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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura



La reforma en materia de telecomunicaciones va a tener la vigencia más efímera en la existencia de una reforma constitucional, porque 43 días después de que entre en vigor, se reforma: Encinas Rodríguez

Miércoles, 26 Marzo 2014


Durante la discusión del proyecto de dictamen por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el senador Alejandro Encinas Rodríguez recordó que en el debate del  02 de diciembre del año pasado, cuando se discutieron las causales de nulidad donde no se incluyó la figura de “comprar” porque  venía el término “adquirir”, a fin de no dejar duda de la prohibición y restricción para que los partidos políticos o particulares pudieran en la campaña electoral comprar tiempo en radio y televisión.

El senador Alejandro Encinas señaló “sorpresivamente en la sesión del 05 de diciembre en la Cámara de Diputados, modifico atendiendo al interés de poderes y grupos fácticos la redacción de este artículo incluyendo la figura de “adquirir”, ya que en  la madrugada del 13 de diciembre en una sesión bastante agitada en la que se tuvo que levantar por falta de quorum y cerrar el periodo de sesiones, tanto el senador Corral como un servidor  reservamos en particular este asunto para que se mantuviera con toda precisión la figura de “adquirir” en vez de “comprar”. 

Manifestó “no solamente se hizo caso omiso, sino que así se publicó esta reforma constitucional. Ahora viene como una iniciativa del Ejecutivo como si fuera una gran reforma que va a transformar todo el sistema de impugnación y nulidad electoral, lo cual no es cierto”.

Externó “los términos en que quedo la constitución si bien ayuda a que se establezca la figura de “adquirir” se tienen que conjuntar varios factores para poder anular una elección, que las causas sean graves, dolosas y determinantes en el resultado”.

Resaltó “para fijar la determinancia incluso se dio tolerancia en la reforma constitucional a rebasar el tope de gastos de campaña, ya que en la propia constitución se establece que solamente quien rebase en más del  5% del tope de gastos de campaña y la diferencia entre quien gane segundo lugar, sea mayor al 5% del resultado electoral”.

Aseveró “es una licencia para violar la constitución y la ley”.
Subrayó “qué bueno que se rectifica, pero no se resuelve de fondo el problema, seguimos teniendo como tema central el criterio de la terminancia, creado en la elección del 2006 por el Tribunal Federal Electoral Federal que no considero determinantes la intervención del Ejecutivo Federal  en la campaña electoral, una guerra sucia a través de los medios, la intervención de organismos empresariales en la contienda, la utilización de recursos públicos en la misma y dijo que con el 0.56% de diferencia el resultado electoral no fue determinante”.

El senador Alejandro Encinas hizo una reflexión de lo que significa está forma de legislar.

Externó “hemos reformado en esta legislatura 16 reformas constitucionales, está será la número 17 y dentro de la constitución hemos establecido un régimen transitorio que ha convertido en nuestra constitución prácticamente en una ley reglamentaria”.

Señaló “tan sólo en cuatro reformas constitucionales, particularmente: la reforma política, transparencia, energética y telecomunicaciones tenemos 70 artículos transitorios que son prácticamente normativos y que su fuerza y vigencia la reforma  en materia de telecomunicaciones  queda en duda”.

El senador Encinas Rodríguez externó que lo más paradójico de la reforma en materia de telecomunicaciones que se publicó el 11 de febrero de este año, va a tener la vigencia más efímera en la existencia de una reforma constitucional porque 43 días después de que entre en vigor, se reforma.

Dejó en claro “esto va a asentar  un precedente de que las reformas constitucionales  recientes en cualquier momento se pueden modificar y esperemos que en materia de reforma energética y de la consulta se reformen estas leyes, sin ninguna restricción y ningún impedimento”.
Resaltó “está por resolverse una solicitud que hemos presentado en la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se pronuncie sobre la constitucionalidad sobre la consulta en materia de reforma energética y está por resolverse”.

Detalló  que es muy interesante el debate que se dio ayer en la Corte, donde hay un voto dividido entre 4 y 3 de los ministros de la Corte, donde se quiere negar la petición que se ha hecho con el  argumento que los solicitantes se anticiparon  a la publicación de la ley reglamentaria.
Manifestó “quisiera ver que la Corte emitiera una resolución de esta naturaleza, porque si se pronuncia de que no es procedente el derecho en tanto no hay una ley reglamentaria, habría que derogar la reforma laboral y la reforma a la contabilidad gubernamental que entraron como iniciativas preferentes al Congreso de la Unión sin que existiera hasta la fecha la ley reglamentaria en materia de iniciativa preferente”.

Concluyó “creo que deberíamos mejor trabajar con mayor juicio sin tantas prisas y atender nuestra labor en favor de los intereses del país y de los ciudadanos”






En Iniciativa Preferente no debe darse un trato diferente al que ya marca la Constitución: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN COMISION
26 de marzo de 2014

Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión Extraordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Gobernación.

Hoy quiero usar mi derecho de pataleo, porque lamento sinceramente, no solamente que sesionemos de esta manera tan abrupta, sino que tampoco se ha tenido la cortesía de esperarme al inicio de la sesión siendo el presidente de una de las comisiones dictaminadoras.

Yo creo que las formas deben de cuidarse y cumplirse de manera puntal, toda vez de que esta sesión se ha cancelado ayer y se acaba de convocar hace escasa una hora, sin que todos los miembros de las comisiones unidas tengan el proyecto de modificaciones que se han aceptado.

