La CNDH tiene la obligación de
hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su
responsabilidad: Alejandro Encinas
INTERVENCION EN COMISION
20 de mayo de 2014
Intervención del senador
Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la
reunión de la Comisión de Derechos Humanos con el presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Muchas gracias, presidenta y muchas gracias al senador Pablo Escudero por la cortesía y la diplomacia parlamentaria, para permitirme sin violar el acuerdo, hacer una reflexión y una pregunta al señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le doy la bienvenida.
Voy a referirme, básicamente, a dos planteamientos que nos han hecho llegar muy diversas organizaciones sociales: en primer lugar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien hace un conjunto de reflexiones sobre el desempeño de la Comisión.
Plantea, en primer lugar, que se ha faltado al respeto del derecho de las víctimas y que se han observado malas prácticas por funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ya que no permiten el acceso a los expedientes sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas e incluso no se les entrega copia de los resultados del examen tóxico y psicológico de las víctimas, tal como lo establece el Manual de Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles e Inhumanas.
Hablan de la fragmentación de las recomendaciones en donde no se incluyen a todas las instituciones responsables de violaciones de los derechos humanos.
Ponen como ejemplo el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fue secuestrado junto con otro funcionario federal en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales, donde él se desempeñaba trabajando y que dos años después apareció su cuerpo, lo encontró la Subprocuraduría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada, en una fosa común en el estado de Nuevo León, entre tres cuerpos a los cuales se refirieron como sicarios, cuando era evidente que había sido él una víctima de secuestro.
Hacen observaciones respecto a la falta de seguimiento e intervención de la Comisión respecto a la reparación del daño de las víctimas, donde por lo general la Comisión suele por dar por concluido el seguimiento de recomendaciones con el hecho de que la autoridad responsable ofrezca ciertas reparaciones a las víctimas, particularmente indemnizaciones, lo cual daña los derechos de las víctimas de acuerdo a la Ley General que recientemente publicara el Congreso de la Unión.
Y dentro de los ejemplos ponen el caso de Miriam López, quien fue detenida arbitrariamente y sometida a graves torturas físicas y psicológicas, y ocho meses después de su detención fue puesta en libertad tras dictarse su sentencia absolutoria y a la fecha los perpetradores de las violaciones, éstos, a los derechos humanos de Miriam, no han sufrido ningún tipo de castigo.
Y concluyen, como parte de un planteamiento mucho más general, un fenómeno de dilación en la emisión de recomendaciones, particularmente en las investigaciones y la determinación de expedientes por violaciones graves como tortura, en donde participan elementos del Ejército Mexicano.
Estos cuatro planteamientos coinciden con otros que nos hicieron llegar decenas de organizaciones y personalidades –le voy a hacer llegar copia de todos los documentos—vinculados con el caso de las fosas de San Fernando. Estas fosas en donde se acreditó la masacre de 72 migrantes, el 25 de agosto del 2010 y que no solamente hubo dilación sino también no se ha dado satisfacción puntual a todas las demandas de las víctimas.
Más aún aquí, no la han dejado pasar, está presente la señora Mirna del Carmen, viene de El Salvador, es la madre de Glenda, que fue una de las víctimas de esa fosa, de las que apareció lamentablemente en esa fosa y no ha recibido la audiencia y la atención adecuada.
La pregunta que ellos nos formulan en el sentido de por qué la Comisión no vio ni escuchó directamente a las víctimas ni a los familiares de la masacre de los 72 migrantes encontrados en esa fosa.
Se puede afirmar que sí ha habido acercamiento, si más recientemente, después de la presencia de la audiencia del Quinto Visitador, Fernando Batista, aquí presente, a quien le hice el mismo comentario durante las audiencias en las comparecencias para elegir a los comisionados del IFAI, donde reconoció que no se atendió directamente a las víctimas, lo cual es un problema serio, en primer lugar, porque era muy difícil que los propios familiares de las víctimas se apersonaran en la Comisión Nacional, siendo gente que viene de Centroamérica, que tiene pocos recursos y que difícilmente pueden tener acceso a la justicia.
También señalan que en este caso de San Fernando, no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, de los cadáveres, y que quedaron dudas fundadas sobre que los restos entregados no necesariamente corresponden a sus familiares.
Por supuesto, usted nos va a decir que la labor de identificación forense le corresponde a la Procuraduría General de la República, y no necesariamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, la Comisión sí tiene la obligación de hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su responsabilidad.
Y en este caso la Comisión conoció de los errores que cometió la Procuraduría General de la República en materia forense y conoció las deficiencias a partir de las cuales se desarrolló todo el trabajo pericial.
Concluyo, porque se ha terminado el tiempo, en la idea de esto, no hay satisfacción plena en lo que ha sido de las investigaciones sobre el caso de la fosa del San Fernando; no se han deslindado responsabilidades al Estado mexicano, quien debió de salvaguardar la integridad de estos migrantes.
Usted decía que los migrantes enfrentan una doble tragedia derivada de su vulnerabilidad y son víctimas del abuso, de la extorsión, del maltrato, del secuestro, además de los abusos de la propia autoridad y quisiéramos conocer por qué, no solamente la dilación en el dictamen sino la desatención con los familiares de las víctimas, en este caso que, a la fecha, no solamente la recomendación no ha sido aplicada en pleno sino no ha atendido directamente el interés de los familiares de las víctimas.
Por sus respuestas, muchas gracias.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Muchas gracias, presidenta y muchas gracias al senador Pablo Escudero por la cortesía y la diplomacia parlamentaria, para permitirme sin violar el acuerdo, hacer una reflexión y una pregunta al señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le doy la bienvenida.
Voy a referirme, básicamente, a dos planteamientos que nos han hecho llegar muy diversas organizaciones sociales: en primer lugar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien hace un conjunto de reflexiones sobre el desempeño de la Comisión.
Plantea, en primer lugar, que se ha faltado al respeto del derecho de las víctimas y que se han observado malas prácticas por funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ya que no permiten el acceso a los expedientes sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas e incluso no se les entrega copia de los resultados del examen tóxico y psicológico de las víctimas, tal como lo establece el Manual de Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles e Inhumanas.
Hablan de la fragmentación de las recomendaciones en donde no se incluyen a todas las instituciones responsables de violaciones de los derechos humanos.
Ponen como ejemplo el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fue secuestrado junto con otro funcionario federal en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales, donde él se desempeñaba trabajando y que dos años después apareció su cuerpo, lo encontró la Subprocuraduría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada, en una fosa común en el estado de Nuevo León, entre tres cuerpos a los cuales se refirieron como sicarios, cuando era evidente que había sido él una víctima de secuestro.
Hacen observaciones respecto a la falta de seguimiento e intervención de la Comisión respecto a la reparación del daño de las víctimas, donde por lo general la Comisión suele por dar por concluido el seguimiento de recomendaciones con el hecho de que la autoridad responsable ofrezca ciertas reparaciones a las víctimas, particularmente indemnizaciones, lo cual daña los derechos de las víctimas de acuerdo a la Ley General que recientemente publicara el Congreso de la Unión.
Y dentro de los ejemplos ponen el caso de Miriam López, quien fue detenida arbitrariamente y sometida a graves torturas físicas y psicológicas, y ocho meses después de su detención fue puesta en libertad tras dictarse su sentencia absolutoria y a la fecha los perpetradores de las violaciones, éstos, a los derechos humanos de Miriam, no han sufrido ningún tipo de castigo.
Y concluyen, como parte de un planteamiento mucho más general, un fenómeno de dilación en la emisión de recomendaciones, particularmente en las investigaciones y la determinación de expedientes por violaciones graves como tortura, en donde participan elementos del Ejército Mexicano.
Estos cuatro planteamientos coinciden con otros que nos hicieron llegar decenas de organizaciones y personalidades –le voy a hacer llegar copia de todos los documentos—vinculados con el caso de las fosas de San Fernando. Estas fosas en donde se acreditó la masacre de 72 migrantes, el 25 de agosto del 2010 y que no solamente hubo dilación sino también no se ha dado satisfacción puntual a todas las demandas de las víctimas.
Más aún aquí, no la han dejado pasar, está presente la señora Mirna del Carmen, viene de El Salvador, es la madre de Glenda, que fue una de las víctimas de esa fosa, de las que apareció lamentablemente en esa fosa y no ha recibido la audiencia y la atención adecuada.
La pregunta que ellos nos formulan en el sentido de por qué la Comisión no vio ni escuchó directamente a las víctimas ni a los familiares de la masacre de los 72 migrantes encontrados en esa fosa.
Se puede afirmar que sí ha habido acercamiento, si más recientemente, después de la presencia de la audiencia del Quinto Visitador, Fernando Batista, aquí presente, a quien le hice el mismo comentario durante las audiencias en las comparecencias para elegir a los comisionados del IFAI, donde reconoció que no se atendió directamente a las víctimas, lo cual es un problema serio, en primer lugar, porque era muy difícil que los propios familiares de las víctimas se apersonaran en la Comisión Nacional, siendo gente que viene de Centroamérica, que tiene pocos recursos y que difícilmente pueden tener acceso a la justicia.
También señalan que en este caso de San Fernando, no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, de los cadáveres, y que quedaron dudas fundadas sobre que los restos entregados no necesariamente corresponden a sus familiares.
Por supuesto, usted nos va a decir que la labor de identificación forense le corresponde a la Procuraduría General de la República, y no necesariamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sin embargo, la Comisión sí tiene la obligación de hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su responsabilidad.
Y en este caso la Comisión conoció de los errores que cometió la Procuraduría General de la República en materia forense y conoció las deficiencias a partir de las cuales se desarrolló todo el trabajo pericial.
Concluyo, porque se ha terminado el tiempo, en la idea de esto, no hay satisfacción plena en lo que ha sido de las investigaciones sobre el caso de la fosa del San Fernando; no se han deslindado responsabilidades al Estado mexicano, quien debió de salvaguardar la integridad de estos migrantes.
Usted decía que los migrantes enfrentan una doble tragedia derivada de su vulnerabilidad y son víctimas del abuso, de la extorsión, del maltrato, del secuestro, además de los abusos de la propia autoridad y quisiéramos conocer por qué, no solamente la dilación en el dictamen sino la desatención con los familiares de las víctimas, en este caso que, a la fecha, no solamente la recomendación no ha sido aplicada en pleno sino no ha atendido directamente el interés de los familiares de las víctimas.
Por sus respuestas, muchas gracias.
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