Insistimos, el petróleo es un bien propiedad
de la nación, no del Gobierno Federal ni de ningún partido
INTERVENCION EN TRIBUNA
Alejandro Encinas Rodríguez
10
de diciembre de 2013
Intervención en tribuna del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del
Grupo Parlamentario del PRD, para presentar voto particular en el dictamen que
reforma y adiciona diversos artículos constitucionales, en materia energética.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Quiero dirigirme al pueblo de México.
El día de hoy, en un debate histórico, que va a replantear las bases fundacionales de nuestro país y las relaciones de convivencia entre los mexicanos.
Estamos ante un momento de definiciones profundas en lo político y también en lo personal. Y en estos momentos de definiciones, indudablemente sale a florecer lo mejor y lo peor de las instituciones y de los individuos.
Basta ver las intervenciones que hicieron aquí para fundamentar el dictamen el Senador Óscar Román González, quien acusa a la oposición de la Izquierda Progresista aquí en el senado de intentar postergar una resolución en aras de frenar al vapor, dice, una reforma energética.
No estamos buscando postergar absolutamente nada. Estamos planteando el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a decidir sobre los asuntos fundamentales del país, y por eso planteamos la necesidad de llevar a cabo una consulta popular y por eso planteamos hoy la exigencia de una moción suspensiva para atender una omisión que el propio Poder Legislativo ha cometido no sólo al haber faltado a su responsabilidad para reglamentar el derecho a la consulta popular, sino para iniciar el proceso de consulta que más de un millón 700 mil mexicanas y mexicanos hemos ingresado al Senado de la República.
Habrán suspendido la moción suspensiva, pero esto no termina aquí, porque promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte porque los derechos establecidos en la Constitución no pueden someterse a votación de mayorías artificiales y deben ejercerse plenamente.
Y también me quiero referir a la intervención del senador Gracia, quien señala que no estamos ante un proceso binario, dice, no es un asunto entre buenos y malos.
Por supuesto que no lo es, ése no es el problema, ésa no es la contradicción fundamental. La contradicción vuelve a estar vigente en este Congreso, al igual que lo estuvo a lo largo de los dos últimos siglos en dos visiones no solamente antagónicas y contradictorias del país, sino en visiones que representan intereses distintos de las clases sociales que existen en este país.
Es una contradicción entre los viejos liberales y los conservadores, es en una contradicción, en quien ven en la riqueza del país la posibilidad de la acumulación y quienes vemos la posibilidad de la distribución del ingreso para beneficio de la población.
Por eso hemos mantenido nosotros una visión nacionalista, a la que nos han acusado de trasnochados, pero yo creo que hay más nostalgia y más añoro en aquellos que quieren regresar a los viejos tiempos del porfiriato, como sucede hoy con esta reforma.
Lo que está a debate el día de hoy no es si se privatiza Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad; lo que está a debate hoy es la sesión del dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo.
Se trata de una modificación sustancial al concepto de propiedad originaria de la nación sobre su territorio, sobre sus recursos naturales y los recursos que existen en el subsuelo; se trata de modificaciones sustanciales al régimen de propiedad, donde se da preponderancia hoy al interés privado por encima del interés público y el interés social.
Se cede el dominio de la nación y la exclusividad del Estado para asumir la responsabilidad de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional agravando la vulnerabilidad de la propiedad social, particularmente del ejido y de la comunidad a quien a pesar de las reformas al 27 constitucional en 1992 no pudieron aniquilar y hoy quieren establecer la posibilidad de expropiación de las tierras ejidales y comunales sin acreditar el interés público para ello.
Tenemos efectivamente dos visiones distintas que se confrontan y la discusión de hoy va a volver a dividir a los mexicanos, porque se trata en síntesis de la ruptura de las bases fundamentales con las que se constituyó el Estado mexicano, en cómo concebimos las distintas modalidades de la propiedad y cómo entendemos el ejercicio de la soberanía nacional.