Que reconozco, particularmente en materia de iniciativa ciudadana se incorporaron un buen número de observaciones que han sido de gran utilidad tener la posibilidad de precisar algunos puntos.

En segundo lugar, si consideramos, como la ha planteado aquí la senadora Padierna y el senador Isidro Pedraza, que se está yendo más allá de lo que está establecido en la Constitución en materia de Iniciativa Preferente.

En el artículo 138 que está sometido a la discusión en este dictamen, pues rebasa por mucho los criterios que establece la Constitución para dictaminar esas iniciativas que el Ejecutivo federal tiene derecho a presentar al inicio del periodo de sesiones.

Ya que si bien establece los términos que aquí se han señalado de 30 días para dictaminar en la Cámara de origen, y en caso de que no se dictamine pasaría a la Cámara revisora, en el momento de que la revisora lo apruebe o lo regrese a la Cámara de origen, debería de incorporarse al proceso legislativo ordinario, y aquí se le está dando un tratamiento preferencial.

En la iniciativa originalmente era de buscar un dictamen en 5 días, la modificación ampliaba a 15, pero nosotros creemos que no debe de darse un trato diferente al que ya marca en la Constitución, ese es el planteamiento simple y sencillamente.

Si la Cámara de origen no dictamina a los 30 días, pasará como lo establece la Constitución a la Cámara revisora quien lo podrá aprobar y entrará en vigor; si la Cámara de origen dictamina en el plazo de 30 días, pasa a la Cámara revisora y tendrá que dictaminar en 30 días, si la aprueba se publicará, si no la aprueba, regresa a la Cámara de origen y sigue el curso ordinario establecido en nuestro proceso legislativo.

Y en ese sentido no tiene porque establecerse los 15 días que se señalan.

Creo que en los otros ámbitos, ustedes hicieron un buen número de observaciones y esa es la reserva particular que nosotros presentamos.





Iniciativa del Ejecutivo no va a transformar todo el sistema de impugnación y nulidad electoral: Sen  Alejandro Encinas


INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
26 de marzo de 2014

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nulidad de elecciones.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias, senador presidente.

Compañeras y compañeros senadores.

Yo creo que si hubiéramos hecho una reflexión más detenida en el mes de diciembre del año pasado sobre este tema nos estaríamos ahorrando la discusión.

Hay que recordar que el debate del 2 de diciembre del año pasado, cuando discutimos las causales de nulidad no se incluyó la figura de comprar, porque venía el término adquirir con toda precisión, a fin de no dejar duda de la prohibición y restricción para que los partidos políticos o particulares pudieran, en la campaña electoral, comprar tiempo en radio y en televisión.

Sorpresivamente en la sesión del 5 de diciembre la Cámara de Diputados modificó, atendiendo al interés de poderes fácticos, la versión de ese artículo, incluyendo la figura de adquirir.

Y tengo muy presente, la madrugada del 13 de diciembre, en una sesión, pues bastante agitada, que a final de cuentas se tuvo que levantar por falta de quórum y cerrar el periodo de sesiones, que tanto el senador Corral como un servidor nos reservamos en particular este asunto para que se mantuviera con toda precisión la figura de adquirir, ya que con como lo ha señalado el senador Bartlett, el término comprar hubiera requerido que quien se (inaudible) junto a este acreditar una violación a la Ley de la Constitución debe contar con las facturas.

Sin embargo, lo cierto es que no solamente se hizo caso omiso, sino que así se publicó y salió adelante esta reforma constitucional.

Ahora viene como una iniciativa del Ejecutivo, como si fuera un gran reforma que va a transformar todo el sistema de impugnación y nulidad electoral, lo cual no es cierto, porque en los términos en que quedó en la Constitución, si bien ayudan a que se establezca la figura de adquirir, pues se tiene que conjuntar varios factores para poder proceder a anular una elección.

Que las causas sean graves, dolosas y determinantes en el resultado. Y para fijar la determinancia incluso se dio tolerancia en la reforma constitucional a rebasar el tope de gastos de campaña, ya que en la propia Constitución se establece que solamente quien rebase en más de 5 por ciento el tope de gastos de campaña y la diferencia entre el que gane y el segundo lugar sea mayor al 5 por ciento del resultado electoral.

Es una licencia para violar la Constitución, y la ley.

Entonces, qué bueno que se rectifique, pero no se resuelve el fondo del problema, y seguimos teniendo como tema central el criterio de determinancia creado en la elección del 2006 por el Tribunal Federal Electoral que no consideró determinantes la intervención del Ejecutivo Federal en la campaña electoral, una guerra sucia a través de los medios, la intervención de organismos empresariales en la contienda, la utilización de recursos públicos en la misma y dijo que un 0.56 por ciento de diferencia en el resultados electoral, ello no fue determinante.

Entonces, yo quiero también aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión de lo que significa esta forma de legislar.

En primer término, hemos reformado en esta legislatura 16 reformas constitucionales, ésta será la número 17.

Y dentro de la Constitución hemos establecido un régimen transitorio que ha convertido a nuestra Constitución prácticamente en una ley reglamentaria, tan sólo en cuatro reformas constitucionales, me refiero particularmente a la reforma política, la transparencia, a la energética y telecomunicaciones, tenemos 70 artículos transitorios que son prácticamente normativos y que bueno, su fuerza y su vigencia ahora que vemos la iniciativa en materia de telecomunicaciones queda en duda.

