Qué bueno que
seguimos avanzando en la construcción de un sistema para combatir el peor de
los males de nuestra administración pública
INTERVENCION EN TRIBUNA
Alejandro Encinas Rodríguez
13 de diciembre de 2013
Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del PRD, para dar posicionamiento sobre el dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Anticorrupción
y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias senador Presidente.
Bueno, el día de hoy cerramos, lo dijo bien el senador Bartlett, un ciclo de trabajo legislativo que nos llevó por lo menos 10 meses de discusión.
No se trata solamente de abordar el (Inaudible) de una ley para combatir la corrupción, sino de ir desarrollando instrumentos de carácter institucional, que permitan construir un sistema integral y trasversal para que las acciones de combate a la corrupción sean efectivas, se termine la impunidad y la discrecionalidad con efectuar la autoridad, y se permita la coordinación no solamente con este nuevo órgano con autonomía constitucional que combate a la corrupción, sino que permita trabajar junto con el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Auditoria Superior de la Federación lo que corresponde, en este caso que ya lo hemos discutido aquí en la responsabilidad hacendaria de los estados y municipios, en cuanto a la rendición de cuentas sobre el manejo de la deuda.
Y por supuesto, uno de los balances más importantes es la creación de una fiscalía autónoma anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República en tanto ésta logra como se aprobó en la reforma político- electoral constituirse en una fiscalía autónoma a nivel nacional.
Sin embargo, yo sí quisiera destacar que la solución al problema de la corrupción no es un asunto exclusivamente de las leyes, la corrupción es un mal endémico que lamentablemente corroe a la vida pública, pero también en gran medida a la vida de los particulares.
Y por eso, tenemos que entender que el combate a la corrupción tiene que transitar además de establecer leyes claras y que sean efectivas en el combate a la corrupción en un desarrollo institucional que cambie la actitud de los funcionarios públicos, pero también que ayude a construir una cultura política y cívica que permita atacar desde la raíz el problema de la corrupción.
Creo que con esta reforma constitucional se da un paso importante, porque no solamente se establece en el artículo 113 constitucional el carácter de un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República y cuyas funciones fundamentales son las de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.
Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.
Dentro de los avances está la constitución de un consejo consultivo, en donde efectivamente coincido con el Senador Bartlett una de las limitaciones de este consejo es la presencia de un representante del Ejecutivo federal, quien va a ser uno de los sujetos obligados a los que deberá de atender en particular el sistema.
Pero sí se avanza en una muy importante participación de ciudadanos, tres ciudadanos que serán nombrados por la Cámara de Senadores, con la participación además de la entidad de fiscalización superior, o sea la Auditoría Superior de la Federación y en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Al mismo tiempo se establecen nuevas facultades y atribuciones para el Congreso de la Unión, particularmente para emitir una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de combate a la corrupción, donde se establecerán organismos especializados con plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio en las entidades de la República.
Este es un sistema y un esquema que hemos aplicado ya en la reforma constitucional en materia de acceso a la información, donde además de darle autonomía al órgano garante de carácter federal se homologa la legislación a través de una ley general y se impuse el fortalecimiento o la creación, incluso, de entidades autónomas anticorrupción en los estados y en los municipios.
Al mismo tiempo la ley establecerá que las autoridades de la federación de las entidades federativas y los municipios, incluidas las unidades de auditoría interna colaborarán y prestarán auxilio cuando el órgano responsable de combatir la corrupción y los órganos especializados a nivel local y a nivel federal.
Y en esta materia, la ley general fijará las bases del sistema nacional de combate a la corrupción para la coordinación entre el órgano responsable de combatir la corrupción y las instancias de procuración de justicia.
Por eso, es muy importante destacar lo que se estableció en el artículo octavo transitorio en que la investigación de los hechos de corrupción, lo órganos responsables de combatirla tiene que crear ante la eventual comisión de delitos un sistema que permita presentar las denuncias penales y/o actuar en todos los casos como coadyuvantes del Ministerio Público.
Este fue sin lugar a dudas uno de los temas centrales del debate, el de establecer la coadyuvancia para que independientemente de la autonomía que tenga la fiscalía para combatir la corrupción sean las entidades locales y los órganos como el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y otros coadyuvantes en la persecución de los delitos o de las sanciones administrativas que se puedan fincar por actos de corrupción de los servidores públicos.
Qué bueno que aprobamos esta reforma constitucional el día de hoy, qué malo que la aprobamos en un proceso tan atropellado donde hemos cometido violaciones, yo digo flagrantes a nuestro reglamento, nombrar a la Comisión Permanente por votación nominal, cuando debió haber sido por cédula y un caso que nunca se había registrado en la historia reciente del Congreso, de instalar la Comisión Permanente antes de que el Senado levante su periodo de sesiones para que los diputados se fueran de vacaciones.
