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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura


Celebra PRD que se haya retomado el proceso de discusión de la Ley general de Transparencia y Acceso a la Información

Boletín de Prensa
Alejandro Encinas, Bnejamín Robles


El senador Alejandro Encinas celebró que se haya reencauzado el proceso de discusión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y se pueda conocer la posición y opiniones de los diferentes actores en esta materia para que en la ley prevalezca el interés público.

Durante las audiencias públicas en materia de transparencia y acceso a la información, el legislador por el Estado de México destacó que lo fundamental es garantizar que lo logrado en la reforma constitucional no se pierda de la ley reglamentaria.

Encinas Rodríguez coincidió con los especialistas invitados respecto de la prevalencia de la ley sobre cualquier otra, en hacer la declaración patrimonial de los funcionarios pública; así como también el conocer quiénes son los beneficiarios de los créditos, de exenciones y condonaciones fiscales.

“Sin embargo, lo sustantivo de esta reunión, tiene que ver con el tema de las reservas de la información y los mecanismos para establecer cuáles son sus causales partiendo  del principio de la temporalidad y excepcionalidad de acceso a la información”.

Aseguró que dentro de esta discusión también tendrá que analizarse el carácter y el alcance de la  autonomía de los órganos constitucionales, porque, dijo, son autónomos, pero no son independientes y pidió no olvidar que el tema central es garantizar el derecho de los ciudadanos, no la protección del Estado.

El legislador mexiquense señaló que es importante entender que lo que se está planteando no es que el IFAI califique la comisión de un hecho grave de derechos humanos, ni la comisión de un delito de lesa humanidad, sino que ante la evidencia de hechos que tienen trascendencia social, por su magnitud, por su impacto, por su gravedad, pudiera hacer requerimientos de información.

Por otro lado, el senador Armando Ríos Piter pidió diferenciar el planteamiento de el principio pro-persona o pro-Estado para evitar que órganos autónomos se conflictúen.
Además pidió profundizar en las sanciones para los servidores públicos y sostuvo que actualmente cuestiones económicas son utilizadas para negar información y muchas veces sólo protegen intereses privados.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña coincidió en que es necesario precisar que la Ley General de Acceso a la Información está por encima de las leyes federales y estatales.

De esta manera, indicó que en el tema de sanciones a quienes incumplan con la ley, es indispensable determinar las funciones de los organismos implicados a fin de impedir la invasión de las atribuciones que otros tienen en el tema.

De la Peña subrayó que en el caso Tlatlaya rectificado por el presidente de la CNDH como violación a derechos humanos, es importante notificar lo que ha pasado con el expediente y además, hacerlo del dominio público.

“Estamos ante una situación grave de violaciones graves de los derechos humanos con una situación verdaderamente deplorable por parte de la CNDH.”, manifestó la legisladora.

Asimismo, pidió especificar en la ley cuáles son las características que definen la violación a los derechos humanos a manera de evitar dar mensajes distintos o contradictorios entre las instituciones competentes.


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