"La enmienda de seguridad fronteriza aprobada por el Senado estadounidense, es vergonzosa para los Estados Unidos y vergonzante para México": Alejandro Encinas

26 de julio 2013

El 24 de junio de 2013 el Senado de Estados Unidos aprobó con 67 votos a favor y 27 en contra el mayor agravio cometido contra nuestro país en tiempos de paz.

Esta enmienda determina, el levantamiento de un muro a lo largo de mil 126 km dela frontera entre ambos países, vigilado por 40,000 agentes fronterizos, con un costo de 30 mil millones de dólares; el uso de aviones no tripulados, como los llamados “Drones”, y una amplia gama de equipos de alta tecnología, incluyendo radares, sistemas móviles y sensores infrarrojos, así como el establecimiento obligatorio del programa federal “E-Verify”, con el que las empresas que tienen contratos federales pueden verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Esta incluye el programa para el registro de entradas y salidas de extranjeros, con el fin de impedir que se queden en Estados Unidos con visas vencidas, medidas propias de un estado de guerra.

Dicha resolución es vergonzosa para Estados Unidos y vergonzante para México, la caída del Muro de Berlín marco el fin a la Guerra Fría, pero no el de la intolerancia de un mundo unipolar. Los muros son propios de la guerra, como en la Franja de Gaza, la frontera Marroquí con la República Saharaui y o la frontera entre las dos Coreas. 

Estas medidas son una ofensa para México. Aunque el plan de reforma migratoria incluye una vía de legalización para indocumentados, el gobierno y el Senado estadounidense no tienen en sus prioridades resolver el fenómeno migratorio conforme a lo establecido en instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito. De igual modo, la enmienda aprobada daña la relación soberana entre ambos países, pues prejuzga a la población latinoamericana, en especial a la mexicana, como un peligro, violando el principio de buena vecindad entre ambos Estados.

Para el gobierno mexicano, la protección de las y los connacionales y la defensa de una relación de iguales entre Estados soberanos deben ser temas estratégicos. Ello debido a que, hasta 2012 residían en Estados Unidos casi 12 millones de personas nacidas en México, de las cuales casi setenta por ciento formaban parte de la Población Económicamente Activa de ese país al trabajar en tres sectores principalmente: construcción (17.0%), hotelería y esparcimiento (16.0%) y manufactura (14.3%). Esto representó en 2010, 22 mil millones de dólares por remesas en nuestro país.

Sin embargo, la vida para nuestros migrantes en Estados Unidos es sumamente incierta pues no gozan de ninguna garantía por el trabajo que desempeñan. Muestra de ello es que en Estados Unidos, el 30% de las y los migrantes de nacionalidad mexicana viven en situación de pobreza. En ese mismo sentido, se denota la discriminación que las autoridades tienen contra los mexicanos, al ser a quienes más detienen. Entre 1995 y 2000, más del 95% del total de migrantes detenidos en ese país eran de nacionalidad mexicana y en 2010, el 82.6% del total de migrantes aprehendidos en Estados Unidos eran mexicanos. Lo anterior evidencia la importancia y la urgencia de la intervención del gobierno mexicano para posicionarse frente a estas reformas.

Resulta desafortunado que desde que iniciaron los debates sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, el titular del poder ejecutivo mexicano se ha mantenido prácticamente al margen de la discusión, incluso a pesar de que en reiteradas ocasiones organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir en la reforma le han pedido se posicione al respecto. Ejemplo de ello fue la respuesta del gobierno mexicano frente a la enmienda aprobada por el senado estadounidense: el Secretario de Relaciones Exteriores se posicionó mediante un comunicado de prensa y declaró que “si bien la reforma migratoria ayudará a mexicanos indocumentados, el muro fronterizo no va a resolver el fenómeno migratorio”. La respuesta muestra que la postura del gobierno federal no se encuentra a la altura de la problemática migratoria, pues la situación que actualmente viven las personas que se ven en la necesidad de migrar requiere de una posición contundente y clara que dé certeza a la población migrante que sus derechos serán defendidos de cualquier iniciativa que busquen vulnerarlos.

El Senado de la República se pronuncia por el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y de una relación de iguales entre Estados. Buscamos que a la población migrantes se les trate con respeto y dignidad por lo que rechazamos el blindaje y la militarización de la frontera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos poner a su consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo y preocupación ante las medidas adoptadas por el Senado de los Estados Unidos de América, para fortalecer con el uso de tecnología militar y la ampliación del muro en la frontera común, asunto que debe resolverse bilateralmente.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Senado de la República que en el uso de sus facultades constitucionales establezca a la brevedad contactos de alto nivel con el Senado de los Estados Unidos de América, a efecto de que la reforma migratoria promueva de manera integral y respetuosa los derechos humanos, y que a la vez impulse mecanismos de cooperación que detonen la inversión y estimulen el comercio en la franja fronteriza para consolidarla en un paso ágil, moderno, seguro y productivo.