9 preguntas a la PGR y 3 al PRD

El Universal

Alejandro Encinas Rodríguez

Martes, 18 Noviembre 2014

La información presentada hasta ahora por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acerca del avance en la investigación de los hechos de terror perpetrados contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa en los municipios de Iguala y Cocula, plantean diversas interrogantes que deben ser aclaradas.

¿Cuál fue el móvil, los motivos y objetivos que este grupo criminal perseguía para asesinar a tres estudiantes y otros tres civiles, y para secuestrar a los 43 jóvenes hasta ahora desaparecidos?

¿Quienes integran la red de corrupción y complicidades que permitió el desarrollo y la operación impune de estos grupos delictivos en esta región del país? ¿Quiénes son las autoridades federales o locales que incurrieron en acciones u omisiones que permitieron estos hechos?

¿Cuántas personas participaron para someter, trasladar  e incinerar a decenas de personas, para después trasladar y arrojar sus restos a una barranca inescrutable en el rio San Juan?

¿Por qué no se detectó lo que, en su caso, constituyó una tea humana que ardió durante al menos 24 horas, cuando ya se había puesto en marcha el operativo para encontrar a los jóvenes desaparecidos?

¿Cuanto combustible se utilizó? ¿De dónde se abasteció la cantidad suficiente para realizar una incineración a cielo abierto, que debió mantener constante una temperatura superior a los mil grados centígrados? ¿Cómo se contuvo la extensión del incendio en un basurero donde existe gran cantidad de residuos inflamables y una alta concentración de gases?

¿Por qué se mantienen en funciones los presidentes municipales y los ayuntamientos  de los municipios intervenidos por el Gobierno federal, dónde se han acreditado sus vínculos con la delincuencia organizada?

¿Cuál es el resultado del cotejo de los análisis periciales realizados por especialistas argentinos, de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala, con los resultados obtenidos por los peritos de la PGR?

En virtud de la declaración del Procurador General, al justificar la no intervención del Ejército en defensa de los estudiantes, al señalar que éste actúa únicamente bajo órdenes: ¿Quién dio la orden para cometer las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México?

¿Cuál es el avance en la investigación sobre la penetración de grupos delictivos en los partidos políticos involucrados en el gobierno de los municipios intervenidos? y en particular, de la línea de investigación que demandé, como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, sobre el nivel de penetración de este grupo delictivo en la estructura del PRD y el eventual financiamiento a alguna campaña política o dirigente partidario, así como de las omisiones y complicidades en que pudieran haber incurrido autoridades  emergidas bajo las siglas del PRD  e incluso dirigentes partidarios.

Sé que esto causa enojo e inquietud a algunos dirigentes del partido, quienes se niegan a admitir que el PRD enfrenta la peor de sus crisis y el enojo de la sociedad, y su desenlace definirá su viabilidad y futuro. Por lo que lejos de eludir su responsabilidad, la dirigencia perredista debe adoptar decisiones de fondo y  contribuir a que la investigación llegue al fondo del asunto y se conozca la verdad de los hechos, y que, sean quienes sean los responsables,  paguen por  los delitos cometidos.

Respecto a estas decisiones pregunto a los dirigentes del PRD: ¿Por qué no han exigido la renuncia y el deslinde de responsabilidades de los 8 ediles a quienes la PGR acusa de estar involucrados con el crimen organizado en Guerrero? ¿Por qué no esclarece e informa de las relaciones y mecanismos a través de los cuales éstos accedieron a sus candidaturas? y, ¿Por qué no actuó con firmeza ante las denuncias sobre el asesinato de al menos cuatro militantes perredistas a manos del expresidente municipal de Iguala, en el esclarecimiento de los hechos?

La sociedad mexicana está indignada y llegando al límite. Estos actosde barbarie deben ser plenamente esclarecidos y castigados. No pueden quedar impunes, como tampoco podemos permitir, que los actos de provocación que se han presentado en las últimas semanas, distraigan la atención sobre la exigencia de presentar con vida a los estudiantes desaparecidos ni que éstos actos alienten campañas de rumor y miedo para  justificar la represión. El Estado mexicano debe asumir plenamente su responsabilidad ante este crimen de lesa humanidad.

Senador de la República