Se utiliza al futbol como un distractor de un asunto político fundamental para el país, como el energético: Alejandro Encinas

ENTREVISTA

27 de mayo de 2014

Entrevista realizada al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, al concluir su conferencia de prensa sobre el Tratado de Beijing.

Pregunta (P). Senador, yo le quiero preguntar, hay una preocupación sobre si la reforma electoral en el caso del Distrito Federal se puede o no se puede adaptar la legislación local… (Inaudible)

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Bueno, hay una reforma constitucional que define nuevas atribuciones para el instituto nacional que impacta en todas las entidades, incluido el Distrito Federal, no solamente los estados de la República, sino al propio Distrito Federal.

Por lo tanto, no importa que no se modifique el estatuto de gobierno, ya que se trata de una reforma de carácter constitucional que está por encima jurídicamente del instituto y será aplicable para… plenamente para las elecciones locales y federales en el Distrito Federal.

P. … preocupación de que se deja en un …

AER. No, hay ningún limbo jurídico porque la Constitución está por encima del instituto y están definidas ya las atribuciones y competencias del órgano nacional y de los órganos locales que gozan de autonomía.

P. Bajo este esquema la Asamblea tendría los mismos 45 días que el resto de los Congresos locales para adaptar la legislación.

AER. Sí, tiene que hacer la adecuación, yo no veo ningún impedimento jurídico para que lo haga.

P. Senador, ya hay fechas para la discusión de la reforma energética y pareciera que el PRI y el PAN no hicieron ningún caso al llamado del PRD para que se discutieran…

AER. Pues, es plan con mañana, hay que decirlo con toda claridad, el día de la inauguración, el día de los partidos donde juega la selección nacional se programan las reuniones de dictamen, lo cual es sumamente irresponsable, porque se utiliza al futbol como un distractor de un asunto político fundamental para el país.

P. Senador, yo le quiero preguntar de su reunión que tuvo con el consejero jurídico de la Presidencia ¿qué temas abordaron?

AER. Nada más abordamos éste, yo venía a esta reunión, solicite que debía de venir con un planteamiento muy concreto para que demos garantías de que se ratifique el tratado, únicamente y exclusivamente.

P. Senador, en las siguientes reformas que están por negociarse y dictaminarse en telecom y energía, ¿se puede aplicar el mismo esquema que se aplicó en la política, donde los representantes del Ejecutivo metían mano incluso en la redacción de las reformas?

AER. Nosotros lo que hemos insistido es que la discusión debe darse en el Senado de la República, que haya discusión con representantes del gobierno es normal, pues están en el gobierno, son la mayoría incluso tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por supuesto que habrá intercambio de puntos de vista, pero creo que la experiencia obtenida hay que limitar mucho la participación de los representantes el gobierno para que no sustituyan a su grupo parlamentario.

P. Finalmente de mi parte quería preguntar ¿qué opina de que los estados le estén ocultado el número de comisionados del SNTE que están asignados a otras labores y no son la docencia.

AER. Bueno, yo creo que es muy fácil saberlo, no solamente son los estados, ya centralizaron el pago de la nómina de todos los maestros, ya el secretario de Educación conoce a detalle a quién se le paga, cuánto se le paga y en dónde; de modo tal de que ya el gobierno federal no tiene pretexto, una vez que ha centralizado la nomina, para no saber si estos son maestros que están laborando, son aviadores, son comisionados o algunos de ellos son difuntos.

P. Inaudible.

AER. El censo que anuncio Emilio Chauyfett desde el primer día que iba a hacer un censo, ya va un año y medio, no hay ningún resultado y ya no tiene ningún pretexto para tener certeza del número de comisionados y el número de cobros indebidos que existen dentro de la nomina del magisterio.

P. Senador, preguntarle hace algunos minutos diputados del PRI han anunciado que derogan esta posición de dar dos años de haber de retiro a los magistrados.

AER. Pues, me parece bien, nosotros planteamos la derogación, ese no es un asunto que deba establecerse en la ley, la Ley Federal del Trabajo, en el apartado B mismo, establece las prestaciones y los derechos a los que están sujetos los funcionarios y servidores públicos, de modo tal que no deben de gozar de ningún privilegio adicional.

P. Senador, parece que la discusión en telecomunicaciones va a cuenta gotas.

AER. Pues, no está el senador Lozano.

P. ¿Dónde anda?

AER. Anda en Madrid creo, está en Madrid, pues, por lo pronto a ver cuándo regresa y cómo se programan las reuniones de las comisiones unidas para dictaminar.

P. ¿Le van a agarrar las prisas, no?

AER. Pues, esperemos que no, esperemos que sea una discusión seria y que no haya periodo extraordinario hasta que no estén dictaminadas plenamente todas las reformas en materia de telecomunicaciones.

Gracias.

Reforma Política, Telecomunicaciones, Energía, y Comisionados del Magisterio: algunos de los temas de la agenda política en el senado: Encinas Rodríguez

Martes, 27 Mayo 2014

En el marco de la conferencia de prensa relativa a la ratificación del Tratado de Beijing en materia de derechos de autor, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez respondió a diversos cuestionamientos. El primero sobre la inquietud de si la reforma electoral recientemente aprobada, se puede adaptar a la legislación local, en el caso del Distrito Federal. El Senador señaló que existe una reforma constitucional que define nuevas atribuciones para el Instituto Nacional que impacta en todas las entidades, incluido el Distrito Federal. Por lo tanto, a decir del legislador, no importa que no se modifique el estatuto de gobierno ya que se trata de una reforma de carácter constitucional que está por encima jurídicamente del estatuto y será aplicable plenamente para las elecciones locales y federales en el Distrito Federal.

Hizo hincapié en que no hay ningún limbo jurídico por que la Constitución está por encima del estatuto y ya están definidas las atribuciones y competencias del  órgano nacional y de los órganos locales que gozan de autonomía. Al ser cuestionado respecto de que si el esquema tocaría también a la ALDF, Encinas Rodríguez enfatizó que la Asamblea, tendrá los mismos 45 días que el resto de los congresos locales para adaptar la legislación y no existe ningún impedimento jurídico para que lo hagan.

En torno a la discusión de la reforma energética, mencionó que había plan con maña pues nos fue atendida por el PAN y PRI la petición del PRD para que su discusión se postergara una vez concluido el Mundial de Futbol. Añadió que el día de la inauguración, y los días de los partidos donde juega la selección nacional se programan las reuniones de dictamen, lo cual es sumamente irresponsable porque se utiliza al futbol como un distractor de un asunto político fundamental para el país, puntualizó.

A la pregunta de que si en las siguientes reformas que estaban por negociarse y dictaminarse, como es el caso de telecom y energía, se podría aplicar el mismo esquema que se utilizado en la reforma política donde los representantes del ejecutivo metían mano incluso en la redacción de las reformas; Encinas expresó que el Grupo Parlamentario del PRD ha insistido en que la discusión debe darse en el Senado de la República, donde exista la participación de representantes del gobierno, ya que es normal pues están en el gobierno y son la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero no podemos permitir que su participación sustituya a su grupo parlamentario.

Al ser cuestionado respecto de los estados que están ocultando el número de comisionados del SNTE, asignados a otras labores que no son la docencia, respondió que no solamente son los estados, ya que se ha centralizado el pago de la nómina de todos los maestros. Mencionó que el secretario de educación pública conoce a detalle a quién se le paga, cuánto se le paga y en dónde; de modo tal que el gobierno federal ya no tiene pretexto, una vez que ha centralizado la nómina, para no saber si estos son maestros que están laborando, son aviadores, comisionados o algunos de ellos ya son difuntos.

Comentó que el censo anunciado por Emilio Chuayffete desde el primer día de clases, hace ya un año y medio, no da dado ningún resultado. Apuntó que en la SEP ya no tienen ningún pretexto para no tener certeza sobre el número de comisionados y el número de cobros indebidos que existen dentro de la nómina del magisterio.

Finalmente respecto a la posición del PRI de quitar el Haber de retiro, se congratuló al señalar que es una propuesta del PRD relativa a la derogación. Consideró que este no es un asunto que deba establecerse en la ley, ya que la propia Ley Federal del Trabajo, en el Apartado B establece las prestaciones y derechos a los que están sujetos los funcionarios y servidores públicos. De modo tal que no deben de gozar de ningún privilegio adicional.

Aristegui y Ulloa deben estar bajo amparo de la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas: Encinas Rodríguez

Martes, 27 Mayo 2014

En reunión de Trabajo de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, para resolver el Punto de Acuerdo referente a la incorporación de la C. Carmen Aristegui Flores  y de Teresa Ulloa y de sus respectivos equipos de trabajo al programa  para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez argumentó que este es un asunto de carácter jurídico y de ratificación de las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno.

No se trata de un asunto del fuero común y corresponde a la autoridad local tomar las medidas correspondientes; sin embargo, expresó, que es preciso reconocer que corresponde a la autoridad federal, a través de la Secretaría de Gobernación, la operación del mecanismo de protección a las personas  que están en condiciones de riesgo, tanto para quienes entran a la profesión del periodismo como a aquellos defensores de los derechos humanos. En ese sentido, el Senador por el Estado de México dijo no observar alguna contradicción en lo propuesto en el dictamen.

Encinas Rodríguez comentó que a su vez, no es un asunto estrictamente o solamente jurídico: también es un asunto político y humano. Es una situación que ante la evidencia, el Senado no puede hacer caso omiso y no emitir un exhorto, ya que está en riesgo la integridad física y la vida de dos mujeres y sus equipos de trabajo, quienes se han dedicado al periodismo crítico y a la defensa de los derechos humanos.

Tratado de Beijing pondrá a México a la vanguardia en la protección de sus artistas a nivel mundial

BOLETIN DE PRENSA

27 de mayo de 2014

El Senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con artistas e intérpretes a impulsar la ratificación del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, el cual contribuirá a dar mayor solidez a los derechos patrimoniales éstos.

El legislador por el Estado de México informó que este tratado en materia de derechos de autor establece como sujetos protegidos por la legislación a los autores, a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y obras audiovisuales, y a los organismos de radiodifusión.

“Lo cual implica una gran oportunidad ahora que estamos revisando la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, donde el tema de la radiodifusión va a ser sin lugar a dudas uno de los fundamentales ligado al pago de los derechos del autor”, mencionó

Alejandro Encinas aseguró que el Tratado de Beijing está en plena armonía con la legislación mexicana y aunque que la actual Ley Federal del Derecho de Autor es más amplia que el tratado, éste pondrá a México a la vanguardia de la protección de sus artistas a nivel mundial.

Además destacó que entre los beneficios que traerá la ratificación se encuentra la garantía del desarrollo de contenidos audiovisuales, la protección a nivel mundial de los artistas mexicanos y la contemplación de los derechos audiovisuales de los artistas.

“El tratado dará mayor firmeza a los derechos patrimoniales de los actores y actrices cinematográficos y otros artistas intérpretes o ejecutantes, abriendo la posibilidad de que estos obtengan ingresos adicionales de su labor”, señaló.

Por ello, se comprometió a hablar con los presidentes de las comisiones encargadas de este tema para hacer todas las gestiones necesarias ante el gobierno para ratificar la firma del Tratado de Beijing.

“Yo espero que a la brevedad posible podamos tener ya cerrado este ciclo en donde contribuyamos con una de las preocupaciones fundamentales que la Asociación ha planteado al Senado de la República y espero que encontremos muy pronto la respuesta del gobierno”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, Mario Casillas, a nombre de la comunidad artística mexicana demandó la urgente continuación de los trámites para la ratificación del Tratado de Beijing, el cuál no sólo beneficiará a los intérpretes, actores y cantantes mexicanos, sino de todo el mundo.

