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“La Constitución ordena la separación clara entre el Ejército y la política. Cuando se rompe esa frontera se presentan excesos, como los ocurridos durante la guerra sucia en los años 70; entonces el Ejército se convirtió en instrumento de combate contra la disidencia política”.

Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador de los diputados del PRD
LXI Legislatura

Alto a la represión y despojo a los habitantes de San Francisco Xochicuatla, Estado de México: Encinas Rodríguez

Lunes, 11 Abril 2016

IMG-20160411-WA0016Además de proteger al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, señalado como el “el consentido del presidente” y actualmente acusado de lavado de dinero por depositar en efectivo casi 2 mil millones de pesos en efectivo en Panamá. Hoy con el uso de la fuerza pública y violentando los dos amparos que otorgan la suspensión definitiva de las obras de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, así como las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicualtla, el gobernador del Eruviel Ávila utilizó  la fuerza pública para reprimir y despojar a los legítimos propietarios de la comunidad otomí a fin de que Grupo HIGA continúe con los trabajos de construcción de la autopista.
“la actuación represiva que en San Francisco Xochicuatla, en los parajes del Zopilote, Llano de los negros y Buenavista que realizaron el día de hoy con más de 1000 elementos de los cuerpos de seguridad del Estado de México es una violación al decreto presidencial de 1952, donde se otorga certeza jurídica y posesión de las tierras a indígenas Otomíes de San Francisco Xochicuatla”
Exigimos el pleno respeto a los bienes de este pueblo originario, de sus bosques que conforman un santuario de agua,  y que de inmediato se retire esta empresa que violando la ley abusa de los habitantes de esta población destruyendo las viviendas propiedad de los campesinos.
Es necesario que el gobierno del Estado de México, reconozca la suspensión otorgada al Consejo Supremo Indígena por parte del Poder Judicial de la Federación en los dos amparos otorgados el 4 de diciembre de 2015 y en febrero de 2016, con el fin de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio.



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