Tlatlaya: violencia de Estado

El Universal

Alejandro Encinas Rodríguez

23 de septiembre de 2014

Durante la comparecencia del Secretario de Gobernación ante el Senado de la República el pasado 9 de septiembre, hice referencia a la denuncia de Amnistía Internacional respecto a que la violación a los derechos humanos y la tortura persisten y se toleran en México, y destaqué de manera particular que de nueva cuenta, surgen acciones de violencia de Estado, que no han sido debidamente esclarecidas y sancionadas.

Puse como ejemplo el enfrentamiento de las fuerzas armadas con presuntos delincuentes en el poblado San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, donde diversas fuentes periodísticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Right Watch, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro Prodh han señalado que existen evidencias suficientes para presumir que, lejos de tratarse de de un enfrentamiento, fue una ejecución de 22 personas, perpetrada por elementos de las fuerzas armadas, sin que a la fecha el Gobierno federal haya aclarado ni dado ninguna respuesta alguna, como sucedió en la propia comparecencia.

En los últimos días el asunto ha cobrado mayor relevancia al darse a conocer en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, testimonios de distintas personas que presenciaron estos hechos, donde aseguran que elementos del Ejército mexicano dispararon a quemarropa y dieron “el tiro de gracia” a los presuntos delincuentes, aun cuando éstos ya habían sido sometidos, al tiempo que el peritaje realizado en el lugar de los hechos revela que los disparos fueron directos al pecho.

Una de estas testigos, “Julia”, quien se dice fue rescatada de los presuntos delincuentes victimados, ha mencionado que fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la ciudad de Toluca y posteriormente en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el Distrito Federal, donde, asegura, la mantuvieron tres días sin comer, y que incluso la fotografiaron junto a las armas incautadas, haciéndole firmar documentos sin recibir copia alguna.

La justicia por propia mano y las ejecuciones sumarias no están permitidas ni pueden formar parte del desempeño de la autoridad en un Estado legalmente constituido. Este tipo de prácticas son ilegales e inaceptables, ya sean cometidas por grupos delictivos, policías, elementos de las fuerzas armadas o por cualquier autoridad, y deben ser castigadas conforme a la ley.

De confirmarse estos sucesos, se trataría de una de las peores ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país por elementos del Ejército mexicano tras la guerra sucia de los años setenta, que no puede quedar impune, pues tolerar este tipo de acciones, rompe con el Estado de derecho, vulnera las garantías y derechos fundamentales de las y los mexicanos, al tiempo que denigra el desempeño de las fuerzas armadas, que hoy realizan tareas de seguridad pública, que competen a la autoridad civil.

No puede desestimarse lo señalado por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Christof Heyns: “el derecho a la vida está gravemente amenazado en México, la tasa de homicidios es ‘demasiado alta’ y la impunidad persiste de manera sistemática”. El relator indicó que es difícil que el enfoque militar mejore la situación y advirtió que, en cambio, puede exponer a la población civil a violaciones de sus derechos, por lo que es necesario fortalecer el Estado de derecho para que quienes cometan abusos rindan cuentas ante la justicia.

He solicitado de manera formal al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en mi carácter de Senador de la República por el Estado de México, toda la información de que disponga la dependencia a su cargo sobre estos atroces acontecimientos, independientemente de la necesaria respuesta pública que merece la sociedad mexicana. Espero que ahora sí dé respuesta.

(Senador de la República)

Enrique Peña Nieto en materia de política indígena recalca responsabilidades sin atender las propias: Encinas Rodríguez

Lunes, 22 Septiembre 2014

En el marco del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Enrique Peña Nieto viajó a la Ciudad de Nueva York, para participar en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y donde también sostuvo una reunión con actores financieros.

 Peña Nieto lamentó, en un organismo internacional,  la discriminación hacia los pueblos indígenas y mientras se concentra en voltear al mundo y que el mundo lo mire a él (no al país que representa),  se olvida de prestar atención -él mismo-  hacia la realidad mexicana y el rezago que padece. Señaló Encinas Rodríguez

El senador por el Estado de México, Alejandro Encinas externó que de manera reciente, durante la celebración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, Peña Nieto visitó Chiapas, donde vestido con atuendos tzotziles habló a pobladores de una de las zonas más marginadas del país sobre los logros y supuestos beneficios de las contrarreformas que ha emprendido, sin manifestar palabra alguna  del despojo de tierras o la  destrucción del patrimonio ecológico y social que muchas de estas leyes permiten a través de figuras jurídicas que facilitan la explotación del suelo y los recursos. Los efectos de la política peñanietista los podemos observar ahora que indígenas pertenecientes a ese mismo pueblo en Chiapas protestan contra el despojo de tierras por parte de los gobiernos estatal y federal.

De igual forma, el senador Encinas manifestó que el Gobierno Federal no ha puesto total atención a casos que han puesto en riesgo ecológico a distintas zonas del país. Cabe mencionar el reciente derrame de líquidos tóxicos al  río Sonora  que han causado estragos a distintas poblaciones en especial a comunidades del pueblo Yaqui, a quienes también se les han violentado sus derechos entorno al uso y manejo de sus aguas y tierras, los perjuicios han provenido tanto del gobierno estatal como el federal que no han respetado tratados internacionales decretos presidenciales e incluso resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.

Así mismo, el senador Encinas manifestó que Enrique Peña Nieto, expuso en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que su gobierno respalda a las comunidades para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, mientras la Ley Telecom es un obstáculo y un freno total a las radios comunitarias y medios indígenas que no pueden competir contra los gigantes de las telecomunicaciones.  Peña también se mostró a favor de que los pueblos indígenas mejoren  su ingreso y calidad de vida, sin aludir en ningún momento a la avasalladora contrarreforma energética que permite que comunidades enteras sean despojadas de su patrimonio y se vean obligadas a subsumirse a los intereses del capital privado. Peña Nieto dice  que su gobierno apoya a la población indígena buscando que en su desarrollo no se  pierda la identidad cultural ni se comprometa el patrimonio natural del país, habría que recordarle al presidente los recientes daños ecológicos, las destrucciones del patrimonio histórico y las laceraciones a la población  que comete la gran industria, solapada  y apoyada muchas veces por el gobierno, mismo que trata de encaminar al país en un proyecto neoliberal que aniquila totalmente sus raíces, es decir, su historia.

El senador Alejandro Encinas argumentó que en el caso de los programas destinados a combatir el hambre han resultado meros paliativos que no resuelven el problema de fondo. La población indígena es una de las más afectadas, es en estos grupos sociales  donde es notorio la realidad contrastante del país que tiene más de la mitad de su población en pobreza extrema y por otro lado al hombre más rico del mundo.

En cuanto al caso de la inseguridad, el senador Encinas dejó en claro que históricamente el gobierno federal ha sido un agente de preocupación más que de apoyo para la población indígena debido a los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos y transgresiones de las garantías individuales que han protagonizado las fuerzas castrenses en contra de la población indígena como el caso de Acteal y Aguas Blancas.

El senador Alejandro Encinas rechazó que Enrique Peña Nieto reciba por parte de una Fundación el Premio al Estadista Mundial 2014, por el supuesto  liderazgo que ha demostrado al tomar “difíciles decisiones que buscan impulsar a su nación”.

Por último el senador Encinas Rodríguez dejó en claro que es inaceptable que el titular del Ejecutivo haga un llamado a los representantes de todos los Estados miembros de la ONU a abatir la desigualdad contra los indígenas,  cuando conduciendo el tren de la modernidad, Peña Nieto  lleva a la nación mexicana, sus recursos, su patrimonio y su población  al despojo de sus tierras.

Firma de la Alianza para el Parlamento Abierto en México

Lunes, 22 Septiembre 2014

LOS PRIVATIZADORES

Alejandro Encinas Rodríguez

El pasado 18 de septiembre, la mayoría del Senado de la República nombró a  los integrantes de los órganos reguladores que instrumentarán las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética, mismos que entregarán a particulares las concesiones para la explotación de los hidrocarburos, la renta petrolera nacional y la generación de electricidad, que hasta ahora habían sido propiedad exclusiva de la nación. Con lo anterior, se cierra el ciclo legislativo de la contrarreforma energética.

Al igual que sucedió con las reformas legales, la definición de los integrantes de los órganos reguladores fue resultado de la negociación y reparto de cuotas entre el PRI y el PAN, cuyos representantes pretendieron justificar su resultado destacando las bondades, idoneidad profesional, la no filiación partidaria y la neutralidad política de las personas propuestas.

Si bien la definición de las personas que los integrarán es importante, lo son más las competencias que se confieren a los nuevos órganos reguladores, ya que tendrán en sus manos la asignación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, la aprobación de permisos para la refinación y transformación industrial de los hidrocarburos, para la exportación o importación de petróleo crudo, e incluso la desincorporación de los activos de Pemex y de la CFE.

Se trata en síntesis, de los órganos y personas encargadas de operar la privatización de los recursos energéticos y la renta petrolera del país, por lo que también es importante conocer el perfil de quienes integran los órganos reguladores.

