A través de los medios de comunicación y de los grupos de poder económico, se quiere crear un nuevo presidencialismo, no un Estado fuerte: Encinas Rodríguez

Martes, 09 Septiembre 2014

Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez durante la comparecencia del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

Durante la comparecencia del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que tradicionalmente la glosa del informe y la comparecencia de los funcionarios públicos derivan en el análisis de cifras, estimaciones y resultados que se presentan en un voluminoso documento con el que se pretende cumplir con la obligación constitucional de rendir cuenta al Congreso.

El senador Alejandro Encinas externó que en este proceso, los legisladores realizan un abundante número de preguntas, tan amplio, que le permite al funcionario apegarse a un guión preestablecido y evitar dar respuestas puntuales.

Señaló que lo mismo sucede con algunos legisladores, quienes se presentan a cumplir con este ritual, trayendo consigo, incluso por escrito, la réplica a las respuestas que dará el funcionario en turno.

Yo no quisiera apegarme al ritual tradicional, menos aún con el formato establecido para su comparecencia, que pretende que en 10 minutos evaluemos el desempeño de dos años de gobierno en materia de política interior, seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia nacional.

Quisiera compartir con ustedes y con la opinión pública una reflexión respecto al papel que desempeña o que debería cumplir el Secretario de Gobernación ante el regreso del PRI a la Presidencia de la República, en un momento en que, a diferencia de la época del partido hegemónico, el Estado, sus instituciones y la figura presidencial se han debilitado.

Durante la época del presidencialismo autoritario y del partido hegemónico básicamente  (entre los gobiernos del Presidente Lázaro Cárdenas y de Carlos Salinas de Gortari), el presidente de la República gozaba, además de las facultades que le otorgaban la Constitución y las leyes, de las llamadas facultades metaconstitucionales, entre las cuales se encontraba, desde el manejo de una partida secreta en el presupuesto de egresos de la federación, hasta la más importante, que era la de decidir a su sucesor.

La fuerza del Ejecutivo era tal que anulaba la separación de poderes, subordinaba al Congreso, al Poder Judicial y a los gobernadores, así como a los grupos sociales a través de un fuerte aparato de control corporativo desde el gobierno.

En este esquema, el Secretario de Gobernación se consideraba el hombre fuerte del gabinete, el operador político por excelencia, el enlace con los poderes de la Unión, con los gobernadores y grupos sociales, y controlaba también a los medios de comunicación.

Así existieron secretarios que concentraron un  gran poder político, como los inefables Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, hasta el gobierno de Salinas de Gortari, cuando, en gran medida, la operación política pasó a la oficina de la Presidencia.

Con Ernesto Zedillo, declinó el peso de la Secretaría de Gobernación. Tras la alternancia con el panismo, se debilitó aún más el papel de esta Secretaría, cuando hasta la primera dama y sus aliadas tenían más poder que el propio secretario, lo que se profundizó durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el concepto de gobernabilidad se redujo a la guerra contra el crimen organizado, lo que obligó a la incorporación de las fuerzas armadas a las tareas que corresponden a la autoridad civil.

Se atizó el avispero, se politizó la impartición de justicia y se hizo un manejo faccioso de la Secretaria de Seguridad Pública. En la Secretaría de Gobernación prevaleció el amiguismo, no hubo interlocución con el Congreso y la propia debilidad del Ejecutivo permitió la feudalización del país y la formación de un sindicato de gobernadores -el cual usted conoció- muy bien así como el fortalecimiento de los poderes fácticos y el incremento de la violencia y de la inseguridad.

En resumen: se abandonó la política, y se debilitó aún más al Estado y a sus instituciones.

Ello favoreció al PRI con el apoyo de los poderes fácticos y de algunos medios de comunicación para su regreso y que hoy pretenden crear la imagen de un presidencialismo fuerte.

Al inicio del actual gobierno, cuando debatimos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la mayoría priista en este Congreso argumentó que se buscaba fortalecer las funciones de la Secretaría de Gobernación al fusionar las tareas de política interior con las de seguridad pública, para remontar la falta de conducción política y la ineficacia de la estrategia de combate a la inseguridad pública.

Como lo advertimos desde entonces, se abandonó de nueva cuenta la política, y la Secretaría de Gobernación hoy está reducida a atender los asuntos de la seguridad pública anulando, en algunos casos a la autoridad local, como acontece con la presencia de la PFP y la nueva Gendarmería Nacional, en Michoacán, Tamaulipas, Valle de Bravo, y en el Sur del Estado de México, por supuesto, eventualmente participa ante los desastres derivados de fenómenos meteorológicos.

