Urge reconstruir tejido social para recuperar la paz, señala senador Alejandro Encinas

INTERVENCION EN COMISION

Alejandro Encinas Rodríguez

08 de noviembre de 2013

Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la Reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias, muy buenas tardes, señor secretario, sea usted bien bienvenido.

Esta es la primera comparecencia a la que usted asiste, atendiendo la nueva disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública en la fracción XII del artículo 27, que establece la obligación del secretario de Gobernación de venir a presentar y evaluar la política criminal que está impulsando el gobierno, y espero que no sea la última, porque hay que recordar que esta resolución del Senado de la República ha sido controvertida por el Ejecutivo federal.

Ahora que sí esta de nueva cuenta en una sesión Ad cautelam, a lo mejor deriva en que no se va a mantener este tipo de práctica de control parlamentario. Por eso, si estamos de acuerdo en que la política criminal, la política de combate a la inseguridad requiere de una política de Estado en la que concurramos todos los Poderes y la sociedad, y que retiremos la carga política de estas acciones para enderezarlas, sería un muy gesto y una buena señal del Ejecutivo federal al Senado si éste se desistiera de la controversia que ha presentado.

Usted ha dicho que tiene voluntad política, una buena señal sería que el Ejecutivo federal desistiera de esa controversia, y así poder discutir a fondo los problemas, porque creo que en la estrategia en materia de combate al crimen es mucho más compleja de lo aquí esbozado.

Efectivamente una parte tiene que ver con la política criminal, que va desde establecer una clara diferenciación en cuanto al tipo de delito, la forma en que se opera, quiénes la operan, cuáles son las formas de operación de cada uno de los grupos delictivos, identificar las regiones, los lugares geográficos donde operan, cuáles son los grupos delictivos y el árbol delincuencial que eso implica, identificar como parte de las tareas de inteligencia que permitan desmantelar no solamente el enorme poder patrimonial y económico de los grupos delictivos, sino desmantelar los eslabones de la cadena delictiva y de los delitos del fuero común inducen al fuero federal y complican la situación.

Pero no basta quedarse en ese ámbito, se necesita de ir a reconstruir el tejido social, (inaudible), esta frase no la escuché e ninguna frase del momento de su intervención, porque no se trata solamente de establecer políticas de prevención del delito, de recuperación del espacio público, instrumentar políticas sociales con 81 programas federales, sino el objetivo fundamental es reconstruir el tejido social, que no solamente vuelva a vivir en paz sus comunidades, sino que deje de ser la carne de cañón de la inseguridad y la fuente de abastecimiento y crecimiento de la delincuencia organizada, y para ello creo que el gobierno cuenta con los recursos suficientes.

Solamente este año la Secretaría de Gobernación cuenta con alrededor de 75 mil millones de pesos, los cuales el 76 por ciento, 57 mil millones de pesos, están destinados a la seguridad pública, por lo cual no hay justificación para no establecer esta política integral que permita avanzar en un fortalecimiento institucional para lograr el objetivo fundamental, que no solamente lo establece la paz y la tranquilidad en la comunidad, sino que sea la autoridad civil la que recupere el control y su responsabilidad en las tareas de seguridad pública, y se permita que el Ejército regrese a los cuarteles.

Y dentro de esta estrategia creo que hay una omisión enorme, porque en ningún momento se refiere a los cambios y reformas que se requieren en el Poder Judicial, para acabar con la corrupción, con la impunidad, con la falta de castigo a quienes violan la ley en un país donde solamente el 2 por ciento de los delitos acaba con pena de prisión, y ese es un tema ausente plenamente, y si esto lo conjuntamos, política criminal, inteligencia, reconstrucción del tejido social, recursos, fortalecimiento institucional y eficacia en la impartición de la justicia y la aplicación de la ley, nos va a ser mucho más fácil atender los problemas, porque los diagnósticos están plenamente identificados.

En este país hay regiones vastas en donde quien gobierna no es la autoridad legítimamente constituida, sino es la delincuencia organizada, y el mejor ejemplo es Michoacán, en donde si bien es cierto que desde el mes de mayo hay una mayor intervención del Ejército mexicano, eso no significa que se están recuperando el control del territorio y mucho menos estableciendo tanto el gobierno y el ejercicio de la autoridad municipal, la local y la federal, y reconozco que en los últimos días el Ejército ha dado un giro importante en su intervención, la intervención en Lázaro Cárdenas por primera vez pone en el centro de la atención el desmantelamiento al poder económico de la delincuencia organizada, que por ciento no se dio en atacar el área del narcotráfico, sino al comercio de exportación hacia Asia de toda la actividad minera de los grupos delictivos, de las cuales obtienen ganancias millonarias al margen de la ley.

Y qué bueno que lo haya hecho el Ejército, pero hay un problema: el Ejército ha ocupado el territorio de Michoacán, pero no hay (inaudible) mediación el el Ejército y la sociedad, y los datos en Michoacán son contundentes: 31 de los 113 municipios están bajo el dominio de Los Templarios, el Ejército tiene presencia más nítida en 9 municipios, dentro de los cuales están estos 31. Hay una ausencia de los programas de gobierno en todos los municipios de la zona conflictiva, basta señalar la Cruzada Nacional contra el Hambre solamente contempla 6 municipios de Michoacán y ninguno de ellos están en la zona de conflicto, y se llega al extremo de que los informes de inteligencia y la propia Procuraduría General de la República, donde hay denuncias sobre 14 presidentes municipales vinculados con el narcotráfico, hoy formal parte del gobierno del estado, sin que haya una acción directa de la autoridad, a pesar de que se tiene información explícita sobre ello.

No dé los nombres, ni los partidos, hay de todos, pero el hecho es que hay omisión de la autoridad para poder restituir la fragilidad michoacana.

¿En qué momento? Esa es la pregunta. ¿Quién va a ser la gente que ayu8de a reconstruir la relación con la sociedad?, porque al Ejército no se le pueden seguir dando mayores responsabilidades, no puede seguir deteniendo personas, no puede estar yendo más allá de las atribuciones que le establece la Constitución.

La resolución reciente en el caso de Ciudad Juárez es el mejor ejemplo de ello, porque esto lo haciendo porque no hay autoridad local ni federal que sea el agente que regule la reconstrucción de la relación entre el gobierno y la sociedad.

Eso es lo que quisiéramos discutir en esta reunión, en una visión donde asumamos nosotros también el compromiso de acompañar acciones que permitan recuperar la tranquilidad en todo el territorio del país.