“El tratado viene a complementar la legislación de nuestro país en materia de derechos intelectuales de los artistas, intérpretes y actores”, mencionó.

Recordó que este tratado es el resultado de un consenso internacional en el cual la ANDI participó activamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra en 2011.

Mario Casillas aseguró que México no pude ser sordo o pasivo ante este tema, “mucho menos nuestro país, México que es cuna de grandes actores y potencia a nivel mundial con los contenidos audiovisuales que se generan”, sostuvo.

Por su parte la Secretaría de la Asociación Nacional de Actores, Yolanda Ciani, los actores Erick del Castillo, Ernesto Gómez Cruz, Manuel Ibañez, Dulce y el director de cine Víctor Ugalda pidieron al Senador Alejandro Encinas su apoyo para, por medio de este tratado, mejorar las condiciones de vida del 80 por ciento de los actores de México.

Finalmente, el senador Alejandro Encinas, como presidente de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, se comprometió a firmar un convenio con la ANDI y con la ANDA para mejorar el contenido del canal legislativo.

Ningún servidor público debe de recibir mayores privilegios que la mayoría: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA

21 de mayo de 2014

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos iniciativas; una con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 255 y un artículo 256 Bis al Reglamento del Senado de la República; y otra con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, diputado presidente.

Quisiera también solicitar su autorización para que en este mismo acto presente un proyecto de decreto que adiciona la fracción tercera al artículo 255 y artículo 256bis del reglamento del Senado de la República relativo al nombramiento de los magistrados de los tribunales electorales locales que también está pendiente de resolución.

Lo voy hacer de manera muy breve.

Primero reconocer la iniciativa que ha presentado el diputado Héctor Gutiérrez Garza quien participó en la mesa de discusiones en la reforma política, que da cuenta de que éste es un tema en el que no tuvimos acuerdo en las mesas de negociación celebradas aquí en el Senado de la República con participación de representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, tanto del PRI y del PAN como del PRD.

Y aunque prevalece una de las diferencias de fondo, que es el establecimiento, ya sea temporal o permanente, de los haberes de retiro de los magistrados.

Desde la discusión, que fue una discusión que empezamos hace tres meses en donde no estuvo presente ese tema hasta el día 12 de mayo, sostuvimos con toda claridad que ningún servidor público debería recibir emolumento alguno adicional a los establecidos en la propia ley.

Porque, independientemente del cargo que un funcionario o un servidor público ostente, pues no debe de tentar ningún tipo de privilegio adicional.

Por eso, hemos insistido en que debe eliminarse cualquier prebenda que diferencie al resto de los servidores públicos porque el asunto no es, como lo señalaba el magistrado Flavio Galván del Tribunal Superior de Justicia, que el bono era una garantía para garantizar la imparcialidad del Tribunal Federal Electoral.

Los recursos económicos no son una garantía y el actuar con imparcialidad y con apego a la ley es una obligación de los servidores públicos, que con bono o sin bono, con haber de retiro o sin haber de retiro, deben apegarse en todo tiempo a los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza en los procesos electorales.

Y mantenemos nuestra posición, ningún servidor público debe de recibir mayor emolumento económico que los establecidos en la Ley del Trabajo al igual que cualquier otro trabajador en nuestro país.

Y menos aun, otorgar mayores privilegios a una burocracia ya de por sí privilegiada.

Basta ver cuál es el régimen salarial de prestaciones, de bono y de privilegios que ostentan hoy los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.

Reciben percepciones mensuales netas a partir de un sueldo base de compensación garantizada, ése es el rubro; otros ingresos como parte de su salario; prima vacacional; aguinaldo; pago por riesgo; seguro de vida; seguro colectivo de retiro; gastos médicos mayores; seguro de separación individualizada con aportaciones del 10 por ciento de su salario y el equivalente por parte del Tribunal; auto y celular; viajes en primera clase en compañía de alguna persona, que incluye renta de auto y viáticos; así como un bono adicional en el año electoral y gastos de representación.

Eso representa, por ejemplo que el actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reciba un sueldo base mensual de 182 mil, 440 pesos, prestaciones nominales por 64 mil 505, prima vacacional por 58 mil 447 pesos, que (inaudible) aguinaldo de 363 mil 713 pesos, le lleva a obtener, más un pago por riesgo por 411 mil pesos, le lleva a tener un ingreso anual de 5 millones 985 mil pesos que contemplan los ingresos y las prestaciones.

Si lo comparamos estos con cargos equivalentes en otros países, vamos a tener un referente del abuso que significan estos privilegios.

Por ejemplo, el Tribunal de la Suprema Corte de los Estados Unidos percibe 3 millones 245 mil pesos al año, muy por debajo de los 5 millones, casi 6 millones anuales del presidente del Tribunal; y en el caso del presidente del Tribunal Supremo de España tiene una percepción anual de 2 millones 303 mil pesos.

Por eso nosotros insistimos que debe de eliminarse la fracción del artículo 292 en donde se estableció indebidamente este privilegio adicional a los magistrados y sus prestaciones se sujeten estrictamente a lo establecido en la ley.

La iniciativa que acaban de presentar diputados del PRI señala que puede establecerse el haber de retiro respecto a los dos años que están impedidos para litigar, no para desempeñarse profesional o laboralmente en otra área.

Y la primera pregunta sería, en ese caso, ¿ese haber temporal de dos años contemplará por ejemplo este concepto de prima de riesgo?

¿A qué riesgo se enfrenta un magistrado electoral?

No un riesgo mayor que los presidentes municipales de este país, que a la fecha van 64 asesinados.

No un nivel de riesgo mayor que muchos de los periodistas que han sido asesinados.

