En las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe prevalecer el interés público y el derecho de los ciudadanos: Encinas Rodríguez

2 de marzo, 2015

Boletín de Prensa

En el marco  de la celebración de las audiencias públicas que coadyuvarán en la dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que era un trabajo sin precedente  en donde senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, han permitido presentar dos iniciativas, tanto la Ley General como la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información. Señaló que estas iniciativas se enfrentaron a un intento de disminuir la importancia de 80 artículos que ya se tenían consensados. No obstante, precisó, se está en condiciones de encauzar la discusión y tener certeza de las posiciones de los distintos actores.

El legislador por el Estado de México hizo hincapié en que el tema fundamental de la discusión que se lleva a acabo es hacer un esfuerzo para que lo logrado en la reforma constitucional no se pierda en la ley reglamentaria; particularmente cuando ya se han tenido experiencias de esta naturaleza, especialmente en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en donde lamentablemente las leyes secundarias en ciertos aspectos fueros regresivas respecto a la reforma constitucional; por lo tanto, detalló  se debe vigilar que el consenso alcanzado en las iniciativas presentadas se respete.

Encinas Rodríguez, considera que la prevalencia de la ley sobre cualquier otra es que se trata de la ley reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información y siendo esta la ley reglamentaria, su rango jurídico está por encima de cualquier otra, donde no puede establecerse ninguna restricción adicional al ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Senador Encinas señaló que existen temas puntuales respecto a las obligaciones de los sujetos obligados para generar, mantener y entregar la información; lo referente al modelo de sanciones, la necesidad de buscar un equilibrio entre lo que son las medidas de apremio, diferenciándolas de las sanciones de carácter administrativo o penal, aunque ahí, habrá que retomar otras experiencias como la del Instituto Nacional Electoral, resolver lo relativo a los sujetos obligados del sector privado o del sector social, elementos que no se habían previsto en la iniciativa original en virtud de que no puede tasarse de la misma manera ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no aplica a los fideicomisos o fondos privados, a los partidos políticos o a los sindicatos.

Para el Senador Encinas, esta es una de las cuestiones que no han podido  analizar con mayor detenimiento.

Asimismo, falta avanzar en lo que toca a la declaración patrimonial, la declaración de interés, que es un debate que se ha defendido, enfatizó,  y la declaración de impuestos para que las tres sean públicas. En este rubro, ubicó la relevancia de reconocer quienes son los beneficiarios de los créditos, exenciones, y condonaciones fiscales.

Añadió que también es sustantivo el tema de las reservas de la información, los mecanismos para establecerlas, cuáles son sus causales, partiendo del principio de la temporalidad y excepcionalidad de la reserva al acceso a la información y, particularmente, la no invasión de competencias entre los organismos.  Reconoció la importancia de la presencia del Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por los temas vinculados a esta facultad en materia de solicitar información cuando hay la presunción de violaciones graves a los derechos humanos  como delitos de lesa humanidad, en donde, desde el juicio del legislador se debe buscar prevalecer el interés público por encima del interés del Estado o del gobierno.

Por último, destacó el Senador Encinas, que no se trata de entrar en una discusión respecto a las competencias, si el IFAI invade o no las competencias de la CNDH, sino hacer del derecho a la información, un derecho de acceso a la verdad y la justicia efectivo.