LA INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ENVIADA POR EL EJECUTIVO: CARENTE DE UN ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS: ENCINAS RODRÍGUEZ

Sábado, 13 Septiembre 2014

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que el Senado de la República inició la noche del pasado martes la jornada de audiencias públicas para analizar y debatir la iniciativa preferente del Ejecutivo federal que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En palabras del legislador, las audiencias públicas tienen el propósito no sólo de conocer las voces de los expertos en la materia, sino de integrar un documento que busca establecer las bases de los derechos de los menores y la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno; en las audiencias, abundó el senador Encinas, han participado senadores, diputados, académicos, especialistas, autoridades relacionadas con el tema a nivel local, federal y municipal, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El senador afirma que esta iniciativa maneja el mismo esquema que ha adoptado el ejecutivo federal, al presentar a través de los medios de comunicación la labor de gobierno. Ahora el Presidente pretende comunicar que la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad. Sin embargo, este valor no corresponde al método de elaboración de la iniciativa, realizada por un equipo jurídico que excluyó de la consulta a los principales interesados, las personas menores de edad, y a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Resaltó la importancia del diálogo con los representantes de UNICEF, UNESCO, Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ONU mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Conago y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Asimismo, se mostró optimista al señalar la intervención de organizaciones no gubernamentales, entre ellasSave the Children, Alianza por la Infancia y sus Familias y Alianza por la Niñez,  destacó las aportaciones de distintos académicos de la UNAM, CIDE y UAM, de defensores sociales como el caso de Margarita Griesbach, de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), y Katia D’Artigues, defensora por la inclusión y reconocimiento de niñas y niños con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

En referencia al dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a grupos vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda; Encinas Rodríguez, demandó, en su calidad de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ahondar en el tema de los niños migrantes,  la niñez indígena y las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que en la Iniciativa Preferente del Ejecutivo, son sectores invisibles.

El Senador Encinas invitó a profundizar en el análisis de las experiencias en otros países con respecto a lo planteado en la iniciativa, desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, compartió la perspectiva planteada por Isabel Crowley, Representante de UNICEF México, con respecto a dar un enfoque distinto a la mencionada iniciativa para la protección de los derechos de los niños, pues al considerarla paternalista y asistencialista, debe hacerse un trabajo importante para darle un nuevo enfoque y concebirse como una ley garante de los derechos de los niños y niñas, quienes deben ser vistos como sujetos de derecho y no como objetos.

Entre las preocupaciones principales del Senador, se encuentran la necesidad de fortalecer la salud y seguridad social, la educación y protección integral de los menores. Al respecto, manifestó su apoyo a la propuesta del representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Alfonso Sandoval Arriaga, quien planteó incluir normas que ayuden a prevenir los embarazos tempranos, y la legalización del matrimonio a partir de los 18 años y no antes como sucede en muchas comunidades.

Coincidió con los líderes de los organismos internacionales al enfatizar que deben realizarse cambios estructurales en el planteamiento de la ley para la protección de los niños y más aún, implementar políticas de Estado para llevar a cabo los estatutos planteados. En México, abundó el Senador por el Estado de México, alrededor de tres millones de niños se encuentran trabajando, en condiciones que pone en peligro su integridad. Este hecho de sobrevivencia nacional, ha impedido que los niños puedan ejercer derechos tan básicos como la educación, abundó.

Denunció que las condiciones de los niños en México son preocupantes y la pobreza es un factor determinante para inhibir sus derechos fundamentales. Mencionó que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México hay más de 10 millones de niños en pobreza alimentaria y sus condiciones de salud son lamentables.

Otro elemento que no considera esta iniciativa, apuntó el senador es el relativo a la inseguridad, a la que se le incrustan una serie de afectaciones en la vida de los menores, como el maltrato y el abuso. En este sentido, apuntó que esta iniciativa no corresponde a la actualidad, pues ha dejado de lado muchos problemas que enfrenta la niñez. Informó que sólo el 16% de los casi 40 millones de mexicanos menores de 19 años tienen garantizados sus derechos, de acuerdo con datos de la Unicef y el Coneval. Encinas Rodríguez hizo mención tomando en cuenta los datos del Índice de Medición de Calidad de las Leyes, que toma como base los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), la iniciativa de Peña Nieto es lamentable pues obtiene una calificación de tres en una escala de 10.

Resaltó la intervención Alfonso Poiré Castañeda, representante de Save the Children, quien señala que un tema fundamental se refiere a la población infantil inmersa en el crimen organizado. Indica que actualmente entre 25 mil y 35 mil niños se encuentran relacionados con actividades ilegales. Hizo hincapié en lo alarmante de las estadísticas ya que si a los índices de probabilidad de padecer carencias que enfrenta un recién nacido en México se suma la violencia, los datos perturban: en el último sexenio, mil 701 niños y niñas murieron por hechos presuntamente relacionados con el crimen organizado, es así que el tono y el énfasis de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo parece más de Estado filántropo o benefactor, más que ser garante de estos derechos, señaló el Senador Encinas.

Advirtió además que la ley contiene puntos contrarios a derecho como es el tema de discapacidad. El senador apoyo la participación de la activista Katia D’Artigues quien expresó que la propuesta de Peña Nieto no contempla los derechos de los menores con discapacidad al no incluir lo establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues no se contempla un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, ni acciones de equiparación de oportunidades para lograr una igualdad real y material y mucho menos la accesibilidad a los centros de asistencia.

Para enfrentar el quebrantamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, se requiere de una normativa que constituya una firme infraestructura legal que garantice su operación y de otros ordenamientos fundamentales, una situación que el Senador Encinas lamenta que no se contemple en la ley propuesta.

El proyecto que entregó Peña Nieto al Congreso prevé la creación de una Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección, sin embargo, las organizaciones civiles consideran que pese a lo positivo de tener mecanismos de coordinación y protección, el enfoque de la ley no es de derechos humanos y se mantiene el asistencialismo.

EL legislador Encinas lamenta que México sea el único país de América que no cuenta con un sistema integral dedicado a los niños. Así mismo, reprueba que sólo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país se destina para los menores de edad, según un estudio de la Secretaría de Hacienda y Unicef, y que la mayor parte de ese presupuesto se reparta entre las secretarías de Salud y de Educación y menos de un 2% de ese 6% se destine a atender asuntos fundamentales como el trato a niños migrantes, en situación de calle, a prevenir embarazos adolescentes, explotación sexual infantil o acoso escolar.