Artículo Tribuna Milenio

Lunes, 24 Noviembre 2014

  

Alejandro Encinas Rodríguez

Senador de la República

México atraviesa por una profunda crisis política y por la mayor tragedia humanitaria de las últimas décadas. La descomposición política del Estado y sus instituciones y la degradación de la moral pública han permeado a los tres órdenes de gobierno, a los poderes de la Unión y a los partidos políticos, haciendo de nuestro país el reino de la corrupción, de la impunidad, de la desigualdad y el miedo.

Los hechos de barbarie acaecidos en Iguala han puesto en evidencia la magnitud de esta crisis, mostrando ante una indignada opinión pública cómo esta descomposición ha alcanzado al Partido de la Revolución Democrática y a gobiernos emanados de sus siglas.

El PRD enfrenta la peor crisis de su historia. Una crisis que, a diferencia de sus conflictos anteriores, no deriva de la impugnación a sus procesos de elección interna o de las diferencias respecto a la conducción, la línea política o la relación con el gobierno y los grupos de poder que han impuesto las corrientes dominantes en los últimos años. Se trata de un asunto de mayor envergadura, resultado del desdibujamiento ideológico, del pragmatismo político y del divorcio con las causas populares, que han convertido al partido que emergió de la lucha por la democracia, la lucha contra la represión y por la defensa de los derechos humanos en un partido más dentro del régimen autoritario del país, incapaz de diferenciarse de la clase política que dice combatir, y que se ha subsumido en el laberinto de las partidocracias y los enredos de negociaciones a espaldas de la sociedad.

Algunos dirigentes de las corrientes dominantes ven en la exigencia que muchos perredistas hemos hecho de encarar este problema, y deslindar las responsabilidades para esclarecer y castigar los hechos de Iguala, una campaña para dividir al PRD o para ajustar cuentas entre los grupos y los conflictos internos. Se equivocan. Este no es un asunto personal, sino una cuestión eminentemente política, respecto a la cual tenemos que señalar que no nos identificamos con el silencio y las omisiones de la dirección del partido. Que no compartimos la opinión de quienes evaden encarar esta crisis como si todo pudiera seguir igual después de los hechos de Iguala, cuando de su desenlace depende la viabilidad del PRD y la armonía en el país.

México está en riesgo. Vuelven a estar presentes las campañas de rumores, de descrédito y provocaciones que pretenden justificar la violencia y distraer la atención de la opinión pública del incumplimiento del Estado para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Regresa la retórica de gobernantes y funcionarios que, incapaces de atender el reclamo social, lanzan amenazas y atropellan derechos y garantías ciudadanas para abrir una salida autoritaria a la crisis, en aras de garantizar la seguridad del Estado, no la de los ciudadanos.

Superar el creciente rechazo social y recuperar la credibilidad perdida por el PRD requiere asumir la ética como eje rector de nuestro desempeño público, como condición inherente para superar la percepción negativa que se ha arraigado en la población respecto al partido.

Ello exige adoptar decisiones claras y contundentes, para conocer la verdad sobre los hechos de Iguala y deslindar las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, así como de las autoridades federales y locales que por acción u omisión propiciaron esta tragedia. Exige esclarecer cómo se construyó la red de complicidades y corrupción que permitió la operación impune de los grupos delictivos en el estado de Guerrero y en la región; separar de inmediato a los ediles que han sido señalados de mantener vínculos con los grupos delictivos en ese estado y otras entidades; esclarecer las relaciones y mecanismos a partir de los cuales obtuvieron sus candidaturas, y conocer si existió financiamiento ilícito a alguna campaña o dirigente partidario.

Debemos entender que, para evitar tocar fondo, es necesario replantear la vida partidaria, construir un proyecto democrático y nuevos liderazgos con autoridad moral; lo que pasa necesariamente por erradicar a todos los Abarcas de las filas perredistas y a quienes consintieron su intromisión en la vida partidaria y en los gobiernos emanados de sus siglas.