Comisión
Federal de Competencia Económica debe hacer efectiva su autonomía y cumplir sus
funciones y facultades con plena independencia: Encinas Rodríguez
INTERVENCION EN
TRIBUNA
25
de abril de 2014
Intervención en tribuna del
Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para
hablar sobre el dictamen en materia de competencia económica.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias senador presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
La liberalización que ha experimentado la economía nacional en las últimas décadas provocó que se pasara de una estructura de monopolios públicos a una concentración de monopolios en manos privadas.
Los nuevos dueños de las empresas que fueron públicas implementaron una estrategia económica de altas barreras a la competencia en sus respectivas actividades, que alentaron una desmedida concentración del ingreso y profundizaron la desigualdad social en el país.
El paraíso económico anunciado por los defensores del neoliberalismo de ofrecer mejores, y más baratos bienes y servicios derivados de la privatización se ha venido abajo.
México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica en importantes actividades que han tenido severos impactos negativos en la población, particularmente en los productos básicos para garantizar la calidad de vida de los mexicanos.
Es el caso de la distribución de harina de maíz, de la producción y distribución de carne de pollo y huevo; alimentos procesados, el pan industrializado; la distribución y venta de medicamentos; las cadenas de autoservicio que constituyen verdaderos (Inaudible), que han demeritado y desmantelado el pequeño comercio; el sistema financiero; la minería; el transporte terrestre y aéreo; entre muchos otros casos.
Se trata claramente de monopolios que presentan prácticas que han conducido a la desaparición de empresas y fuentes de empleo, pero integración de éstas a las empresas dominantes.
La recientemente creada Comisión Federal de Competencia Económica ha reconocido que existen altas barreras que enfrentan productores y consumidores en mercados donde hay baja efectividad de los instrumentos institucionales para combatir los monopolios y sus prácticas, y en consecuencia existe un rezago en competitividad, lo que tiene impactos negativos en el poder adquisitivo de las familias en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Por consiguiente, es muy importante que la Ley de Competencia que hoy discutimos sea un verdadero instrumento regulador del Estado mexicano que evite la simulación que se venía presentando en materia del control de las grandes empresas monopólicas.
La nueva Ley de Competencia Económica debe cumplir con los principios rectores que se establecieron en la reforma constitucional para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, su prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficientes de los mercados; y sancionar todo aquella actividad que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas en perjuicio del público en general o de una clase social determinada.
De la misma manera, la nueva ley debe prevenir, investigar y combatir las restricciones o el funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia; regular el acceso a insumos especiales; así como la desincorporación de activos, derechos, acciones o partes sociales como instrumento para eliminar los efectos anticompetitivos en el mercado.
Hay que reconocer que la minuta recibida por la Cámara de Diputados fue objeta de diversas modificaciones que enriquecieron y fortalecieron la autonomía del órgano regulador y definieron nuevas facultades o precisaron atribuciones.
Es el caso del tema de transparencia y rendición de cuentas, donde los artículos 12, 49 y en los transitorios se garantiza que los estudios de evaluación de desempeño de la autoridad en competencia en sus distintas vertientes, prácticas monopólicas, relativas y prácticas monopólicas absolutas y concentraciones se desarrollen de manera transparente y de forma profesional.
Las modificaciones implican que la Comisión Federal de Competencia podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades que se le otorguen a la comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia independientemente de la autoridad.
Por otra parte, las modificaciones a estos artículos garantizan la obligación por parte de la comisión de publicar guías, lineamientos y criterios técnicos en las nuevas áreas en las que está facultada para ejercer jurisdicción, identificando los insumos esenciales, las barreras a las condiciones de competencia o la desincorporación de activos en tiempos razonables.
Las modificaciones o inclusiones a los artículos 30, 31 y 32, establecer con claridad que el titular de la autoridad investigadora deberá cumplir con un perfil profesional específico, con lo que se busca garantizar que la autoridad investigadora y el pleno sean independientes entre sí, así como lo mandata la reforma constitucional.
