Jueves, 31 Marzo 2016
Después
de que se diera a conocer públicamente que el Juzgado Sexto Militar de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), absolviera a los seis militares
acusados de participar en la ejecución extrajudicial de 22 civiles en el
municipio de Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio de 2014, el
Senador Alejandro Encinas Rodríguez advirtió que la resolución sienta un
precedente negativo de cómo se procesa la justicia militar y exhibe la falta de
garantías en la violación de los DDHH
Lamentó
que la señora Clara Gómez González, víctima, sobreviviente y testigo de las
ejecuciones extrajudiciales, no tenga acceso a la versión completa del
expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional los ha
clasificado como información reservada, incluso, para conocer la exoneración de
los militares, tuvo que promover un amparo debido a la enorme opacidad con la
que se han conducido la justicia militar.
El
senador mexiquense hizo un exhorto a la Procuraduría General de la República
para evitar que prevalezca la impunidad en las graves violaciones a los
derechos humanos de la masacre de Tlatlaya, y solicitó que se investigue a
todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en la emisión
y supervisión de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad
castrense “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, como lo requirió el
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Recordó
que aún está pendiente la ejecución del amparo, -que ante su desacato ha sido
remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, para evitar que la
justicia militar intervenga en la investigación de los hechos, por infracciones
de deberes militares y desobediencia, y con ello, se enjuicie de manera
paralela en tribunales civiles y militares a los elementos del ejército sobre
un mismo crimen.
Finalmente,
el Senador Encinas Rodríguez, indicó que las instituciones encargadas de
investigar y perseguir los delitos, no deben de ser cómplices del modelo de
corrupción gubernamental que ha llevado a una profunda pérdida de credibilidad
institucional y hartazgo ciudadano, que ponga en riesgo la estabilidad nacional
por la impunidad y los privilegios, no sólo de la clase gobernante, sino
también de su brazo ejecutor, el Ejército Mexicano.
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