Y lo más paradójico del asunto es que esta reforma que se publicó el 11 de febrero de este año va a tener la vigencia más efímera en la existencia de una reforma constitucional, porque solamente duró solamente treinta y tantos días, cuarenta y tres días después de que entre en vigor se reforma.

Y creo que esto va a sentar un precedente porque este precedentes es básicamente de que las reformas constitucionales recientes en cualquier momento se pueden modificar y esperemos que en materia de la reforma energética y de la consulta se reformen estas leyes sin ninguna restricción y ningún impedimento.

Y bueno, está por resolverse una solicitud que hemos presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se promueva… para que se pronuncien sobre la constitucionalidad de la consulta en materia de reforma energética y está por resolver.

Aunque es muy interesante el debate que se dio ayer en la Corte donde hay un voto dividido entre 4 y 3 de los ministros de la Corte, donde se quiere negar la petición que hemos hecho para este pronunciamiento con un argumento que también va a ser muy interesante, con el argumento de que los solicitantes nos anticipamos a la publicación de la ley reglamentaria.

Yo quisiera ver que la Corte emitiera una resolución de esta naturaleza por lo que implicaría, no solamente por la violación a las jurisprudencias que ha establecido la Corte señalando que la omisión del legislador no es (Inaudible) para conculcar un derecho establecido en la Constitución, porque si es que se pronuncia de que no es procedente el derecho en tanto no hay una ley reglamentaria, habría que derogar la reforma laboral y la reforma a la contabilidad gubernamental que entraron como iniciativas preferentes al Congreso de la Unión, sin que existiera hasta la fecha la ley reglamentaria en materia de iniciativa preferente.

Yo creo que deberíamos mejor trabajar con mayor juicio, sin tantas prisas, atender nuestra labor en función de los intereses del país y de los ciudadanos y nos estaremos evitando estas reformas que quieren, pues, arreglar algo que lamentablemente no resuelve el problema de fondo, porque para anular una elección se requiere prácticamente transformar el sistema electoral del país.

Por su atención, muchas gracias.




Alejandro Encinas Rodríguez :: Con el cambio de comisionado se debe hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional en materia de seguridad

Con el cambio de comisionado se debe hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional en materia de seguridad: Alejandro Encinas

INTERVENCION EN TRIBUNA
25 de marzo de 2014

·                     Debe evitarse caer en la tentación de convertir la experiencia en materia de inteligencia del nuevo comisionado en espionaje político.

Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para dar posicionamiento sobre el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Monte Alejandro Rubido García, como Comisionado Nacional de Seguridad.

La propuesta del nombramiento de Monte Alejandro Rubido ha puesto en los últimos días en el centro de la discusión las políticas y los resultados obtenidos en esta materia, la de seguridad pública, por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Este cambio, sin lugar a dudas, reviste en sí mismo gran importancia, ya que a diferencia del perfil en la formación policial del Doctor Manuel Mondragón y Calb la propuesta del nuevo comisionado se caracteriza por su formación profesional en el ámbito de las tareas de inteligencia y seguridad nacional a lo largo de más tres décadas, no de en balde se ha desempeñado en distintas fusiones en el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional, así como en otras áreas vinculadas con el tema, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos locales.

Este cambio en sí mismo debería de traducirse en un cambio radical en las políticas hasta ahora implementadas; sin embargo, no basta cambiar a los responsables o los titulares de las dependencias, ya que si bien es importante el perfil y la experiencia profesional del titular del área encargada de combatir al crimen organizado hay otros factores determinantes para obtener buenos resultados y en particular, dos: el diseño institucional para enfrentar la seguridad y la definición de la estrategia contra el crimen.

Lamentablemente la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública al inicio de esta administración concentró en la Secretaría de Gobernación las funciones de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional, sumando a la dependencia a la Policía Federal Preventiva, ya el senador Manuel Bartlett se refirió a los tiempos de la existencia de la Dirección Federal de Seguridad, que no era sino una policía política cuando retomaba las peores experiencias de las policías secretas en las prácticas de represión a la disidencia, pero ahora con la Policía Federal Preventiva, pero ahora con la Policía Federal Preventiva, por primera vez en la historia de este país la dependencia encargada de llevar adelante las tareas de política interior y gobernanza cuentan con una fuerza armada.

Esto ha llevado a incurrir en diversas contradicciones en el desempeño de la Secretaría de Gobernación por el disímbolo de las facultades que se le han asignado, las que corresponden a la política interior y las que corresponden a las de seguridad pública, a la inteligencia y (inaudible) seguridad nacional.

Y estas contradicciones se han manifestado tanto en las líneas de mando como en la definición de las acciones, ejemplo de ello es por ejemplo, los problemas para integrar la gendarmería nacional, que en un principio se nos señaló que iba a ser un cuerpo especial de las fuerzas armadas comisionado a la Secretaría de Gobernación y que ahora se cambia, y esperemos que así sea, por un órgano civil y como una séptima división de la Policía Federal Preventiva sin la participación de militares.

Aunque también hay que tener claridad en las contradicciones que la propia dependencia ha incurrido en las decisiones políticas y policíacas adoptadas en Michoacán que un día desconoce a los grupos de autodefensa, otro día propone integrarlos a las guardias rurales, y al día siguiente detiene a quienes había reconocido como interlocutores de las comunidades michoacanas.

