Hacia una nueva Constitución
Domingo, 07
Febrero 2016
Nos
encontramos a un año de que la Constitución emanada de la Revolución Mexicana
cumpla su centenario. Se trata de una oportunidad invaluable para colocar su
devenir en el centro del debate y reflexionar en torno a la necesidad de una
nueva Constitución que actualice y establezca un nuevo pacto para la
convivencia entre los mexicanos.
En estos
casi cien años transcurridos, el Pacto Social y el Pacto Federal que le dio
origen a la Constitución de 1917 han sido desmantelados.
Nuestra
Constitución ha sufrido 697 modificaciones, (93 tan solo durante el actual
gobierno), y si bien algunas de estas reformas retoman las banderas de la
movilización social y de las fuerzas progresistas, en su esencia, la
Constitución reformada ha dejado de ser una carta de derechos esenciales, que
represente las aspiraciones y los valores de nuestra sociedad, para atender los
intereses y la ambición de una minoría privilegiada.
Dentro de
las reformas de avanzada de que ha sido objeto la Constitución, debemos
reconocer, el derecho al sufragio de las mujeres alcanzado en 1953; el
reconocimiento de los derechos humanos, así como las garantías para su
protección, plasmados en el Artículo 1º Constitucional; el reconocimiento y
garantía de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y
autonomía, en el Artículo 2º; el derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la
autoridad en el Artículo 6º, y, recientemente, la reforma que reconoce la
soberanía a los habitantes de la Ciudad de México.
Sin embargo,
las reformas promovidas por el neoliberalismo han desmantelado los pilares
fundamentales de nuestra constitución: la propiedad originaria de la Nación
sobre los recursos del subsuelo; la rectoría económica y las responsabilidades
sociales del Estado, así como los derechos sociales de los mexicanos: el
derecho agrario, el derecho laboral y el derecho a la educación.
Los cambios
promovidos al Artículo 27, primero por Carlos Salinas de Gortari, en 1992, como
requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, eliminó
el carácter inalienable de las tierras de ejidos y comunidades buscando su
privatización, y posteriormente, la reforma energética, eliminó el principio de
la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos del subsuelo,
legalizando el despojo de las tierras sociales o privadas, para la explotación
de hidrocarburos y la minería, bajo eufemismos como la “ocupación temporal” o
la servidumbre de paso sobre las tierras, perpetrando el mayor saqueo de la
riqueza nacional de nuestra historia.
La reforma
laboral desmanteló los derechos de los trabajadores establecidos en el Artículo
123, a la sindicación y a la contratación colectiva, a la estabilidad y
permanencia en el empleo, a una jornada laboral de ocho horas y al pago de un
salario remunerador, al desregular la relación entre patrones y trabajadores,
permitiendo la contratación por hora, día, semana o mes, la contratación a
prueba o para capacitación y la subcontratación (outsourcing), dejando
en la indefensión a los trabajadores y profundizando la precarización del
trabajo y de los salarios.
La reforma
educativa pretende revertir a través de leyes secundarias el carácter laico,
público y gratuito de la educación establecido en el Artículo 3o,
estableciendo un régimen de excepción laboral para el magisterio, al que se
pretende someter y reincorporar al control corporativo del Estado. Con la
reforma educativa todo cambió, según el delfín presidencial, menos la
educación.
La Constitución
ha sido objeto de una sucesión interminable de reglamentaciones, pero más allá
de ello, el verdadero problema es que nuestra Carta Magna, antes un instrumento
de emancipación social, se ha convertido en un instrumento de dominación.
La impunidad
es el signo de nuestro tiempo. La bonanza que traerían consigo las llamadas
reformas estructurales no es más que un espejismo. Las inversiones no llegan,
el empleo y los salarios se precarizan, el peso se abate frente al dólar, el
precio del petróleo mexicano se desploma, mientras la clase política y una
minoría invisible que no rinde cuentas a nadie, inmersas en su pequeño mundo de
poder, pragmatismo y simulación, mantienen sus privilegios.
La
corrupción asociada a los negocios desde el poder se tolera y encubre, mientras
la concentración de la riqueza avanza sin escrúpulo alguno. En México, cuatro
empresarios (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas
Pliego), concentran una fortuna de 110 mil millones de dólares, mientras que
dos millones más de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza, y el poder
adquisitivo de los salarios acumula un pérdida del 80 por ciento en los tiempos
del neoliberalismo.
En resumen:
el pacto fundacional de 1917 ya no existe. Las reformas, aprobadas a lo largo
de tres décadas de dogmatismo neoloiberal, han borrado toda reminiscencia de
los pilares que cristalizaban los legados más valiosos de la Revolución
Mexicana.
La vertiente
agraria del zapatismo, el aporte sindicalista del magonismo y la vocación
republicana y democrática de Madero, fueron devorados por un ogro filantrópico
que institucionalizó la Revolución a su imagen y semejanza.
El país
necesita de un nuevo constituyente. México no se encontrará a sí mismo mientras
no inicie una gran conversación nacional en la cual imaginemos colectivamente
el país que queremos.
El 5 de
febrero de 2017 debemos sepultar la Constitución que el neoliberalismo
aniquiló. No se trata de una visión nostálgica ni se pretende volver al texto
original de 1917, sino de recuperar su esencia social y libertaria, asumiendo
los desafíos y realidades del Siglo XXI.
Se trata de
construir un gran movimiento cívico con los actores postergados, con los
ciudadanos, sus organizaciones y sus causas. Con quienes nunca han sido tomados
en cuenta, de donde emerjan ideas que permitan volvernos a encontrar y acumular
fuerzas para lograr imponer los cambios que México necesita.
En Por
México Hoy hemos definido como punto de partida, impulsar una iniciativa
ciudadana para reformar los artículos 35, 36, 41 y 135 constitucionales, para
que los ciudadanos gocen del derecho a convocar a una Asamblea Constituyente y
a que mediante un referéndum se apruebe el pacto fundacional que de ésta surja.
Si bien la
constitución establece como requisito para presentar una iniciativa ciudadana
el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores (120 mil firmas), nos
proponemos acopiar cientos de miles de firmas durante los próximos meses, para
lo cual estaremos organizándonos en todo el país.
México debe
dejar de ser un caso excepcional en América Latina, marginado de las
discusiones contemporáneas y sobre todo de las transformaciones progresistas.
De los 18 países latinoamericanos, once han implementado nuevas bases
constitucionales a partir de amplios procesos de participación social, para
reconstruir los sistemas institucionales severamente cuestionados y
deslegitimados.
El camino
hacia una nueva Constitución es escabroso, pero conforme vayamos avanzando
iremos construyendo un espacio de organización y participación novedoso y
alternativo. Escuchándonos, descubriendo el sentido común fuera de los márgenes
en los que el neoliberalismo pretende confinar nuestro actuar.
Ha llegado
la hora de que la ciudadanía se empodere y asuma su papel en la definición de
los asuntos públicos.
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