La relación con los grupos sociales es prácticamente inexistente, y si bien como usted ha señalado hay 8500 organizaciones que participan en distintos comités, consejos y comisiones con la Secretaria de Gobernación, se trata fundamentalmente de organizaciones vinculadas a los Sistemas de Seguridad Pública que se han incorporado mesas institucionales, pero no se abre espacio a la disidencia y por el contrario se criminaliza la protesta y se hace uso del brazo de represorcon que hoy cuenta la Secretaría para disuadirla y no para establecer una relación que permita  una gobernabilidad democrática.

La mayor parte de la operación política en nuestro país ha pasado de nueva cuenta a la Presidencia de la República. Desde ahí se centraliza el poder, se establece la relación con el Congreso; se elaboran y se cabildean las reformas legales; se establecen pactos políticos con un sector de la oposición; se atenta contra el federalismo, se nombran comisionados especiales, que, al igual que virreyes, desplazan a las autoridades locales e imponen los dictados del gobierno central, mientras las fuerzas armadas y la nueva Gendarmería ocupan territorios que asumen facultades que corresponden a los estados y municipios. Desde la Presidencia de la República se asume también el control de las participaciones federales y de las haciendas públicas locales.

Se busca de nueva cuenta fortalecer la figura presidencial sin recuperar la fortaleza del Estado. A través de los medios de comunicación y de los grupos de poder económico, se quiere crear un nuevo presidencialismo, no un Estado fuerte. Y contar con un Presidente fuerte dentro de un Estado débil, permite a los poderes fácticos detentar el poder real y convierte a la presidencia en vocera de sus grupos.

Hoy, todos los indicadores de gobernabilidad continúan a la baja.

La expectativa de crecimiento económico para este año cayó de 3.9 por ciento al 2.6 por ciento. 

La violencia supera la registrada en el gobierno anterior. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2012 y junio de 2014, se denunciaron 899 homicidios dolosos o culposos, cifra superior en 14 mil 205 homicidios a los registrados en los primeros 20 meses del gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, México es el país con más secuestros en el mundo, donde se registra un secuestro cada tres horas. De diciembre de 2012 a junio de 2014 se registraron mil 946 casos. Continúan al alza las denuncias por extorsión  y lamentablemente  los feminicidios.

La pobreza alcanza a 60 millones de mexicanos, el desempleo en julio pasado, se incrementó al 5.5 por ciento de la población económicamente activa y el subempleo al 8.3 por ciento. Entre 2008 y 2014 se perdieron un millón 983 mil empleos.

En el mismo periodo, de acuerdo con el Informe México: cómo vamos, la población que no puede adquirir la canasta alimentaria básica, pasó del 48.5 por ciento a 50.4 por ciento.

El 13 por ciento de la población ocupada -7 millones de mexicanas y mexicanos- percibe el salario mínimo, el cual ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo en cuatro décadas.

De acuerdo con la OIT, en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores calificados” y es el único país “donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de pobreza per cápita”.

Por eso, el indicador fundamental de la gobernabilidad es el bienestar de la población, lo que no se consigue repartiendo despensas.

Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados, son una vergüenza. Como lo es el desempeño del Instituto Nacional de Migración, en el Poder judicial prevalece la corrupción, y los desastres ambientales quedan en la impunidad.

Amnistía Internacional ha denunciado que la tortura persiste y se tolera en México. Y especialmente, resurgen acciones de violencia de Estado, que generan dudas fundadas y que no son aclaradas.

Pongo un solo ejemplo, entre otros que podría presentar: El enfrentamiento de las fuerzas armadas con presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, donde diversas fuentes periodísticas y observadores de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, han señalado que existen evidencias para presumir que más que un enfrentamiento, se trató de la ejecución de 22 personas, sin que hasta ahora se haya aclarado ni dado ninguna respuesta.

Señor secretario, no se puede regresar a los tiempos de la Secretaría de Gobernación dedicada al control político. No vamos a permitir una Secretaría que se asuma como policía política ni que resurjan las prácticas de la guerra sucia que vivió el país en los años setenta.

El país necesita una Secretaría de Gobernación que haga política, que escuche a la sociedad  y establezca canales de interlocución con sus organizaciones para dirimir conflictos y resolver sus legítimas demandas.

Se requiere una gobernabilidad democrática. No un gobierno fundado en la manipulación mediática de la opinión pública y que utilice el poder seductor del Estado para corromper y comprar conciencias, ni que vea en la gestión pública la oportunidad perversa de asociar la política con los negocios.

Queremos debatir con el responsable de la política interior del país y de la seguridad nacional,  no con el jefe de la policía y espero que el día de hoy, demos el primer paso en este tipo de relación y de debate.