La Ley general para el acceso a la información pública tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos, acceder a toda información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados: Encinas Rodríguez

Martes, 10 Febrero 2015

Durante la conferencia de prensa sobre La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se prepara en el Senado de la República el senador Alejandro Encinas Rodríguez externó que el pasado 02 de diciembre del 2014 un grupo de senadoras y senadores de distintos partidos del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron una iniciativa que fue resultado de un trabajo de colaboración colectiva y colegiada con distintos especialistas, académicos, investigadores y funcionarios públicos (IFAI, órganos garantes locales y representantes del gobierno)  que dieron lugar a una iniciativa de ley general para el acceso a la información pública.

Manifestó que está ley tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho de los ciudadanos, acceder a toda información de carácter público que obre en manos de los sujetos obligados que son: los tres poderes de la unión, los tres órdenes de gobierno y se amplió a los partidos políticos, a los sindicatos y a toda entidad pública o privada que reciba, administre o sea beneficiada de cualquier tipo de recurso público.

Señaló que en la iniciativa se planteó ocho temas nodales, el reconocer como un derecho humano de todas y todos los ciudadanos mexicanos,  solicitar, investigar, difundir y recabar información de carácter público, y al mismo tiempo establece la obligación del Estado para garantizar el acceso efectivo a cualquier persona que requiera la información y se estableció con precisión que solo podría ser clasificada como información reservada aquellos casos vinculados a los temas de seguridad nacional, procesos y procedimientos penales inconclusos y los relativos a datos personales que serán objeto de una ley general distinta.

De igual forma, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda externó que en la iniciativa se precisó que las violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del dominio público, no podrían reservarse, ni tener ningún tipo de restricción para su acceso, ya que se estableció el principio de máxima publicidad para que la autoridad diera a conocer toda la información. Lo que implica la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, lo que da pauta a una redefinición de las competencias entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Sin embargo, lamentó que se haya atorado la discusión en el caso de la Casa Blanca, la Casa Club de Golf de Malinalco y otras propiedades, ya que muestran la preocupación de la autoridad federal en avanzar realmente en la apertura.

Destacó que los problemas se concentran en la idea de ampliar las categorías respecto a la restricción de la información, que ya no solamente seria los temas relacionados a política monetaria sino respecto a la situación que pudiera poner en riesgo  la economía o las finanzas del país.

Respecto a las violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción del dominio público manifestó que el grupo parlamentario del PRI no quiere que se ha dada a conocer  hasta que la autoridad competente resuelva la materia.

Externó que el grupo parlamentario del PRI quiere ampliar los plazos de reserva de información y hacer prorrogas consecutivas,  lo que conlleva a que algunos temas se mantendrían reservados a lo largo del tiempo y al mismo tiempo se van flexibilizando las normas para obligar a la autoridad a generar, preservar y publicar la información de todos los actos que esta genere, pretendiendo modificar la naturaleza fundamental del sistema, que es antes que nada garantizar el derecho de los ciudadanos ya plasmado en el artículo 6° de la constitución.

Por último, el senador Alejandro Encinas propuso que en caso de haberse agotado la discusión con el comité redactor, se convoque en las próximas horas o días al presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana que encabeza las  comisiones dictaminadoras,  para que se formule un ante proyecto de dictamen, invitando a investigadores, académicos expertos en la materia para evitar un cabildeo extraparlamentario realizando una discusión pública en el Senado de la República.