Y el punto nodal de esta reforma lo encontramos la modificación al artículo 27 constitucional, que modifica el pacto social y la propiedad originaria de la nación sobre los bienes del subsuelo. Y hay que recordar no solamente lo que decía Andrés Molina Enríquez, de cómo el 27 constitucional era el eje articulador de la Constitución del 17, sino que el 27 constitucional fue el artículo que permitió la pacificación de nuestro país después de una revolución y hoy al romperse ese precepto volvemos a entrar en una contradicción que tendrá repercusiones sociales profundas.
El pacto social hay que acordarlo, es el acuerdo entre los hombres y las mujeres por el cual se resuelve para el bien común renunciar a una parte de nuestras libertades conformando un Estado que garantice la paz y la convivencia en una sociedad.
Desde el Siglo XVII el pacto social se entendió como un acuerdo entre gobernantes y gobernados donde el estado tiene la obligación de velar por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pero también el pacto social se asumió que en caso de que el estado no garantice ese derecho, el pueblo tiene el derecho a revelarse y tiene el derecho a cambiar en todo momento su forma de gobierno.
Y eso lo dijo hasta Jacobo Rousseau en la definición de estado democrático: la soberanía de nuestra nación reside en el pueblo y el pueblo mexicano tiene el derecho a revelarse y a desobedecer las resoluciones que hoy se van a imponer por una mayoría unilateral que representa en lo fundamental al sector del dinero y al de los privilegios en nuestro país.
Esta contrarreforma rompe con el pacto que dio origen a nuestro estado contemporáneo, rompe con la rectoría del estado y con la salvaguarda de la propiedad de la nación, ya que la propiedad del petróleo es un tema indisolublemente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación.
Hoy, como sucede desde que iniciaron las políticas privatizadoras, el estado renuncia a la rectoría del estado para ceder esta rectoría al mercado, que no va resolver los profundos problemas de desigualdad que existen en nuestro país, se abandona la política que otorga al estado la imposibilidad de impulsar el desarrollo, facultad que se deja en manos de particulares a quienes no interesa combatir la desigualdad.
El petróleo, insistimos, es un bien propiedad de la nación, no del Gobierno Federal ni de ningún partido, es un bien inalienable e imprescriptible y cuando el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, se refiere a que no están sujetos a la acción reivindicatoria de posesión definitiva o provisional de los particulares, esto quiere decir que los particulares no pueden adquirir derechos reales sobre los bienes de la nación.
Y ahí nos introducen en el dictamen un eufemismo, ahora le llaman licencias a las concesiones y como lo dije en comisiones, licencia es sinónimo de concesión, como descaro es de desvergüenza.
Lo que están proponiendo es modificar de manera radical y sentido contrario el desarrollo histórico del estado mexicano y modificar la propiedad y el dominio directo de la nación. Se debilita al estado, ya de por sí debilitado frente a la delincuencia organizada y hoy nos encontramos ante un estado debilitado profundamente por su subordinación al poder económico.
No vamos a enfrentar aquí, concluyo, señor presidente, a una mayoría mecánica, estamos enfrentando a una nueva coalición conservadora, un nuevo polo conservador alineado a los poderes oligárquicos, cuyo interés fundamental no es la salvaguarda de nuestro país ni el bienestar de nuestras nación.
El PAN ha logrado una victoria ideológica sobre el PRI, lo dijo también Gracia al citar a Gómez Morín y es una vergüenza que se haya regresado a los tiempos en donde el PRI se subordinaba al gran capital. Seguramente querrán cambiar la historia, en algunos años querrán borrar la expropiación histórica y patriótica del ingeniero Cárdenas, del general Cárdenas, seguramente lo van acusar de traidor a la patria en la nueva historia que quieren escribir, querrán publicar billetes con la imagen de Emilio Azcárraga o de Carlos Salinas de Gortari, pero lo cierto es que lo van ustedes aprobar, hoy quedará en la historia, al igual que los tratados de Guadalupe-Hidalgo, donde Santa Anna cedió los territorios de la Alta California y Arizona.
