Punto de acuerdo en relación a la violación a los derechos humanos de Mario Luna Romero, líder de la tribu yaqui.

Miércoles, 17 Septiembre 2014

Los suscritos, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Ana Gabriela Guevara, Claudia Pavlovich, y Ernesto Gándara Camou, Senadores de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE MARIO LUNA ROMERO, LÍDER DE LA TRIBU YAQUI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La situación de Mario Luna Romero 

El jueves 11 de septiembre, a las 11:40 de la mañana de la Ciudad de México y las 9:40 de Sonora, fue detenido el vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales.Esta noticia fue difundida por diversos medios de comunicación y confirmada por el procurador de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich. Se informó que la detención se realizó debido a que Mario Luna está acusado de los delitos de privación de la libertad agravada y robo de vehículo.

Ante el anuncio de la detención, las organizaciones de la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana; Servicios de Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reaccionaron de manera inmediata y demandaron la liberación de Mario Luna, ya que la detención se dio dentro de un marco de irregularidad.

Las ONGs afirman que además de que su detención fue realizada por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales, afirman que el paradero de Mario Luna, quien es vocero de la Tribu Yaqui, era desconocido hasta antes de las declaraciones del procurador. Una colaboradora de Serapaz dio a conocer que durante meses diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falsedad de los cargos en contra de Mario Luna, y que éstos son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui en defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia.

Cabe señalar que, el 26 de febrero, en entrevista para el semanario Proceso, Luna Romero responsabilizó a Guillermo Padrés Elías de diferentes acciones represivas a partir de que un grupo representativo de la nación yaqui inició su oposición al Acueducto Independencia. Para ese entonces, 13 de sus integrantes habían sido levantados; sus dirigentes fueron objeto de frecuentes amenazas y, en lo que va del año, aparecieron narcomantas intimidatorias en contra de los inconformes en varias poblaciones de la entidad.

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el 3 de diciembre de 2013 un amparo a favor de los yaquis y ordenó acciones precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de líquido prosiguen sin freno mientras escala el acoso a los opositores.

Por si fuera poco, la reacción generada por la detención de Mario Luna no ha sido aislada; políticos, académicos e intelectuales, de entre los cuales se encuentran Miguel Concha Malo, Cuauhtémoc Cárdenas, Daniel Giménez Cacho, Adolfo Gilly, Dolores González, Félix Hernández Gamundi, Javier Sicilia, Magdalena Gómez, Salvador Nava, Miguel Álvarez y Gonzalo Ituarte ya se han unido a las voces que exigen la libertad inmediata del líder yaqui mediante una carta dirigida a la Procuraduría del Estado.

II. La lucha del pueblo yaqui

El Pueblo Yaqui ha vivido desde antaño en la cuenca del Río Yaqui, perteneciente al Estado de Sonora, con alrededor de 32 000 habitantes. Desde hace muchos años, se han visto en la necesidad de defender su territorio e identidad de quienes no respetan la ley tradicional.

El actual capítulo de la lucha del pueblo yaqui se remonta a 2010, cuando el gobernador Padrés Elías, con el fin de aliviar el desabasto de agua en la capital del Estado, presentó el plan hídrico “Sonora Sí”, el cual incluía un tendido de tubos de más de 150 kilómetros de longitud, con su respectivo sistema de bombeo para traer agua a Hermosillo desde la presa Plutarco Elías Calles, mejor conocida como El Novillo, en el sistema río Yaqui, así como la construcción de la presa Pilares en el municipio de Álamos y el Acueducto Independencia.Todas estas obras, decididas unilateralmente por el Gobernador Padrés dejaban sin agua el Valle del Yaqui, sin siquiera haber consultado antes a los integrantes de la comunidad.

Cabe advertir que derivado de la resolución recaída al amparo en revisión 631/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe realizar un proceso de consulta a la tribu yaqui respecto a su aceptación del plan hídrico, en particular respecto del Acueducto Independencia.De ahí que en mayo de este año, se presentaron diversas conclusiones preliminares del informe del 7 de mayo del proceso de consulta a la tribu yaqui a un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacíuo, realizado por una Misión de Observación Civil, en el que entre otras cosas afirmaban que:

La consulta a la Tribu Yaqui no está siendo libre pues fuera del proceso de consulta tienen lugar acciones u omisiones de entes públicos y particulares que enrarecen el ambiente y pueden distorsionar la toma de decisiones:

     Presiones políticas, prácticas coercitivas y coactivas. 

Intentos de desintegración del tejido de las comunidades 

Escenarios de violencia y riesgo para la vida, la seguridad y la integridad física de la Tribu.

La consulta a la Tribu Yaqui no está cumpliendo el principio transversal de buena fe toda vez que el incumplimiento de los parámetros anteriores genera condiciones desfavorables para un diálogo genuino y sincero entre el Estado mexicano y la Tribu Yaqui, enturbiando el ambiente de necesaria transparencia y disminuyendo la confianza de los Yaquis en la buena fe de la autoridad para llegar a un verdadero acuerdo.

En virtud de la falta de disposición a respetar los derechos de la tribu yaqui, el conflicto ha perdurado y escalado. El mismo ha trascendido fronteras y ha obligado a que organizaciones de todo el mundo exijan que se detengan las acciones de hostigamiento y abuso por parte de las autoridades estatales.

Hace unas semanas, una caravana de la comunidad yaqui arribó a la Ciudad de México, con la finalidad de exponer sus demandas a autoridades federales, ante la falta de atención prestada por las autoridades sonorenses. En su paso por este Senado expresaron que "la construcción del acueducto de 145 kilómetros dejará sin agua a la Tribu Yaqui y siete municipios más, y limitará la producción agrícola en el valle del Yaqui. Específicamente solicitan impulsar una reunión con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, para que se atienda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de llevar a cabo una consulta con los pueblos indígenas antes de construir cualquier obra de infraestructura.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.El Senado de la República insta al Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que detenga de inmediato la escalada represiva en contra de las y los representantes de la Tribu Yaqui por parte del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. El Senado de la República demanda la inmediata liberación de Mario Luna Romero y la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre integrantes de la tribu yaqui en razón de su participación en la lucha por la defensa del agua.

TERCERO. El Senado de la República insta al Gobernador del Estado de Sonora que instale una mesa de diálogo con la Tribu Yaqui a efecto de encontrar salidas a este conflicto, en la que se garantice el respeto pleno de los derechos humanos.

Senado de la República, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil catorce

SUSCRIBEN

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA

SENADORA  ANA GABRIELA GUEVARA

SENADORA  CLAUDIA PAVLOVICH

SENADOR  ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SENADOR  ERNESTO GÁNDARA CAMOU