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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura

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¡Aguas!
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal

Martes 10 de Marzo 2015


La voracidad de la oligarquía gobernante no tiene límite. No ha sido suficiente la entrega de los recursos energéticos; la cesión de las telecomunicaciones al duopolio televisivo; la precarización del trabajo y los salarios; la pobreza y la violencia dominante en el país, ahora se pretende privatizar el agua.

El dictamen aprobado por los diputados, representa la decisión gubernamental para favorecer la minería, el fracking para la extracción de gas y a las empresas que construyan infraestructura hidráulica o participen en la comercialización, en contra del derecho humano al agua que establece la Constitución. Hoy 9 millones de mexicanos no gozan de este derecho; cifra que se incrementará de aprobarse la ley.

Aunque se insiste en que no se trata de una privatización, al no modificarse el artículo 27 constitucional, la propuesta permite otorgar a la iniciativa privada concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes. Concesiones que tendrán una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, que podrá ser prorrogable hasta por 30 años más.

La federación y las entidades federativas deberán fomentar el desarrollo de infraestructura hidráulica y de saneamiento, para lo cual el Gobierno podrá celebrar contratos con particulares bajo la modalidad de inversión recuperable a través de “tarifas blindadas ante la presión social”, por lo que las tarifas se incrementarán.

Para propiciar la participación de particulares, Conagua podrá celebrar contratos y otorgar concesiones para operar o ampliar la infraestructura hidráulica y para la prestación de los servicios asociados.

De aprobarse esta iniciativa tendrá importantes costos ambientales al permitir el trasvase de aguas de una cuenca a otra. Es decir, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas para ser utilizadas en una cuenca distinta a la de su extracción, lo que, como lo han demostrado infinidad de experiencias en el país, resulta ineficiente y genera graves desequilibrios ambientales y tensiones sociales.

El dictamen señala como uso doméstico “la aplicación de aguas nacionales para consumo, higiene del hogar y aseo personal, incluye el riego de jardines y de árboles de ornato, así como el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, y determina un mínimo vital de agua para consumo personal y doméstico de 50 litros diarios, lo que se contrapone a lo establecido por la Organización Mundial de Salud  que ha señalado que el acceso óptimo para la salud es de 100 litros diarios por persona.

Los usos domésticos no requerirán concesión siempre que se realicen por medios manuales. Es decir, cuando se utilice fuerza humana directa o a través de dispositivos mecánicos (cubetas, tambos, bombas manuales) y no se desvíen las aguas de su cauce ni se produzca una disminución significativa en su caudal. Mientras los concesionarios dispondrán libremente de las aguas nacionales.

Se declara de utilidad pública el trasvase de aguas nacionales; el uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica; y la adquisición o aprovechamiento de los bienes inmuebles que se requieran para cumplir con las concesiones, lo que permitirá la expropiación de cualquier bien privado o social que requieran los concesionarios.

Se establece además que los ejidatarios que renten sus parcelas, cederán sus derechos de agua, y al pasar al dominio pleno tendrán que solicitar una concesión, al tiempo que la Conagua podrá  solicitar el auxilio de la fuerza pública “para hacer cumplir con sus determinaciones”.

El agua es un recurso vital para el desarrollo, la gobernabilidad y para garantizar calidad de vida para todos los mexicanos. Es un bien de la nación, cuyo manejo adecuado debe priorizar el interés público.

Senador de la República


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