Conferencia de Prensa de Alejandro Encinas en Puebla
Posición de Alejandro Encinas Rodríguez ante la resolución del TRIFE que revoca el triunfo de Clara Brugada como candidata del PRD a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa.
1. La decisión adoptada por el Tribunal Electoral Federal es una decisión ilegal y arbitraria, que da cuenta, una vez más, de la profunda crisis de las instituciones públicas del país, en especial de los órganos electorales quienes lejos de garantizar los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley, se ha convertido en un tribunal de consigna y en el brazo político de una coalición de intereses que pretende socavar el avance la izquierda en nuestro país.
2. Esta coalición de intereses es la misma que nombró a los magistrados del tribunal, lo que los ha subordinado de origen y les ha dado impunidad, avalando conductas corruptas como las operaciones fraudulentas en la adquisición y arrendamiento de inmuebles que llevo a la remoción de Flavio Galván de la Presidencia de ese órgano, manteniéndolo como magistrado, sin proceder legalmente en su contra, al igual que a otros magistrados, como Salvador Nava, denunciados por recibir prebendas de Jorge Hank Rhon para acreditar su candidatura a gobernador en Baja California.
3. Los magistrados carecen de autonomía y de autoridad moral. Su presidenta Maria del Cármén Alanis Figueroa, más allá de su relación con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, obedece al equipo de Manlio Fabio Beltrones; Pedro Esteban Penagos y Alejandro Luna, viejos burócratas de carrera, participaron en la operación fraudulenta del 2006; Alejandro Luna, es hermano de Margarita Luna, ministra de la Suprema Corte, quien debe el cargo a Diego Fernández de Ceballos y a Carlos Ahumada -según su propio dicho-; y Constancio Carrasco, es hermano del ex gobernador y ex secretario de gobernación Diodoro Carrasco.
4. Sin embargo este no es un asunto que responda sólo a una acción arbitraria del Estado, en ésta coalición de intereses participan de manera lamentable miembros del propio partido, quienes operan, acuerdan y se coluden, en función de sus propios intereses contra la voluntad de los miembros del partido. No se trata sólo de una retribución a la izquierda que colabora, por ello no es de extrañar que el magistrado promotor de la resolución sea Manuel González Oropeza, quien fue propuesto por Carlos Navarrete y Rene Arce, parte interesada, en este litigio desde el Senado de la República.
5. Esta resolución constituye un agravio a los habitantes de la Ciudad de México, un intento de minar al Gobierno de la Ciudad. Se trata de un acto que abona en contra del proceso electoral, que alienta la abstención y muestra que las instituciones no funcionan. Es una provocación que revive el conflicto interno en el Partido de la Revolución Democrática, un fraude anticipado contra los ciudadanos de Iztapalapa, que no puede quedar sin respuesta, la cual decidirá la militancia real en esa delegación.
6. Jesús Ortega debe asumir su responsabilidad, es su grupo quien nuevamente genera una situación de ruptura. Silvia Oliva no puede asumir una candidatura que no ganó en las urnas y debe renunciar, no se puede permitir que una vez más el Estado viole nuestra independencia y decida sobre el partido y sus miembros.
7. En esta campaña he asumido un compromiso para evitar una regresión electoral de la izquierda, he realizado un campaña nacional que promueve la unidad de acción dejando para después del 5 de julio la resolución de nuestras diferencias y los asuntos internos, mas la respuesta es otra vez la obsesión por crear una izquierda cómoda y acomodada en el control de una burocracia que abandonó el proyecto de transformaciones que nos propusimos de origen.
2. Esta coalición de intereses es la misma que nombró a los magistrados del tribunal, lo que los ha subordinado de origen y les ha dado impunidad, avalando conductas corruptas como las operaciones fraudulentas en la adquisición y arrendamiento de inmuebles que llevo a la remoción de Flavio Galván de la Presidencia de ese órgano, manteniéndolo como magistrado, sin proceder legalmente en su contra, al igual que a otros magistrados, como Salvador Nava, denunciados por recibir prebendas de Jorge Hank Rhon para acreditar su candidatura a gobernador en Baja California.
3. Los magistrados carecen de autonomía y de autoridad moral. Su presidenta Maria del Cármén Alanis Figueroa, más allá de su relación con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, obedece al equipo de Manlio Fabio Beltrones; Pedro Esteban Penagos y Alejandro Luna, viejos burócratas de carrera, participaron en la operación fraudulenta del 2006; Alejandro Luna, es hermano de Margarita Luna, ministra de la Suprema Corte, quien debe el cargo a Diego Fernández de Ceballos y a Carlos Ahumada -según su propio dicho-; y Constancio Carrasco, es hermano del ex gobernador y ex secretario de gobernación Diodoro Carrasco.
4. Sin embargo este no es un asunto que responda sólo a una acción arbitraria del Estado, en ésta coalición de intereses participan de manera lamentable miembros del propio partido, quienes operan, acuerdan y se coluden, en función de sus propios intereses contra la voluntad de los miembros del partido. No se trata sólo de una retribución a la izquierda que colabora, por ello no es de extrañar que el magistrado promotor de la resolución sea Manuel González Oropeza, quien fue propuesto por Carlos Navarrete y Rene Arce, parte interesada, en este litigio desde el Senado de la República.
5. Esta resolución constituye un agravio a los habitantes de la Ciudad de México, un intento de minar al Gobierno de la Ciudad. Se trata de un acto que abona en contra del proceso electoral, que alienta la abstención y muestra que las instituciones no funcionan. Es una provocación que revive el conflicto interno en el Partido de la Revolución Democrática, un fraude anticipado contra los ciudadanos de Iztapalapa, que no puede quedar sin respuesta, la cual decidirá la militancia real en esa delegación.
6. Jesús Ortega debe asumir su responsabilidad, es su grupo quien nuevamente genera una situación de ruptura. Silvia Oliva no puede asumir una candidatura que no ganó en las urnas y debe renunciar, no se puede permitir que una vez más el Estado viole nuestra independencia y decida sobre el partido y sus miembros.
7. En esta campaña he asumido un compromiso para evitar una regresión electoral de la izquierda, he realizado un campaña nacional que promueve la unidad de acción dejando para después del 5 de julio la resolución de nuestras diferencias y los asuntos internos, mas la respuesta es otra vez la obsesión por crear una izquierda cómoda y acomodada en el control de una burocracia que abandonó el proyecto de transformaciones que nos propusimos de origen.
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