A lo largo del debate en el Senado, la mayoría integrada por la alianza PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza, centró la defensa de la idoneidad de las ciudadanas y ciudadanos propuestos en cuatro argumentos: que todos cumplían con los requisitos legales; que cuentan con un alto perfil profesional, y que ninguno tiene conflicto de interés ni filiación partidaria alguna.

Sobre estos señalamientos es necesario precisar:

Efectivamente, cumplen con los requisitos establecidos en la ley, ya que se realizaron reformas a modo que crearon un régimen de excepción para los llamados consejeros independientes, quienes no serán considerados servidores públicos ni se sujetarán al régimen de responsabilidades establecido para los mismos, y sus actos, así como los de los órganos reguladores, en los que participarán incluso secretarios de estado, se regirán por el derecho civil y el mercantil.

Cuentan, sí, con una buena formación profesional, con títulos académicos y nobiliarios acreditados en distintas instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero no necesariamente cuentan con experiencia en el sector energético ni en las áreas de los órganos reguladores en que participarán. Por ejemplo, entre los recién nombrados, se encuentran especialistas en encuestas, analistas políticos e incluso un presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, dejando de lado a un gran número de profesionales formado durante décadas dentro del sector con altos niveles de calificación.

En cuanto a que no tienen conflicto de interés, existen dudas fundadas y falsa información. A los órganos reguladores se integran empresarios y directivos de grandes empresas. Hasta ahora no conozco algún empresario que no tenga intereses, pues la lógica empresarial, más tratándose de los grandes empresarios, es el negocio, no la filantropía. Así se han incorporado, entre otros, al empresario de origen colombiano, Octavio Francisco Pastrana, quien ha sido representante de British Petroleum en Alaska, Bolivia, Perú y Venezuela, y Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien ha participado desde el gobierno de Salinas de Gortari en los procesos de privatización de empresas públicas, así como en la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, la que no logró el objetivo de privatizar el ejido, por lo que hoy se pretende subsanar ese fracaso con la reforma energética, al declarar de interés público y actividad económica preferente la explotación de hidrocarburos y la generación de electricidad, permitiendo la expropiación de tierras para establecer negocios privados, la ocupación temporal de las mismas y la declaratoria de servidumbre de paso en hidrocarburos.

Respecto a que ninguno de los integrantes tiene antecedentes partidarios (lo cual no es  impedimento legal sino un derecho constitucional potestativo de todos los mexicanos), se miente y se oculta información, ya que se ha demostrado que Sergio Pimentel Vargas y Héctor Alberto Acosta Félix, son gente cercana al PAN y en especial Acosta Félix mantiene gran cercanía con Germán Martínez, y si bien los demás integrantes no tienen militancia partidaria, algunos de ellos acreditan una intensa militancia ideológica.

Se ha tratado de presentar a las y los integrantes de estos órganos reguladores como ciudadanos neutros, químicamente puros. La no militancia partidaria no significa necesariamente neutralidad política o asepsia ideológica. Algunos de los comisionados propuestos militan activamente en los grandes medios de comunicación, como Televisa. Es el caso de escribanos de la historia oficial. Como Luis de la Calle, Carlos Elizondo Mayer o Federico Reyes Heroles, quienes al igual que la telebancada en el Congreso, se desempeñarán como los telereguladores.

Así, ni neutralidad política ni pluralidad. Los integrantes de los nuevos órganos reguladores  representan los intereses de los poderes económicos y a la corriente ideológica favorable a la privatización de los bienes nacionales y a la minoría privilegiada que concentra el ingreso y el poder en México.

Así están las cosas.

Documento entregado al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong

Los órganos reguladores serán los encargados de la privatización de los recursos energéticos, por eso, estamos en contra. Afirma: Encinas Rodríguez

Jueves, 18 Septiembre 2014

En tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez indicó que es un debate fundamentalmente legal, político e ideológico y confronta dos visiones distintas del país.

 Afirma que no es un asunto personal en contra de los candidatos propuestos, ya que este debate lo han venido dado desde la reforma constitucional en materia energética y en la discusión de las leyes secundarias.

De igual forma, señaló que con estos nombramientos de la integración de  los órganos reguladores, se cierra un ciclo de la contra reforma en materia energética.

Externó que estos órganos reguladores serán los encargados de la privatización  de los recursos energéticos de nuestro país y del manejo de la renta petrolera.

Ratificó “estuvimos y estamos en contra.  Vamos a votar en contra de la integración de estos órganos reguladores y de los nombramientos que han propuesto, estando convencidos de que no es un asunto personal”.