Que la imposición de los conservadores hicieron de un emperador extranjero en México, que los Tratados de Bucareli quisieron hacer nugatorio el 27 constitucional como uno de los momentos de mayor ignominia de nuestra historia, perpetrando el mayor de que haya sido objeto el pueblo y todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER). Quiero dirigirme al pueblo de México.
El día de hoy, en un debate histórico, que va a replantear las bases fundacionales de nuestro país y las relaciones de convivencia entre los mexicanos.
Estamos ante un momento de definiciones profundas en lo político y también en lo personal. Y en estos momentos de definiciones, indudablemente sale a florecer lo mejor y lo peor de las instituciones y de los individuos.
Basta ver las intervenciones que hicieron aquí para fundamentar el dictamen el Senador Óscar Román González, quien acusa a la oposición de la Izquierda Progresista aquí en el senado de intentar postergar una resolución en aras de frenar al vapor, dice, una reforma energética.
No estamos buscando postergar absolutamente nada. Estamos planteando el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a decidir sobre los asuntos fundamentales del país, y por eso planteamos la necesidad de llevar a cabo una consulta popular y por eso planteamos hoy la exigencia de una moción suspensiva para atender una omisión que el propio Poder Legislativo ha cometido no sólo al haber faltado a su responsabilidad para reglamentar el derecho a la consulta popular, sino para iniciar el proceso de consulta que más de un millón 700 mil mexicanas y mexicanos hemos ingresado al Senado de la República.
Habrán suspendido la moción suspensiva, pero esto no termina aquí, porque promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la Corte porque los derechos establecidos en la Constitución no pueden someterse a votación de mayorías artificiales y deben ejercerse plenamente.
Y también me quiero referir a la intervención del senador Gracia, quien señala que no estamos ante un proceso binario, dice, no es un asunto entre buenos y malos.
Por supuesto que no lo es, ése no es el problema, ésa no es la contradicción fundamental. La contradicción vuelve a estar vigente en este Congreso, al igual que lo estuvo a lo largo de los dos últimos siglos en dos visiones no solamente antagónicas y contradictorias del país, sino en visiones que representan intereses distintos de las clases sociales que existen en este país.
Es una contradicción entre los viejos liberales y los conservadores, es en una contradicción, en quien ven en la riqueza del país la posibilidad de la acumulación y quienes vemos la posibilidad de la distribución del ingreso para beneficio de la población.
Por eso hemos mantenido nosotros una visión nacionalista, a la que nos han acusado de trasnochados, pero yo creo que hay más nostalgia y más añoro en aquellos que quieren regresar a los viejos tiempos del porfiriato, como sucede hoy con esta reforma.
Lo que está a debate el día de hoy no es si se privatiza Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad; lo que está a debate hoy es la sesión del dominio de la nación sobre los recursos del subsuelo.
Se trata de una modificación sustancial al concepto de propiedad originaria de la nación sobre su territorio, sobre sus recursos naturales y los recursos que existen en el subsuelo; se trata de modificaciones sustanciales al régimen de propiedad, donde se da preponderancia hoy al interés privado por encima del interés público y el interés social.
Se cede el dominio de la nación y la exclusividad del Estado para asumir la responsabilidad de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional agravando la vulnerabilidad de la propiedad social, particularmente del ejido y de la comunidad a quien a pesar de las reformas al 27 constitucional en 1992 no pudieron aniquilar y hoy quieren establecer la posibilidad de expropiación de las tierras ejidales y comunales sin acreditar el interés público para ello.
Tenemos efectivamente dos visiones distintas que se confrontan y la discusión de hoy va a volver a dividir a los mexicanos, porque se trata en síntesis de la ruptura de las bases fundamentales con las que se constituyó el Estado mexicano, en cómo concebimos las distintas modalidades de la propiedad y cómo entendemos el ejercicio de la soberanía nacional.
Y el punto nodal de esta reforma lo encontramos la modificación al artículo 27 constitucional, que modifica el pacto social y la propiedad originaria de la nación sobre los bienes del subsuelo. Y hay que recordar no solamente lo que decía Andrés Molina Enríquez, de cómo el 27 constitucional era el eje articulador de la Constitución del 17, sino que el 27 constitucional fue el artículo que permitió la pacificación de nuestro país después de una revolución y hoy al romperse ese precepto volvemos a entrar en una contradicción que tendrá repercusiones sociales profundas.