No un riesgo mayor que muchos legisladores locales y federales.

Son magistrados, no son bomberos ni policías federales, gente que realiza actividades de alto riesgo, menos en el bunker en el que se encuentran cubiertos allá en el sur de la ciudad.

Por eso nuestra propuesta y la propia que harán nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados plantea con toda claridad y precisión la derogación de este artículo que no fue resultado de negociación alguna y que tanto, hay que reconocer, las representaciones de Acción Nacional como la del PRD rechazamos en el momento en que se presentaron e indebidamente fueron llevadas al dictamen que se discutió el 14 de mayo en la Cámara de Diputados y que al día siguiente despertó una enorme indignación son sobrada razón, no sólo en la Cámara de Diputados, sino en toda la sociedad mexicana.

Y finalizo también haciendo la presentación de la propuesta de las reformas al reglamento del Senado de la República para incorporar como facultades del Senado el nombramiento de los magistrados electorales que integran los órganos jurisdiccionales locales en donde estamos planteando un procedimiento que surge a partir de la emisión de una convocatoria por parte de la Junta de Coordinación Política, donde se establecerán las reglas claras para que puedan participar quienes aspiren a estos cargos.

En la instancia competente dentro del Senado de la República estará la Comisión de Justicia, quien hará la valoración de los documentos que presenten los distintos aspirantes desde su derecho de audiencia, presenten ante el pleno del Senado una propuesta que deberá ser aprobada por mayoría calificada.

Pero ya debo recordar que hay mandato constitucional expreso para que antes del 30 de septiembre de 2014 estén nombrados todos los magistrados de las entidades donde habrá proceso electoral local, que son 17.

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Creo que esto debe resolverse a la brevedad e independientemente de que se publique pronto o no lo que fueron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, tomar la previsiones hoy para que las comisiones del Senado o de la Cámara de Diputados, a las que compete este dictamen, puedan ir avanzando en la elaboración de un dictamen que pueda emitirse al momento de la publicación de los decretos de estas dos leyes.

Y en un próximo periodo extraordinario de sesiones resolver este litigio que jamás debió haberse presentado porque nunca fue un tema discutido, negociado y acordado en la mesa de negociación.

Espero que sin el (inaudible) que se ha planteado, tomemos esas medidas para resolver éste que es un hecho bochornoso frente a la enorme y difícil situación que enfrenta la inmensa mayoría de los mexicanos y que es indigno establecer privilegios a quienes ya gozan de privilegios (inaudible) en este país.

Por su atención, muchas gracias.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cBWwNW7Qh_w&feature=youtu.be

Pide PRD esclarecer asesinato de presidente municipal de Michoacán

BOLETIN DE PRENSA

Senadores PRD

21 de mayo de 2014

Necesario crear Fiscalía para aclarar asesinato de 62 ediles en el país.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez informó que presentará una excitativa para que la Comisión de Justicia dictamine el punto de acuerdo presentado por el PRD, por el que se le solicita a la Procuraduría General de la República atraer la investigación y esclarecer el asesinato del presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán.

En conferencia de presa, el legislador por el Estado de México señaló que es necesaria la creación de una Fiscalía Especial para aclarar el asesinato de 62 ediles en el país.

Recordó que el alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza, estableció un campamento y una huelga de hambre a fuera del Senado de la República en demanda de la solución de problemas municipales.

“No solamente fue una causa de defensa legítima de su municipio, sino de la forma en la que lamentablemente se manejan los recursos hacia los municipios del país”, reconoció

Señaló que desde entonces se denunciaron amenazas a su persona y no se dieron ni se dan garantías al desarrollo y desempeño de las funciones de los presidentes municipales.

Por su parte, el senador Miguel Barbosa Huerta señaló que no se ve que las instituciones de procuración de justicia de Michoacán tengan imparcialidad, capacidad e integración para poder investigar y resolver este caso, por lo que solicitan a la PGR atraerlo.

Además, agregó, pedimos la creación de una Fiscalía Especial que atienda e investigue el asesinato de 64 alcaldes, en menos de un año, en todo el territorio nacional.

“Es un asunto que preocupa, la seguridad pública es un asunto en el que se envuelve nuestra sociedad en todo el país, no solamente en Michoacán, pero estamos hablando de un caso concreto”, apuntó.

El coordinador de los Senadores del PRD reconoció que la estrategia de seguridad en Michoacán ha evolucionado favorablemente la situación en esa entidad, pero aún existe el reto de tener un estado reestablecido en la relación autoridad- sociedad, antes de iniciar el proceso electoral del siguiente año.

“Sin duda que estaba rebasada la autoridad en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, y hoy hay una recuperación, se están reconstruyendo las instituciones en Michoacán, y este punto de acuerdo de origen tiene ese propósito”, mencionó.

Natasha López, hija de Ygnacio López Mendoza, informó que a seis meses del asesinato de su padre no se tienen avances sobre la investigación, y tanto familiares como la Asociación de Autoridades Locales de México, AALMAC, siguen insistiendo en la aplicación de la justicia a los autores intelectuales y materiales de este crimen.

Señaló que tanto la AALMAC como familiares de Ygnacio López, consideran urgente una política del Poder Legislativo para atender las carencias para resolver las necesidades urgentes que tienen las comunidades más pobres del país y la inseguridad que se vive en éstas.

En la conferencia participaron las senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña, el coordinador Miguel Barbosa Huerta, los senadores Manuel Camacho Solís, Armando Ríos Piter; así como Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán, dirigentes del PRD; representantes de la Asociación de Autoridades Locales de México, y familiares del alcalde asesinado.

https://www.youtube.com/watch?v=UDuHa9Str8Q&feature=youtu.be

La CNDH tiene la obligación de hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su responsabilidad: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN COMISION

20 de mayo de 2014

Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Muchas gracias, presidenta y muchas gracias al senador Pablo Escudero por la cortesía y la diplomacia parlamentaria, para permitirme sin violar el acuerdo, hacer una reflexión y una pregunta al señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien le doy la bienvenida.

Voy a referirme, básicamente, a dos planteamientos que nos han hecho llegar muy diversas organizaciones sociales: en primer lugar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien hace un conjunto de reflexiones sobre el desempeño de la Comisión.

Plantea, en primer lugar, que se ha faltado al respeto del derecho de las víctimas y que se han observado malas prácticas por funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ya que no permiten el acceso a los expedientes sobre las violaciones a los derechos humanos de las víctimas e incluso no se les entrega copia de los resultados del examen tóxico y psicológico de las víctimas, tal como lo establece el Manual de Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o penas Crueles e Inhumanas.

Hablan de la fragmentación de las recomendaciones en donde no se incluyen a todas las instituciones responsables de violaciones de los derechos humanos.

Ponen como ejemplo el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, quien fue secuestrado junto con otro funcionario federal en las instalaciones de Caminos y Puentes Federales, donde él se desempeñaba trabajando y que dos años después apareció su cuerpo, lo encontró la Subprocuraduría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada, en una fosa común en el estado de Nuevo León, entre tres cuerpos a los cuales se refirieron como sicarios, cuando era evidente que había sido él una víctima de secuestro.

Hacen observaciones respecto a la falta de seguimiento e intervención de la Comisión respecto a la reparación del daño de las víctimas, donde por lo general la Comisión suele por dar por concluido el seguimiento de recomendaciones con el hecho de que la autoridad responsable ofrezca ciertas reparaciones a las víctimas, particularmente indemnizaciones, lo cual daña los derechos de las víctimas de acuerdo a la Ley General que recientemente publicara el Congreso de la Unión.

Y dentro de los ejemplos ponen el caso de Miriam López, quien fue detenida arbitrariamente y sometida a graves torturas físicas y psicológicas, y ocho meses después de su detención fue puesta en libertad tras dictarse su sentencia absolutoria y a la fecha los perpetradores de las violaciones, éstos, a los derechos humanos de Miriam, no han sufrido ningún tipo de castigo.

Y concluyen, como parte de un planteamiento mucho más general, un fenómeno de dilación en la emisión de recomendaciones, particularmente en las investigaciones y la determinación de expedientes por violaciones graves como tortura, en donde participan elementos del Ejército Mexicano.

Estos cuatro planteamientos coinciden con otros que nos hicieron llegar decenas de organizaciones y personalidades –le voy a hacer llegar copia de todos los documentos—vinculados con el caso de las fosas de San Fernando. Estas fosas en donde se acreditó la masacre de 72 migrantes, el 25 de agosto del 2010 y que no solamente hubo dilación sino también no se ha dado satisfacción puntual a todas las demandas de las víctimas.

Más aún aquí, no la han dejado pasar, está presente la señora Mirna del Carmen, viene de El Salvador, es la madre de Glenda, que fue una de las víctimas de esa fosa, de las que apareció lamentablemente en esa fosa y no ha recibido la audiencia y la atención adecuada.

La pregunta que ellos nos formulan en el sentido de por qué la Comisión no vio ni escuchó directamente a las víctimas ni a los familiares de la masacre de los 72 migrantes encontrados en esa fosa.

Se puede afirmar que sí ha habido acercamiento, si más recientemente, después de la presencia de la audiencia del Quinto Visitador, Fernando Batista, aquí presente, a quien le hice el mismo comentario durante las audiencias en las comparecencias para elegir a los comisionados del IFAI, donde reconoció que no se atendió directamente a las víctimas, lo cual es un problema serio, en primer lugar, porque era muy difícil que los propios familiares de las víctimas se apersonaran en la Comisión Nacional, siendo gente que viene de Centroamérica, que tiene pocos recursos y que difícilmente pueden tener acceso a la justicia.

También señalan que en este caso de San Fernando, no se verificó que se cumplieran las normas mínimas para la identificación de los restos, de los cadáveres, y que quedaron dudas fundadas sobre que los restos entregados no necesariamente corresponden a sus familiares.

Por supuesto, usted nos va a decir que la labor de identificación forense le corresponde a la Procuraduría General de la República, y no necesariamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Comisión sí tiene la obligación de hacer el seguimiento minucioso de que las autoridades cumplan con su responsabilidad.

Y en este caso la Comisión conoció de los errores que cometió la Procuraduría General de la República en materia forense y conoció las deficiencias a partir de las cuales se desarrolló todo el trabajo pericial.

Concluyo, porque se ha terminado el tiempo, en la idea de esto, no hay satisfacción plena en lo que ha sido de las investigaciones sobre el caso de la fosa del San Fernando; no se han deslindado responsabilidades al Estado mexicano, quien debió de salvaguardar la integridad de estos migrantes.

Usted decía que los migrantes enfrentan una doble tragedia derivada de su vulnerabilidad y son víctimas del abuso, de la extorsión, del maltrato, del secuestro, además de los abusos de la propia autoridad y quisiéramos conocer por qué, no solamente la dilación en el dictamen sino la desatención con los familiares de las víctimas, en este caso que, a la fecha, no solamente la recomendación no ha sido aplicada en pleno sino no ha atendido directamente el interés de los familiares de las víctimas.

Por sus respuestas, muchas gracias.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ISm9wVTzpDM

Haber haberes

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

20 mayo 2014

Gran indignación ha desatado la pretensión de otorgar a los magistrados del Trife una pensión vitalicia. Haber de retiro, le llaman sus promotores, quienes introdujeron el asunto como parte de la Reforma Política, cuando en realidad se trata de un pago de facturas de cara a la resolución de los casos Monex, la violación al tope de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 y a los comicios de 2015.

Tal medida deriva de un inescrupuloso acto de introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación una disposición, la cual, según el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, “fue parte de los acuerdos que se hicieron en las mesas de negociación”.

