Embestida contrasindical
Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

Martes 8 de abril de 2014

La presentación de la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha centrado el debate en la regresión que ésta representa respecto a la reforma constitucional que buscaba establecer condiciones de competencia en telefonía, radio y televisión, y que lejos de garantizar condiciones de cobertura universal, interconexión, convergencia y acceso libre, a partir de los principios de igualdad, pluralidad y veracidad de la información, merma las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y debilita los derechos de réplica y de las audiencias, sin salvaguarda alguna para la privacidad de los ciudadanos.

Mantiene la supeditación gubernamental de los medios públicos al negarles su independencia editorial y su autonomía de gestión, y margina a los medios comunitarios e indígenas al negarles opciones de financiamiento, el acceso a tecnologías y reglas claras para la expresión de la diversidad ideológica, étnica y cultural del país. Asimismo, restringe la libertad de expresión en Internet y reproduce algunas de las medidas que diversos gobiernos autoritarios en el mundo quieren imponer al libre tránsito de documentos y opiniones en la red, obligando a los proveedores de estos servicios a bloquear el acceso a determinados contenidos a petición de usuarios o de cualquier autoridad sin necesidad de orden judicial.

A la par, las reformas constitucionales que siguieron a la reforma laboral de Felipe Calderón han emprendido un embate contra los trabajadores y sus sindicatos. 

Primero fue la persecución al Sindicato Minero Metalúrgico, que allanó el camino para concesionar a particulares la tercera parte del territorio nacional, quienes realizan un verdadero saqueo de los recursos minerales del país. Más adelante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro pretendió liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas. La reforma educativa significa la eliminación de las condiciones de trabajo del magisterio al crear el Instituto de Evaluación Educativa que asumirá el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en su empleo. La reforma energética y la conversión de Pemex y CFE en empresas productivas del Estado, implicará la disolución de contratos colectivos nacionales de los sindicatos petrolero y electricista, y la fragmentación de la industria energética en empresas públicas, privadas y mixtas que impondrán sus propias condiciones de contratación.

Ahora toca a los telefonistas. A través de la legislación secundaria en telecomunicaciones se pretende desmantelar su fuente de trabajo sin considerar el interés de los trabajadores. 

Como expusiera en el Senado Francisco Hernández Juárez: “La nombrada segunda Ley Televisa confirma el imperio de los poderes fácticos en nuestro país y ratifica el predominio de aquéllos que manipulan la información, los contenidos y el pensamiento de los mexicanos, de aquéllos que por décadas han impedido la diversidad, la crítica, el disenso y que pervierten el sentido de la democracia… La competitividad de las empresas del sector no puede ni debe sustentarse en el demérito de los derechos de sus trabajadores. Por el contrario, la contratación colectiva auténtica y la libertad sindical son la base de la profesionalización, la productividad laboral y de la modernización de las telecomunicaciones y la radiodifusión”. 

No se trata de defender el abusivo monopolio ni la riqueza desmedida de Carlos Slim. El asunto es otro. Más allá de las disputas entre la oligarquía mexicana, los trabajadores enfrentan una estrategia, que a la par de la entrega de los recursos naturales de la Nación busca desmantelar a los sindicatos y sus conquistas laborales.

Senador de la República