Legislación secundaria en telecomunicaciones no garantiza la democratización de los medios de comunicación: Alejandro Encinas

4 de julio, 2014

Intervención en Tribuna

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para razonar su voto en contra del dictamen de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, señor presidente.

Antes de iniciar mi intervención y le pediría que no corriera el reloj, quisiera solicitarle vuelva a girar instrucciones al personal de resguardo y seguridad para que dé las facilidades, no solamente para que desempeñemos nuestras funciones las senadoras y senadores , es prácticamente imposible que el personal de apoyo pueda ingresar a este recinto porque se han cerrado las puertas con el personal de seguridad y prácticamente se ha cercado a la gente para que pueda hacer seguimiento del debate.

Ahí están las galerías vacías, que es el mejor ejemplo de la lamentable forma en que se debate en estos temas en el Senado.

Yo por eso quiero reiterarle que este debate por reglamento se cumpla su carácter público y no se pongan más restricciones que las que todos cumplamos el compromiso de egresar el orden para la discusión.

Paso a fijar mi posición y a presentar mi voto en contra de este proyecto de dictamen que reforma diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Parto de retomar el debate que dimos el año pasado en el marco de la reforma constitucional. Durante esos debates se dijo con toda claridad que al Reforma constitucional en Telecomunicaciones y Radiodifusión constituía sin lugar a dudas un avance que iba a permitir romper con la concentración monopólica que existe en estos servicios y que condujo al debilitamiento de la responsabilidad rectora del Estado y posibilitó el empoderamiento de particulares beneficiarios de la explotación de un bien y de un servicio de carácter público.

Se dijo también entonces que con esta reforma se fortalecerían los derechos vinculados a la libertad de expresión al incorporar el acceso a las tecnologías de la información del conocimiento haciendo un uso más eficiente del espectro y reduciendo los precios, incrementando a la vez la calidad de los servicios.

Con esa reforma constitucional se definió a la radiodifusión y telecomunicaciones  como un servicio público destacando la función social que deberían cumplir las mismas y reconociendo su papel como factor para el desarrollo e incluso en la reforma constitucional se incluyó el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación cobijando el derecho de la información que por disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado.

Por eso, en esa reforma se decidió limitar las atribuciones del Ejecutivo federal en el otorgamiento de las concesiones y crear un órgano con autonomía constitucional, en Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En esa reforma también se destacó, se contemplaron diversos tipos de concesiones, las públicas, las comerciales y las sociales, entre las que destacan los medios comunitarios y los medios indígenas.

Y en esa reforma se estableció como un compromiso fundamental establecer el derecho de las audiencias y el reconocimiento a los medios comunitarios e indígenas y el acceso libre a la red, al Internet.

Sin embargo, y más allá de la euforia que provocó en su momento la aprobación de esa reforma constitucional, desde entonces hice hincapié de que era necesario hacer un reflexión sobre los verdaderos alcances y significados de la misma, ya que esta reforma para algunos buscaba mediar ene l conflicto entre dos grupos de poder económico, mientras que para otros el Estado recuperaría la rectoría en el sector, acotaría los poderes fácticos, enfrentaría a los monopolios y permitiría la democratización de los medios de comunicación.

Desde entonces señalé que abrir la competencia no garantiza por sí misma la eliminación de las prácticas monopólicas ni el ejercicio pleno del derecho a la información y menos aún la auténtica pluralidad en los medios de comunicación.

Y dije “abrir el mercado de las telecomunicaciones no implica necesariamente su democratización”. Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta y una nueva cadena de carácter público quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión, resultaría iluso, como también dije, resultaría iluso suponer que con ello se democratizarán los medios y se romperá el monopolio fundamental, el monopolio sobre la percepción y la generación  de opinión pública.

Por eso es importante remarcar que el Estado está obligado a construir un orden democrático fundado en el control de los abusos que derivan de la concentración del espectro radioeléctrico del país, asumiendo que este espectro es propiedad de la Nación, es un servicio público que debe contribuir a construir una cultura de tolerancia y respeto a la pluralidad y diversidad social étnica y de género en el desarrollo de la convivencia cívica y la integración nacional, diversificando las concesiones y fortaleciendo medios alternativos de comunicación, particularmente en el ámbito público y en el ámbito social, reforzando la responsabilidad del Estado para garantizar la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas y de documentos y el respeto pleno y absoluto a la privacidad de las comunicaciones de las personas bajo cualquier medio.

Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo no se establece una verdadera pluralidad mediática, no se fortalecen los derechos fundamentales ni los mecanismos de su defensa y presenta incluso injerencias arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos.

Se mantiene una gran lasitud en la concentración monopólica y se debilita la independencia del órgano regulador con respecto al poder del Ejecutivo y los agentes económicos dominantes.

Por eso quiero insistir en que el rediseño del modelo de comunicación que existe en el país debe desarrollar un mecanismo que conduzca a revertir la falta de pluralidad en los medios de comunicación que subsiste.

Y por ello quiero destacar tres temas que a mi juicio no se han logrado resolver de manera clara en este dictamen y que, si bien se han realizado un buen número de modificaciones  a la iniciativa del Ejecutivo y del dictamen o proyecto de dictamen original, no se modifica en lo sustancial la regresión que representa respecto de la reforma constitucional aprobada el año pasado.

Primero. Estoy convencido de que estas leyes secundarias no garantizarán la democratización de los medios de comunicación porque implica, como lo he señalado, el generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y garantizar el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la no censura, al derecho de los usuarios a acceder a servicios de calidad con tarifas bajas, al derecho de las audiencias para acceder a una oferta diversa que permita elegir entre diversas opciones de comunicación y reconozca la pluralidad cultural, ética y política de nuestra sociedad.

Segundo. Esta reforma no fortalece a los medios públicos, lo medios sociales, comunitarios e indígenas que son el instrumento clave para generar alternativas de comunicación democrática. Y por el contrario y de manera lamentable tanto los medios públicos como sociales se reducen a su mínima expresión, donde se llega al extremo en el caso de los medios indígenas, a la intervención de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tendrá que emitir, a manera de la época de la Colonia, un certificado de Indios o de buena conducta para que los pueblos originarios puedan acceder a estas concesiones de carácter social.

Los pueblos indígenas no necesitan ninguna otra tutela, no necesitan, como dice el senador Lozano, llevarlos de la mano para que obtengan sus concesiones, necesitan de respeto para reconocer su autonomía y el pleno ejercicio de sus sistemas tradicionales.

En este dictamen de las leyes secundarias, en lugar de restringir a los medios públicos y sociales, debería de retomar las experiencias exitosas aplicadas en otros países como el Ecuador, Uruguay, Argentina, donde el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones se divide en tres tercios  para cada una de las modalidades de la concesión, permitiendo a los medios sociales el acceso a la radio, a la televisión y a las televisiones en su conjunto, no reducirlos al 10 por ciento de la frecuencia modulada en radio y reducirlos a un segmento de la frecuencia de Ampliación Modulada.

Por eso, también deberán retomarse experiencias de medios públicos exitosos como la BBC de Londres, que es un medio público bajo la regulación del congreso de la Gran Bretaña, al igual que la televisión española y la televisión francesa.

Un tercer tema fundamental es, y que no se ha abordado con profundidad, es hacer del IFT un verdadero órgano con autonomía constitucional, eliminando cualquier intento de injerencia indebida del Gobierno y haciendo que el IFT no solamente atienda el otorgamiento de la concesiones y supervise los contenidos, sino que también vigile el ejercicio de los derechos de los usuarios, de las audiencias y las garantías y libertades políticas que nuestra Constitución otorga a todas las mexicanas y a todos los mexicanos.

Por eso insisto en que debe retomarse la reforma constitucional cuando se propuso revertir la ausencia de pluralidad que prevalece en los medios de comunicación y garantizar el acceso efectivo a los medios comunitarios e indígenas a la prestación de la totalidad de los servicios.

Por otro lado el derecho de réplica queda pendiente, al igual que el derecho a la objeción de conciencia de los comunicadores y en particular, y lo subrayo, se atenta contra el derecho a la privacidad y la libre circulación de las ideas y de los documentos que tienen los ciudadanos en sus comunicaciones telefónicas a través de la red o bajo cualquier modalidad, pues hoy se pretende permitir que se intervengan llamadas o se intervenga la red para que medie la orden de un juez como lo establece nuestra propia constitución.

