El optimismo del General Naranjo

Alejandro Encinas Rodríguez

El Universal

18 junio de 2013

Si bien el tema de la violencia y las ejecuciones asociadas a la delincuencia organizada ha pasado a un segundo plano en las políticas de comunicación del actual gobierno, la situación prevalece en vastas regiones del país.

El Pacto por México; el uso indebido de recursos públicos en los procesos electorales en marcha; la escandalosa corrupción del ex gobernador Granier que engrosa la extensa lista de funcionarios corruptos de todos signos y colores que demeritan la función pública, han servido para distraer la atención de la opinión pública, pues la zozobra prevalece en la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Contra al optimismo oficial expresado por el General Oscar Naranjo, quien recientemente señaló que durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, se reportó un descenso de 17% en muertes violentas, las ejecuciones acreditan repuntes al alza. Por ejemplo: en diciembre del 2012 se registraron 982 ejecuciones y en el mes de abril del presente año la suma alcanzó a 969 personas, incrementando el promedio del actual gobierno a 34 ejecuciones diarias. En contraparte, el incremento de las policías comunitarias y de los llamados grupos de autodefensa va en aumento, ya que en noviembre de 2012 existían 8 grupos en tres entidades y para el al mes de mayo del 2013, la cifra aumentó a 44 grupos en 16 estados del país.

Para el General en retiro del ejército colombiano, miembro de la International Drug Enforcement Association filial de la DEA y asesor de Peña Nieto en materia de seguridad, el gobierno empieza a responder a los “fenómenos de tipo social”, pues ha lanzado “una política de prevención social del delito” resultado de “la combinación de firmeza en la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y el mejor desempeño de las distintas instituciones del Estado”.

Peña Nieto propuso como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública un conjunto de acciones que a la fecha no se han cumplido: la planeación y coordinación entre instituciones y las autoridades de las entidades y los municipios, asignando responsabilidades y fechas precisas para cada institución; un programa transversal de prevención, que alinearía las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos y promover proyectos productivos; un Programa Nacional de Derechos Humanos; la modernización de la PGR y la depuración del Instituto Nacional de Migración; la creación de una Gendarmería Nacional integrada, en principio, por 10 mil elementos, manteniendo la presencia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad mientras concluye la reestructuración de las policías estatales.

Lo cierto es que se mantienen en lo fundamental las mismas políticas implementadas en los últimos años y que ha demostrado su fracaso. Las nuevas acciones están lejos de implementarse. Se mantiene intocadas la impunidad y las causas fundamentales que derivaron en el incremento de las actividades delictivas. Es decir, la existencia de un Estado débil, resultado de las políticas de privatización y desmantelamiento del aparato estatal, que habían permitido garantizar el control territorial del país y que tras las decisiones adoptadas desde mediados de los años ochenta, cedió al crimen el control de distintos territorios donde quien rige no es la autoridad legítimamente electa, sino el poder de la delincuencia.

Subsisten altos niveles de desempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de la pobreza que ha dañado principalmente a los jóvenes, dilapidando el bono demográfico y que no se resolverá con programas asistencialistas como la Cruzada contra el Hambre; al tiempo que prevalece la rentabilidad de la economía del delito, que dota de enorme poder financiero y patrimonial al crimen, pesando cada vez más en el economía, ya que de acuerdo con la Secretaria de Hacienda, en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año que representan el 3.6% del PIB.

Son muchos los asuntos trascendentes que de manera simultánea enfrenta el país, lo que no justifica distraer la atención en el mayor mal que aqueja a los ciudadanos. Subestimar esta situación implica cometer el mismo error que detonó la violencia.

Senador de la República