Y esa contradicción entre la política y la policía se ha dejado ver lamentablemente con el asesinato reciente del Presidente municipal de Tanhuato, donde privilegiando la presencia de fuerzas policíaca para enfrentar al crimen se justificó el retiro de la escolta a él y a otros presidentes municipales que están amenazados por la delincuencia organizada y ha propiciado lamentablemente su asesinato derivado de una irresponsable decisión de quien está hoy a cargo de las tareas policíacas y de gobierno en Michoacán.

Pero también por otro lado, la estrategia contra el crimen no ha tenido los resultados esperados, al inicio de este gobierno se señaló que la estrategia iba a diferenciar el tipo de delito, la región y el modus operandi de las bandas delictivas y que se realizaría acciones preventivas y trasversales atendiendo la desigualdad social y la recuperación en los espacios públicos en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

Por ello y como lo podemos constatar tanto en información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad, como por organizaciones civiles, como el Observatorio Nacional Ciudadano, los índices delictivos del último año no ha acreditado cambios sustantivos y si bien se han dado golpes efectivos con la detención o abatimiento de algunos capos del narcotráfico se han incrementado delitos de alto impacto social, como el secuestro y la extorsión y se ha extendido la violencia a otras regiones del país, especialmente en la región oriente del Estado de México.

Por dar solamente algunos datos, en 2012 a nivel nacional se registraron mil 400 secuestros, mientras que en 2013 la cifra aumentó a mil 702; y solamente en enero de este año se presentaron ya 132 secuestros, es decir, un secuestro cada 5 horas.

De la misma manera la extorsión pasó de 7 mil 272 denuncias en 2012 a 8 mil 42 en 2013, y le daba cuenta un repunte de enero del 2014 donde se han acreditado ya 650 denuncias de extorsión; es decir, 21 denuncias al día.

Y por otro lado, los homicidios dolosos que habían venido disminuyendo entre 2012 y 2013 repuntaron en enero de este año registrando solamente en enero mil 366 homicidios dolosos en el país.

Estamos conscientes de que el Doctor Rubido cumple con los requisitos de ley, que tiene la formación profesional y señalamos que hemos de votar a favor porque nosotros no vamos a obstaculizar ninguna de las acciones que pudiera ayudar a enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia en el país.

Pero sí queremos señalar y queremos advertir que el cambio de comisionado debería permitir hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional, mezclar política y policía nunca ha sido una buena fórmula, ya que por lo general la visión policial se impone sobre la visión política como lo hemos confirmado con el asesinato del presidente asesinado en Tanhuato, Michoacán.

Pero también queremos advertir que debe evitarse caer en la tentación de convertir la experiencia en materia de inteligencia del nuevo comisionado en espionaje político, la inteligencia debe ser para combatir al crimen no debe ser un instrumento de ajuste de cuentas políticas con la disidencia en este país.

Y esperemos que nos se fracture la frágil frontera entre la inteligencia y el espionaje, entre la política y la policía, para lo cual en el Senado cumpliremos con nuestro deber de fiscalizar puntualmente las acciones del nuevo comisionado, independientemente de que el gobierno mantenga ad cautelam la facultad fiscalizadora de este Senado.

Muchas gracias.





POLÍTICA Y POLICÍA
Alejandro Encinas Rodríguez
El Universal
25 de Marzo 2014

La renuncia de Manuel Mondragón como Comisionado Nacional de Seguridad y el nombramiento de Monte Alejandro Rubido han puesto en el centro del debate los resultados obtenidos en esta materia por el gobierno de Peña Nieto.

El cambio reviste en sí mismo importancia, ya que a diferencia del perfil policial de Mondragón, el nuevo comisionado se caracteriza por su formación profesional en el ámbito de las tareas de inteligencia y seguridad nacional a lo largo de más de tres décadas, en las que se ha desempeñado en dos ocasiones como director del Cisen, e inclusive ha recibido capacitación de la CIA estadounidense, del Mossad israelí y del M16 Británico. Lo que debería traducirse en un cambio radical en las políticas hasta ahora implementadas.

Si bien es importante el perfil y experiencia profesional del titular del área responsable de combatir al crimen organizado, hay otros factores que son determinantes para obtener buenos resultados: el  diseño institucional para enfrentar la inseguridad que sufre el país y la definición de la estrategia contra el crimen.

La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública concentró en la Secretaria de Gobernación las funciones de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional, sumando a la dependencia a la Policía Federal Preventiva.

Esto ha llevado a incurrir en diversas contradicciones en el desempeño de la Segob por lo disímbolo de lasatribuciones  que corresponden a la política interior, de las que competen a la seguridad pública, tanto en las líneas de mando, como en la definición de las acciones. Ejemplo de ello son los problemas para la creación de la Gendarmería Nacional, que ahora se anuncia se integrará como una división de la PFP sin la participación de militares, y las decisiones políticas y policiacas adoptadas en Michoacán que un día desconoce a los grupos de autodefensa; otro propone integrarlos como guardias rurales y al día siguiente detiene a quienes había reconocido como interlocutores de las comunidades michoacanas.