La discusión se ha concentrado fundamentalmente en la definición de preponderancia, si es esta por sector o por servicios y si bien este debate demuestra que de origen hay un problema de interpretación constitucional y si bien se ha decidió transcribir a la letra el artículo 28 constitucional y los artículos transitorios que se refieren al tema, sigue prevaleciendo la confusión, ya que  en esta redacción se refiere la preponderancia a sector, a segmentos del mercado, a mercado  o a servicios, incluso especificando cada uno de esos y es evidente que de origen por este problema este litigio acabará en los tribunales.

Sin embargo, yo quiero señalar que sea cual sea la resolución que se adopte en el dictamen o por la corte respecto a preponderancia por sector o por servicios, por los términos en que se emite la ley secundaria no se ataca el problema fundamental, no se resolverá el problema de la concentración de los medios de comunicación, aquí por el contrario se trata fundamentalmente de avanzar en el rediseño del poder económico y del poder de la oligarquía económica de este país.

Yo creo que esto lo refiere de manera muy clara la intervención del senador Roberto Gil el día de antier en la reunión de comisiones unidas, cuando al referirse en el tema de preponderancia decía que en este tema no se debe tener un efecto neutro, si se tenía que atender las enormes desproporciones de los mercados y señalaba que el valor de ingresos en 2013 del sector de telecomunicaciones, donde participa de manera preponderante un agente económico, fue del orden de 263 mil millones de pesos, mientras todo el sector de televisión restringida valía 38 mil millones de pesos.

No se trata de quitarle a Slim para darle a Azcárraga, eso no va a resolver la concentración de los medios, ni la concentración del poder monopólico del control de la opinión pública.

Por eso, eso no va a resolver el problema del niño de Cochoapa el Grande  en la montaña de Guerrero, que hoy no recibe los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, simple y sencillamente porque el objetivo de estas empresas no es la prestación del servicio sino la ganancia y en el dictamen no se resuelve con claridad la responsabilidad del Estado para prestar el servicio donde hay ausencia por lo que el hijo del niño de hoy en Cochoapa el Grande en muchos años no recibirá  estos servicios.

Concluyo señor presidente.

La verdadera democratización de los medios no vendrá de los medios comerciales, tendrá que venir de la conjunción de dos factores fundamentales: primero una firme regulación del Estado a través del órgano regulador con autonomía constitucional que deba atender además de las condiciones de competencia el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y no interponer injerencias indebidas como se pretende en la privacidad a los ciudadanos  o se pretende que en la colaboración con autoridades citar a su privacidad y el segundo gran tema es el de la apertura de los medios sociales y públicos como alternativas reales, hay que retomar lo que estableció la relatoría para la libertad de expresión sobre el carácter de los medios de comunicación en México que dio a conocer Catalina Botero en 2010, donde señala que la diversidad y el debate democrático se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad y en el control de los medios de comunicación a los que se les han asignado las frecuencias de radio y televisión por la ausencia de un marco jurídico claro y equitativo en donde prevalece la inexistencia de mecanismos para el acceso a medios alternativos de comunicación.

Son muchos los temas que podemos abordar, los que (inaudible) con la reunión del relator especial de libertad de expresión, versiones de organizaciones de la sociedad civil o el documento que entregó a la mesa directiva el frente por la comunicación democrática que voy a pedir se incorpore al diario de los debates, le voy a pedir al señor presidente, en donde se da clara cuenta de las omisiones y las ausencias de este debate.

Por eso concluyo solo con dos palabras que a mi juicio resumen o deberían resumir cuál debería ser el papel a cumplir por este congreso, porque nuestro objetivo no es resolver los litigios de grupos de poder económico sino hacer prevalecer el estado de derecho y velar por las libertades y las garantías de los ciudadanos.

Dos palabras: diversidad y pluralidad, que son condiciones inherentes para lograr una verdadera comunicación democrática, diversidad en los medios y el acceso a los ciudadanos a medios alternativos y pluralidad en el reconocimiento de nuestras diferencias políticas, étnicas y culturales que prevalecen en nuestro país, por esos argumentos por las omisiones y el contenido del dictamen mi voto será en contra.