¿Dónde está el copiloto?

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

14 de noviembre de 2017

El próximo jueves, el supersecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comparecerá ante el Senado de la República. Será su última presentación ante esta legislatura, la cual, al igual que sus comparecencias anteriores, se enmarca en un contexto de escándalos políticos derivados de la corrupción gubernamental y de las profundas incompetencias institucionales para encarar los problemas del país.

Compareció durante las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y Tanhuato; la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; la fuga del Chapo Guzmán, el asesinato de periodistas, alcaldes y activistas sociales; el recurrente uso de la tortura y la creciente violación a los derechos humanos, de mexicanos y migrantes, así como por el creciente número de personas desaparecidas o desplazadas por la violencia y la negativa al ingreso del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Comparecerá ahora y deberá rendir cuentas sobre la censura a la libertad de expresión; el espionaje a través del sistema Pegasus; la corrupción que impregnó la casa blanca; la generación más corrupta de gobernadores, y las investigaciones del gobierno de Brasil, sobre los sobornos de la empresa Odebrecht, que han puesto en evidencia el uso ilegal de recursos provenientes del extranjero para financiar la campaña presidencial de 2012, lo que llevó a la remoción arbitraria del fiscal para la atención de delitos electorales, para encubrir tamaña estafa.

¿Se trata de una desafortunada coincidencia? ¿De la mala suerte del supersecretario? ¿O de la corrupción y el rotundo fracaso de este gobierno?

Osorio Chong es el secretario de Gobernación más poderoso en la historia del país. Al menos en el papel.

Al inicio de la actual administración, se modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que disolvió la Secretaría de Seguridad Pública, transfiriendo sus funciones a Gobernación, que asumió la responsabilidad para elaborar, ejecutar y coordinar las tareas de seguridad pública del país, poniendo bajo su mando, por primera vez, una fuerza policial armada. La misma reforma determinó que la Secretaría de Gobernación sea la responsable de la conducción de la política interior y de la relación con los medios de comunicación; de coordinar al gabinete y a los funcionarios de la Administración Pública Federal.

El secretario es, por tanto, una especie de primer ministro dentro de un régimen presidencialista. Es el responsable de la política interior y de la seguridad pública; de negociar y de reprimir, lo que le auguraba un futuro político prometedor. Lo que no sucedió.

Desde la reforma a la Ley Orgánica, diversas voces señalamos que era un grave error vincular las funciones de gobernabilidad con las de seguridad pública, lo que generaría una tensión permanente en el ejercicio de ambas funciones bajo el mismo mando.

En las comparecencias anteriores pregunté al secretario, con quién estaba hablando, si con el responsable de la política interior o con el jefe de la policía. No tuve respuesta. Mas, a la luz de los resultados, es notorio que predominó la visión policial fundada en la seguridad del Estado y no de las personas, se militarizaron las tareas de seguridad pública y se criminalizó la protesta social, generando un vacío en las tareas de la gobernanza, en la interlocución con los diversos actores sociales y políticos, y en el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Las omisiones en este ámbito, como el combate a la corrupción, tienen al país inmerso en una crisis de gobernabilidad: no hay procurador general, no hay fiscal general, tampoco fiscal de delitos electorales, ni fiscal y magistrados anticorrupción, las autoridades electorales están cuestionadas por su deciente desempeño, al igual que la inocua Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. 2017 es el año más violento de las últimas dos décadas.

La supersecretaría y su titular fracasaron. El mal diseño institucional, así como sus deficiencias y omisiones han demeritado la vida democrática del país. Quizá es tanto el poder que se le otorgó que no pudo —o no supo— ejercerlo. Hacerlo hubiera significado un fuerte contrapeso al propio Presidente. El costo, como siempre, lo están pagando los mexicanos.

Senador de la República