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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura

pleno4

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO BENEFICIA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE AMENAZAN LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: ENCINAS RODRÍGUEZ
Martes, 10 Febrero 2015
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en reunión de trabajo, manifestó su solidaridad y compromiso de trabajo con los indígenas  otomíes defensores de los bosques que se ubican en el Estado de México, al mismo tiempo que repudió las agresiones físicas infringidas contra los indígenas que durante más de tres años han impedido desarrollos inmobiliarios en territorio indígena, específicamente en la comunidad de san Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero.
El legislador por el Estado de México abundó que el 8 de febrero de 2015 un grupo de 30 personas dirigidas por Adriana Sobreyra Peña (hermana del alcalde del lugar, Martin Sobreyra Peña) intentaron tomar la delegación municipal del pueblo de San Francisco Magú, según refieren vecinos, esas personas de filiación priista trataron hacerse del control de la Delegación Municipal y el Comité Local de Agua Potable de esta población indígena, los cuales se han conducido bajo sistema de usos y costumbres desde tiempos ancestrales; agrediendo y golpeando a las personas indígenas que defienden su propio proceso de autodeterminación  reconocida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Cabe mencionar, señala el Senador, que estas agresiones físicas y amenazas de muerte contra los indígenas defensores de los bosques y del territorio, tienen como antecedentes la negativa y el impedimento otomí desde 2013 para que la empresa Inmobiliaria Merket Construcciones S.A. de C.V. desarrolle, apoyada por los gobiernos municipal y estatal, un fraccionamiento de más de diez mil viviendas, con lo cual romperían con el modo de vida semi rural de la población de Magú de apenas 15 mil habitantes  y sobre todo, arrebatarían la administración del agua a San Francisco Magú.
Este intento, abundó el Senador,  de los gobiernos locales, estatal y federal llevó a una delegación designada por autoridades tradicionales del pueblo Otomí a exponer ante al relator de las Naciones Unidas James Anayala la amenaza a los derechos humanos y a la diversidad que representa el Proyecto de Desarrollo Inmobiliario “Bosques del Paraíso”.
Encinas Rodríguez comentó que la importancia ambiental de la zona radica en el hecho de que actualmente el bosque es un santuario de flora y fauna en el que se localizan al menos 11 especies registradas en la Norma 059 de la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT). Es además una zona de recarga de los mantos freáticos de la región de la Cuenca de Tepotzotlán.
Por su parte, Gabino Tercero Nava, integrante del Frente de Pueblos Unidos “Sin Bosques no hay Paraíso” denunció que el gobierno otorgó permiso para un proyecto que era para un supuesto “aprovechamiento sostenible del bosque” pero que en realidad es un permiso para talar y destruir”. “Resistimos al gobierno autoritario que aprueba planes de supuesto desarrollo arrebatando nuestros recursos para otorgar concesiones a grupos empresariales que buscan hacerse ricos con nuestro patrimonio”, denunció el Frente.
El Senador Encinas señaló que cuando la denuncia otomí llega a la sede de las Naciones Unidas es en un momento en el cual representantes de diversos pueblos indígenas del mundo resisten la privatización y venta de la naturaleza promovidas por diversos mecanismos de la denominada Economía Verde. Entre ellos se menciona al pago por servicios ambientales y los mecanismos sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD). Para la delegación otomí la “compensación” propuesta por el proyecto “Bosques del Paraíso” genera desconfianza y rechazo. Precisamente, la Alianza Mundial de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales sobre Cambio Climático en contra de REDD+ y por la Vida denunció en la Cumbre de Río+20 que la Economía Verde es nada menos que el capitalismo de la naturaleza. Enfatizó que se trata de un esfuerzo perverso de las grandes empresas, las industrias extractivas y los gobiernos para convertir en dinero, mediante la privatización, mercantilización, y venta de los recursos naturales y todas las formas de vida, enfatizó el legislador.
Hizo hincapié en que este proyecto consideraba la perforación de un pozo para la extracción de agua para consumo humano y la apertura de cuatro carriles al interior del fraccionamiento. Asimismo, señaló que dentro del mismo predio se encuentra la presa los pinos que abastece de agua de riego y uso doméstico a las parcelas y casas  del pueblo de San francisco Magú. El agua es procedente del canal de Cuamantla, el cual en noviembre 2012 fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CNA), para su aprovechamiento, a la asociación de usuarios de la aguas del Canal de Cuamantla San isidro y Santa Rita A. C. conformada por cinco ejidos, entre ellos  el de Magú, San José El vidrio, San juan de las Tablas, Cahuacán, y ejido de Nicolás Romero.
La afectación al construir  “Bosques del paraíso “ sería a los mantos freáticos y agua de riego, la flora, la fauna, plantas medicinales, alimentos tradicionales, como hongos silvestres,  la cultura, espiritualidad, conocimientos tradicionales de la comunidad otomí de San Francisco Magú. Terminarían con los pocos pulmones del municipio de Nicolás Romero, del Estado de México y del país
Ante esta situación el Senador Alejandro Encinas hace un llamado a todas las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno a intervenir de forma urgente ante la delicada situación que vive San Francisco Magú y en estricto respeto a los Derechos Humanos de las personas y del Pueblo indígena de forma colectiva, garantizar la integridad y la vida de los defensores amenazados, así como respetar sus derechos indígenas, sus administraciones internas como la Delegación Municipal, Consejo de Participación y su Comité Local de agua potable, todos revestidos de un proceso de autonomía indígena.      


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