Ningún servidor público debe de
recibir mayores privilegios que la mayoría: Alejandro Encinas
INTERVENCION EN TRIBUNA
21
de mayo de 2014
Intervención en tribuna del
senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para
presentar dos iniciativas; una con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción III al artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado
de la República; y otra con proyecto de decreto por el que se deroga la
fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, diputado presidente.
Quisiera también solicitar su autorización para que en este mismo acto presente
un proyecto de decreto que adiciona la fracción tercera al artículo 255 y
artículo 256bis del reglamento del Senado de la República relativo al
nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales locales que
también está pendiente de resolución.
Lo voy hacer de manera muy breve.
Primero reconocer la iniciativa que ha presentado el diputado Héctor Gutiérrez
Garza quien participó en la mesa de discusiones en la reforma política, que da
cuenta de que éste es un tema en el que no tuvimos acuerdo en las mesas de
negociación celebradas aquí en el Senado de la República con participación de
representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, tanto
del PRI y del PAN como del PRD.
Y aunque prevalece una de las diferencias de fondo, que es el establecimiento,
ya sea temporal o permanente, de los haberes de retiro de los magistrados.
Desde la discusión, que fue una discusión que empezamos hace tres meses en
donde no estuvo presente ese tema hasta el día 12 de mayo, sostuvimos con toda
claridad que ningún servidor público debería recibir emolumento alguno
adicional a los establecidos en la propia ley.
Porque, independientemente del cargo que un funcionario o un servidor público
ostente, pues no debe de tentar ningún tipo de privilegio adicional.
Por eso, hemos insistido en que debe eliminarse cualquier prebenda que
diferencie al resto de los servidores públicos porque el asunto no es, como lo
señalaba el magistrado Flavio Galván del Tribunal Superior de Justicia, que el
bono era una garantía para garantizar la imparcialidad del Tribunal Federal
Electoral.
Los recursos económicos no son una garantía y el actuar con imparcialidad y con
apego a la ley es una obligación de los servidores públicos, que con bono o sin
bono, con haber de retiro o sin haber de retiro, deben apegarse en todo tiempo
a los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza en los procesos
electorales.
Y mantenemos nuestra posición, ningún servidor público debe de recibir mayor
emolumento económico que los establecidos en la Ley del Trabajo al igual que
cualquier otro trabajador en nuestro país.
Y menos aun, otorgar mayores privilegios a una burocracia ya de por sí
privilegiada.
Basta ver cuál es el régimen salarial de prestaciones, de bono y de privilegios
que ostentan hoy los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la
Federación.
Reciben percepciones mensuales netas a partir de un sueldo base de compensación
garantizada, ése es el rubro; otros ingresos como parte de su salario; prima
vacacional; aguinaldo; pago por riesgo; seguro de vida; seguro colectivo de
retiro; gastos médicos mayores; seguro de separación individualizada con
aportaciones del 10 por ciento de su salario y el equivalente por parte del
Tribunal; auto y celular; viajes en primera clase en compañía de alguna
persona, que incluye renta de auto y viáticos; así como un bono adicional en el
año electoral y gastos de representación.
Eso representa, por ejemplo que el actual presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación reciba un sueldo base mensual de 182 mil, 440
pesos, prestaciones nominales por 64 mil 505, prima vacacional por 58 mil 447
pesos, que (inaudible) aguinaldo de 363 mil 713 pesos, le lleva a obtener, más
un pago por riesgo por 411 mil pesos, le lleva a tener un ingreso anual de 5
millones 985 mil pesos que contemplan los ingresos y las prestaciones.
Si lo comparamos estos con cargos equivalentes en otros países, vamos a tener
un referente del abuso que significan estos privilegios.
Por ejemplo, el Tribunal de la Suprema Corte de los Estados Unidos percibe 3
millones 245 mil pesos al año, muy por debajo de los 5 millones, casi 6
millones anuales del presidente del Tribunal; y en el caso del presidente del
Tribunal Supremo de España tiene una percepción anual de 2 millones 303 mil
pesos.
Por eso nosotros insistimos que debe de eliminarse la fracción del artículo 292
en donde se estableció indebidamente este privilegio adicional a los
magistrados y sus prestaciones se sujeten estrictamente a lo establecido en la
ley.
La iniciativa que acaban de presentar diputados del PRI señala que puede
establecerse el haber de retiro respecto a los dos años que están impedidos
para litigar, no para desempeñarse profesional o laboralmente en otra área.
Y la primera pregunta sería, en ese caso, ¿ese haber temporal de dos años
contemplará por ejemplo este concepto de prima de riesgo?
¿A qué riesgo se enfrenta un magistrado electoral?
No un riesgo mayor que los presidentes municipales de este país, que a la fecha
van 64 asesinados.
No un nivel de riesgo mayor que muchos de los periodistas que han sido
asesinados.
No un riesgo mayor que muchos legisladores locales y federales.
Son magistrados, no son bomberos ni policías federales, gente que realiza
actividades de alto riesgo, menos en el bunker en el que se encuentran
cubiertos allá en el sur de la ciudad.
Por eso nuestra propuesta y la propia que harán nuestros compañeros del grupo
parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados plantea con toda claridad y
precisión la derogación de este artículo que no fue resultado de negociación
alguna y que tanto, hay que reconocer, las representaciones de Acción Nacional
como la del PRD rechazamos en el momento en que se presentaron e indebidamente
fueron llevadas al dictamen que se discutió el 14 de mayo en la Cámara de
Diputados y que al día siguiente despertó una enorme indignación son sobrada
razón, no sólo en la Cámara de Diputados, sino en toda la sociedad mexicana.
Y finalizo también haciendo la presentación de la propuesta de las reformas al
reglamento del Senado de la República para incorporar como facultades del
Senado el nombramiento de los magistrados electorales que integran los órganos
jurisdiccionales locales en donde estamos planteando un procedimiento que surge
a partir de la emisión de una convocatoria por parte de la Junta de
Coordinación Política, donde se establecerán las reglas claras para que puedan
participar quienes aspiren a estos cargos.
En la instancia competente dentro del Senado de la República estará la Comisión
de Justicia, quien hará la valoración de los documentos que presenten los
distintos aspirantes desde su derecho de audiencia, presenten ante el pleno del
Senado una propuesta que deberá ser aprobada por mayoría calificada.
Pero ya debo recordar que hay mandato constitucional expreso para que antes del
30 de septiembre de 2014 estén nombrados todos los magistrados de las entidades
donde habrá proceso electoral local, que son 17.
Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Creo que esto debe resolverse a la brevedad e independientemente de que se
publique pronto o no lo que fueron las reformas a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, tomar la previsiones
hoy para que las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, a las que
compete este dictamen, puedan ir avanzando en la elaboración de un dictamen que
pueda emitirse al momento de la publicación de los decretos de estas dos leyes.
Y en un próximo periodo extraordinario de sesiones resolver este litigio que
jamás debió haberse presentado porque nunca fue un tema discutido, negociado y
acordado en la mesa de negociación.
Espero que sin el (inaudible) que se ha planteado, tomemos esas medidas para
resolver éste que es un hecho bochornoso frente a la enorme y difícil situación
que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos y que es indigno establecer
privilegios a quienes ya gozan de privilegios (inaudible) en este país.
Por su atención, muchas gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario