Aumentar penas por secuestro es populismo penal, pero no resuelve el problema: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA

10 de abril de 2014

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupos Parlamentario del PRD, para razonar su voto en contra del dictamen con contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, sobre incremento de penas por secuestro.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, senador Presidente.

Compañeras y compañeros senadores.

Como bien lo ha dicho el senador Omar Fayad, el dictamen de esta iniciativa promovida por el Partido Verde Ecologista de México durante su campaña electoral, no solamente es profundamente polémico, sino que es muy difícil de argumentar y de sostener.

Qué mejor ejemplo que la dificultad del propio senador Fayad para argumentar a favor de este dictamen, porque el planteamiento central que ha utilizado no tiene que ver con el centro de esta discusión.

No es contraponer el derecho de las víctimas al castigo al delincuente.

Por supuesto que hay que establecer acciones de castigo punitivas penales para castigar a todo aquel que cometa un delito y en particular un delito con la profunda, con el profundo impacto social que tiene el secuestro.

Hay que castigar severamente a los secuestradores, pero hay que vitar caer en la simulación y en la demagogia, y por eso vengo a esta tribuna, contra lo políticamente correcto a hablar en contra de este dictamen.

Porque efectivamente el secuestro y la extorsión son los delitos que más han incrementado en los últimos años y no solamente ha aumentado la incidencia delictiva, sino que el secuestro se ha extendido prácticamente a todos los estados y regiones del país con un componente adicional.

Hoy las víctimas particulares afectadas por este delito son familias de bajos ingresos económicos y hoy el secuestro se ha extendido a sectores económicos del sector popular y vemos secuestros por mil o dos mil pesos y que efectivamente agravia profundamente a nuestra sociedad.

Pero con esta reforma o esta propuesta no se va a resolver el problema del secuestro.

En primer lugar, porque existe una profunda impunidad en su combate, los datos que arroja el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública señalan que del 100 por ciento de los secuestros que se realizan en el país, solamente se denuncia el 3 por ciento, y el 97 por ciento de los mismos nunca se da a conocer.

Por eso el principal objetivo de una ley de combate al secuestro no está en castigar sólo al 3 por ciento, sino enfrentar la cifra negra que representa la absoluta mayoría de los secuestros que hoy no son denunciados.

Y ese es el debate central del dictamen, porque lo que se propone es el incremento de las penas por secuestro hasta por 140 años de cárcel, como si sólo ese incremento fuera a garantizar el inhibir o disminuir el delito.

Hay que recordar por ejemplo, en primer lugar, lo que señala una investigación de la Universidad Complutense de Madrid, en donde concluye que el efecto disuasor de las sanciones formales, o sea la cárcel, sólo es posible cuando existe una alta tasa de arrestos y condenas, lo que no sucede en este país.

Y esto tiene que ser de rápida ejecución después de la comisión del delito, puesto que la experiencia muestra que si estas dos comisiones: certeza en la detención y el castigo e inmediatez no se dan si no se conjugan el efecto disuador de las penas formales, será escaso.

Yo me remitiría a la declaración que hace unos días hizo el coordinador de la Comisión Nacional Antisecuestro, el licenciado Renato Sales Gasque, en el foro de Seguridad Pública, Impartición de Justicia y de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco el pasado 3 de abril.

Donde pide a todos los responsables de la procuración de justicia, dice el titulo de la nota de El Universal: Pide Zar antisecuestros al Poder Legislativo evitar el populismo penal, el populismo.

Y cito tres párrafos de esa declaración.

Renato Sales expuso que podría considerarse como turismo ingenuo creer que modificar la ley implica modificar la realidad y eso no es así.

Y por eso llamo a los legisladores federales y locales no hacer un populismo penal y hacer modificaciones a las leyes que realmente impliquen modificaciones a la realidad.

Y planteó y puso como ejemplo en ese foro esta iniciativa que hoy estamos discutiendo que busca llevar una pena al caso extremo de 70 a 140 años de prisión, lo que dice, lo que califica con la siguiente frase:

“La idea es simplemente aplicar la ley, no incrementarla”.

Le mejor forma de abatir un delito es acabando con su impunidad y por eso resulta lógica la propuesta que el propio el gobierno federal a través de la estrategia nacional antisecuestro ha señalado.

Que son 10 medidas que no me voy a referir a todas ellas, habla del uso a de la inteligencia y del fortalecimiento de las capacidades operativas en las entidades donde hay mayor incidencia del delito, de conformar la base nacional de datos criminales, de diseñar el protocolo único de atención ciudadana al secuestro, un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales de los penales de alta seguridad y al fortalecimiento de atención a víctimas de secuestro para ofrecer un apoyo integral.

Por eso esta reforma no va a resolver el problema, si se quiere resolver el problema hay que atacar a fondo el delito.

Además esta iniciativa tiene dos problemas adicionales porque contraviene lo establecido en la propia Constitución y contraviene lo que el gobierno mexicano ha suscrito en los tratados internacionales.

Y señalo de manera muy puntual, estas penalidades propuestas no solamente no resuelven el problema, sino que implican renunciar al modelo constitucional que se ha establecido, pues se trata de penas que de acuerdo al artículo 22 de nuestra Constitución, están prohibidas y no corresponden a los fines que se persiguen con la reinserción social.

Se atenta contra lo establecido en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional que ofrece la garantía al sentenciado de rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad.

La imposición de la pena privativa de la libertad debe tener como finalidad la reinserción social del individuo como lo establece el párrafo seis del artículo cinco de la Convención Americana sobre derechos humanos por lo que la imposición de una pena de prisión excesiva, como es la que se propone, viola este instrumento internacional.

Por ello, si bien es cierto que el delito de secuestro es uno de los más lacerantes y más graves cometidos en México, todas las experiencias a nivel internacional han demostrado que imponiendo mayor penalidad no es la forma idónea para combatir este delito.

Hay que mejorar los esquemas de operación oficial.

Por eso, yo sé que esto es políticamente incorrecto, seguramente la aprobación que hagan ustedes el día de hoy de este dictamen tendrá una gran difusión mediática, estará en los spots del Partido Verde diciendo que cumplieron con sus compromisos de campaña aunque se viole la Constitución, se caiga en una simulación y no sea sino más que nada una reforma demagógica que no va a resolver el problema y sí va a generar mayor desconfianza en la población en el momento en que podrán castigarlos durante muchos años pero el 97 por ciento de los delincuentes seguirá actuando con absoluta impunidad.

Por eso vamos a votar en contra, como lo hemos hechos siempre contra esa tesis falsa de que el endurecimiento de las penas y el incremento de la población penitenciaria lleva a la disminución del delito, lo cual ha fracasado en todos los estados y en todos los países.

(inaudible) como lo dice su propio comisionado en materia de combate al secuestro, en tareas de inteligencia y en tareas de aplicación efectiva de la ley para que esos delincuentes paguen su castigo y al mismo tiempo se repare el daño que han dado a sus víctimas.

Por eso votaremos en contra.

Muchas gracias.