De la misma manera, las modificaciones al artículo 131 garantizan que el proceso de desincorporación de activos cuando aplique, resulte procompetitivo y eficiente, ya que la comisión deberá incluir un análisis económico que justifique su imposición y que la misma supera sus efectos competitivos en beneficios y bienestar del consumidor.
Pese a estos avances, hay que señalar que quedan todavía tenas pendientes por incluir en esta legislación, en primero lugar, el referente a daños y prejuicios, ya que el artículo 134 de este dictamen se establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la resolución de la comisión haya quedado en firme.
Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas, la nueva ley debería prever que los nuevos agentes económicos o personas que sufran daños o perjuicios como resultado de una práctica anticompetitiva o una concentración ilícita, tendrían derecho a exigir a los agentes económicos responsables ante tribunales especializados en la materia, que esos fueran reparados y resarcidos inmediatamente.
También deja de lado un tema fundamental, el del acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita en este dictamen solamente a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es en un fenómeno donde exista escases de los mismos, lo que deja un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica.
En materia de marcados relacionados, el artículo 54 se menciona que para tipificar esta práctica monopólica relativa será necesario demostrar que esta práctica tenga o pueda tener como efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos; sin embargo, el proyecto del dictamen no contiene ninguna definición de mercado relacionado, como tampoco contiene una serie de elementos que permitan tipificarlo.
La ambigüedad de este concepto de mercado relacionado en la actual legislación ha generado muchos problemas al momento de evaluar riesgos anticompetitivos, pongo por ejemplo, la aprobación de la adquisición del 50 por ciento de la empresa Iusacell, por parte del consorcio Televisa, que estuvo vinculada a la idea de un mercado relacionado, sin que se llegara a conocer a cabalidad el significado de este concepto, porque por lo que hemos sugerido que la nueva Ley de Competencia contenga una definición explícita de este concepto para fortalecer el margen de acción y el alcance de las autoridades de competencia en nuestro país.
Esos, entre otros casos, quedan aún pendientes, hubo avances que debemos reconocer y destacar la voluntad de los senadores Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio; José Ascensión Orihuela, de Fomento Económico; Armando Melgar, de Productividad; quienes con un esfuerzo y con apertura, no solamente se hicieron modificaciones a la minuta original, sino también en los últimos momentos se han atendido las reservas que en lo particular habíamos marcado al momento del dictamen de las comisiones unidas.
Yo quisiera terminar citando un clásico de la economía, yo sé que a muchos de los aquí presentes les sacará urticaria, pero quiero recordar y citar a uno de los clásicos de la economía, que por cierto no era economista, a Carlos Marx, cuando decía: en la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre la una y el otro. El monopolio engendra la competencia y la competencia engendra el monopolio, es decir, la competencia es una condición para la existencia de monopolios, ya que la competencia obliga a concentración económica y a la concentración del ingreso, pues, la lógica del mercado es la lógica de la acumulación y no la lógica del bienestar de la población, es la lógica de la concentración del ingreso.
Ya tenemos una ley, ahora la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer efectiva su autonomía y debe cumplir sus funciones y facultades con plena independencia de las presiones e intereses del poder público y, en particular, de las corporaciones oligárquicas en nuestro país.
Es difícil en un país donde tanta concentración existe del ingreso ir a fondo, vamos a ver de qué están hechos las y los integrantes de esta comisión que hoy tiene los instrumentos legales fundamentales para frenar la actividad monopólica, la concentración de la actividad económica, pero particularmente para ayudar a que los consumidores, los ciudadanos tengan acceso a mejor condiciones a los bienes y servicios que significan su bienestar.
Por su atención muchas gracias.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias senador presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
La liberalización que ha experimentado la economía nacional en las últimas décadas provocó que se pasara de una estructura de monopolios públicos a una concentración de monopolios en manos privadas.
