El poder legislativo no está exento de rendir
cuentas de sus recursos y acciones: Encinas Rodríguez
Jueves, 19 Noviembre 2015
El senador
Alejandro Encinas Rodríguez fundamentó a nombre de la Comisión de Estudios
Legislativos, Segunda, el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que
se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Señaló que
el dictamen que contiene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública es resultado de más de tres años de discusión en el
Congreso. Explicó que a través de las consultas y audiencias públicas que se
tuvieron con diversas organizaciones sociales se enriqueció el proyecto de
dictamen, por lo que agradeció a todas las personas e instituciones que
colaboraron con sus observaciones.
Asimismo
afirmó que la nueva Ley de Transparencia logró un avance significativo en lo
referente a la máxima publicidad de la información.
Además,
señaló que se establecieron mecanismos para transparentar el manejo de recursos
públicos que ejerzan los partidos políticos y los sindicatos.
Añadió que
dentro de los avances importantes hay un fortalecimiento en las facultades del
Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde asuntos elementales de un
ejercicio democrático o de institución autónoma se resuelven.
Por otro
lado, manifestó que los sujetos obligados no podrán clasificar información, ni
documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.
Agregó que
por eso, es muy importante la definición que se mantiene en esta ley en el
momento de clasificar la información y la prohibición expresa de la
clasificación ex ante.
Al
refiriese, el legislador en materia de información confidencial, señaló que se
establece como tal, la que contiene datos personales concernientes a una
persona identificada o identificable, dijo que esta no estará sujeta a ninguna
temporalidad y solo podrán tener acceso a esta información los titulares de la
misma, sus representantes y servidores públicos facultados para ello.
El
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda destacó que dos de
los temas que no venían incluidos en las tres iniciativas y que forman parte
del cuerpo del dictamen es la inclusión de dos conceptos básicos: el de
Gobierno abierto y el de Justicia abierta, donde por primera vez no solamente
se establece obligaciones al gobierno federal, sino al poder judicial en
materia de transparencia como se hizo en la fracción segunda del art. 67 en
donde hay obligaciones puntuales en materia de justicia abierta al poder
judicial de la federación.
Señaló que
es resultado del acuerdo que se estableció el día de ayer en las comisiones
unidas para que retomando el debate se pudieran hacer nuevas modificaciones a
la cuarta versión del proyecto de dictamen que se discutió ayer.
El senador
reconoció que se lograron retomar propuestas, no solamente de senadoras y
senadores, sino también del INAI y del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa donde se incorporaron observaciones adicionales alrededor de 25
modificaciones, donde subrayó la modificación al artículo 67 y su fracción
segunda en materia de las responsabilidades del poder judicial en materia de
transparencia y acceso a la información, así como del art. 68 y 69 sobre la
extralimitación a las facultades del consejero jurídico de la presidencia.
El
legislador sostuvo que en materia de obligaciones el poder legislativo,
los grupos parlamentarios y cada uno de los legisladores integrantes del
Congreso de la Unión están obligados a partir del 1 de septiembre a rendir
cuentas de los recursos de las acciones y del desempeño legislativo.
Aseveró “ya
veremos quién cumple”.
Por último,
el senador manifestó que hay dos grandes retos con esta ley el de la
implementación y la resistencia en la que se requerirá mucho del trabajo y de
la participación de la sociedad civil.
De igual
forma, destacó que con el conjunto de leyes que tendrán que derivarse de la
reforma constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información;
como la ley federal de Protección de Datos Personales o la Ley general de
Archivos se puede correr el riesgo de tener una legislación anulatoria y que
conculquen por lo tanto en el derecho de los ciudadanos.
“Corremos el
riesgo de incurrir en una legislación Mazacote”, concluyó
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