Alejandro Encinas Rodríguez
14 de diciembre de 2017
Priistas rechazan en
comisiones suspender Ley de Seguridad; los acusan de “golpistas”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es
diálogo!”, gritó el activista Alfredo Lecona a los senadores del PRI y de
Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más
bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto,
rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos.
La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de
Gobernación, perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación, después
de más de una hora de discusión, las propuestas de moción suspensiva,
presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de
Estudios Legislativos Segunda, así como la propuesta de ampliar las audiencias
públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.
La “aplanadora” de los priistas y sus aliados del PAN,
con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos
contra 8, y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks.
La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 horas de
este miércoles 13, en que el Senado pretende aprobar la minuta procedente de la
Cámara de Diputados con cambios a nueve artículos, considerados como
insuficientes tanto por la CNDH como por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero
afuera, en las calles, tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los
obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así, de espaldas
a la población”, sostuvo la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando
que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.
Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta
real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio.
Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.
El senador Alejandro Encinas calificó como “deleznables” las
audiencias del lunes 11, donde únicamente asistieron siete gobernadores y seis
alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.
En el mismo sentido, el senador Romero Hicks reprochó a la
mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”.
La denuncia fue respaldada por la senadora Pilar Ortega, así
como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el
principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de
la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del
Senado a las organizaciones civiles, y también les reprochó que hasta el
presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes
8.
Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto
de la CNDH y del Alto Comisionado de la ONU, donde advierten que, pese a los
nueve artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue
presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los
derechos humanos en México, y por ello la vasta mayoría de las observaciones
hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.
Ambos organismos advirtieron al Senado que “no existen las
condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso
legislativo que termina este viernes 15.
La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de
algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo
representa a “dos organizaciones”:
“Les recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales,
en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino
consensada”, fustigó.
Rojas también mencionó a otro gobernador panista, cuyo nombre no
mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes pasado.
El senador Fidel Demédicis, del PT-Morena, citó las palabras de
Peña Nieto del viernes 8, donde hizo un llamado a “un acercamiento con las
distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de
Seguridad Interior.
“¿Cuál es la prisa en aprobar fast track una ley que sabemos va a generar
una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los
mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país?”,
alertó el legislador morelense.
Tras la votación en contra de la moción suspensiva y de que se
abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos
militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los
senadores continuaron la dictaminación para tener listo el dictamen esta noche
o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.
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