Ley General de Transparencia y Acceso a la Información contribuye a la construcción de un sistema para combatir la corrupción y la impunidad

  

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias señor presidente.

Compañeras y compañeros.

Pues yo no veía muy cerca la llegada de este día, porque lamentablemente un proceso virtuoso que inició en el mes de septiembre del 2012 cuando diversos grupos parlamentario presentamos unas iniciativas paras hacer la Reforma Constitucional en materia en transparencia y derecho a la información, se veía un paso de estar truncado.

Y la verdad es que hoy vale la pena reconocer que estamos cerrando un ciclo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país.

En primer lugar porque la Reforma Constitucional tuvo la capacidad de integrar 13 iniciativas en un solo dictamen que fue aprobado por una inmensa y clara mayoría y cuyo objetivo fundamental era establecer la plena certeza del derecho a la información de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de nuestro país y la obligación del Estado para garantizar plenamente el ejercicio de este derecho.

Tras la reforma Constitucional tomamos una decisión para mi muy importante, la de elaborar una iniciativa plural con el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, representantes de instituciones pública, buscando en primer lugar construir un consenso que permitiera fortalecer lo alcanzado en la reforma constitucional y mantener un nivel de entendimiento con la sociedad para lograr un legislación secundaria de avanzada.

Por eso no hubo una iniciativa presentada por algún legislador, algún grupo parlamentario en específico en el Senado, sino se decidió integrar un grupo redactor plural con senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios y que con el auxilio y apoyo de distintas personalidades y organizaciones dio como fruto una iniciativa, o mejor dicho dos iniciativas que ya fueron aquí presentadas, tanto de la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información que estamos discutiendo, como la próxima que tendremos que dictaminar, que es la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Y fueron muchos días de trabajo, ya lo señalaba el senador Pablo Escudero, más de 300 horas de discusión de los equipo técnicos, aunque yo digo fue un proceso que duro, que ha durado dos años y medio.

Y debo reconocer a nombre de los presidentes de las comisiones dictaminadoras y los miembros del grupo redactor, las aportaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil, como el Colectivo por la Transparencia, la Red por la Rendición de Cuentas, por México Infórmate, por Fundar, en particular la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y a distintas organizaciones públicas, en particular al IFAI, con quien hemos cometido una injusticia en el dictamen al no haber incorporado en la exposición de motivos el hecho de que ellos nos presentaron una iniciativa, una propuesta de iniciativa, espero podamos enmendar ese error y reconocer esta aportación del IFAI.

Y a muchos especialistas entre, con el siempre riesgo de dejar a alguien fuera, quiero reconocerlos apoyos de Ana Ruelas, de Gabriel Morales, de Natalia Calero, de Renata Terrazas, de Manuel Panche, de Manuel Esparza, Guillermo Noriega, Lourdes Morales, (Inaudible), Alán García, Omar Gómez, que participaron en el grupo de la sociedad civil que acompañó la elaboración de la iniciativa.

Debo reconocer también al equipo técnico plural que son asesores especialistas en el tema, de distintos grupos parlamentarios, a Edith López, a Eduardo Sánchez, a Dante Preiser, a Hassel Rivera, a Martín Fuentes, a Marlene Magallanes, a Pedro Peláez, Pedro Plata y Aleida Tovar.
Así como al grupo técnico del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que conformado por Estefanía Hernández, Blanca Báez, Emilio Saldaña, David San Mames, Sergio Arias, Enrique Dupré, David Fonseca y Oscar Padilla.

Y en particular a los presidentes y a quienes nos acompañaron en el grupo redactor, el diputado Pablo Escudero, digo el senador, diputado anteriormente, Pablo Escudero; a la senadora Cristina Díaz; a la senadora con licencia Arely Gómez, quien participó esos dos años y fracción; a la senadora Laura Rojas, por supuesto en todas sus aportaciones.

Que hoy nos dan un resultado muy significativo porque la tentación de regresión que enfrentamos en diciembre afortunadamente se revirtió.

Y hoy tenemos un dictamen que presenta una Ley General de Acceso a la Información Pública, que es derivada de este trabajo colectivo pero que fortalece el objetivo que nos  planteamos con la reforma constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública estableciendo con toda precisión los principios, las bases  generales y procedimientos que permitan garantizar el ejercicio de este derecho y así como las  obligaciones a que toda autoridad, entidad órgano u  organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, o cualquier ente público o privado, persona física  o moral que administre o reciba recursos públicos,  hoy se convierte en sujetos obligados de los cuales deben rendir cuentas, no sólo hay que destacarlo el manejo de recursos públicos, sino  de los actos de autoridad que en el ejercicio de sus facultades ejercen

Y para ello la responsabilidad fundamental reside  en el Estado quien hoy debe ser el garante fundamental del acceso a la información.

Yo creo que hubo debates que tensaron en ocasiones la discusión, como el pretender  establecer restricciones para acceder a la información vinculada  a  violaciones graves a derechos humanos, delitos  de lesa humanidad o actos de corrupción,  donde se pretendía establecer como condición para acceder a la información la definición previa de una autoridad competente, hoy queda en los términos fundamentales que originalmente dictaba la ley federal, aunque estamos consientes de que esto lo resolverá  la Suprema Corte de Justicia,  ya que hay una controversia que en estos momentos  presentada en ella.

Pero en los  aspectos en cuanto al fortalecimiento de la  autonomía de los órganos garantes, tanto federal como local, la armonización de las leyes federal y las locales para evitar no solamente la  discrecionalidad en la aplicación  de la ley por parte de  los Congresos o los gobiernos de los estados, sino para establecer los estándares mínimos que garanticen el acceso a la información y establezcan pues  las bases mínimas que permitan homologar  todos los procedimientos de Acceso a la Información Pública.

Así se crea el Sistema Nacional de Transparencia, se mandata a promover una cultura de transparencia del ejercicio de la función pública, se  promueve la rendición de cuentas a través del establecimientos de manera progresiva de políticas públicas  con obligaciones claras en materia de transparencia para todos los sujetos obligados que tienen responsabilidades claramente definidas, tanto las comunes como las particulares, estamos  hablando de cerca de 43 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados con especificidades para el Poder Legislativo, para los partidos políticos, para los sindicatos, para  lo que son todos los temas vinculados con los asuntos energéticos.

Y esto evidentemente va a traer cambios significativos porque conoceremos además el manejo de los recursos y la instrumentación de las políticas y programas públicos, detalles muy  puntuales de contratos y convenios celebrados con las dependencias públicas, sus estructuras orgánicas, el directorio del personal, su tabulador de salarios, el monto de las  prestaciones y otros beneficios económicos que puedan tener así como los mecanismos de licitación o adjudicación directa en todos los temas de adquisiciones y obras públicas.

En el caso de partidos políticos debo destacar que a las responsabilidades que existen ya en la legislación electoral, en lo que se refiere a rendición de cuentas, en tanto en el ejercicio de prerrogativa públicas en los procesos electorales como los mecanismos de selección, se establecen mayores responsabilidades a los partidos que van no solamente en cuanto al conocimiento del padrón de afiliados y militantes, las cuotas, los ingresos públicos y privados que perciban los partidos  si no conocer también sus contratos y convenios, su tabulador salarial, las aportaciones a las precampañas y campañas o incluso conocer con detalle los procesos de selección y registro de sus candidatas y sus  candidatos.

Ahora si vamos a poder saber cómo fue posible  que se registrara el señor Abarca como candidato y posteriormente presidente municipal en Iguala, como también ha sucedido con muchas otras autoridades postuladas por los partidos que hoy  están vinculados con la delincuencia organizada.

Y en materia sindical no solamente nos quedaremos en el ámbito de conocer  el manejo de los recursos públicos que administren o reciban los sindicatos en dinero  o en especie, ya sé por transferencias económicas, pago de prestaciones o hasta  la donación de terrenos para la construcción de viviendas o cualquier bien inmueble, sino también las que derivan de la reforma laboral para tener transparencia en los datos vinculados con el registro, la toma de nota, los estatutos, el padrón e afiliados los contratos colectivos de trabajo, las actas de la asamblea que permitan conocer los mecanismos de decisión de las distintas contrataciones con lo cual habrá certeza no solamente de la existencia real de sindicatos y de sus trabajadores afiliados, sino de cómo en este país se otorga la toma de nota y el registro a los sindicatos evitándonos con esto la enorme discrecionalidad que hoy ha llevado, no solamente a frenar a los sindicatos independientes, sino a la virtual desaparición de los sindicatos charros que han sido ya sustituidos por los sindicatos de protección.

Si no, pregúntenle a la estatua de Fidel Velázquez, que hasta ya fue removida y guardad, como debía ser, al pasado.

Uno de los temas que quiero destacar es el vinculado con la transparencia en el sector energético, donde se busca garantizar la máxima transparencia en la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, asociaciones y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos a través de mecanismos que garantizan la difusión y la consulta pública, estableciendo las reglas claras para conocer los ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos  que deriven de estos contratos.

Con esta nueva ley, todos los fideicomisos públicos y privados serán sujetos obligados directos, y cuenten o no con estructura administrativa, el fideicomitente será responsable directo de entregar la información al respecto.

En materia de clasificación clasificada, debe destacarse un debate que sostuvimos respecto de la prevalencia de la ley y la existencia de la prueba de daño, la cual  tendrá que acreditarse ante cualquier solicitud de los ciudadanos y que, en caso de que se haya reservado o clasificado la información por parte de alguna autoridad, en todos y cada uno de los casos, la autoridad está obligada a fundar y motivar las causas por las cuales puede acreditarse un daño a la seguridad racional, insisto, sin que esto pueda ir en demérito de conocer la información en lo que se refiere a violaciones graves a derechos humanos y lo que son delitos de lesa humanidad.

Se da un paso importante, hay que reconocer que hay un buen resultado en esta ley. Toda legislación es perfectible, tan es así que hemos incorporado 14 reformas en estas propuestas adicionales, entre lo que fue la reunión de las comisiones unidas la semana pasada y el día de hoy. Y espero que en su implementación encontremos una respuesta positiva de todos los sujetos obligados.

Sin embargo, si bien se cierra un ciclo, no se cierra el tema vinculado con el Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción. Tenemos obligaciones constitucionales para que en los próximos meses tengamos que aprobar aquí en el Senado de la República la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley General de Archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción, y revisar a fondo las labores de la Fiscalía Anticorrupción de lo que será la Fiscalía Nacional con autonomía del Poder Ejecutivo.

Porque el propósito de estas reformas, tanto la constitucional como las secundarias, es construir un sistema que ayude a resolver dos de los problemas más lacerantes que existen en nuestro país, que es la corrupción y la impunidad.

Y si bien las leyes no garantizan que estas prácticas se erradiquen, el crear los instrumentos para que los ciudadanos accedan a la información y puedan hacer ejercible su derecho a que la autoridad le rinda cuentas, contribuirá a generar una nueva cultura política en donde la participación de los ciudadanos es la fundamental.

Agradezco a Pablo Escudero, a Cristina Díaz, por supuesto a los miembros de la Junta de Coordinación Política, que hasta hace unos minutos arrastrando lápices, pero que sea para bien, así lo considero, este trabajo.

Y por fin cerramos esta primera etapa, con un buen producto legislativo que esperamos sea plenamente compartido en la Cámara de los Diputados.

Muchas gracias a todos ustedes.