Manifestó que les han querido vender un discurso de  neutralidad,  profesionalización y excelencia de los integrantes, diciendo que se cumple con todos los requisitos de la ley; una ley que crea una régimen de excepción para que los comisionados independientes no sean sujetos del régimen de responsabilidades públicas y llevando a los órganos reguladores a que se rijan por la legislación civil y mercantil.

Dejó en claro que lo que se está cuestionando es que se cubra esa militancia sin reconocer que hay militantes de partido que son resultado de una negociación política entre el PRI y PAN, pretendiendo presentar a los candidatos como políticamente puros sin militancia y filiación política e ideológica, sin embargo, dijo que la mayor parte de estos integrantes no tienen filiación partidaria, pero si  una identidad ideológica y en este sentido, no es posible que se presente a los candidatos como sujetos políticamente neutrales.

Finalmente, el senador Encinas Rodríguez externó que no hay neutralidad y lo que prevalece es el abandono de una visión plural del país.

El centro del problema en el caso de la tribu yaqui es la violación al estado de derecho: Alejandro Encinas

17 de septiembre, 2014

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para referirse a hechos del punto de acuerdo en relación a la violación a los derechos humanos de Mario Luna Romero, líder de la tribu yaqui.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, Senador Presidente.

Yo sé que a los senadores de Acción Nacional pues les resulta bastante difícil venir aquí a defender lo indefendible, y por supuesto con tal de distraer la atención del tema central que hemos planteado se utilizan argumentos, pues no solamente ajenos al tema que hemos señalado, sino incluso algunos absurdos.

Vienen aquí, por ejemplo, ahorita el Senador Francisco López Brito a señalar que, bueno, se trata de dotar de agua a 850 mil habitante de la ciudad de Hermosillo, que efectivamente tienen plenamente el derecho a que el Estado les garantice el acceso a agua suficiente y de buena calidad para el consumo humano.

Pero eso no es lo que estamos planteando nosotros, tan derecho tienen los de Hermosillo, como los de cualquier otra ciudad o estado de la República, y también por eso nos preocupa que el mal e indebido manejo que el gobernador ha hecho de este tema provoque una confrontación entre los habitantes de Hermosillo y de Ciudad Obregón.

Tiene que resolverse este problema, porque si se hubiera dado un buen manejo pues se estaría atendiendo de manera distinta los problemas sustanciales, no es un problema solamente de falta de agua, por ejemplo, sino también del pésimo mantenimiento que tiene la red porque en la Ciudad de Hermosillo el 40 por ciento del agua que se abastece se pierde en fugas, y ese podría ser un tema que resolviera los problemas de fondo.

Yo creo que eso es lo que hay que discutir porque, y con argumentos y apegados a la verdad. Nos viene a decir aquí, por ejemplo, que el Distrito Federal recibe agua del sureste, no es así, se recibe, el 35 por ciento del agua que se consume en la Ciudad de México proviene fundamentalmente del Sistema Cutzamala y una parte de la cuenca de Lerma; pero el resto, el 65 porciento proviene del acuífero de la ciudad, por eso son los hundimientos.

Y por cierto no solamente el agua que viene de fuentes externas viene al Distrito Federal, sino viene al conjunto de la zona metropolitana que de manera creciente es quien consume el mayor volumen de agua. Entonces ese no es el litigio, como tampoco el litigio en el que plantea el Senador Búrquez, ya lo dijo muy bien aquí mi compañero Dolores Padierna, no es un asunto fiscal, no estamos debatiendo la reforma fiscal sobre la cual efectivamente Dolores Padierna y un servidor votamos en contra, junto con otros compañeros, y con nuestros argumentos.

Ya nos vienen a decir que somos hasta hermanos de sangre cuando del amasiato, prácticamente el incesto que han vivido en las últimas veces el PRI y el PAN pues han prácticamente desmantelado al Estado y comprometido los recursos naturales del país. Aquí más bien habría que evaluar este incesto político y en el que viven el PRI y el PAN, y no distraer los temas centrales.

Dice el Senador Héctor Larios que no hay que volverse un conflicto político y partidario, cuando este es un asunto político, ¿y cuándo se hace el debate político? Pues se hace en el Parlamento.