Por otro lado, la implementaciónde la estrategia no ha obtenido los resultados esperados. Al inicio del gobierno se señaló que la estrategia iba a diferenciar el tipo de delito, la región y el modus operandi de las bandas delictivas, y se realizarían acciones preventivas y transversales, atendiendo la desigualdad social y la recuperación de los espacios públicos en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo que no ha sucedido.

Así, los índices delictivos del último año no han acreditado cambios sustantivos, y si bien se han dado golpes efectivos con la detención o abatimiento de algunos capos del narcotráfico, se han incrementado delitos de alto impacto social como el secuestro y la extorsión, extendiéndose la violencia hacia otras regiones del país, como el oriente del Estado de México.

En 2012, a nivel nacional se registraron mil 407 secuestros, mientras en 2013 la cifra aumentó a mil 702. Tan solo en enero de 2014 se presentaron 132 secuestros, es decir, un secuestro cada cinco horas. De igual manera la extorsión pasó de 7 mil 272 denuncias en 2012, a 8 mil 42 en 2013. En enero de 2014 se acreditaron 650 denuncias de extorsión: 21 al día. Por otro lado, los homicidios dolosos que habían disminuido en 2013, repuntaron en enero de este año, registrando mil 366 casos.

El cambio de Comisionado debería permitir hacer un alto en el camino y replantear el diseño institucional. Mezclar política y policía nunca ha sido buen negocio, ya que por lo general la visión policial se impone sobre la política. Como también debe evitarse caer en la tentación de convertir la experiencia en materia de inteligencia del actual Comisionado, en espionaje político.

Senador de la República



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Foro Instituto Federal Electoral

23 años de Historia Democrática


El INE se debe de dotar de plena autonomía para que contemos con autoridades y procesos que garanticen los principios que requiere la constitución y se recupere la confianza que se ha perdido por parte de los ciudadanos: Encinas Rodríguez.


Durante la mesa denominada el INE y la consolidación democrática el senador Alejandro Encinas Rodríguez lamentó que se está cometido un gravisimo error con su desaparición.
Señaló “estoy convencido de que la idea original que surgió desde el Pacto por México, para la creación del Instituto Nacional Electoral, surgió solamente de una  premisa, habría que eliminar el secuestro que los gobernadores tiene sobre los órganos electorales locales, ese fue el argumento particularmente de representantes del PRD y PAN dentro del Pacto y que por lo tanto para eliminar este secuestro que los gobernadores tienen sobre los órganos electorales locales”.

Ese fue el argumento particularmente de representantes del PRD y PAN dentro del Pacto y que por lo tanto para eliminar este secuestro habría que federalizar los procesos electorales, crear un Instituto Nacional con una ley federal de elecciones, una ley federal de procedimientos electorales, ley federal de partidos políticos, en la lógica del centralismo exacerbado  que hemos venido viviendo en los últimos meses.
En el caso del Estado de México, donde no teniendo el PRI la mayoría y siendo mayoría el PRD y el PAN, no solamente se le entrega el control de órgano electoral al gobernador del Estado, sino se le aprueban hasta las cuentas públicas Arturo Montiel, se nombra su contralor lo  nombran magistrado en el  Tribunal Electoral, se autoriza el dispendio en los gastos de comunicación, porque lo que estamos viviendo no solamente es una injerencia de los gobiernos locales en los Institutos Electorales en un proceso de descomposición y deterioro de las reacciones políticas y de corrupción en un sistema de partidos que cada día pierde más credibilidad.
A la idea del centralismo, pues se le suma también la lógica del fortalecimiento de las partidocracias y de los instrumentos de control que garanticen la disciplina interna de los partidos.
En el 2008 se prohibió la formación de grupos parlamentarios independientes, hoy solamente puede haber grupos parlamentarios de los partidos con registro, se pretendía incluso que para poder ser relecto tenía que contarse además de cumplir con los procedimientos internos establecidos en los estatutos con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido para garantizar el control de las bancadas. Hasta se estableció que nadie puede ser relecto por un partido distinto por el que había participado o había sido electo anteriormente en esta lógica del fortalecimiento de la disciplina partidaria, atenta no solamente a la libertad de asociación, sino contra el derecho de los ciudadanos a no solamente a votar y ser votados, sino a filiarse voluntariamente al partido que más le convenga a sus intereses en el momento en que lo decida.
En ese marco nosotros empezamos a discutir en el mes de septiembre del año pasado en el Senado de la República, la necesidad no solo de una reforma de carácter político electoral, un debate que iniciamos después de un amplio proceso de debates y audiencias públicas que se organizaron  entre el grupo parlamentario del PRD y un número importante de senadores del PAN planteamos que era el momento de plantear, ya por fin a una reforma de régimen político que dejáramos de lado, las reformas que a cuenta gota vamos estableciendo en la democracia y viéramos un cambio de régimen en donde pudiéramos enfrentar en realidad un cambio en las relaciones políticas, no solamente entre los poderes, no solamente entre las entidades de la federación, sino particularmente un cambio en la relación de las autoridades y los partidos con los ciudadanos, en la lógica de ir acotando las atribuciones por un lado del presidente y por la otra la lógica centralista de gobierno, por lo pronto hemos multiplicado los órganos con autonomía constitucional de manera indiscriminada al principio de esta administración teníamos tres órganos autónomos que era el distrito federal electoral, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hoy tenemos al IFETEL, COFETEL, IAE, CONEVAL y vamos multiplicando por que en esa lógica de querer agotar al presidencialismo exacerbado vamos creando órganos autónomos en lugar de buscar un cambio de fondo del régimen, mientras por el otro lado era una situación contradictoria, vamos a un modelo cada vez más centralizado.
En septiembre presentamos una iniciativa conjunta, senadores del PAN y PRD  ante la eventualidad de una iniciativa que proviniera del Pacto.
El Pacto no presentó una iniciativa, particularmente porque el PRI quería desaparecer al IFE y no quería perder línea pero las direcciones de los partidos presentaron su propia iniciativa.
La del PRD presentó  su iniciativa  en la Cámara de Diputados y la del PAN en la Cámara de Senadores en contra posición a la que habíamos presentado, esto permitió que la negociación que se estaba dando en la mesa del Pacto se trasladará al Senado.
En el mes de octubre en la primera reunión asistimos representantes de los grupos parlamentarios PRI, PAN y PRD del Senado junto con el gobierno federal  en donde se nos presentó la propuesta del INE.