Nada más ajeno a la verdad. Nunca existió tal acuerdo. El haber de retiro no estaba incluido en los documentos que se presentaron a discusión. No estuvo en los documentos del 3 y el 7 de mayo cuando se debatió la propuesta de medios de impugnación, como no lo estuvo el 9 de mayo cuando se discutió el Procedimiento Especial Sancionador y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El 11 de mayo se discutieron las propuestas del PAN y del PRD y se realizaron cambios relativos a la consulta popular. El 12 de mayo se envió el borrador del dictamen de la LGIPE, que incorporaba el haber de retiro. Tras una amplia discusión se acordó eliminarlo, al igual que en la reunión celebrada el 13 de mayo. Sin embargo, el 14 de mayo, en el dictamen publicado en la Gaceta del Senado persistió el tema, por lo que exigimos el cumplimiento del acuerdo, lo que fue rechazado por el gobierno. Presentamos  entonces una reserva en lo particular que fue desechada.

Es inaceptable otorgar privilegios a una burocracia ya privilegiada. Los magistrados perciben 4 millones 206 mil pesos al año -2 millones 601 mil 900 pesos como sueldo; 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por concepto de pago por riesgo (sic).

Los magistrados defienden este privilegio llegando a actitudes grotescas, como las declaraciones del magistrado Flavio Galván, quien afirma que el bono “es para garantizar imparcialidad”. “¿Quién de los críticos está dispuesto a devolver lo que está ganando solo porque México está en crisis?”.

¿Quiénes son estos magistrados? Galván es el expresidente del Trife que debió renunciar al cargo, sin dejar de formar parte del tribunal, tras los señalamientos de colusión en los actos de corrupción de su colaboradora, Norma Inés Aguilar León, acusada de intentar obtener 5 millones pesos a cambio de conceder el contrato de compra venta del inmueble para la sala regional del Distrito Federal.

Alejandro Luna Ramos, presidente del Trife, miembro de una red familiar compuesta por su hermana, la ministra Margarita Luna Ramos y al menos once parientes más ubicados en puestos clave dentro del sistema judicial. Luna Ramos fue quien acuñó el criterio de no determinancia de los actos fraudulentos en las elecciones de 2006 que llevó a la presidencia a  Felipe Calderón.

Salvador Nava, en 2007 se reunió en secreto con Jorge Hank Rhon cuando éste era candidato a gobernador de Baja California, quien le organizo un recorrido por su zoológico y le hizo obsequios. Nava lo negó. Sin embargo, elaboró el dictamen que rechazó las quejas del PAN por la violación a la llamada “ley antichapulín” que convalidó la candidatura del priista.

María del Carmen Alanís. La expresidenta del Trife fue denunciada por haberse reunido en sigilo en marzo de 2011 con emisarios del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debía resolver esa instancia. La evidencia la obligó a excusarse de intervenir en el caso. Dentro de sus actos destaca la entrega de la presidencia nacional del PRD a Jesús Ortega.

Ningún servidor público debe recibir mayor emolumento que los establecidos en la ley. Estos haberes son un caudal de la hacienda pública que se pretende otorgar a quienes no tienen en su haber cualidades que honren su desempeño público.

Senador de la República

Rechazo tajante a conceder privilegios a Magistrados y funcionarios públicos: Encinas Rodríguez.

Jueves, 15 Mayo 2014

Aun cuando la Cámara de Senadores aprobó anoche modificar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los magistrados puedan obtener una pensión vitalicia, cuando ya ganan 4 millones 206 mil pesos al año, de los cuales 2 millones 601 mil 900 pesos son de sueldos y salarios; 866 mil 353 en prestaciones y 737 mil 718 por concepto de “pago por riesgo”.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez dejó en claro que el Grupo Parlamentario del PRD desde la mesa de negociación interna sobre la Reforma Política, rechazó contundentemente la incorporación en el dictamen, respecto al bono vitalicio millonario de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral.

Destacó, que el senador Luis Sánchez incorporó una reserva al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,  la cual fue rechazada por el Pleno del Senado. Con esta reserva se buscaba eliminar la fracción XXXI del mencionado artículo que señala “Determinar, en su caso, el haber de retiro de los Magistrados de la Sala Superior”, es decir, otorgar pensión vitalicia a estos servidores públicos al final de su encargo.

El senador Alejandro Encinas, señala que el tema no fue acordado en la mesa de negociación y señaló que el PRD en todo momento se ha manifestado en contra de otorgar privilegios a funcionarios por considerarlos fuera de la ley.

Enfatizó, que no obstante se haya clausurado el periodo extraordinario, esto no impide promover la modificación en la Cámara de Diputados donde se encuentra en debate este dictamen.

Copia de la reserva...

Vamos al 2015 con reforma en materia político- electoral: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA

14 de mayo de 2014

·    Un objetivo fue eliminar el secuestro que los gobernadores tenían respecto de los órganos electorales en las entidades

·    Las Comisiones se concentraron de origen en la definición puntual del modelo electoral en el país

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para hablar sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y del decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER). Mue buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.

Como ya se ha señalado aquí el senador Miguel Ángel Chico y la senadora Cristina Díaz, hoy cerramos un proceso de discusión que ha sido intenso, contradictorio y que ha atravesado por un, valga la referencia a una canción, un largo y sinuoso camino.

No es un asunto novedoso, esta discusión inició cuando debatimos la reforma constitucional en materia de reforma política, en donde se presentaron dos visiones distintas del modelo electoral que debe vivir el país.

Y desde entonces, se confrontaron la visión de un centralismo desmedido y por el otro la visión vuelta realidad de la feudalización de los procesos electorales y el secuestro de cómo… de cuál habían sido objeto los órganos electorales en los estados que había de meditado su autonomía y perdido el carácter de órganos imparciales, órganos que garantizaran la legalidad, la equidad y la certeza en los procesos electorales en los estados.

El punto de partido de rediseño de este modelo electoral fue el argumento esgrimido por las direcciones nacionales de los distintos partidos que suscribieron el llamado Pacto por México de eliminar justamente el secuestro que los gobernadores de los estados tenían respecto de los órganos electorales, aunque claro como lo dije también en la discusión constitucional este (Inaudible) era resultado o derivaba de la corrupción y de la complicidad de los partidos políticos que en la negociación y el reparto de lo que eran las responsabilidades e integrantes de los órganos electorales habrían participado cediéndole la mayoría y el control de esos órganos a los gobernadores.

Por eso, no ha sido sencilla la construcción de este dictamen, que plantea no solamente dos nuevas leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una Ley General de Partidos Políticos con la cual no se contaba, sino que además se reforma tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y donde se va a discutir todo el tema sancionador, y habrá todavía que llevarse a cabo otras reformas como las reformas a la Ley Orgánica del Congreso y espero que se cumpla, como ha sido parte de los acuerdos y conclusiones que hemos alcanzado en este proceso la publicación de la Ley de Propaganda Gubernamental y la Ley del Derecho de Réplica que son parte consustancial al fortalecimiento de estas acciones.

Yo quisiera destacar en particular como el tema central del debate en el que participamos los presidentes y las mesas directivas en particular de las comisiones de Gobernación, de Reforma del Estado, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, se concentraron de origen en la definición puntual del modelo electoral en el país, que no es un asunto menor porque son las reglas que nos damos, no solamente para integrar los órganos de representación, sino las reglas básicas para la integración democrática del ejercicio del poder público y del Gobierno.

Y por eso, de los temas centrales del debate entre centralismo, federalismo o centralismo contra feudalización de los procesos electorales, el tema nodal fue la definición de las facultades originarias, que eran anteriormente parte de las facultades que ejercían los estados en materia de definiciones de su gobierno interior, de su régimen interior, que fueron trasladadas al Instituto Nacional Electoral.

Ya que estas facultades originarias no solamente se refieren al nombramiento de los integrantes de los órganos electorales en los estados, sino que absorbe otras partes del proceso que van desde dictar mandamientos en materia de lo que son los programas de conteo rápido, los programas de resultados preliminares, la elaboración de encuestas en incluso la capacitación electoral.

Y el debate respecto a facultades originarias, facultades delegables, facultades concurrentes entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales ha permitido tener definiciones puntuales respecto a las condiciones donde por ejemplo el Instituto Nacional Electoral puede atraer la organización y el desarrollo pleno de una elección en los estados.

Y cómo también, a petición del órgano público local electoral, puede éste solicitar al INE la atracción en cualquier momento del proceso electoral de alguna de las fases del mismo proceso.

Éste no es un asunto menor, hemos dotado de una fuerza monumental al Instituto Nacional Electoral, que de hecho yo lo he sostenido en diversas ocasiones, prácticamente se le dota de un poder metaconstitucional porque en el momento en que decida la atracción total de un proceso electoral en un estado en el facto estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes en la entidad en donde se haga atracción de este proceso electoral.

Porque qué gobernador, qué congreso local podrá sostenerse si el Instituto Nacional Electoral atrae una elección porque no existen las condiciones de gobernabilidad o las condiciones para garantizar la legalidad en el desarrollo del proceso electoral.

Aquí requerimos, para desaparecer poderes de un estado, de las dos terceras partes de los integrantes del Senado de la República.

Hoy el INE con el voto de ocho de sus consejeros y consejeras de facto pueden borrar a un gobierno local en cualquier entidad.

De ahí la importancia de tener plenamente claras y definidas los criterios a partir de los cuales puede ejercer la facultad de atracción para evitar el uso político de esta atribución que el instituto tienen y goza de un poder político que va más allá de la organización de los procesos de carácter electoral.

Creo que hay avances importantes en otros temas: el caso de que a solicitud de los partidos puedan organizarse los procesos internos de los mismos por el INE; el fortalecimiento del servicio del profesional electoral; el establecer en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos sanciones específicas a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas y en delitos dentro de las elecciones; y en particular en el control y el manejo de los recursos en la elección.

Y creo que tenemos que ver de manera integral la reformas que en materia de financiamiento, fiscalización, inteligencia financiera, tope de gastos de campaña y prorrateo de los gastos en las campañas electorales, buscan acabar con la discrecionalidad que se tiene en cuanto a la contabilidad que permite disfrazar el tope de gastos de campaña, así como la percepción de aportaciones de particulares a los partidos.

El financiamiento se estableció con toda precisión un tope máximo de 10 por ciento de financiamiento privado respecto al tope de gastos de campaña durante el proceso electoral.

Y encontramos una fórmula equitativa para que el gasto ordinario de los (inaudible) pueda incluir las aportaciones de militantes, afiliados y particulares hasta en el 2 por ciento del financiamiento público total que reciben los partidos.

No es un monto pequeño, ya que en estos momentos el financiamiento público alcanza los 3 mil 925 millones de pesos, lo que significará que cada partido político podrá incluir en sus percepciones, en sus ingresos de aportaciones de militantes y simpatizantes, hasta 80 millones de pesos al año.

Lo cual va a permitir regular mejor el manejo de los recursos.

Y hemos acordado, y viene en esta disposición, establecer normas de contabilidad mucho más precisas que permitan diferenciar el gasto ordinario de los partidos, el gasto electoral y un área de una profunda opacidad en el proceso electoral que son los gastos en estructura electoral durante las campañas, que permitía ocultar el rebase del tope de campaña porque toda la estructura electoral se disfrazaba de gasto ordinario.

Creo que en materia de, integrando junto con esto las responsabilidades de inteligencia financiera, que ahora una unidad que no será independiente del Consejo y la toma como una profunda discrecionalidad, pues permitía y simulaba de hecho que no ser rebasaba el tope de gastos de campaña por un partido mientras a otros los sancionaba por haber rebasado el tope y ante la evidencia de que no se había incurrido a ese delito.

Me refiero a la última decisión de la Unidad de Fiscalización que sancionó al PRD por rebase de gastos del tope de campaña y no considero en lo propio en el caso del PRI.

Voy a concluir, pero voy a hacer mis dos intervenciones en un solo acto para ahorrarnos tiempo y voy a referirme a todos los partidos.

En materia del fortalecimiento de derechos ciudadanos, creo que debemos destacar en primer lugar el cumplimiento del compromiso para garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres en el proceso electoral. No solamente en lo que se refiere al establecimiento de fórmulas del mismo género en propietarias y suplentes, la alternancia sucesiva en las listas de representación proporcional, sino la obligación de los partidos para establecer y dar a conocer los criterios a partir de los cuales va a permitir la paridad de género en los distritos de mayoría relativa e incluso vinculado esto con el fortalecimiento de lo que son los sistemas normativos tradicionales para la designación de las autoridades de los pueblos indígenas en este precepto también se incluye de manera muy puntual la obligación de incorporar a pesar de los sistemas tradicionales en las comunidades indígenas, la participación igualitaria de las mujeres en los órganos de representación.

Un paso sin lugar a dudas importante fue la eliminación de restricciones en el caso de candidaturas independientes, donde no habrá limite para el registro de éstas en ninguna de los cargos que se postulen para elección popular, como también se establecen umbrales alcanzables para poder hacer ejercible este derecho, el uno por ciento de la lista nominal para Presidente, el dos por ciento en los que se refiere a otras elecciones.

¿Qué significa esto? Que quien aspire a ser candidato a Presidente de la República pues tendrá que reunir 800 mil firmas cumpliendo los mismos requisitos que establecimos en la Ley General de Consulta Popular y que quiera aspirar por ejemplo a una diputación en promedio, con sólo 5 mil firmas de ciudadanos de ese distrito y en otros casos mucho menos y todavía menos en el caso de presidentes municipales podrá ejercerse la posibilidad de la candidatura independiente.

Y vale la pena destacar la atención que se ha tenido en particular con los mexicanos residentes en el exterior, en donde por primera vez va a establecerse la obligación del Instituto Nacional Electoral de hacer campañas de credencialización en las embajadas y consulados de nuestro país en el extranjero para que todos los mexicanos puedan tener su credencial de elector, que no solamente los identifique como ciudadanos mexicanos sino que también reconozca su residencia fuera de nuestro país.

Y junto con ello podrá ejercerse el voto ya no solamente a través del correo, sino de manera presencial a través de la vía electrónica con lo que con estas modalidades para la emisión del voto se puede garantizar el derecho al voto activo desde el extranjero.

En materia de partidos políticos, yo creo que lo más importante ha sido las normas que se establecieron para garantizar la transparencia y acceso a la información, para que los partidos rindan cuentas de sus recursos, de sus origen, de sus destinos, de los mecanismos de toma de decisiones para evitar su manejo discrecional.

Con lo cual se (Inaudible), quizá, previo a la publicación de la Ley General de Acceso a la Información, un marco normativo que no se reduce solamente a conocer la declaración de principios, el programa, los estatutos, los dirigentes y las convocatorias de los partidos, sino también conocer pues si patrimonio y conocer todas las decisiones de carácter político, favoreciendo, que es el segundo aspecto importante de esta ley, lo que son los derechos de los militantes, con lo que se ha fortalecido todo el sistema de justicia partidaria para evitar abusos.

Son muchos los temas que abarcan estas cinco leyes, podría referirme por ejemplo a un avance importante que va a ser la casilla única en elecciones concurrentes donde no solamente disminuirá el costo de las campañas electorales, sino que también permitirá ir garantizando la homologación de la calidad de los procesos electorales entre el ámbito federal y el ámbito local.

Creo que son de los avances más significativos, teniendo en cuenta, y eso lo quiero subrayar para finalizar, pues que en realidad en este debate tenemos de origen dos visiones, el de la centralización, que fue el objetivo principal del que partió la reforma constitucional y que ahora ha dado lugar a un modelo híbrido en donde concurren autoridades federales y locales en el ámbito local.

Y en el otro extremo la lamentable desaparición del Instituto Federal Electoral, una institución que se construyó a lo largo de muchas décadas, que pasó en un primer momento por la ciudadanización de los órganos electorales donde con consejeros ciudadanos aún mantenía control el Gobierno de cada una de estas instancias, tanto de la Comisión Federal Electoral como el primer Instituto Federal Electoral.

Pasamos a la autonomía del instituto y ahora hemos pasado a su disolución al igual que la disolución de los institutos electorales locales donde no solamente se invirtieron muchos recursos, sino que se generó una experiencia institucional y un capital humano muy importante que lamentablemente puede perderse después de haberse construido durante cerca de tres décadas.

Vamos al 2015 con esta reforma, ya el INE tendrá plenamente el ejercicio de sus facultades al momento de su publicación, los estados de la República deberán adecuar inmediatamente su marco constitucional y normativo y veremos a la prueba de las urnas de esta ley en el 2015 que seguramente estaremos revisando para el 2016.

Yo reconozco el trabajo de mis compañeros presidentes de otras comisiones, al senador Miguel Ángel Chico, de Reforma del Estado; a la senadora Cristina Díaz, de Gobernación; a Roberto Gil, de Justicia; a Javier Corral, de Prácticas Parlamentarias.

No ha sido sencillo pero hasta aquí llegamos de acuerdo, éstos son los acuerdos que pudimos construir, algunos nos hubiera gustado avanzar más, hay temas pendientes, pero seguro en el 2016 los habremos de volver a votar.

Muchas Gracias.