En foro nacional
activistas alertan sobre los riesgos de avalar la ley de seguridad interior
Inadmisible que los militares se impongan sobre el poder civil:
Cuauhtémoc Cárdenas
Policias comunitarios de Olinalá, Guerrero, se toman una foto con
Nestora Salgado, durante el encuentro nacional Recuperemos nuestro
territorio, ayer en la Comisión de Derechos Humanos capitalinaFoto
Roberto García Ortiz
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Domingo 10 de diciembre de 2017, p. 4
Domingo 10 de diciembre de 2017, p. 4
Defensores de derechos humanos, luchadores sociales, líderes indígenas y
organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la aprobación
de la iniciativa de ley de seguridad interior (LSI) que se discutirá en el
pleno del Senado la próxima semana.
Durante los trabajos del encuentro nacional Recuperar nuestro
territorio, convocado por el colectivo Por México Hoy, Cuauhtémoc Cárdenas,
ex candidato a la Presidencia de la República, afirmó que un paso
indispensable para garantizar la integridad del territorio y la no fractura de
la población es frenar, impedir la aprobación de la LSI.
No podemos permitir –dijo– que sea la autoridad militar la que se
imponga sobre la autoridad civil y tome las decisiones políticas y los rumbos
que, al final de cuentas, determine nuestro país en su desarrollo. Por ello
–afirmó– este foro, y me parece que en eso hay unanimidad, se pronuncia de
manera firme y categórica en contra de la aprobación de esta iniciativa de LSI.
Condena y movilización
Minutos antes, el senador Alejandro Encinas alertó sobre los impactos
que ha tenido la entrega del territorio nacional a las concesionarias mineras,
la sobrexplotación de los recursos como el petróleo, el mar y el agua, a lo que
se suma, expresó, la pretensión de entregar el control político y el mando
sobre el terriotorio a las fuerzas armadas.
La LSI, afirmó, no sólo viola la Constitución al pretender
reglamentar una actividad que está plenamente definida en nuestra Carta Magna,
donde la seguridad pública coresponde a la autoridad civil, sino que además
genera una confusión profunda entre los conceptos de seguridad nacional,
seguridad interior y seguridad pública.
La declaratoria de riesgo sobre seguridad interior,
indicó, someterá a la población civil a la autoridad militar, ya que
podrán hacer investigación sobre la población civil, allanar sus domicilios,
intervenir sus comunicaciones telefónicas o electrónicas, decomisar su
información, pero también someterá a la autoridad civil, porque el mando estará
bajo el Ejército ya sea en el ámbito de los estados o municipios. Debemos tener
una posición muy firme no sólo de condena, sino de movilización.
En el encuentro, donde se destacó la necesidad de visibilizar todas las
luchas por la defensa del territorio, pero también la necesidad de fortalecer
la organización colectiva y la generación de acciones conjuntas que permitan la
construcción de un planteamiento alernativo en el desarrollo del país y una
política económica distinta que no privilegie la destrucción de los
ecosistemas, los recursos naturales y los pueblos, luchadores sociales y
defensores de derechos humanos alertaron sobre los riesgos de aprobar la LSI.
Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria y colaborador de La Jornada, señaló
que hemos planteado que si el Senado opta por no escucharnos, aunque es su
obligación, tendremos que dirigirnos a la sociedad, para que sea ella la que
inhiba esta intención de generar este esquema de seguridad interior autoritario
y muy peligroso para la convivencia social, la lucha por la democracia y la
relación entre sociedad y fuerzas armadas.
Nestora Salgado, ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria, alertó sobre los riesgos de aprobar la
LSI. Si así como estamos no tenemos derechos; imagínate si se aprueba. Es
peligroso, porque en Guerrero tenemos la experiencia de una enorme represión
por parte del gobierno y, si les dan el permiso para hacerlo, cómo sería.
Tenemos que luchar para que no se apruebe, y si la autorizan, continuar la
lucha para derogarla, no podemos permitirla porque nos pone a todos en riesgo.
Por su parte, el profesor tzotzil Alberto Patishtán aseguró que es
necesario encontrar una alternativa de solución a todos los despojos de territorios
que se vive en México. Afirmó que los pueblos originarios continuamos
resistiendo, a pesar de nuestra pobreza, y seguimos gritando con la esperanza
de que alguien nos escuche, porque lo que reclamamos es básicamente justicia.
Concha Malo y Patishtán coincidieron, por separado, que la
transformación del país no vendrá de las élites políticas o
partidistas, tendrá que ser desde abajo, y diríamos que de abajo y a la
izquierda, porque es ahí donde se están construyendo múltiples caminos para
buscar una salida a tanta violencia y tanto dolor.
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