No sé qué quieran que vayamos a debatir aquí en el Senado que no sea política, y tan es partidario que viene a hacer una defensa, a veces con muy poco sostenible, del gobernador de su partido, y secreten de judicializar este tema diciendo que se trata de un conflicto interno dentro de la Tribu Yaqui, cuando solamente, para darle un dato, la reunión que sostuvimos la Senadora Ana Gabriela Guevara, la Senadora Dolores Padierna y un servidor con el pueblo Yaqui, estuvieron presentes todos los gobernadores y las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui, quienes nombraron al ahora detenido pues su vocero, porque Mario Luna fungió como vocero de esa reunión con pleno reconocimiento de los gobernadores yaquis, y aquí estuvieron los oficiales y todos los grados que tiene cada una de las autoridades de los pueblos, que efectivamente se eligen conforme a sus costumbres y prácticas tradicionales.

El centro del problema, y es el que hemos aquí planteado, que es el que queremos que se enfrente y se resuelva, pues es en primer lugar, pues la violación al estado de derecho. Usted mismo lo vino a reconocer aquí, Senador Larios, cuando dijo que la consulta a la que está obligada la autoridad para toda obra de esta naturaleza no se realizó con el pueblo Yaqui, dice: “sí se visitaron hoy las comunidades, a algunos interesados, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reponer el procedimiento porque no fue consultado el pueblo Yaqui, y ni SEMARNAT, ni el gobierno del Estado han atendido esta resolución de la Corte”.

Lo que estamos planteando es que se deje de criminalizar y de perseguir a la disidencia social, que se atienda el problema de fondo que tiene que ver con la violación a los derechos que goza el pueblo Yaqui por sobre sus aguas y sus tierras, independientemente de los negocios mercantiles, comerciales, civiles que hayan hecho con la adquisición de algunos derechos para el acueducto Independencia, eso es otro asunto.

El tema es que la comunidad no fue consultada, que hay un movimiento de inconformidad desde hace muchos años, que el gobernador en lugar de resolver el problema alienta a la confrontación entre Hermosillo y Ciudad Obregón, criminaliza a los disidentes, a quien protesta, y al mismo tiempo pues se construye su presa privada, y tiene su propio acueducto para irrigar los terrenos de su propiedad.

De eso no nos dieron ninguna respuesta, ¿verdad?

Entonces, mejor discutamos el tema de fondo y no… judicializar lo que es un conflicto social que durante muchos años ha prevalecido en esta región del Estado de Sonora.

Muchas gracias.

Punto de acuerdo en relación a la violación a los derechos humanos de Mario Luna Romero, líder de la tribu yaqui.

Miércoles, 17 Septiembre 2014

Los suscritos, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Ana Gabriela Guevara, Claudia Pavlovich, y Ernesto Gándara Camou, Senadores de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE MARIO LUNA ROMERO, LÍDER DE LA TRIBU YAQUI, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La situación de Mario Luna Romero 

El jueves 11 de septiembre, a las 11:40 de la mañana de la Ciudad de México y las 9:40 de Sonora, fue detenido el vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales.Esta noticia fue difundida por diversos medios de comunicación y confirmada por el procurador de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich. Se informó que la detención se realizó debido a que Mario Luna está acusado de los delitos de privación de la libertad agravada y robo de vehículo.

Ante el anuncio de la detención, las organizaciones de la sociedad civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana; Servicios de Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reaccionaron de manera inmediata y demandaron la liberación de Mario Luna, ya que la detención se dio dentro de un marco de irregularidad.

Las ONGs afirman que además de que su detención fue realizada por personas vestidas de civil en cuatro vehículos no oficiales, afirman que el paradero de Mario Luna, quien es vocero de la Tribu Yaqui, era desconocido hasta antes de las declaraciones del procurador. Una colaboradora de Serapaz dio a conocer que durante meses diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falsedad de los cargos en contra de Mario Luna, y que éstos son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui en defensa de su agua, ante la construcción y operación del Acueducto Independencia.

Cabe señalar que, el 26 de febrero, en entrevista para el semanario Proceso, Luna Romero responsabilizó a Guillermo Padrés Elías de diferentes acciones represivas a partir de que un grupo representativo de la nación yaqui inició su oposición al Acueducto Independencia. Para ese entonces, 13 de sus integrantes habían sido levantados; sus dirigentes fueron objeto de frecuentes amenazas y, en lo que va del año, aparecieron narcomantas intimidatorias en contra de los inconformes en varias poblaciones de la entidad.

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el 3 de diciembre de 2013 un amparo a favor de los yaquis y ordenó acciones precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de líquido prosiguen sin freno mientras escala el acoso a los opositores.