La pregunta principal para concluir el cambio institucional propuesto por el INE resuelve los retos generados durante el proceso de transición a la democracia; yo creo no necesariamente y en esto va a tener que jugar un papel muy importante los nuevos consejeros, la continuidad del servicio profesional  electoral y crear todo un sistema electoral trasversal que no solamente profesionalice esta actividad sino que se dote de plena autonomía para que contemos con autoridades y procesos que garanticen los principios que requiere la constitución y se recupere la confianza que se ha perdido por parte de los ciudadanos.



Pide PRD mayores resultados en materia de seguridad

BOLETIN DE PRENSA

20 de marzo de 2014

Durante una comparecencia de Monte Alejandro Rubido García, propuesto por el Ejecutivo como titular de la Comisión Nacional de Seguridad, lo Senadores del Grupo Parlamentario del PRD lo cuestionaron sobre la estrategia implementada por el gobierno federal en este materia y pidieron mayores resultados para disminuir los índices delictivos en el país.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que un año y medio después del rediseño de la Secretaría de Gobernación, donde se concentraron las tareas de política interior, de seguridad pública y de inteligencia, ha llevado a caer en contradicciones en el desempeño de la dependencia por lo disímbolo de estas actividades.

Mencionó que en el actual gobierno los índices delictivos son alarmantes, a pesar de que han logrado detenerse a capos importantes del crimen organizado.

“No ha habido cambios sustantivos o significativos en la comisión de algunos delitos. El homicidio doloso en 2012 alcanzó la cifra de 21 mil 728 personas, en 2013 bajó a 18 mil 147, pero los datos al inicio de este año son realmente alarmantes, sólo a enero de 2014 se registraron mil 364 homicidios dolosos, es decir, 44 homicidios diarios”, informó.

Dijo que el secuestro sigue incrementándose de manera significativa: en 2012, al cierre de la administración de Felipe Calderón se registraron mil 407 secuestros, en 2013 la cifra se incrementó a mil 702, y sólo en enero de 2014 se registraron 156, es decir, un secuestro cada seis horas.

Encinas Rodríguez señaló que los delitos se han expandido principalmente a la zona oriente del Valle de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chaclo, los Reyes la Paz.

Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza celebró la decisión del presidente del presidente de la República al elegir al Monte Alejandro Rubido para dirigir la Comisión Nacional de Seguridad, enfatizando su experiencia en materia de investigación.

“Si queremos acciones de precisión en materia de seguridad pública, necesitamos previa la investigación, acciones con inteligencia y capacidad”, dijo.

Mendoza Mendoza cuestionó a Rubido sobre el riesgo real que corre México frente a organizaciones terroristas y le pidió informar sobre las condiciones del país en materia de servicios de inteligencia en un comparativo a nivel internacional.

La Legisladora del PRD le preguntó si ha considerado sumar mayor participación de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Estrategia por Michoacán, pues considera que la prevención derivaría en mejores resultados para la estrategia.

“Considero de que es momento de que se le sume un plus a esta estrategia para que haya una mayor intervención y tengamos un operativo integral”, dijo.

Por otro lado, el senador Zoé Robledo Aburto coincidió con Rubido García en que el sistema penitenciario requiere una reestructuración y en ese sentido le preguntó si estaría dispuesto a revisar cómo la Administración anterior determinó la construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social.

Robledo recordó que presentó un punto de acuerdo denunciando las condiciones de inseguridad en las que se construyó el Cefereso de Villa Comaltitlán, Chiapas.

El legislador chiapaneco concluyó cuestionando a Monte Alejandro Rubido si estaría dispuesto a dialogar y escuchar a las personas que viven cerca del Cefereso antes de que éste ente en operación.

Sobre el mismo tema, la senadora Iris Vianey Mendoza agregó ejemplo de este caso es el de un penal de alta seguridad construido en la frontera entre Michoacán y Jalisco “en un lugar de total inacceso”.






Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez durante en la reunión de trabajo GLOBE México, con el tema “La transición energética en Alemania”

20 de marzo de 2014

Alejando Encinas Rodríguez, (AER): Buenos días.

Bienvenido de nueva cuenta, diputado (inaudible), veo muy interesante su exposición de la cual yo quisiera formularle solamente dos preguntas.

Cuando en el año 2012, la primera ministra Angela Merkel anunció el abandono de la energía nuclear, señaló que iban a abrirse nuevas centrales de carbón y de gas para cubrir el déficit que se iba a generar con el cierre de las plantas nucleares.

