde la perspectiva de las organizaciones defensoras de derechos humanos, resulta preocupante, como lo señaló el Padre Miguel Concha, “la participación de militares, o la implementación de estrategias castrenses en funciones relacionadas con la seguridad pública, es un caldo de cultivo para violentar derechos humanos”. O como se ha señalado FUNDAR, la gendarmería contradice las recomendaciones emitidas tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH, 2009) como por el Universal (CEDAW, 2012), en relación con los problemas que en esta materia se derivan de la “implementación de políticas de seguridad basadas en el uso de la fuerza y en la militarización”.

Para FUNDAR, los estándares mínimos para que una iniciativa de estas características sea adecuada “con las obligaciones  de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos” deben restringir al máximo de la participación de integrantes de las fuerzas armadas, asegurar que toda fuerza de seguridad pública se inscriba en esquemas de gobernabilidad democrática, contar con mecanismos efectivos de control, así como la profesionalización de los elementos policiales teniendo como elemento central el respeto y protección de los derechos humanos de la población.

La iniciativa tiene un claro corte militar y hace resonar las viejas prácticas de los gobiernos priistas de los años sesenta y setenta, que privilegiaron la seguridad del Estado por encima de la seguridad de la población.

Por ello es urgente abrir el debate público promovido desde el Poder Legislativo para discutir las nuevas políticas de seguridad garantizando la vigencia y protección de los derechos humanos de la población.