Fin del prohibicionismo
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
Martes, 23 Febrero 2016
Concluyeron
las audiencias públicas convocadas por el Congreso de la Unión para debatir las
alternativas para la regulación de la marihuana. En éstas se manifestaron de
manera libre y fundamentada las diversas opiniones sobre el uso y manejo de las
drogas que existe en nuestra sociedad.
Una
primera conclusión, que se desprende de las posiciones presentadas, es que la
política prohibicionista ha fracasado en su propósito de contener la producción
y el consumo de drogas, toda vez que se ha incrementadola producción y se
ha diversificado el tipo de drogas que se consumen en todo el mundo, al tiempo
que se ha incrementado el consumoy los precios en el mercado ilícito han
disminuido.
Por
otra parte, se ha criminalizado y estigmatizado a los consumidores. El
endurecimiento de las penas ha saturado las cárceles del país de jóvenes y
mujeres cuya condición económica –a diferencia del crimen organizado- les
impide comprar su libertad, por posesión de pequeñas cantidades e incluso por
consumo de drogas, cuando el consumo no está penado por la ley. En tanto
que el mercado ilícito se ha convertido en una muy rentable plataforma que ha
permitido el empoderamiento de la delincuencia organizada, la cual ha
diversificado sus actividades delictivas, fortaleciendo su poder económico,
patrimonial y de fuego,mismo que ha hundido al país en un baño de sangre y
violencia.
Reconocer
esta situación implica asumir la necesidad de establecer una nueva política de
drogas, en la que más allá de nuestras convicciones ideológicas, religiosas,
filosóficas o morales, debe prevalecer el interés público.
Ahora
bien, en la definición de qué tipo de política se necesita, se evaluaron
distintos escenarios, que van desde quienes insistieron en mantener la política
prohibicionista, hasta quienes plantearon la apertura indiscriminada. Ante
estos extremos la propuesta que puede permitir un acuerdo reside en establecer
una regulación clara y aplicable bajo el control de Estado, que deje atrás el
enfoque criminal propio de la política prohibicionista, para asumir este asunto
como un tema de salud pública y de derechos humanos.
Parece
existir un amplio consenso en torno a la regulación de la marihuana con fines
medicinales y de investigación científica; en la revisión de las penas por
posesión, portación y del gramaje permitido para consumo, tanto del cannabis
como de otras drogas, como la cocaína; en la necesidad de promover campañas de
prevención e información respecto a los daños que ocasionan las drogas
(incluido el alcohol y el tabaco) y contra la estigmatización y discriminación
de los usuarios, así como el fortalecimiento de las políticas públicas para el
tratamiento de adicciones. Sin embargo, prevalecen resistencias de algunos de
los participantes en estas audiencias, incluidos algunos servidores públicos,
para asumir este asunto también desde el enfoque de derechos humanos y el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello a regular los
procesos de producción para autoconsumo o la conformación de clubes de
usuarios.
Independientemente
de las resolucionesde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitieron
la importación de medicamentos derivados del cannabis para el tratamiento de la
niña Grace Elizalde Benavides, y el amparo que otorgó a diversas personas para
producir marihuana para su propio consumo, es necesario advertir que la nueva
política de drogas debe tener un carácter integral y debe soportarse en dos
pilares: el de la salud pública y el de los derechos humanos.
Reducir
la nueva política al enfoque de salud pública, aunque permitir la producción de
marihuana con fines medicinales e incluso de opiáceos paliativos contra el
dolor represente un avance, haciendo a un lado el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, no resolverá el problema de fondo, pues excluir este
derecho implica mantener la existencia del mercado ilícito de drogas, que
continuará alentando la formación de grupos delictivos, la violencia y los
problemas sociales asociados.
En
el momento en que Canadá y los Estados Unidos permiten el uso de la marihuana
con fines recreativos, resulta inaceptable posponer esta decisión o hacer
reformas a cuenta gotas. Es momento de acabar con ambigüedades y reconocer la
mayoría de edad de los mexicanos para decidir sobre sus hábitos y forma de vida
sin la tutela del Estado en su vida privada. (Senador de la República)
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