Por si fuera poco, la reacción generada por la detención de Mario Luna no ha sido aislada; políticos, académicos e intelectuales, de entre los cuales se encuentran Miguel Concha Malo, Cuauhtémoc Cárdenas, Daniel Giménez Cacho, Adolfo Gilly, Dolores González, Félix Hernández Gamundi, Javier Sicilia, Magdalena Gómez, Salvador Nava, Miguel Álvarez y Gonzalo Ituarte ya se han unido a las voces que exigen la libertad inmediata del líder yaqui mediante una carta dirigida a la Procuraduría del Estado.

II. La lucha del pueblo yaqui

El Pueblo Yaqui ha vivido desde antaño en la cuenca del Río Yaqui, perteneciente al Estado de Sonora, con alrededor de 32 000 habitantes. Desde hace muchos años, se han visto en la necesidad de defender su territorio e identidad de quienes no respetan la ley tradicional.

El actual capítulo de la lucha del pueblo yaqui se remonta a 2010, cuando el gobernador Padrés Elías, con el fin de aliviar el desabasto de agua en la capital del Estado, presentó el plan hídrico “Sonora Sí”, el cual incluía un tendido de tubos de más de 150 kilómetros de longitud, con su respectivo sistema de bombeo para traer agua a Hermosillo desde la presa Plutarco Elías Calles, mejor conocida como El Novillo, en el sistema río Yaqui, así como la construcción de la presa Pilares en el municipio de Álamos y el Acueducto Independencia.Todas estas obras, decididas unilateralmente por el Gobernador Padrés dejaban sin agua el Valle del Yaqui, sin siquiera haber consultado antes a los integrantes de la comunidad.

Cabe advertir que derivado de la resolución recaída al amparo en revisión 631/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe realizar un proceso de consulta a la tribu yaqui respecto a su aceptación del plan hídrico, en particular respecto del Acueducto Independencia.De ahí que en mayo de este año, se presentaron diversas conclusiones preliminares del informe del 7 de mayo del proceso de consulta a la tribu yaqui a un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacíuo, realizado por una Misión de Observación Civil, en el que entre otras cosas afirmaban que:

La consulta a la Tribu Yaqui no está siendo libre pues fuera del proceso de consulta tienen lugar acciones u omisiones de entes públicos y particulares que enrarecen el ambiente y pueden distorsionar la toma de decisiones:

     Presiones políticas, prácticas coercitivas y coactivas. 

Intentos de desintegración del tejido de las comunidades 

Escenarios de violencia y riesgo para la vida, la seguridad y la integridad física de la Tribu.

La consulta a la Tribu Yaqui no está cumpliendo el principio transversal de buena fe toda vez que el incumplimiento de los parámetros anteriores genera condiciones desfavorables para un diálogo genuino y sincero entre el Estado mexicano y la Tribu Yaqui, enturbiando el ambiente de necesaria transparencia y disminuyendo la confianza de los Yaquis en la buena fe de la autoridad para llegar a un verdadero acuerdo.

En virtud de la falta de disposición a respetar los derechos de la tribu yaqui, el conflicto ha perdurado y escalado. El mismo ha trascendido fronteras y ha obligado a que organizaciones de todo el mundo exijan que se detengan las acciones de hostigamiento y abuso por parte de las autoridades estatales.

Hace unas semanas, una caravana de la comunidad yaqui arribó a la Ciudad de México, con la finalidad de exponer sus demandas a autoridades federales, ante la falta de atención prestada por las autoridades sonorenses. En su paso por este Senado expresaron que "la construcción del acueducto de 145 kilómetros dejará sin agua a la Tribu Yaqui y siete municipios más, y limitará la producción agrícola en el valle del Yaqui. Específicamente solicitan impulsar una reunión con el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, para que se atienda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de llevar a cabo una consulta con los pueblos indígenas antes de construir cualquier obra de infraestructura.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.El Senado de la República insta al Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que detenga de inmediato la escalada represiva en contra de las y los representantes de la Tribu Yaqui por parte del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. El Senado de la República demanda la inmediata liberación de Mario Luna Romero y la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre integrantes de la tribu yaqui en razón de su participación en la lucha por la defensa del agua.

TERCERO. El Senado de la República insta al Gobernador del Estado de Sonora que instale una mesa de diálogo con la Tribu Yaqui a efecto de encontrar salidas a este conflicto, en la que se garantice el respeto pleno de los derechos humanos.

Senado de la República, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil catorce

SUSCRIBEN

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA

SENADORA  ANA GABRIELA GUEVARA

SENADORA  CLAUDIA PAVLOVICH

SENADOR  ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

SENADOR  ERNESTO GÁNDARA CAMOU

Necesario analizar de fondo lo que está sucediendo en Sonora y la actitud represora del gobierno: Alejandro Encinas

17 de septiembre, 2014

Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del punto de acuerdo en relación a la violación a los derechos humanos de Mario Luna Romero, líder de la tribu yaqui.

Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias senador Presidente.

He solicitado el uso de la palabra para invitar a mis compañeras y compañeros senadores a votar a favor de la propuesta del punto de acuerdo en donde se demanda la libertad inmediata del vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Romero, ya que el gobierno del estado, no solamente estando una mesa de diálogo para atender la problemática que a lo largo de diversos años se ha generado respecto a la construcción del acueducto independencia que afecta los derechos del pueblo yaqui sobre sus aguas y sobre sus tierras.

Lamentablemente en el estado de Sonora se vive un clima de enrarecimiento, e incluso de descomposición política porque el gobierno del estado no solamente ha sido omiso ante problemas serios que se presentan en su entidad, como es el caso de los derrames provocados por el Grupo México al río Sonora causando graves daños no solamente al medio ambiente sino a la salud y a la actividad productiva del estado, sino que además ha actuado con abuso en el ejercicio de sus responsabilidades como gobernador del estado.

Este debate con el pueblo yaqui deriva en primer lugar de la violación de un decreto presidencial que delimita claramente los derechos del pueblo yaqui sobre sus tierras y sobre las aguas del río yaqui que ahora están desviándose para abastecer de agua a la población de Hermosillo, que hay que reconocer hay un problema grave de suministro y la suficiencia de agua potable para satisfacción de las necesidades humanas en las distintas ciudades del estado.

Pero no puede resolverse este problema actuando unilateralmente, violando la ley e incluso haciendo caso omiso de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al gobierno del estado y al gobierno federal a realizar la consulta para la comunidad y al pueblo yaqui para el desarrollo de ese tipo de obras.

Y no solamente no se atiende, sino como lo hemos podido acreditar en las últimas semanas, un problema tan delicado como es el manejo de agua en el estado, pues se da a conocer de repente que el gobernador tiene su presa particular y sus propios ductos para regar su propiedad.

Yo creo que es momento de entrar a un análisis mucho más detallado de lo que está sucediendo en el estado de Sonora; un primer paso es garantizar la libertad de Mario Luna Romero, pero hay que revisar a fondo las actitudes de abuso, de abuso de autoridad, esa actitud represora por parte del gobierno y las omisiones ante las afectaciones que diversos particulares han hecho en la vida cotidiana y en el medio ambiente del estado de Sonora.

Por eso solicitamos aprobar este punto de acuerdo.

Ceremonia Segundo Informe del Jefe de Gobierno del Distrito Federal,  Miguel Ángel Mancera.

Miércoles, 17 Septiembre 2014

 

LA INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ENVIADA POR EL EJECUTIVO: CARENTE DE UN ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS: ENCINAS RODRÍGUEZ

Sábado, 13 Septiembre 2014

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que el Senado de la República inició la noche del pasado martes la jornada de audiencias públicas para analizar y debatir la iniciativa preferente del Ejecutivo federal que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En palabras del legislador, las audiencias públicas tienen el propósito no sólo de conocer las voces de los expertos en la materia, sino de integrar un documento que busca establecer las bases de los derechos de los menores y la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno; en las audiencias, abundó el senador Encinas, han participado senadores, diputados, académicos, especialistas, autoridades relacionadas con el tema a nivel local, federal y municipal, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El senador afirma que esta iniciativa maneja el mismo esquema que ha adoptado el ejecutivo federal, al presentar a través de los medios de comunicación la labor de gobierno. Ahora el Presidente pretende comunicar que la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad. Sin embargo, este valor no corresponde al método de elaboración de la iniciativa, realizada por un equipo jurídico que excluyó de la consulta a los principales interesados, las personas menores de edad, y a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Resaltó la importancia del diálogo con los representantes de UNICEF, UNESCO, Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ONU mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Conago y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Asimismo, se mostró optimista al señalar la intervención de organizaciones no gubernamentales, entre ellasSave the Children, Alianza por la Infancia y sus Familias y Alianza por la Niñez,  destacó las aportaciones de distintos académicos de la UNAM, CIDE y UAM, de defensores sociales como el caso de Margarita Griesbach, de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), y Katia D’Artigues, defensora por la inclusión y reconocimiento de niñas y niños con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

En referencia al dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a grupos vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, Segunda; Encinas Rodríguez, demandó, en su calidad de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ahondar en el tema de los niños migrantes,  la niñez indígena y las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que en la Iniciativa Preferente del Ejecutivo, son sectores invisibles.