Yo quisiera preguntarle cuál es el peso hoy en las fuentes generadoras de energía eléctrica en Alemania con las que provienen del carbón y del gas.

Sé que hay además intereses laborales fuertes de sindicatos muy fuertes en el área del carbón y que evidentemente están buscando fortalecer la fuente de generación utilizando como tradicionalmente en Alemania el carbón.

Ya la segunda pregunta ligada con su trabajo como presidente de la Comisión también de Protección al Consumidor es cómo esta ley de energías renovables en Alemania, donde se le garantiza a las empresas que generen parque eólicos o paneles solares o instalaciones de biogas, reciben una garantía por anticipado en la generación de esta energía con lo cual las empresas que distribuyen la energía en Alemania la compran a un precio superior al del mercado, lo cual repercute directamente en el consumidor.

Usted lo ha señalado más o menos en su intervención, ¿qué impacto tiene en el consumidor este subsidio a las empresas que generan energía en fuentes alternativas y si esto genera o no una condición de desigualdad entre los consumidores en distintas regiones de Alemania?





Presenta Alejandro Encinas iniciativas de leyes reglamentarias en materia político- electoral

INTERVENCION EN TRIBUNA
19 de marzo de 2014


Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar paquete de leyes reglamentarias en materia político-electoral.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias, senadora presidenta.

Quisiera solicitarle, me permitiera presentar, en un solo acto, cuatro iniciativas de ley, que van vinculadas en el proceso de reglamentación de la reforma constitucional que en materia política electoral, aprobamos en el pasado período de sesiones.

Y como lo dispone el artículo transitorio, de la propia reforma constitucional, este Senado de la República, el Congreso de la Unión, tiene como plazo límite el 30 de abril, para publicar las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional.

Por eso quiero presentar, en un solo acto, las propuestas de iniciativas, que con aval del grupo parlamentario, no solamente del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, sino también del grupo parlamentario, en la Cámara de Diputados y de la dirección nacional de nuestro partido, son las distintas iniciativas.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Asociaciones Políticas, la Ley General de Propaganda Gubernamental, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y más adelante, la senadora Angélica de la Peña también presentará una iniciativa, con el aval del grupo, para que expida la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Como ustedes saben, la reforma constitucional estableció criterios que buscan en lo fundamental garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en la contienda electoral y el desarrollo general de la vida institucional de la nación.

Sin embargo, lograr que esto sea eficaz en su implementación, dependerá en gran medida, de la calidad de las leyes secundarias, que se desprendan de la reforma constitucional.

Por eso, en las iniciativas que presentamos, buscamos expedir normas que garanticen la imparcialidad de los órganos electorales; la regulación en la concurrencia de competencias entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, vistos éstos como un sistema, salvaguardando el sistema federalista del país, la autonomía de los congresos locales; buscando además una eficaz reglamentación de los institutos políticos y el respeto pleno al principio de pluralidad en la representación popular, la paridad de género en los órganos de dirección y en las candidaturas a puesto de elección popular, así como la equidad plena en toda la competencia electoral.

En el caso específico de la Ley General Electoral, proponemos la creación de un Sistema Nacional Electoral, integrado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales, para que exista una concurrencia, en donde se propone armonizar y conciliar las atribuciones para la organización de las elecciones federales y locales.

Este sistema se conformará por el Servicio Profesional Electoral Nacional, una Coordinación Nacional de Fiscalización, un Registro Nacional de Electores y Geografía Electoral y un Sistema Nacional de Información que concentre toda la información de la administración electoral, que permita conformar un esquema de casilla única e instrumentar un esquema de resultados definitivos y públicos al final de la jornada electoral.

En esta ley, y acorde con la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, se establece una fiscalización oportuna, para que en tiempo real, puedan verificarse los gastos de los partidos, de acuerdo con los principios de exhaustividad y máxima publicidad. Estableciendo al mismo tiempo dentro de las organizaciones políticas, un Registro Nacional de Bienes y Liquidación de Partidos y Agrupaciones, con el objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y así garantizar el respeto a los topes de gasto de campaña.

Se establecen las figuras de coalición electorales y candidaturas comunes, simplificando las reglas para la conformación de estas figuras, para contender electoralmente, evitando cualquier modalidad de transferencia de votos de un partido a otro.

Particularmente para la asignación de diputados de representación proporcional, en el que debe de prevalecer, en principio, plenamente la pluralidad política.

En materia de campañas electorales se establece como el principal elementos de éstas, los debates públicos. Prohibiendo tajantemente la entrega de dádivas y la propaganda encubierta en cualquier medio y el uso de encuestas como propaganda electoral.

En materia de candidaturas independientes se garantiza la armonía y en la convivencia del sistema de partidos políticos, con las candidaturas independientes; en aspectos como el financiamiento público, el acceso al tiempo de radio y televisión, homogenizando en todo el país, como requisito al registro de candidaturas independientes, el apoyo del 2% de los electores, de la demarcación electoral correspondiente.

En otro orden de ideas se propone una nueva fórmula para redistritación electoral, definiendo como criterio de la distritación el principio de igualdad del voto, dando el mismo peso al voto de cada ciudadano en la representación política, por lo que los distritos electorales no solo deben guardar equilibrio poblacional, sino también de igualdad en el número de electores.

