LOS PRIVATIZADORES

Alejandro Encinas Rodríguez

El pasado 18 de septiembre, la mayoría del Senado de la República nombró a  los integrantes de los órganos reguladores que instrumentarán las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética, mismos que entregarán a particulares las concesiones para la explotación de los hidrocarburos, la renta petrolera nacional y la generación de electricidad, que hasta ahora habían sido propiedad exclusiva de la nación. Con lo anterior, se cierra el ciclo legislativo de la contrarreforma energética.

Al igual que sucedió con las reformas legales, la definición de los integrantes de los órganos reguladores fue resultado de la negociación y reparto de cuotas entre el PRI y el PAN, cuyos representantes pretendieron justificar su resultado destacando las bondades, idoneidad profesional, la no filiación partidaria y la neutralidad política de las personas propuestas.

Si bien la definición de las personas que los integrarán es importante, lo son más las competencias que se confieren a los nuevos órganos reguladores, ya que tendrán en sus manos la asignación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, la aprobación de permisos para la refinación y transformación industrial de los hidrocarburos, para la exportación o importación de petróleo crudo, e incluso la desincorporación de los activos de Pemex y de la CFE.

Se trata en síntesis, de los órganos y personas encargadas de operar la privatización de los recursos energéticos y la renta petrolera del país, por lo que también es importante conocer el perfil de quienes integran los órganos reguladores.

A lo largo del debate en el Senado, la mayoría integrada por la alianza PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza, centró la defensa de la idoneidad de las ciudadanas y ciudadanos propuestos en cuatro argumentos: que todos cumplían con los requisitos legales; que cuentan con un alto perfil profesional, y que ninguno tiene conflicto de interés ni filiación partidaria alguna.

Sobre estos señalamientos es necesario precisar:

Efectivamente, cumplen con los requisitos establecidos en la ley, ya que se realizaron reformas a modo que crearon un régimen de excepción para los llamados consejeros independientes, quienes no serán considerados servidores públicos ni se sujetarán al régimen de responsabilidades establecido para los mismos, y sus actos, así como los de los órganos reguladores, en los que participarán incluso secretarios de estado, se regirán por el derecho civil y el mercantil.

Cuentan, sí, con una buena formación profesional, con títulos académicos y nobiliarios acreditados en distintas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero no necesariamente cuentan con experiencia en el sector energético ni en las áreas de los órganos reguladores en que participarán. Por ejemplo, entre los recién nombrados, se encuentran especialistas en encuestas, analistas políticos e incluso un presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dejando de lado a un gran número de profesionales formado durante décadas dentro del sector con altos niveles de calificación.

En cuanto a que no tienen conflicto de interés, existen dudas fundadas y falsa información. A los órganos reguladores se integran empresarios y directivos de grandes empresas. Hasta ahora no conozco algún empresario que no tenga intereses, pues la lógica empresarial, más tratándose de los grandes empresarios, es el negocio, no la filantropía. Así se han incorporado, entre otros, al empresario de origen colombiano, Octavio Francisco Pastrana, quien ha sido representante de British Petroleum en Alaska, Bolivia, Perú y Venezuela, y Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien ha participado desde el gobierno de Salinas de Gortari en los procesos de privatización de empresas públicas, así como en la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, la que no logró el objetivo de privatizar el ejido, por lo que hoy se pretende subsanar ese fracaso con la reforma energética, al declarar de interés público y actividad económica preferente la explotación de hidrocarburos y la generación de electricidad, permitiendo la expropiación de tierras para establecer negocios privados, la ocupación temporal de las mismas y la declaratoria de servidumbre de paso en hidrocarburos.

Respecto a que ninguno de los integrantes tiene antecedentes partidarios (lo cual no es  impedimento legal sino un derecho constitucional potestativo de todos los mexicanos), se miente y se oculta información, ya que se ha demostrado que Sergio Pimentel Vargas y Héctor Alberto Acosta Félix, son gente cercana al PAN y en especial Acosta Félix mantiene gran cercanía con Germán Martínez, y si bien los demás integrantes no tienen militancia partidaria, algunos de ellos acreditan una intensa militancia ideológica.

Se ha tratado de presentar a las y los integrantes de estos órganos reguladores como ciudadanos neutros, químicamente puros. La no militancia partidaria no significa necesariamente neutralidad política o asepsia ideológica. Algunos de los comisionados propuestos militan activamente en los grandes medios de comunicación, como Televisa. Es el caso de escribanos de la historia oficial. Como Luis de la Calle, Carlos Elizondo Mayer o Federico Reyes Heroles, quienes al igual que la telebancada en el Congreso, se desempeñarán como los telereguladores.

Así, ni neutralidad política ni pluralidad. Los integrantes de los nuevos órganos reguladores  representan los intereses de los poderes económicos y a la corriente ideológica favorable a la privatización de los bienes nacionales y a la minoría privilegiada que concentra el ingreso y el poder en México.

Así están las cosas.