El Senador Encinas invitó a profundizar en el análisis de las experiencias en otros países con respecto a lo planteado en la iniciativa, desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, compartió la perspectiva planteada por Isabel Crowley, Representante de UNICEF México, con respecto a dar un enfoque distinto a la mencionada iniciativa para la protección de los derechos de los niños, pues al considerarla paternalista y asistencialista, debe hacerse un trabajo importante para darle un nuevo enfoque y concebirse como una ley garante de los derechos de los niños y niñas, quienes deben ser vistos como sujetos de derecho y no como objetos.

Entre las preocupaciones principales del Senador, se encuentran la necesidad de fortalecer la salud y seguridad social, la educación y protección integral de los menores. Al respecto, manifestó su apoyo a la propuesta del representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Alfonso Sandoval Arriaga, quien planteó incluir normas que ayuden a prevenir los embarazos tempranos, y la legalización del matrimonio a partir de los 18 años y no antes como sucede en muchas comunidades.

Coincidió con los líderes de los organismos internacionales al enfatizar que deben realizarse cambios estructurales en el planteamiento de la ley para la protección de los niños y más aún, implementar políticas de Estado para llevar a cabo los estatutos planteados. En México, abundó el Senador por el Estado de México, alrededor de tres millones de niños se encuentran trabajando, en condiciones que pone en peligro su integridad. Este hecho de sobrevivencia nacional, ha impedido que los niños puedan ejercer derechos tan básicos como la educación, abundó.

Denunció que las condiciones de los niños en México son preocupantes y la pobreza es un factor determinante para inhibir sus derechos fundamentales. Mencionó que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México hay más de 10 millones de niños en pobreza alimentaria y sus condiciones de salud son lamentables.

Otro elemento que no considera esta iniciativa, apuntó el senador es el relativo a la inseguridad, a la que se le incrustan una serie de afectaciones en la vida de los menores, como el maltrato y el abuso. En este sentido, apuntó que esta iniciativa no corresponde a la actualidad, pues ha dejado de lado muchos problemas que enfrenta la niñez. Informó que sólo el 16% de los casi 40 millones de mexicanos menores de 19 años tienen garantizados sus derechos, de acuerdo con datos de la Unicef y el Coneval. Encinas Rodríguez hizo mención tomando en cuenta los datos del Índice de Medición de Calidad de las Leyes, que toma como base los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), la iniciativa de Peña Nieto es lamentable pues obtiene una calificación de tres en una escala de 10.

Resaltó la intervención Alfonso Poiré Castañeda, representante de Save the Children, quien señala que un tema fundamental se refiere a la población infantil inmersa en el crimen organizado. Indica que actualmente entre 25 mil y 35 mil niños se encuentran relacionados con actividades ilegales. Hizo hincapié en lo alarmante de las estadísticas ya que si a los índices de probabilidad de padecer carencias que enfrenta un recién nacido en México se suma la violencia, los datos perturban: en el último sexenio, mil 701 niños y niñas murieron por hechos presuntamente relacionados con el crimen organizado, es así que el tono y el énfasis de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo parece más de Estado filántropo o benefactor, más que ser garante de estos derechos, señaló el Senador Encinas.

Advirtió además que la ley contiene puntos contrarios a derecho como es el tema de discapacidad. El senador apoyo la participación de la activista Katia D’Artigues quien expresó que la propuesta de Peña Nieto no contempla los derechos de los menores con discapacidad al no incluir lo establecido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues no se contempla un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, ni acciones de equiparación de oportunidades para lograr una igualdad real y material y mucho menos la accesibilidad a los centros de asistencia.

Para enfrentar el quebrantamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, se requiere de una normativa que constituya una firme infraestructura legal que garantice su operación y de otros ordenamientos fundamentales, una situación que el Senador Encinas lamenta que no se contemple en la ley propuesta.

El proyecto que entregó Peña Nieto al Congreso prevé la creación de una Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y un Sistema Nacional de Protección, sin embargo, las organizaciones civiles consideran que pese a lo positivo de tener mecanismos de coordinación y protección, el enfoque de la ley no es de derechos humanos y se mantiene el asistencialismo.

EL legislador Encinas lamenta que México sea el único país de América que no cuenta con un sistema integral dedicado a los niños. Así mismo, reprueba que sólo el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país se destina para los menores de edad, según un estudio de la Secretaría de Hacienda y Unicef, y que la mayor parte de ese presupuesto se reparta entre las secretarías de Salud y de Educación y menos de un 2% de ese 6% se destine a atender asuntos fundamentales como el trato a niños migrantes, en situación de calle, a prevenir embarazos adolescentes, explotación sexual infantil o acoso escolar.