Video:
Es necesario frenar el enorme saqueo de que es objeto los recursos
mineros de nuestro país y al mismo tiempo los abusos de los concesionarios
frente a las comunidades: Encinas Rodríguez
19 Septiembre 2013
En el marco de la sesión los senadores Layda
Sansores, Dolores Padierna y Alejandro Encinas presentaron iniciativa con
proyecto de decreto que expide una nueva ley minera propuesta por
distintas organizaciones sociales y movimientos que han enfrentado la
problemática de la explotación irresponsable de los recursos minerales de
nuestro país.
El senador Alejandro Encinas, señaló
“es una iniciativa elaborada entre otras organizaciones por la Coordinadora
Regional Comunitarias de Guerrero, por el Frente Amplio Opositor a la minera
San Javier, la Asamblea Veracruzana y de Defensa Ambiental en caso de la minera
Caballo Blanco, Habitantes de San José del Progreso y de los Valles centrales
de Oaxaca, habitantes de Capulalpan de Oaxaca pobladores de la Mira del
municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán el Barzón de Chihuahua, representantes
de la comunidad Tetela de futuro en el Estado de Puebla, así como diversos
movimientos de Colima, Guerrero y Chiapas que han contado con el apoyo de
distintas Instituciones de Educación Superior para la formulación de esta ley y
particularmente de algunos académicos, en donde se busca enfrentar uno de los
mayores problemas de irracionalidad de la explotación de un recurso natural que
es de todos los mexicanos y que lamentablemente no deja ningún beneficio
nuestro país y menos aún a las comunidades donde se realiza esta explotación”.
Manifestó “actualmente más del 30% de
nuestro territorio de nuestro país ha sido concesionado a empresas mineras en
las que existen 850 proyectos mineros registrados hasta el mes de diciembre del
2012 en manos de 285 empresas, la mayoría de estas de origen canadiense. Estas
empresas mineras prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la
nación y son proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan
enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan
enormes pasivos ambientales”.
Detalló “de acuerdo al análisis que ha
realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados, México se encuentra muy por debajo de países como Mali, Madagascar,
Indonesia, Colombia o Guatemala en diversos indicadores fundamentales para el
adecuado funcionamiento del sector minero, nuestro país se ubica en los últimos
lugares con relación a los 79 países y regiones con consideradas en dicho
análisis en prácticas con procesos legales equitativos, transparentes, no
corruptos, administración eficiente, acuerdos socioeconómicos, condiciones de
desarrollo a la comunidad y normas laborales entre otras”.
Externó “por ello, la propuesta que
hoy, presentamos busca establecer con mayor claridad normas que permitan un
manejo sustentable de estos recursos de esta actividad productiva, pero también
busca que esta actividad impacte favorablemente en el desarrollo de las
comunidades y al mismo tiempo se obtengan recursos para el desarrollo
nacional”.
Menciono “dentro de los ejes que
contempla esta iniciativa busca que la actividad minera deje de ser preferente
por encima de otras actividades, se establece la participación vinculante de la
población sobre toda decisión reconociendo derechos de los pueblos originarios
y las comunidades a participar en la definición y asignación de estas
concesiones y el desarrollo de los proyectos, se establece y se regula, la
licencia social a través de los procedimientos y consultas para el
otorgamiento de concesiones para explotación y beneficio minero, se establece
un capítulo sobre derecho de poblaciones indígenas al goce preferencial del
territorio y de los recursos naturales frente a las actividades mineras, se
separa las concesiones de exploración de lo que son las concesiones de
explotación y beneficio minero estableciendo para sus diferentes de vigencia
duración y prorroga, se establecen límites que normen donde no se pueden
entregar una concesión, así como que concesiones no se pueden otorgar
estas, se anulan las cláusulas existentes de confidencialidad que hoy ocultan
información que deben entregar las empresas concesionarias al Estado
mexicano, se establecen regímenes diferenciados para minería artesanal de lo
que corresponde a la pequeña, mediana y gran minería, se fortalece el sistema
de inspecciones durante la operación de las compañías mineras, así como se
introducen el cobro de regalías para la minería cobradas por el valor de volumen
de minerales producidos a boca de mina y no sobre los ingresos reportados de
las empresas los cuales ocultan en gran medida el enorme volumen de riqueza que
se extraen de las minas del país, se elimina la protección por reserva
fiscal a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al
fisco y se fortalecen finalmente los mecanismos preventivos y las sanciones a
las eventuales violaciones a la ley incrementando las causales de nulidad
de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones
a dicha concesión”.
Por último recalcó “estamos conscientes
de que se han presentado otras iniciativas en materia de actividad minera
en el país y esperamos que en el Senado entre a una discusión seria y
responsable para frenar el enorme saqueo de que es objeto los recursos mineros
de nuestro país y al mismo tiempo los abusos de los concesionarios frente a las
comunidades en donde se establece esta comunidad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario