Leyes secundarias en materia energética eliminan responsabilidad económica y social del Estado, acusó Alejandro Encinas

9 de julio, 2014

El tercer dictamen de leyes secundarias en materia energética pretende eliminar la responsabilidad del Estado en las empresas públicas, dejar a la discrecionalidad del Ejecutivo el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y subordinar el interés público al interés privado, imputó el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez.

Durante la discusión en lo particular del dictamen, el legislador reservó todos los artículos, pero destacó que en los artículos dos y tres de la Ley de Petróleos Mexicanos se encuentra la mayor regresión  que significa la reforma.

“Yo creo que ése es el aspecto nodal de la reforma, eliminar de una vez cualquier responsabilidad del Estado en la rectoría económica, disolver el interés público para sujetarlo al interés privado y dejar a la discrecionalidad del Presidente de la República el nombramiento de los Consejos Administrativos y la definición de la política energética”, dijo.

Encinas Rodríguez sostuvo que el artículo dos señala que Pemex es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno federal y en el tercer artículo se señala que Pemex se sujetará a la presente ley por las empresas se regirán por el derecho privado, con lo cual no se garantizará el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Pero, “el Gobierno federal no puede ser propietario exclusivo de absolutamente ningún bien de la Nación y esta redacción plantea convertir a Pemex y CFE en las empresas del Presidente de la República”.

Aseguró que de mantener la redacción como está se omitirá una verdadera autonomía de gestión, ya que el nombramiento de los integrantes del Consejo de Administración de Pemex quedará en manos del titular del Ejecutivo con absoluta discrecionalidad, además de que las empresas quedarán sujetas al derecho privado.

Por ello, propuso modificar la redacción del artículo segundo para que Petróleos Mexicanos quede como una empresa productiva propiedad exclusiva de la Nación y no del Gobierno federal; y eliminar del artículo tres lo referido al derecho mercantil y civil que se pretenden ser supletorios de las leyes generales.

También hizo énfasis en los artículos 71, 72 y 72 de la Ley de Petróleos Mexicanos donde se afectan los derechos de los trabajadores petroleros y electricistas, pues “dan al traste con el contrato colectivo de los trabajadores petroleros”, ya que ahora la contratación, la permanencia, la remuneración, las prestaciones y condiciones generales de trabajo serán regidas por el Consejo de Administración de manera unilateral, derogando el contrato colectivo.

“Ésos son los problemas más graves de esta ley, donde se sigue renunciando a la rectoría del Estado y su responsabilidad social, se sigue subordinando el interés público al privado y como siempre quien paga los plato rotos son los trabajadores”, concluyó.