¿Y el móvil del crimen?
Los videos presentados en dicha conferencia de prensa nos muestran un
México de horror y de terror que debemos condenar y exigir su esclarecimiento y
castigo.
Más dudas que respuestas. Más incertidumbre que certeza. Contradicciones
y vacíos en la información. Así puede resumirse la conferencia de prensa que el
procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ofreciera más en el
ánimo de crear una falsa condición para justificar la gira de Enrique Peña
Nieto a China, así como para iniciar el carpetazo en la investigación en torno
a los hechos de terror perpetrados contra estudiantes normalistas inermes el
pasado 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Basta formular algunas preguntas. Entre otras, la fundamental. Más allá
de las 74 detenciones de policías municipales, delincuentes y del ex presidente
municipal y su esposa; de la declaración de los presuntos autores materiales;
la reconstrucción de hechos y demás datos que se han hecho públicos, falta
esclarecer dos temas centrales: el móvil del crimen y la red de corrupción y
complicidades en torno a la operación de los grupos delictivos en esta región
del país.
Cuáles fueron las causas, cuáles los motivos y objetivos que este grupo
criminal perseguía para asesinar a estos jóvenes. A ello no han dado
respuesta.
El gobierno federal debe aclarar además, por qué da por válidas las
declaraciones y reconstrucción de los hechos de los tres presuntos autores
materiales que llevaron a la barranca de Cocula a encontrar bolsas con restos
humanos calcinados y por qué éstas son concluyentes, cuando otros detenidos en
su declaraciones y reconstrucción de hechos, coinciden en elmodus operandi del
homicidio y calcinación de los normalistas y condujeron a las fosas de Pueblo
Viejo, donde se encontraron al menos 28 cadáveres, cuya identidad no ha sido
aclarada, y en torno a las cuales existen dudas fundadas respecto a la presunta
alteración de las muestras para el análisis del ADN de las víctimas y, por
tanto, la calidad de los análisis periciales.
Pero también deben explicar cómo fue posible no haber detectado
oportunamente la presunta incineración de 43 cadáveres. Cuántas personas
participaron para someter, asesinar, incinerar en un basurero de Cocula a 43
jóvenes, para después trasladar sus restos y arrojarlos en una barranca
inescrutable en el río San Juan, donde ahora caminan peritos y detenidos sin
mayor problema.
Cuánto combustible se utilizó para una incineración de esta magnitud,
que seguramente constituyó una tea humana ardiendo al menos durante 24 horas,
sin ser detectada cuando estaba puesto en marcha un operativo frente a estos
hechos.
Cuáles fueron las omisiones y cuál es la red de complicidades con autoridades
federales y locales que favorecieron la operación de estos grupos delictivos,
así como de estos hechos. En particular, y tras la declaración del procurador
General al justificar la no intervención del Ejército, cuando señaló que éste
actúa únicamente bajo órdenes, nos lleva a preguntarnos necesariamente quién
dio la orden para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales cometidas en
Tlatlaya, Estado de México.
Los videos presentados en dicha conferencia de prensa nos muestran un
México de horror y de terror que debemos condenar y exigir su esclarecimiento y
castigo. Que no prevalezca la corrupción e impunidad que en estos casos ha
prevalecido a lo largo de la historia del país. Como tampoco podemos aceptar ni
permitir, que la quema de leña, gasolina, diesel y llantas que pudieron
utilizarse en la incineración de seres humanos, se convierta en una cortina de
humo de las responsabilidades del Estado en este crimen de lesa humanidad.
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