Los nuevos dueños de las empresas que fueron públicas implementaron una estrategia económica de altas barreras a la competencia en sus respectivas actividades, que alentaron una desmedida concentración del ingreso y profundizaron la desigualdad social en el país.
El paraíso económico anunciado por los defensores del neoliberalismo de ofrecer mejores, y más baratos bienes y servicios derivados de la privatización se ha venido abajo.
México es hoy uno de los países más desiguales del mundo y registra una evidente concentración económica en importantes actividades que han tenido severos impactos negativos en la población, particularmente en los productos básicos para garantizar la calidad de vida de los mexicanos.
Es el caso de la distribución de harina de maíz, de la producción y distribución de carne de pollo y huevo; alimentos procesados, el pan industrializado; la distribución y venta de medicamentos; las cadenas de autoservicio que constituyen verdaderos (Inaudible), que han demeritado y desmantelado el pequeño comercio; el sistema financiero; la minería; el transporte terrestre y aéreo; entre muchos otros casos.
Se trata claramente de monopolios que presentan prácticas que han conducido a la desaparición de empresas y fuentes de empleo, pero integración de éstas a las empresas dominantes.
La recientemente creada Comisión Federal de Competencia Económica ha reconocido que existen altas barreras que enfrentan productores y consumidores en mercados donde hay baja efectividad de los instrumentos institucionales para combatir los monopolios y sus prácticas, y en consecuencia existe un rezago en competitividad, lo que tiene impactos negativos en el poder adquisitivo de las familias en el costo de los insumos de las empresas y en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Por consiguiente, es muy importante que la Ley de Competencia que hoy discutimos sea un verdadero instrumento regulador del Estado mexicano que evite la simulación que se venía presentando en materia del control de las grandes empresas monopólicas.
La nueva Ley de Competencia Económica debe cumplir con los principios rectores que se establecieron en la reforma constitucional para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, su prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficientes de los mercados; y sancionar todo aquella actividad que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas en perjuicio del público en general o de una clase social determinada.
De la misma manera, la nueva ley debe prevenir, investigar y combatir las restricciones o el funcionamiento eficiente de los mercados, eliminar las barreras a la competencia y a la libre concurrencia; regular el acceso a insumos especiales; así como la desincorporación de activos, derechos, acciones o partes sociales como instrumento para eliminar los efectos anticompetitivos en el mercado.
Hay que reconocer que la minuta recibida por la Cámara de Diputados fue objeta de diversas modificaciones que enriquecieron y fortalecieron la autonomía del órgano regulador y definieron nuevas facultades o precisaron atribuciones.
Es el caso del tema de transparencia y rendición de cuentas, donde los artículos 12, 49 y en los transitorios se garantiza que los estudios de evaluación de desempeño de la autoridad en competencia en sus distintas vertientes, prácticas monopólicas, relativas y prácticas monopólicas absolutas y concentraciones se desarrollen de manera transparente y de forma profesional.
Las modificaciones implican que la Comisión Federal de Competencia podrá solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades que se le otorguen a la comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia independientemente de la autoridad.
Por otra parte, las modificaciones a estos artículos garantizan la obligación por parte de la comisión de publicar guías, lineamientos y criterios técnicos en las nuevas áreas en las que está facultada para ejercer jurisdicción, identificando los insumos esenciales, las barreras a las condiciones de competencia o la desincorporación de activos en tiempos razonables.
Las modificaciones o inclusiones a los artículos 30, 31 y 32, establecer con claridad que el titular de la autoridad investigadora deberá cumplir con un perfil profesional específico, con lo que se busca garantizar que la autoridad investigadora y el pleno sean independientes entre sí, así como lo mandata la reforma constitucional.
De la misma manera, las modificaciones al artículo 131 garantizan que el proceso de desincorporación de activos cuando aplique, resulte procompetitivo y eficiente, ya que la comisión deberá incluir un análisis económico que justifique su imposición y que la misma supera sus efectos competitivos en beneficios y bienestar del consumidor.