Sin embargo, a pesar de este lamentable entorno qué bueno que seguimos avanzando en la construcción de un sistema para combatir el peor de los males de nuestra administración pública.
Muchas gracias.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Muchas gracias senador Presidente.
Bueno, el día de hoy cerramos, lo dijo bien el senador Bartlett, un ciclo de trabajo legislativo que nos llevó por lo menos 10 meses de discusión.
No se trata solamente de abordar el (Inaudible) de una ley para combatir la corrupción, sino de ir desarrollando instrumentos de carácter institucional, que permitan construir un sistema integral y trasversal para que las acciones de combate a la corrupción sean efectivas, se termine la impunidad y la discrecionalidad con efectuar la autoridad, y se permita la coordinación no solamente con este nuevo órgano con autonomía constitucional que combate a la corrupción, sino que permita trabajar junto con el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Auditoria Superior de la Federación lo que corresponde, en este caso que ya lo hemos discutido aquí en la responsabilidad hacendaria de los estados y municipios, en cuanto a la rendición de cuentas sobre el manejo de la deuda.
Y por supuesto, uno de los balances más importantes es la creación de una fiscalía autónoma anticorrupción dentro de la Procuraduría General de la República en tanto ésta logra como se aprobó en la reforma político- electoral constituirse en una fiscalía autónoma a nivel nacional.
Sin embargo, yo sí quisiera destacar que la solución al problema de la corrupción no es un asunto exclusivamente de las leyes, la corrupción es un mal endémico que lamentablemente corroe a la vida pública, pero también en gran medida a la vida de los particulares.
Y por eso, tenemos que entender que el combate a la corrupción tiene que transitar además de establecer leyes claras y que sean efectivas en el combate a la corrupción en un desarrollo institucional que cambie la actitud de los funcionarios públicos, pero también que ayude a construir una cultura política y cívica que permita atacar desde la raíz el problema de la corrupción.
Creo que con esta reforma constitucional se da un paso importante, porque no solamente se establece en el artículo 113 constitucional el carácter de un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República y cuyas funciones fundamentales son las de desarrollar programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.
Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.
Dentro de los avances está la constitución de un consejo consultivo, en donde efectivamente coincido con el Senador Bartlett una de las limitaciones de este consejo es la presencia de un representante del Ejecutivo federal, quien va a ser uno de los sujetos obligados a los que deberá de atender en particular el sistema.
Pero sí se avanza en una muy importante participación de ciudadanos, tres ciudadanos que serán nombrados por la Cámara de Senadores, con la participación además de la entidad de fiscalización superior, o sea la Auditoría Superior de la Federación y en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Al mismo tiempo se establecen nuevas facultades y atribuciones para el Congreso de la Unión, particularmente para emitir una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de combate a la corrupción, donde se establecerán organismos especializados con plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio en las entidades de la República.
Este es un sistema y un esquema que hemos aplicado ya en la reforma constitucional en materia de acceso a la información, donde además de darle autonomía al órgano garante de carácter federal se homologa la legislación a través de una ley general y se impuse el fortalecimiento o la creación, incluso, de entidades autónomas anticorrupción en los estados y en los municipios.
Al mismo tiempo la ley establecerá que las autoridades de la federación de las entidades federativas y los municipios, incluidas las unidades de auditoría interna colaborarán y prestarán auxilio cuando el órgano responsable de combatir la corrupción y los órganos especializados a nivel local y a nivel federal.
Y en esta materia, la ley general fijará las bases del sistema nacional de combate a la corrupción para la coordinación entre el órgano responsable de combatir la corrupción y las instancias de procuración de justicia.
Por eso, es muy importante destacar lo que se estableció en el artículo octavo transitorio en que la investigación de los hechos de corrupción, lo órganos responsables de combatirla tiene que crear ante la eventual comisión de delitos un sistema que permita presentar las denuncias penales y/o actuar en todos los casos como coadyuvantes del Ministerio Público.
Este fue sin lugar a dudas uno de los temas centrales del debate, el de establecer la coadyuvancia para que independientemente de la autonomía que tenga la fiscalía para combatir la corrupción sean las entidades locales y los órganos como el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y otros coadyuvantes en la persecución de los delitos o de las sanciones administrativas que se puedan fincar por actos de corrupción de los servidores públicos.
Qué bueno que aprobamos esta reforma constitucional el día de hoy, qué malo que la aprobamos en un proceso tan atropellado donde hemos cometido violaciones, yo digo flagrantes a nuestro reglamento, nombrar a la Comisión Permanente por votación nominal, cuando debió haber sido por cédula y un caso que nunca se había registrado en la historia reciente del Congreso, de instalar la Comisión Permanente antes de que el Senado levante su periodo de sesiones para que los diputados se fueran de vacaciones.
Sin embargo, a pesar de este lamentable entorno qué bueno que seguimos avanzando en la construcción de un sistema para combatir el peor de los males de nuestra administración pública.
Muchas gracias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario