Lunes, 11 Abril 2016
Además de proteger al empresario Juan Armando
Hinojosa Cantú, señalado como el “el consentido del presidente” y actualmente
acusado de lavado de dinero por depositar en efectivo casi 2 mil millones de
pesos en efectivo en Panamá. Hoy con el uso de la fuerza pública y violentando
los dos amparos que otorgan la suspensión definitiva de las obras de
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, así como las medidas cautelares
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los habitantes
de la comunidad de San Francisco Xochicualtla, el gobernador del Eruviel Ávila
utilizó la fuerza pública para reprimir y despojar a los legítimos
propietarios de la comunidad otomí a fin de que Grupo HIGA continúe con los trabajos
de construcción de la autopista.
“la actuación represiva que en San Francisco
Xochicuatla, en los parajes del Zopilote, Llano de los negros y Buenavista que
realizaron el día de hoy con más de 1000 elementos de los cuerpos de seguridad
del Estado de México es una violación al decreto presidencial de 1952, donde se
otorga certeza jurídica y posesión de las tierras a indígenas Otomíes de San
Francisco Xochicuatla”
Exigimos el pleno respeto a los bienes de este
pueblo originario, de sus bosques que conforman un santuario de agua, y
que de inmediato se retire esta empresa que violando la ley abusa de los
habitantes de esta población destruyendo las viviendas propiedad de los
campesinos.
Es necesario que el gobierno del Estado de México,
reconozca la suspensión otorgada al Consejo Supremo Indígena por parte del
Poder Judicial de la Federación en los dos amparos otorgados el 4 de diciembre
de 2015 y en febrero de 2016, con el fin de proteger los derechos humanos de
los pueblos indígenas, lo que implica que la comunidad tiene la posesión legal
del territorio.
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