Pese a estos avances, hay que señalar que quedan todavía tenas pendientes por incluir en esta legislación, en primero lugar, el referente a daños y prejuicios, ya que el artículo 134 de este dictamen se establece que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita, podrán interponer las acciones judiciales en su defensa ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta que la resolución de la comisión haya quedado en firme.
Esta disposición representa un fuerte obstáculo para la recuperación del daño económico derivado de prácticas monopólicas y concentraciones prohibidas, la nueva ley debería prever que los nuevos agentes económicos o personas que sufran daños o perjuicios como resultado de una práctica anticompetitiva o una concentración ilícita, tendrían derecho a exigir a los agentes económicos responsables ante tribunales especializados en la materia, que esos fueran reparados y resarcidos inmediatamente.
También deja de lado un tema fundamental, el del acaparamiento, la especulación y el establecimiento de precios máximos a bienes y servicios de consumo popular, pues se limita en este dictamen solamente a establecer la medida para fijar precios máximos cuando es en un fenómeno donde exista escases de los mismos, lo que deja un gran margen de maniobra al acaparamiento, la especulación y establecimiento de precios desmedidos, particularmente en la canasta básica.
En materia de marcados relacionados, el artículo 54 se menciona que para tipificar esta práctica monopólica relativa será necesario demostrar que esta práctica tenga o pueda tener como efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos; sin embargo, el proyecto del dictamen no contiene ninguna definición de mercado relacionado, como tampoco contiene una serie de elementos que permitan tipificarlo.
La ambigüedad de este concepto de mercado relacionado en la actual legislación ha generado muchos problemas al momento de evaluar riesgos anticompetitivos, pongo por ejemplo, la aprobación de la adquisición del 50 por ciento de la empresa Iusacell, por parte del consorcio Televisa, que estuvo vinculada a la idea de un mercado relacionado, sin que se llegara a conocer a cabalidad el significado de este concepto, porque por lo que hemos sugerido que la nueva Ley de Competencia contenga una definición explícita de este concepto para fortalecer el margen de acción y el alcance de las autoridades de competencia en nuestro país.
Esos, entre otros casos, quedan aún pendientes, hubo avances que debemos reconocer y destacar la voluntad de los senadores Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio; José Ascensión Orihuela, de Fomento Económico; Armando Melgar, de Productividad; quienes con un esfuerzo y con apertura, no solamente se hicieron modificaciones a la minuta original, sino también en los últimos momentos se han atendido las reservas que en lo particular habíamos marcado al momento del dictamen de las comisiones unidas.
Yo quisiera terminar citando un clásico de la economía, yo sé que a muchos de los aquí presentes les sacará urticaria, pero quiero recordar y citar a uno de los clásicos de la economía, que por cierto no era economista, a Carlos Marx, cuando decía: en la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo entre la una y el otro. El monopolio engendra la competencia y la competencia engendra el monopolio, es decir, la competencia es una condición para la existencia de monopolios, ya que la competencia obliga a concentración económica y a la concentración del ingreso, pues, la lógica del mercado es la lógica de la acumulación y no la lógica del bienestar de la población, es la lógica de la concentración del ingreso.
Ya tenemos una ley, ahora la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer efectiva su autonomía y debe cumplir sus funciones y facultades con plena independencia de las presiones e intereses del poder público y, en particular, de las corporaciones oligárquicas en nuestro país.
Es difícil en un país donde tanta concentración existe del ingreso ir a fondo, vamos a ver de qué están hechos las y los integrantes de esta comisión que hoy tiene los instrumentos legales fundamentales para frenar la actividad monopólica, la concentración de la actividad económica, pero particularmente para ayudar a que los consumidores, los ciudadanos tengan acceso a mejor condiciones a los bienes y servicios que significan su bienestar.
Por su atención muchas gracias.
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