Una de las protestas contra
la Ley de Seguridad Interior. Foto: Germán Canseco
La Corte debe declarar
inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, coinciden en la UNAM
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-
Investigadores de la UNAM y legisladores de diferentes partidos concluyeron que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver como
anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerarla
violatoria de los derechos humanos.
En el seminario
“Ley de Seguridad Interior” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ),
personalidades como Pedro Salazar, director del mismo; John Ackerman, académico
y articulista; Alejandro Encinas, senador independiente; Marcela Torres y
Angélica de la Peña, senadoras del PAN y PRD, respectivamente; reflexionaron en
torno a la ley que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, pese a
las movilizaciones sociales en contra.
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Los ponentes
coincidieron en tres puntos sobre dicha legislación: es violatoria de los
derechos humanos, legaliza la militarización del país en favor de naciones
extranjeras y presenta serias “inconsistencias” jurídicas.
En su participación en el auditorio “Héctor
Fix-Zamudio”, el director del IIJ indicó que la ley abona en el terreno de un
Estado autoritario de Derecho. Argumentó que el principal temor respecto a la
nueva legislación es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración
de justicia y se consolide la política de la militarización.
La senadora
panista Marcela Torres Peimbert sentenció que la intervención militar ha tenido
“escasos resultados” en materia de seguridad. Subrayó que, contrariamente, han
aumentado las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Por
ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura,
trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes.
El senador del PT-Morena, Manuel Bartlett
Díaz, consideró que LSI forma parte de una estratega de Estados Unidos en
México, pues “la única forma de mantener la seguridad de sus empresas es la
militarización de México y que la policía sea la Marina o las fuerzas armadas,
por lo que es necesario quitar a los policías municipales sus armas”.
Como parte de las conclusiones, los
participantes insistieron en que el máximo órgano de procuración de justicia de
México debe anular la ley.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación
debe declarar inconstitucional esta ley. De lo contrario, será evidente que
dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en general”,
coincidieron.
A la fecha, se han
presentado ocho controversias constitucionales contra la LSI, cuya
resolución está pendiente en la Corte.
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