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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura

2016Abril07-Conferencia-Encinas-5994

Crisis humanitaria, regresión democrática y profundización del autoritarismo.  Retroceso de 25 años 

Jueves, 07 Abril 2016

·         La Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y la Ley para Regular el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México (Ley Eruviel) son dos instrumentos para la represión y el ejercicio autoritario del poder.

·         Atentan contra las libertades democráticas y los derechos humanos.
·         Son un riesgo para el ejercicio de las libertades de manifestación, asociación, libre circulación y  expresión

·         Quedamos en manos de gobiernos  cuya legitimidad es cuestionada y  han sido evidenciados por sus altos niveles de corrupción.
Los derechos humanos son derechos de todas las personas. Es obligación de Estado garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos al abuso del poder de la autoridad, de la delincuencia y de los poderes monopólicos.

Nuestro país atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos. Miles de personas y familias en todo el territorio nacional han sido afectadas por  desapariciones forzadas, secuestros, homicidios dolosos, feminicidios y violencia de género, desplazamientos,  extorsiones,  despojos  y  nuevas modalidades de esclavitud.

Los derechos al acceso a la educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social de 86 millones de personas se violan todos los días. Estas violaciones se realizan en un marco generalizado de impunidad.
Hay un número creciente de víctimas y de familias de víctimas que no tienen acceso a la verdad, a la justicia, ni a la reparación del daño debido al deficiente funcionamiento de la legislación y de los mecanismos creados para atenderlas.

El Gobierno de México vuelve a cerrarse al escrutinio de  los organismos internacionales de derechos humanos: rechaza sus informes, confronta a los relatores especializados e impide su ingreso al país, acepta denuncias contra funcionarios internacionales   y rompe sus acuerdos  con los mecanismos especializados, como recién sucedió con el GIEI y el reporte sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.

Observamos una regresión en materia democrática, aspecto en el que habíamos logrado importantes avances con el desarrollo de instituciones electorales creíbles en la década de los años  noventa.

Los procesos electorales son opacos y poco confiables, las autoridades electorales han sido recapturadas  por el partido en el poder, existen prácticas generalizadas de compra de votos, uso de  programas y recursos públicos para construir clientelas  e imposición de candidatos vía el financiamiento privado. Las campañas políticas son crecientemente violentas y conflictivas. Denigran a las personas, destruyen el  precario tejido social, y dejan una secuela de confrontación en las familias y en las comunidades, abonada a  la violencia criminal que nos agobia.

Vivimos un retorno al autoritarismo y a la imposición del silencio cuando se había logrado ampliar la libertad de expresión y diversificar las fuentes de información.

 Se incrementa el número de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido desaparecidos, asesinados o silenciados. El Estado ejerce un control autoritario y corruptor de los medios de comunicación masiva y se ha estrechado el acceso a información diversa y plural.

El gobierno federal ha militarizado todo el territorio nacional sin lograr abatir los índices de violencia por la enorme complicidad, corrupción e impunidad que caracteriza a las administraciones públicas  y a los aparatos de seguridad en los tres órdenes de gobierno, contribuyendo a agravar la crisis en materia de derechos humanos.

Se cierran las vías pacíficas de protesta, de manifestación, de disenso, y de autodefensa frente a los abusos de los poderes de hecho, y ante la incapacidad de las autoridades civiles para ofrecer seguridad a las personas.

No hay diálogo democrático, la participación ciudadana se encuentra en uno de sus niveles más bajos en la historia contemporánea de México, ante la incapacidad de escucha de los poderes del Estado y la negativa a abrir y honrar los mecanismos de democracia directa: el referéndum, el plebiscito y las posibilidades de revocación de mandato.

En este contexto y ante gobiernos  cuya legitimidad es cuestionada,  exhibidos por sus altos niveles de corrupción y alejados cada vez más de una población crecientemente empobrecida y sometida, expresamos nuestra profunda preocupación por dos leyes que han sido impuestas en las cámaras federales y en el Congreso del Estado de México:

1.     La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución para declarar el estado de excepción y restringir  o suspender libertades y derechos.

2.     La Ley para regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México,  iniciativa   presentada por el  gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada pasado el 17 de marzo por el Congreso estatal.

La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, si bien necesaria, deja amplios márgenes de discrecionalidad al Presidente de la República para decidir cuando es necesario declarar el estado de excepción y la suspensión de libertades y derechos humanos. Amplía el margen de discrecionalidad del Ejecutivo Federal respecto a cuáles son las situaciones que ponen en riesgo la paz pública o la estabilidad interna del Estado; legalizando además la situación prevaleciente de violación de derechos civiles y políticos usada para actos de represión y persecución.

Plantea “el sacrificio temporal de los derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito o de autor” sin incorporar los criterios bajo los cuales se define la “amenaza excepcional”.

Por  cuanto a la Ley Eruviel se trata de una ley  para criminalizar y reprimir las manifestaciones de inconformidad social, estableciendo las condiciones para la reinstauración de un renovado régimen autoritario. Asimismo, es una ley que abre el camino para su reproducción en otras entidades. El Estado de México es un laboratorio para legitimar intervenciones represivas ante las protestas y movimientos sociales.

Esta ley viola derechos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos al poner en peligro la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la libre asociación, la salud, la privacidad, la libertad de tránsito, la propiedad, la presunción de inocencia y el debido proceso, al permitira las autoridades de seguridad pública la limitación o intervención de dichos derechos sin control judicial alguno ni garantías de seguridad.

Faculta a las autoridades de seguridad pública a utilizar de manera discrecional diversas medidas de uso de la fuerza, incluyendo armas letales, fijando como única limitante principios genéricos cuya ambigüedad no permite controlar abusos de la fuerza.

Elimina la cadena de mando y la responsabilidad de las autoridades de primer nivel del Estado, estableciendo legalmente un régimen de impunidad para el gobernador, al tiempo que omite el establecimiento de de un régimen de sanciones que impida la violación de los principios que deben regir el uso de la fuerza pública.

Coloca a la población en una situación de indefensión frente a decisiones discrecionales en el uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad pública, sin control judicial alguno.

·         Exigimos la revocación de la Ley para regular el uso de la fuerza en el Estado de México.

·         Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que proceda a promover una acción de inconstitucionalidad en relación con dicha Ley.


·         Exigimos una revisión cuidadosa de ambas leyes por organismos y personas especializadas en derechos humanos, para asegurar que se apeguen al marco y a la experiencia internacional en la materia, se reduzcan los niveles de discrecionalidad y márgenes de interpretación, se amplíen los controles y contrapesos externos y judiciales a las decisiones, se definan las obligaciones del Estado y las responsabilidades en las líneas de mando hasta incluir a los jefes del Ejecutivo, se señale la temporalidad de la suspensión de las garantías y derechos y la reparación de los daños que se puedan causar por la medida.

·         Exigimos una discusión pública, abierta y democrática de la reglamentación al Artículo 29 de la Constitución y del uso de la fuerza en los estados, así como su sometimiento posterior a un referéndum.
·         Recuperemos la paz con justicia y nuestras libertades democráticas de expresión, asociación, circulación y manifestación.

·         Enfrentemos al autoritarismo y la crisis de derechos humanos.  

·         Acabemos con la violencia, la corrupción y la impunidad.

·         Es por todo ello que convocamos a la construcción colectiva de  una Nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


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