El pacto social hay que acordarlo, es el acuerdo entre los hombres y las mujeres por el cual se resuelve para el bien común renunciar a una parte de nuestras libertades conformando un Estado que garantice la paz y la convivencia en una sociedad.
Desde el Siglo XVII el pacto social se entendió como un acuerdo entre gobernantes y gobernados donde el estado tiene la obligación de velar por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pero también el pacto social se asumió que en caso de que el estado no garantice ese derecho, el pueblo tiene el derecho a revelarse y tiene el derecho a cambiar en todo momento su forma de gobierno.
Y eso lo dijo hasta Jacobo Rousseau en la definición de estado democrático: la soberanía de nuestra nación reside en el pueblo y el pueblo mexicano tiene el derecho a revelarse y a desobedecer las resoluciones que hoy se van a imponer por una mayoría unilateral que representa en lo fundamental al sector del dinero y al de los privilegios en nuestro país.
Esta contrarreforma rompe con el pacto que dio origen a nuestro estado contemporáneo, rompe con la rectoría del estado y con la salvaguarda de la propiedad de la nación, ya que la propiedad del petróleo es un tema indisolublemente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación.
Hoy, como sucede desde que iniciaron las políticas privatizadoras, el estado renuncia a la rectoría del estado para ceder esta rectoría al mercado, que no va resolver los profundos problemas de desigualdad que existen en nuestro país, se abandona la política que otorga al estado la imposibilidad de impulsar el desarrollo, facultad que se deja en manos de particulares a quienes no interesa combatir la desigualdad.
El petróleo, insistimos, es un bien propiedad de la nación, no del Gobierno Federal ni de ningún partido, es un bien inalienable e imprescriptible y cuando el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, se refiere a que no están sujetos a la acción reivindicatoria de posesión definitiva o provisional de los particulares, esto quiere decir que los particulares no pueden adquirir derechos reales sobre los bienes de la nación.
Y ahí nos introducen en el dictamen un eufemismo, ahora le llaman licencias a las concesiones y como lo dije en comisiones, licencia es sinónimo de concesión, como descaro es de desvergüenza.
Lo que están proponiendo es modificar de manera radical y sentido contrario el desarrollo histórico del estado mexicano y modificar la propiedad y el dominio directo de la nación. Se debilita al estado, ya de por sí debilitado frente a la delincuencia organizada y hoy nos encontramos ante un estado debilitado profundamente por su subordinación al poder económico.
No vamos a enfrentar aquí, concluyo, señor presidente, a una mayoría mecánica, estamos enfrentando a una nueva coalición conservadora, un nuevo polo conservador alineado a los poderes oligárquicos, cuyo interés fundamental no es la salvaguarda de nuestro país ni el bienestar de nuestras nación.
El PAN ha logrado una victoria ideológica sobre el PRI, lo dijo también Gracia al citar a Gómez Morín y es una vergüenza que se haya regresado a los tiempos en donde el PRI se subordinaba al gran capital. Seguramente querrán cambiar la historia, en algunos años querrán borrar la expropiación histórica y patriótica del ingeniero Cárdenas, del general Cárdenas, seguramente lo van acusar de traidor a la patria en la nueva historia que quieren escribir, querrán publicar billetes con la imagen de Emilio Azcárraga o de Carlos Salinas de Gortari, pero lo cierto es que lo van ustedes aprobar, hoy quedará en la historia, al igual que los tratados de Guadalupe-Hidalgo, donde Santa Anna cedió los territorios de la Alta California y Arizona.
Que la imposición de los conservadores hicieron de un emperador extranjero en México, que los Tratados de Bucareli quisieron hacer nugatorio el 27 constitucional como uno de los momentos de mayor ignominia de nuestra historia, perpetrando el mayor de que haya sido objeto el pueblo y todos los mexicanos.
Muchas gracias.
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