Hacia una nueva Constitución

Domingo, 07 Febrero 2016

                                                             

Nos encontramos a un año de que la Constitución emanada de la Revolución Mexicana cumpla su centenario. Se trata de una oportunidad invaluable para colocar su devenir en el centro del debate y reflexionar en torno a la necesidad de una nueva Constitución que actualice y establezca un nuevo pacto para la convivencia entre los mexicanos.

En estos casi cien años transcurridos, el Pacto Social y el Pacto Federal que le dio origen a la Constitución de 1917 han sido desmantelados.

Nuestra Constitución ha sufrido 697 modificaciones, (93 tan solo durante el actual gobierno), y si bien algunas de estas reformas retoman las banderas de la movilización social y de las fuerzas progresistas, en su esencia, la Constitución reformada ha dejado de ser una carta de derechos esenciales, que represente las aspiraciones y los valores de nuestra sociedad, para atender los intereses y la ambición de una minoría privilegiada.

Dentro de las reformas de avanzada de que ha sido objeto la Constitución, debemos reconocer, el derecho al sufragio de las mujeres alcanzado en 1953; el reconocimiento de los derechos humanos, así como las garantías para su protección, plasmados en el Artículo 1º Constitucional; el reconocimiento y garantía de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía, en el Artículo 2º; el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de la autoridad en el Artículo 6º, y, recientemente, la reforma que reconoce la soberanía a los habitantes de la Ciudad de México.

Sin embargo, las reformas promovidas por el neoliberalismo han desmantelado los pilares fundamentales de nuestra constitución: la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos del subsuelo; la rectoría económica y las responsabilidades sociales del Estado, así como los derechos sociales de los mexicanos: el derecho agrario, el derecho laboral y el derecho a la educación.

Los cambios promovidos al Artículo 27, primero por Carlos Salinas de Gortari, en 1992, como requisito para la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, eliminó el carácter inalienable de las tierras de ejidos y comunidades buscando su privatización, y posteriormente, la reforma energética, eliminó el principio de la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos del subsuelo, legalizando el despojo de las tierras sociales o privadas, para la explotación de hidrocarburos y la minería, bajo eufemismos como la “ocupación temporal” o la servidumbre de paso sobre las tierras, perpetrando el mayor saqueo de la riqueza nacional de nuestra historia.

La reforma laboral desmanteló los derechos de los trabajadores establecidos en el Artículo 123, a la sindicación y a la contratación colectiva, a la estabilidad y permanencia en el empleo, a una jornada laboral de ocho horas y al pago de un salario remunerador, al desregular la relación entre patrones y trabajadores, permitiendo la contratación por hora, día, semana o mes, la contratación a prueba o para capacitación y la subcontratación (outsourcing), dejando en la indefensión a los trabajadores y profundizando la precarización del trabajo y de los salarios.

La reforma educativa pretende revertir a través de leyes secundarias el carácter laico, público y gratuito de la educación establecido en el Artículo 3^o, estableciendo un régimen de excepción laboral para el magisterio, al que se pretende someter y reincorporar al control corporativo del Estado. Con la reforma educativa todo cambió, según el delfín presidencial, menos la educación.

La Constitución ha sido objeto de una sucesión interminable de reglamentaciones, pero más allá de ello, el verdadero problema es que nuestra Carta Magna, antes un instrumento de emancipación social, se ha convertido en un instrumento de dominación.

La impunidad es el signo de nuestro tiempo. La bonanza que traerían consigo las llamadas reformas estructurales no es más que un espejismo. Las inversiones no llegan, el empleo y los salarios se precarizan, el peso se abate frente al dólar, el precio del petróleo mexicano se desploma, mientras la clase política y una minoría invisible que no rinde cuentas a nadie, inmersas en su pequeño mundo de poder, pragmatismo y simulación, mantienen sus privilegios.

La corrupción asociada a los negocios desde el poder se tolera y encubre, mientras la concentración de la riqueza avanza sin escrúpulo alguno. En México, cuatro empresarios (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego), concentran una fortuna de 110 mil millones de dólares, mientras que dos millones más de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza, y el poder adquisitivo de los salarios acumula un pérdida del 80 por ciento en los tiempos del neoliberalismo.

En resumen: el pacto fundacional de 1917 ya no existe. Las reformas, aprobadas a lo largo de tres décadas de dogmatismo neoloiberal, han borrado toda reminiscencia de los pilares que cristalizaban los legados más valiosos de la Revolución Mexicana.

La vertiente agraria del zapatismo, el aporte sindicalista del magonismo y la vocación republicana y democrática de Madero, fueron devorados por un ogro filantrópico que institucionalizó la Revolución a su imagen y semejanza.

El país necesita de un nuevo constituyente. México no se encontrará a sí mismo mientras no inicie una gran conversación nacional en la cual imaginemos colectivamente el país que queremos.

El 5 de febrero de 2017 debemos sepultar la Constitución que el neoliberalismo aniquiló. No se trata de una visión nostálgica ni se pretende volver al texto original de 1917, sino de recuperar su esencia social y libertaria, asumiendo los desafíos y realidades del Siglo XXI. 

Se trata de construir un gran movimiento cívico con los actores postergados, con los ciudadanos, sus organizaciones y sus causas. Con quienes nunca han sido tomados en cuenta, de donde emerjan ideas que permitan volvernos a encontrar y acumular fuerzas para lograr imponer los cambios que México necesita.

En Por México Hoy hemos definido como punto de partida, impulsar una iniciativa ciudadana para reformar los artículos 35, 36, 41 y 135 constitucionales, para que los ciudadanos gocen del derecho a convocar a una Asamblea Constituyente y a que mediante un referéndum se apruebe el pacto fundacional que de ésta surja.

Si bien la constitución establece como requisito para presentar una iniciativa ciudadana el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores (120 mil firmas), nos proponemos acopiar cientos de miles de firmas durante los próximos meses, para lo cual estaremos organizándonos en todo el país.

México debe dejar de ser un caso excepcional en América Latina, marginado de las discusiones contemporáneas y sobre todo de las transformaciones progresistas. De los 18 países latinoamericanos, once han implementado nuevas bases constitucionales a partir de amplios procesos de participación social, para reconstruir los sistemas institucionales severamente cuestionados y deslegitimados.

El camino hacia una nueva Constitución es escabroso, pero conforme vayamos avanzando iremos construyendo un espacio de organización y participación novedoso y alternativo. Escuchándonos, descubriendo el sentido común fuera de los márgenes en los que el neoliberalismo pretende confinar nuestro actuar.

Ha llegado la hora de que la ciudadanía se empodere y asuma su papel en la definición de los asuntos públicos.