Y, finalmente, dentro de esta iniciativa, establecemos el voto de mexicanos en el extranjero, estableciendo un proceso de credencialización permanente, en embajadas y consulados para que se elabore la Lista Nominal de Electores, para el voto en el extranjero, aplicable en las elecciones federales y en las elecciones locales.

En la segunda iniciativa, la Ley de Agrupaciones Políticas, concebimos a los partidos políticos como entidades de interés público, destinadas al ejercicio del derecho de avocación política, con participación permanente en todos los asuntos políticos del país, y no solamente en el ámbito electoral.

Para ello, debe hacerse efectivo el derecho de asociación libre, personal y voluntaria de los afiliados, en igualdad de derechos y obligaciones, estableciendo al mismo tiempo, la obligación absoluta de que entes gremiales o corporativos, formen parte de los partidos.

Y estableciendo también la posibilidad de que los partidos políticos cuenten con instancias de participación de menores de 18 años de edad y con órganos de migrantes con residencia fuera del territorio nacional.

Uno de los aspectos centrales es hacer efectiva la reforma constitucional, para garantizar la paridad entre los géneros y la inclusión social desarrollando los principios de alternancia y paridad de género, así como la aplicación de sistemas normativos de pueblos indígenas en la integración de órganos de dirección y postulación de candidaturas.

Se establecen normas claras para sentar bases sobre el ejercicio de la democracia interna garantizando los derechos de los afiliados, su participación efectiva en las decisiones de los partidos políticos, y en la renovación periódica de los integrantes de los órganos de dirección y de los órganos de representación popular a través del voto directo de todos los afiliados o del voto indirecto en órganos colegiados, garantizando mecanismos de arbitraje, para la resolución de las controversias internas, a fin de salvaguardar el derecho de los militantes, a una justicia pronta y expedita, ante omisiones o prácticas indebidas de las instancias de dirección u órganos de resolución de controversias internas de los partidos.

Congruente con la reforma constitucional en transparencia, se refuerzan el carácter de sujetos obligados directos de los partidos políticos, estableciendo la obligación legal de entregar al Instituto Nacional Electoral, periódicamente versiones actualizadas de sus afiliados y el informe público, del financiamiento privado que los partidos reciban.

Respecto a la Ley General de Propaganda Gubernamental, ésta se establece sobre dos principios fundamentales: el de austeridad y equidad.

Este es el objetivo para que todos los entes públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cumplan con las reglas y principios que garanticen el carácter institucional, los fines informativos, educativos y de orientación social, que debe tener el ejercicio de la propaganda gubernamental, y proscribe y sancione la extendida práctica de la promoción personal de los servidores públicos. Así se establece la garantía de los derechos y las libertades, salvaguardando el derecho a la información, así como el ejercicio de las libertades de expresión y opinión con criterios de equidad; son cuatro en un solo acto.

Al mismo tiempo se garantiza la equidad en la competencia entre los partidos políticos y candidatos con la prohibición absoluta de emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental en el proceso electoral, y de adquirir publicidad para la difusión de informes de gestión o de gobierno, estableciendo también con toda claridad la obligación del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de toda la información correspondiente a las consultas públicas.

De la misma manera se establece que los programas anuales de la Administración Pública Federal contendrán los objetivos, las políticas y estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño y con la obligación para que los poderes Legislativo y Judicial, así como las entidades federativas y los entes autónomos desarrolla sus respectivos programas de propaganda, estableciendo al mismo tiempo un tope del 0.05 por ciento respecto al gasto corriente en materia de propaganda gubernamental.

Con ello se pretende no solamente la distribución equitativa de los tiempos oficiales, la erradicación de la censura indirecta, la prohibición de la propaganda encubierta, y establecer un padrón nacional de prestadores de servicios de publicidad y comunicación.

Esa instrumentación de medidas de transparencia, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas serían acompañadas de la creación de un consejo ciudadano de supervisión a la propaganda gubernamental.

Y, finalmente, aunque esto no viene considerado en la Reforma Constitucional estamos planteando la necesidad de hacer una ley que permita la impartición y procuración de justicia electoral a partir de establecer procedimientos sancionadores electorales que permitan un acceso efectivo a la justicia de manera imparcial, haciendo efectivas las causas de nulidad de una elección, y garantizando el principio de elecciones auténticas, libres y periódicas, ello requiere indudablemente del establecimiento de la carrera judicial electoral, así como que sea integrado mediante un procedimiento de convocatoria pública y evaluación para la integración de las propuestas para candidatos a magistrados electorales locales y federales.

Este es el paquete en materia de delitos electorales, lo presentará la Senadora Angélica de la Peña, y falta todavía por resolver un tema fundamental, que es la Ley Reglamentaria del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL que hoy goza de autonomía constitucional, lo que implicará una reforma general de desarrollo social, y al mismo tiempo la creación de un sistema nacional de programas sociales para transparentar de manera integral el uso de los recursos públicos en los programas sociales, y evitar su desvío o la duplicidad de acciones dentro de las dependencias gubernamentales.

Estos son el paquete de iniciativas, señora Presidenta, y lo dejamos aquí en la Presidencia, en la Mesa Directiva.

Muchas gracias, compañeros.


¿Qué es la Fundlocal?




En este espacio podrás encontrar información actualizada acerca de las actividades y el pensamiento de Alejandro Encinas Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la izquierda mexicana.