El valor fundamental de la Ley de Víctimas recoge el sentir de un sector de la población que ha sido dañada en sus derechos y garantías ante la incapacidad del Estado Mexicano de garantizar su responsabilidad primigenia que es la de proteger y salvaguardar la integridad de las personas y de sus bienes: Encinas Rodríguez.

México, D.F. a 21de  Marzo de 2013

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez en su carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda ante el Pleno de la Cámara de Senadores, externó “vengo a fundamentar el dictamen de reforma a la Ley General de Víctimas, aunque la parte sustancial del mismo, ya ha sido relatada con todo detalle, tanto por la presidenta de la Comisión de Gobernación como mis compañeros legisladores Angélica de la Peña de Derechos Humanos y Roberto Gil de la Comisión de Justicia”.

Manifestó “con el dictamen de la ley que hoy vamos aprobar cerremos un ciclo tortuoso, que ha seguido la legislación de víctimas desde su origen, porque lamentablemente en muchas ocasiones nos falla la memoria”.

Recordó “está iniciativa fue promovida y presentada el 17 de abril del 2012 en el Senado de la República por distintas organizaciones de la sociedad civil. En la iniciativa original participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, como: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Colaboración Cívica, Universidad Nacional Autónoma de México, FUNDAR, Movimiento de Paz de Justicia y Dignidad entre otras”.

Señaló “el debate en la Cámara de Senadores terminó con una aprobación por unanimidad, está minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y se aprobó por unanimidad la ley que hoy estamos reformando”.

Lamentó que en un proceso de desaseo legislativo, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados retiró del Ejecutivo Federal el decreto aprobado por la propia Cámara de Diputados, lo que permitió al Ejecutivo cumplir con el término para la presentación de una controversia constitucional.

Aseveró “este ha sido uno de los procesos que degradan el trabajo legislativo particularmente en el caso específico de la Cámara de Diputados, porque en contra de la voluntad soberana de las diputadas y diputados del Pleno, el Presidente de la misma se arrogo un derecho de retirar un decreto que permitió al Ejecutivo controvertirlo. A partir de ese momento hubo una especie de carga emocional entorno a la legislación respecto de las víctimas”.

Por último resaltó “el valor más importante de esta ley acopia el sentir de las víctimas. El Senado de la República está cumpliendo con su responsabilidad fundamental de atender aún sector de la población que ha sido dañado en sus derechos y garantías ante la incapacidad del Estado Mexicano de garantizar su responsabilidad primigenia que es la de proteger y salvaguardar la integridad de las personas y de sus bienes”.