Sector eléctrico es un tema fundamental de la soberanía y de la seguridad nacional: Alejandro Encinas Rodríguez

INTERVENCIÓN EN COMISIÓN

09 de diciembre de 2013

Intervención del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su reserva al artículo 25 del proyecto de dictamen que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales, en materia energética.

Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias, Senador Presidente.

Compañeras y compañeros Legisladores. El día de ayer centramos la discusión en torno al petróleo y los demás hidrocarburos, y si bien hubo referencias a las implicaciones de estas Reformas, en materia de la privatización, en las fuentes de generación de energía eléctrica y la virtual liquidación de la Comisión Federal de Electricidad, no abordamos con detenimiento el significado de la medida absurda que el Dictamen presenta en torno al sistema y al sector eléctrico del país.

En la exposición de motivos, por ejemplo, en la página número 71, se señala que en la participación del sector privado nacional y extranjero, en la generación eléctrica, ese resultado de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se hicieron en diciembre del año de 1992, allá en el Gobierno de Ernesto Zedillo, las cuales --dice-- permitieron la participación de terceros en aquellas actividades que eran consideradas de carácter público y de manera particular la exposición, y aquí empezamos con las contradicciones y lo absurdo de los argumentos que se plantean, es que dice que la apertura limitada a la participación privada, ha permitido a los actores privados contribuir a brindar seguridad energética del país, así como para ofrecer mejores tarifas a sus clientes, lo cual es evidentemente falso.

Ya que analizamos con detenimiento la auditoría que realizó la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, vamos a encontrar -y por lo menos, deberíamos de tener la atención de considerar lo que los órganos de investigación y análisis de este Congreso generan- cómo en la medida en que ha participado el sector privado en la actividad de generación de energía eléctrica, se han venido incrementando sustancialmente las tarifas.

Por ejemplo, en la última auditoría el costo unitario de las Centrales de la Comisión Federal de Electricidad fue inferior en un 40 por ciento de la que generan los productores privados llamados independientes.

La verdad es que lo que se ha venido sucediendo es comprometer no solamente la consolidación del Sistema Eléctrico Nacional sino limitar el desarrollo deliberado de la Comisión Federal de Electricidad porque habiendo capacidad instalada, por lo menos el 42 por ciento de la capacidad instalada para generar energía eléctrica en el país se encuentra ociosa porque se ha preferido brindar contratos al sector privado, que vienen aportando el 45 por ciento de la generación con una capacidad ociosa del 42 por ciento de la infraestructura del sector público.

Por supuesto son muchas las empresas extranjeras que se benefician de esta situación, particularmente Iberdrola, de España; Mitsubishi, de Japón y Alstom, de Francia, que son las que concentran la mayor cantidad de contratos para la generación de energía eléctrica.

Y ahora resulta que no solamente se les va a otorgar libertad plena para la generación, sino que se quiere convertir a la Comisión Federal de Electricidad -como establece el Artículo 25 Constitucional- en un sistema que se reduce a la planeación y el control del Sistema Eléctrico nacional así como la transmisión y distribución de energía.

¿Qué significa esto?

Con las reformas al Artículo 28 Constitucional, que simple y sencillamente Comisión Federal de Electricidad reducirá su actividad a la distribución de energía comprando a particulares la energía que se genere, a pesar de que sea a costos superiores.

Y al eliminarse la exclusividad de la nación y el carácter estratégico de la industria eléctrica, lo que van a permitir es la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad y puede llegarse al extremo no solamente de la privatización -por ejemplo- de la Termoeléctrica del Valle de México, sino incluso de las presas hidroeléctricas del Sistema de Angostura Chicoasén.

Son insaciables. Solamente el año pasado la Comisión Federal de Electricidad pagó 74 mil millones de pesos a la iniciativa privada por generación de luz, lo que equivale al 30 por ciento del presupuesto total de esta empresa, lo que ahora van a transmitir totalmente, incluso los activos, a estas empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, haciendo depender al sector eléctrico de la inversión privada y poniendo en riesgo la seguridad energética de nuestro país, que en cualquier país que considere sensato su nivel de desarrollo, entiende que el sector eléctrico no sólo es un asunto que garantiza la soberanía energética, sino que es un tema fundamental de la soberanía y de la seguridad nacional.

De esa magnitud son las reformas y la entrega que se hace al capital extranjero de áreas estratégicas de nuestro país. Qué vergüenza.